Paraquat y párkinson: qué se sabe del caso que sacude a EE UU

El paraquat no está demostrado como causa directa del párkinson en agricultores, pero tampoco se ha cerrado el debate sobre sus posibles efectos tras exposiciones prolongadas. Algunos estudios en personas han encontrado asociaciones entre el herbicida y la enfermedad, mientras que otros no han observado un vínculo estadísticamente significativo. Esa evidencia desigual alimenta miles de demandas en Estados Unidos y mantiene abierto el escrutinio de las autoridades.

La diferencia entre una asociación observada y una causalidad probada es central: los tribunales deben decidir si las pruebas científicas son admisibles y suficientes, y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) evalúa los riesgos bajo las condiciones de uso autorizadas. El paraquat continúa permitido en Estados Unidos como pesticida de uso restringido, con requisitos reforzados. En la Unión Europea está prohibido desde 2007; para España, la controversia importa sobre todo por la exposición de trabajadores y comunidades rurales, además de por los controles de residuos en alimentos importados.

Un litigio masivo que no equivale a una prueba científica

Miles de personas diagnosticadas con párkinson y familiares han demandado en Estados Unidos a fabricantes y distribuidores del herbicida. Alegan que la exposición laboral o ambiental al dicloruro de paraquat contribuyó a la enfermedad y plantean, entre otras reclamaciones, que no recibieron advertencias adecuadas sobre los riesgos. Las compañías, entre ellas Syngenta y Chevron por ventas históricas, niegan que el producto cause párkinson cuando se utiliza conforme a la etiqueta y sostienen que han cumplido la normativa.

Una parte importante de las causas federales se reúne en el MDL 3004, un procedimiento multidistrital del Distrito Sur de Illinois coordinado por la jueza Nancy J. Rosenstengel. Estos mecanismos agrupan expedientes con cuestiones comunes para ordenar fases del litigio, pero no convierten las demandas en una única sentencia ni demuestran por sí mismas que exista causalidad. También hay procesos en tribunales estatales, con Filadelfia entre los foros más activos, que siguen calendarios propios.

El curso judicial ha tenido reveses y pausas. En abril de 2024, la jueza excluyó a un perito clave de los demandantes en materia de causalidad general y desestimó cuatro casos que se preparaban para ir a juicio. Esa decisión obligó a revisar la estrategia pericial, aunque no puso fin al conjunto de demandas. En abril de 2025, las partes comunicaron un acuerdo de principio para resolver una parte sustancial de los expedientes y se suspendieron plazos para facilitar las negociaciones. Según la información disponible hasta el 16 de diciembre de 2025, no se había anunciado un acuerdo definitivo ni su cuantía, y algunos pleitos quedaban fuera de ese posible pacto.

La causalidad general es un filtro decisivo en el sistema judicial estadounidense: antes de examinar la historia particular de cada demandante, el tribunal debe valorar si las pruebas expertas permiten sostener que el producto puede causar la enfermedad en términos generales. Por eso, las discusiones sobre estudios, métodos y expertos pueden determinar si un caso llega a un jurado. Un acuerdo civil, si se concreta, tampoco equivaldría necesariamente a una conclusión científica sobre todos los usos y exposiciones; resolvería reclamaciones dentro del alcance que definan sus términos.

Qué es el paraquat y por qué se sigue usando

El paraquat es un herbicida de contacto que actúa con rapidez contra determinadas malas hierbas y también se emplea como desecante antes de la cosecha. Se comercializa desde la década de 1960 y Gramoxone es una de sus marcas conocidas. En algunas explotaciones estadounidenses conserva utilidad frente a hierbas resistentes a otros productos y puede encajar en rotaciones donde otros herbicidas no ofrecen el mismo resultado. Esa ventaja agronómica ayuda a explicar por qué agricultores y reguladores discuten su posible retirada.

Su peligro agudo está reconocido: la ingestión de una cantidad pequeña puede ser mortal. Por ese motivo, en Estados Unidos se clasifica como pesticida de uso restringido, no disponible para el uso doméstico general. La aplicación requiere una certificación específica y el cumplimiento de las instrucciones de la etiqueta. El sistema incluye medidas como envases inviolables, colorante, sustancias para provocar el vómito y un olor disuasorio, diseñadas para reducir el riesgo de ingestión accidental.

