El informe del Pentágono sobre Hegseth y su chat de Signal

El inspector general del Departamento de Defensa de Estados Unidos concluyó que Pete Hegseth incumplió normas internas al tratar información operativa sobre los ataques contra los hutíes en Yemen desde su teléfono personal y mediante Signal. El informe, presentado al Congreso en diciembre de 2025, señala que esa práctica elevó el riesgo para el personal militar y para la operación, aunque no determina si Hegseth desclasificó correctamente los datos que compartió.

La aparente contradicción entre ambas conclusiones es el centro del caso: el secretario tenía autoridad para desclasificar información, pero eso no convierte cualquier aplicación o dispositivo en un canal autorizado. La investigación tampoco declaró que Hegseth cometiera un delito ni resolvió el alcance de su facultad para retirar la clasificación. Sí estableció que el uso de un móvil personal para asuntos oficiales vulneró la política del Pentágono y que los detalles enviados procedían de un documento que estaba marcado como clasificado.

Un chat sobre una operación militar que aún no había comenzado

El episodio se originó el 11 de marzo de 2025, cuando Mike Waltz, entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, creó en Signal un grupo para coordinar asuntos relacionados con una operación militar contra los hutíes de Yemen. En la conversación participaron altos cargos del Gobierno, entre ellos el vicepresidente JD Vance, Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, el director de la CIA John Ratcliffe y otros responsables de la Casa Blanca y de distintas agencias.

La operación, denominada Rough Rider, se preparaba en un momento de tensión en el mar Rojo. Los hutíes habían atacado barcos y anunciado nuevas acciones contra buques vinculados a Israel. El 15 de marzo, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Yemen. Antes de que comenzaran, el chat incluyó detalles sobre objetivos, armas y la secuencia prevista de los ataques, además de referencias a horarios de lanzamiento y a la llegada de aeronaves a sus blancos.

La conversación no se limitó a cuestiones técnicas. En los días previos, los participantes debatieron el momento de la operación y sus posibles efectos políticos y económicos. Vance expresó reservas sobre el calendario, la posibilidad de que subieran los precios del petróleo y la conveniencia de explicar mejor la decisión. Hegseth defendió actuar sin demora, mientras el intercambio también abordó el papel de los aliados europeos y el coste de proteger las rutas marítimas. Esos mensajes mostraron que el grupo mezclaba deliberaciones políticas con información directamente relacionada con una operación en curso de preparación.

Cómo llegó un periodista a la conversación

El 13 de marzo, Waltz añadió por error al grupo a Jeffrey Goldberg, director de la revista The Atlantic. El periodista pudo leer los mensajes sin intervenir y, según la investigación interna de la Casa Blanca, la equivocación se produjo porque el número de Goldberg había quedado guardado en el teléfono de Waltz bajo el contacto de Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Waltz intentaba incorporar a Hughes y agregó a Goldberg en su lugar.

El fallo no se hizo evidente para los demás integrantes mientras el periodista permaneció en el chat. Goldberg abandonó el grupo después de observar la conversación, y nadie le preguntó por qué estaba allí. El caso reveló así dos problemas diferentes: la divulgación de información operativa por un canal no autorizado y la incapacidad de los participantes para comprobar quién tenía acceso. El cifrado de una aplicación no evita que se incorpore a una persona equivocada ni garantiza que los miembros de un grupo sean quienes creen ser.

Goldberg publicó el caso el 24 de marzo. El Consejo de Seguridad Nacional confirmó que la conversación era auténtica y dijo que revisaría cómo se había añadido el número. Al día siguiente, ante las dudas sobre los pasajes que inicialmente no se habían publicado, The Atlantic difundió una transcripción más completa. El nombre de una persona vinculada a la CIA se mantuvo oculto a petición de la agencia. La publicación permitió conocer que Hegseth había enviado información sobre los sistemas que se utilizarían y el desarrollo previsto de los ataques antes de su ejecución.