Las etiquetas también fijan medidas para limitar la exposición durante la aplicación, entre ellas precauciones frente a la deriva, restricciones operativas y requisitos de cabina cerrada en determinadas condiciones. El equipo de protección personal, la manipulación y el respeto de los intervalos de reentrada son parte de ese marco. No eliminan todo riesgo: su eficacia depende de cómo se aplique el producto, de las condiciones en el campo y de que las normas se cumplan de forma consistente.

La controversia, por tanto, no se reduce a que el producto sea peligroso o inocuo en abstracto. Importan la vía de contacto, la frecuencia, la cantidad acumulada y el contexto de uso. La toxicidad aguda por ingestión y la posible relación entre exposiciones prolongadas y párkinson son cuestiones distintas: la primera está reconocida en las advertencias del producto; la segunda continúa sometida a debate científico y regulatorio.

Qué encuentra la investigación sobre párkinson

En modelos animales, algunos trabajos describen estrés oxidativo, alteraciones en las mitocondrias y daño en neuronas dopaminérgicas tras la exposición al paraquat. Son mecanismos que ayudan a estudiar cómo una sustancia podría afectar al sistema nervioso, pero los resultados experimentales no prueban por sí solos que el mismo efecto ocurra en personas expuestas durante su trabajo o por vivir cerca de campos tratados.

Los estudios en humanos tampoco ofrecen una respuesta uniforme. Algunas investigaciones que relacionan mapas históricos de uso agrícola con domicilios han observado asociaciones entre exposición ambiental prolongada y diagnósticos de párkinson, con señales más marcadas en ciertos escenarios de contacto laboral sostenido. En cambio, análisis de grandes cohortes de aplicadores con licencia, incluido el Agricultural Health Study en su seguimiento ampliado de 2020, no encontraron una asociación estadísticamente significativa entre el uso declarado de paraquat y la enfermedad.

Las diferencias entre esos métodos ayudan a entender la aparente contradicción. Los estudios geográficos pueden captar exposiciones vecinales acumuladas durante años, aunque estimar con precisión cuánto producto inhaló o tocó cada persona resulta difícil. Las cohortes de aplicadores permiten seguir a trabajadores con experiencia directa en el uso de pesticidas, pero el empleo de protección, la formación y las prácticas de trabajo pueden influir en la exposición real. Medir el contacto individual a lo largo de décadas es uno de los grandes desafíos de esta investigación.

El párkinson es una enfermedad compleja y no se atribuye a un único factor en todos los casos. La edad, la genética y el entorno forman parte de las líneas de estudio, junto con exposiciones a sustancias químicas. Que una investigación detecte una asociación no demuestra automáticamente que el paraquat haya causado la enfermedad en cada persona; que otra no encuentre una asociación significativa tampoco resuelve por sí sola todos los escenarios posibles de contacto. La evidencia disponible permite hablar de señales e incertidumbres, no de una respuesta universal.

Esta cautela explica por qué científicos, empresas, demandantes y reguladores pueden interpretar de forma diferente el mismo cuerpo de estudios. Los demandantes destacan las investigaciones que encuentran asociaciones en determinados contextos; las compañías cuestionan que permitan establecer causalidad y defienden el uso conforme a etiqueta. La EPA, por su parte, evalúa el producto para los usos autorizados. La controversia científica no se zanja con el número de demandas ni con una sola investigación, sino con el peso conjunto, la calidad y los límites de las pruebas.

La revisión de la EPA y las restricciones en Estados Unidos

La EPA mantuvo el registro del paraquat tras una decisión interina de 2021 que incorporó medidas de mitigación y cambios en las condiciones de uso. Esa resolución no fue una declaración de inocuidad absoluta: supuso que la agencia permitía determinados usos bajo requisitos reforzados mientras continuaba evaluando el producto. Tampoco estableció una prohibición nacional, pese a la presión de quienes piden retirar el herbicida del mercado.

En noviembre de 2025, la agencia abrió una revisión técnica adicional centrada en la volatilización y anunció que solicitaría nuevos datos a los titulares del registro para afinar sus modelos de exposición. La volatilización se refiere al paso de una sustancia al aire en forma de vapor. Si la estimación de esa exposición cambiara, podrían revisarse medidas como las franjas de seguridad o los periodos en que los trabajadores pueden volver a las zonas tratadas. La petición de datos indica que el análisis regulatorio sigue activo, no que ya se haya decidido prohibir el producto.