Qué determinó la investigación del inspector general

El inspector general del Pentágono abrió su investigación en abril de 2025, después de que el Comité de Servicios Armados del Senado solicitara una revisión. El informe final se remitió al Congreso el 3 de diciembre y una versión sin información clasificada se hizo pública al día siguiente. Sus hallazgos distinguen entre la naturaleza de los datos, la autoridad de Hegseth para desclasificarlos y el medio que eligió para compartirlos.

La investigación estableció que la información incluida en el chat procedía de un documento que estaba marcado como clasificado cuando se elaboró. También concluyó que Hegseth utilizó un dispositivo personal para asuntos oficiales, en contra de las normas del Departamento de Defensa. Según el inspector general, ese uso de Signal creó un riesgo innecesario para los militares y para la propia operación Rough Rider. La evaluación se refiere al peligro derivado de sacar información operativa de los sistemas previstos, no a la constatación de que un adversario la interceptara o de que se produjera un daño concreto.

El informe no determinó si Hegseth había desclasificado formalmente los datos ni si, de haberlo hecho, siguió el procedimiento correspondiente. El secretario, por su cargo, tiene autoridad para desclasificar información, pero el inspector general dejó expresamente fuera de su evaluación esa cuestión. Por eso, presentar el resultado como una exoneración total o como una conclusión de que divulgó ilegalmente material clasificado va más allá de lo que estableció la revisión. El hallazgo firme es la infracción de las normas sobre el dispositivo y el riesgo de seguridad; el debate sobre la clasificación quedó abierto.

Hegseth no aceptó una entrevista presencial con los investigadores. Respondió por escrito y no entregó su teléfono personal para que fuera examinado. Estos límites quedaron recogidos en el informe y ayudan a entender por qué la investigación no pudo resolver todos los interrogantes sobre el manejo de los mensajes. El Departamento de Defensa defendió públicamente al secretario y describió el informe como una exoneración, pero esa caracterización no elimina las conclusiones sobre el uso del dispositivo ni el peligro señalado por el inspector general.

Por qué Signal no equivale a una red militar segura

Signal cifra los mensajes de extremo a extremo: en condiciones normales, el contenido está protegido mientras viaja entre los dispositivos de quienes participan. Esa característica es valiosa para la privacidad, pero no convierte la aplicación en una herramienta aprobada para compartir información clasificada. Son cuestiones distintas. La seguridad de un sistema gubernamental también depende de quién puede acceder, cómo se comprueba su identidad, dónde quedan registrados los mensajes y si la organización puede conservarlos y auditarlos.

Un teléfono personal añade otros puntos débiles. Puede estar conectado a ordenadores, no tener los mismos controles que un dispositivo institucional o quedar expuesto a capturas y reenvíos. Además, el cifrado no impide que alguien con acceso legítimo al chat copie el contenido, que un participante se equivoque de destinatario o que un aparato comprometido muestre lo recibido. Una conversación puede estar cifrada y, aun así, ser inadecuada para tratar información sensible, porque protección técnica y autorización institucional no significan lo mismo.

El Pentágono ya había advertido sobre este límite en un memorando del 18 de marzo de 2025, tres días después de los ataques. La nota permitía determinadas aplicaciones de terceros para ejercicios de rendición de cuentas o recuperación de información no clasificada, pero indicaba que no estaban aprobadas para procesar o almacenar información no pública. La distinción importa: incluso los datos que no llevan una marca de clasificación pueden ser sensibles y causar daños si se divulgan antes de tiempo. En una operación militar, saber cuándo despega una aeronave o qué secuencia seguirá un ataque puede ser relevante aunque no se publique un documento con un sello visible.

Un segundo chat y una práctica que fue más allá de Yemen

El caso inicial no fue la única conversación de Signal que quedó bajo escrutinio. En abril de 2025, varios medios informaron de que Hegseth había utilizado otro grupo, llamado Defense | Team Huddle, para compartir detalles sobre los ataques en Yemen. En ese chat participaban su esposa, su hermano y alrededor de una docena de personas más. El Pentágono negó que se hubiera compartido información clasificada, pero el inspector general amplió su revisión para incluir ese intercambio.