El resultado puede traducirse en ajustes de etiqueta o en el mantenimiento de las condiciones existentes, según lo que muestren los datos y la evaluación de riesgos. La información disponible hasta diciembre de 2025 no anunciaba una prohibición federal ni una resolución definitiva de esa revisión. Conviene distinguir el proceso regulatorio de los litigios: la EPA decide sobre los usos autorizados y sus controles, mientras que los tribunales resuelven las reclamaciones civiles planteadas por personas afectadas.

La tensión de fondo enfrenta la utilidad que algunos productores atribuyen al herbicida con el coste potencial de la exposición para aplicadores y comunidades próximas. Las restricciones pueden reducir el contacto si se respetan, pero su existencia no responde por sí sola a la pregunta sobre los efectos de exposiciones pasadas o acumuladas. La eficacia real de las medidas depende tanto de la norma escrita como de su aplicación sobre el terreno.

Europa lo prohibió y Estados Unidos optó por restringirlo

La Unión Europea dejó de autorizar el paraquat en 2007, después de que el entonces Tribunal de Primera Instancia anulara la aprobación comunitaria. Desde entonces, no se permite su uso agrícola en los Estados miembros. Otros países también han retirado o limitado el producto; Brasil completó su prohibición en 2020, según la información de referencia. Estados Unidos, en cambio, ha mantenido ciertos usos bajo un régimen de acceso restringido y controles reforzados.

La divergencia no demuestra por sí sola cuál de los dos enfoques es correcto. Las autoridades pueden ponderar de manera distinta la incertidumbre científica, los riesgos, la disponibilidad de alternativas y la utilidad agrícola. En la UE, los productores han tenido que adaptar prácticas en cultivos como el viñedo, el olivar y los frutales, recurriendo a combinaciones de laboreo mecánico, cubiertas vegetales y otros fitosanitarios. La prohibición europea se refiere al uso del producto en el territorio, no a una prohibición automática de importar cualquier alimento producido fuera de la UE.

Los alimentos importados deben cumplir los límites máximos de residuos europeos. Cuando no existe un límite específico aplicable, rige el valor por defecto de 0,01 miligramos por kilogramo. Las autoridades realizan controles en frontera y en el mercado mediante muestreos y análisis; si se detecta una incidencia, puede dar lugar a notificaciones o al rechazo de partidas. La autorización agrícola en el país de origen no exime a los productos importados de cumplir las reglas europeas.

Para España, la diferencia crucial es entre la exposición directa en el trabajo agrícola y la ingestión de alimentos que respetan los límites legales. El litigio estadounidense se centra principalmente en exposiciones laborales o ambientales, que pueden repetirse y acumularse durante largos periodos. No es correcto equiparar automáticamente ese tipo de contacto con el consumo de alimentos que cumplen la normativa europea, aunque la vigilancia de residuos siga siendo importante para la seguridad alimentaria.

Quién soporta más exposición en las zonas agrícolas

En Estados Unidos, las áreas de uso destacadas en la información disponible incluyen el Valle Central de California, partes del Medio Oeste —como Iowa, Illinois e Indiana— y el valle del Misisipi. El herbicida se utiliza en cultivos como soja, algodón y maíz. Las estimaciones citadas en el artículo original apuntaban a un aumento del consumo nacional durante la última década frente a finales de los años 2000, en parte por las malas hierbas resistentes a otros modos de acción.

La exposición no se reparte de manera uniforme. En algunos condados agrícolas de California, los datos públicos descritos en la información de referencia muestran una carga de fumigación mayor en comunidades de población latina y de rentas bajas. En esas zonas, trabajadores temporeros y familias pueden vivir cerca de parcelas tratadas. La deriva, es decir, el desplazamiento del producto fuera del área prevista, puede depender de las condiciones meteorológicas y de cómo se realice la aplicación; los errores o incumplimientos también pueden aumentar el contacto.

Ese mapa social da al debate una dimensión que va más allá de la seguridad del aplicador. Quien vive junto a una explotación no siempre controla cuándo se pulveriza ni puede modificar las condiciones de trabajo que afectan a la exposición. Por eso, las preocupaciones vecinales incluyen tanto la posible exposición prolongada como episodios concretos de deriva, olores o síntomas agudos. La distancia entre una parcela y una vivienda no cuenta toda la historia si se desconoce cuánto producto llega, con qué frecuencia y bajo qué condiciones.