También surgieron informaciones sobre otros grupos de Signal organizados por el equipo de Waltz para tratar asuntos oficiales, como Ucrania, China, Gaza, Oriente Próximo, África y Europa. Algunas personas con conocimiento de esas conversaciones dijeron que habían visto datos sensibles, aunque no podían confirmar si estaban clasificados. La existencia de esos grupos ensanchó la preocupación: ya no se trataba únicamente de un error de agenda, sino de la posible normalización de aplicaciones comerciales para coordinar trabajo gubernamental.

La investigación del inspector general se centró en la conducta de Hegseth y en las reglas del Departamento de Defensa; no tenía por objeto resolver cada aspecto de las comunicaciones de otros organismos. También quedaban cuestiones sobre conservación de documentos oficiales. Los mensajes efímeros, si se configuran para borrarse automáticamente, pueden complicar la preservación de registros públicos y la revisión posterior de decisiones. Un juez ordenó a la Administración conservar los mensajes del grupo relacionado con los ataques, en el marco de una demanda que cuestionaba el cumplimiento de las normas federales sobre archivos.

Las consecuencias políticas y las responsabilidades pendientes

La divulgación provocó reacciones en el Congreso y abrió investigaciones dentro del propio Gobierno. Legisladores de ambos partidos reclamaron explicaciones, aunque diferían en la valoración política del episodio. Algunos republicanos criticaron la falta de cuidado, mientras dirigentes demócratas lo presentaron como una brecha grave de seguridad. También hubo preocupación entre aliados europeos, especialmente después de que los mensajes mostraran el desdén de algunos participantes hacia su contribución a la protección de las rutas del mar Rojo.

Waltz asumió la responsabilidad por la incorporación de Goldberg y dejó su puesto como asesor de Seguridad Nacional el 1 de mayo de 2025. El presidente Donald Trump anunció su intención de nominarlo como embajador ante Naciones Unidas. La salida de Waltz no resolvió, sin embargo, la cuestión de las prácticas de comunicación en el Ejecutivo ni el alcance de la responsabilidad de quienes utilizaron el chat para hablar de asuntos operativos.

En el caso de Hegseth, el informe público no anunció una sanción disciplinaria concreta ni recomendó por sí mismo su destitución. Tampoco determinó que los hutíes hubieran recibido los mensajes o que las fuerzas estadounidenses sufrieran daños por su causa. Su importancia está en documentar que una decisión de comunicación creó un riesgo evitable y que el dispositivo personal contravenía la política departamental. La ausencia de una consecuencia inmediata no convierte el procedimiento en aceptable, del mismo modo que el riesgo constatado no demuestra por sí solo que se materializara un daño.

La frontera entre autoridad y seguridad

El argumento de que Hegseth podía desclasificar información responde solo a una parte del problema. La facultad para modificar la clasificación no sustituye las reglas sobre el canal, el dispositivo y la distribución de material operativo. Una decisión de desclasificación debe poder distinguirse de una divulgación informal, y el informe no examinó si en este caso se produjo de forma adecuada. Esa separación explica por qué el documento puede reconocer la autoridad del secretario y, al mismo tiempo, criticar su conducta.

El caso también expuso una tensión habitual en las comunicaciones gubernamentales: las aplicaciones fáciles de usar facilitan coordinarse con rapidez, pero pueden dejar fuera controles diseñados para proteger a personas y operaciones. En un chat pequeño, el error parece doméstico, casi banal: un contacto mal asociado y una invitación enviada al número equivocado. Sin embargo, cuando el grupo debate ataques todavía pendientes, ese detalle abre una puerta que los sistemas oficiales intentan mantener cerrada. La seguridad depende tanto de la tecnología como de los hábitos y controles que rodean su uso.

La revisión del inspector general deja una conclusión más precisa que las versiones políticas enfrentadas: Hegseth empleó un dispositivo personal y una aplicación no autorizada para tratar información operativa, y esa decisión puso en riesgo a personal y misiones. No resolvió si los mensajes se desclasificaron correctamente, no probó que un adversario los obtuviera y no estableció que se produjera un daño. El episodio de Yemen muestra por qué esas distinciones importan: en seguridad nacional, la autoridad para compartir un dato y la obligación de proteger el modo en que circula son responsabilidades distintas, pero inseparables.