Para quienes aplican el herbicida, la protección depende de medidas prácticas incluidas en la etiqueta, como el uso del equipo adecuado, las cabinas cerradas cuando corresponden y el respeto de las restricciones de acceso tras la pulverización. La calibración del equipo y la elección de condiciones meteorológicas también influyen en la dispersión. Estas precauciones reducen riesgos, pero no permiten reconstruir automáticamente la exposición histórica de alguien que trabajó durante años con el producto.

Qué implica la controversia para España

El paraquat no se utiliza en España porque la autorización europea fue anulada. Sin embargo, el país participa en los controles coordinados de la UE y aplica los límites de residuos a los alimentos procedentes de terceros países. Entre los productos que pueden estar vinculados a cadenas agrícolas internacionales se encuentran soja, maíz, algodón, cítricos y uva de mesa. Los controles oficiales combinan análisis aleatorios y dirigidos, mientras que la trazabilidad permite seguir el recorrido de los productos y actuar ante incumplimientos.

Que un país de origen permita el paraquat no significa que una partida pueda entrar sin condiciones. Los límites europeos se aplican al producto importado, y el valor por defecto de 0,01 mg/kg rige cuando no hay un límite específico. Las empresas que abastecen al mercado europeo pueden realizar análisis y controles de proveedores para reducir el riesgo de rechazos. El criterio de acceso es el cumplimiento de las normas de residuos de la UE, no que el método agrícola del país exportador sea idéntico al europeo.

También hay una derivada comercial más amplia. Los cambios de regulación en Estados Unidos pueden influir en requisitos de clientes, certificaciones privadas y protocolos de las cadenas internacionales de suministro. Si se modificaran las condiciones de uso o la disponibilidad del producto, algunos productores tendrían que ajustar sus prácticas y eso podría repercutir en mercados conectados con puertos españoles. Son consecuencias posibles, no una medida ya adoptada ni un cambio automático en las reglas europeas.

La información disponible sobre controles europeos no justifica trasladar sin matices el temor centrado en el contacto laboral a la dieta dentro de los límites legales. A la vez, los controles no convierten en irrelevante la exposición ocupacional en los lugares donde el producto se aplica. Son problemas distintos y requieren evaluaciones diferentes: uno se refiere a residuos en alimentos; el otro, a las condiciones de trabajo y a la exposición de quienes viven cerca de los campos.

Lo que sigue abierto en la disputa

Al cierre de la información judicial disponible, en diciembre de 2025, las negociaciones anunciadas en abril seguían sin traducirse en un acuerdo definitivo público. El MDL de Illinois reunía miles de demandas, y los procesos estatales mantenían su propio recorrido. Syngenta y Chevron negaban que el paraquat causara párkinson en las condiciones autorizadas, mientras los demandantes sostenían que la exposición y las advertencias sobre el producto debían examinarse ante los tribunales.

En el frente regulatorio, la solicitud de nuevos datos sobre volatilización dejaba pendiente una cuestión concreta: si los modelos actuales reflejan suficientemente la exposición de trabajadores y vecinos. Los resultados podrían motivar nuevas medidas o confirmar las existentes. No hay base en la información disponible para dar por hecho un cambio de etiqueta, una prohibición estadounidense o una decisión final de la EPA posterior a aquella solicitud.

Y en el plano científico permanece el interrogante más difícil: cómo distinguir el efecto de una exposición concreta dentro de una enfermedad con múltiples factores posibles, especialmente cuando el contacto pudo producirse durante años y resulta complejo medirlo retrospectivamente. Las asociaciones observadas en algunos estudios merecen investigación; las diferencias entre sus resultados también obligan a evitar afirmaciones tajantes. La respuesta más rigurosa, por ahora, es que la relación está bajo estudio y litigio, pero no está probada de forma concluyente para todos los agricultores ni para todas las condiciones de exposición.

El caso del paraquat enfrenta dos relojes que avanzan a distinta velocidad. Los tribunales necesitan resolver qué pruebas son admisibles y qué responsabilidad corresponde a cada parte; la investigación científica requiere estudios capaces de medir exposiciones reales y separar factores que se solapan. Mientras tanto, la regulación debe decidir qué riesgos acepta y qué controles exige. El resultado no dependerá de un único titular, sino de cómo se acumulen esas pruebas y de si las salvaguardas protegen también a quienes trabajan y viven junto a los campos.