¿Qué partido votó en contra de subir las pensiones?

Vox se queda solo al votar contra la subida del 2,7% en pensiones y el alza reforzada de mínimas e IMV; claves, cifras y choque político.

Vox fue este jueves el único partido que votó en contra del decreto que revaloriza las pensiones en 2026: una subida general del 2,7% y aumentos mayores en los tramos más vulnerables, con las mínimas por encima del 7% y las no contributivas (y el Ingreso Mínimo Vital) en el 11,4%. El texto salió adelante en el Congreso con un respaldo abrumador y dejó una imagen rara en la política española: un “no” sin compañía, con el resto del hemiciclo en el “sí”, aunque muchos lo hicieron entre reproches y dientes apretados.

La votación se produjo en una jornada parlamentaria de alto voltaje y con resaca reciente: hace apenas un mes, la subida había quedado atrapada dentro de un decreto más amplio —el llamado “ómnibus”— que no prosperó. Esta vez el Gobierno separó la revalorización, la llevó “limpia” al Pleno, y la convalidación quedó asegurada. Vox, con Santiago Abascal como rostro político del partido, decidió marcar perfil y argumentó que el sistema va hacia una situación “insostenible” y “terrorífica” en los próximos 25 años, en palabras del diputado José María Figaredo.

Un “no” en solitario en la votación de las pensiones

La escena tiene su liturgia: el tablero, los escaños, el runrún de pasillo y esa coreografía de pulsar un botón que, de vez en cuando, cambia el tono del país. Esta vez el resultado dejó claro quién se descolgaba. El Congreso convalidó el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en Seguridad Social, con un apoyo amplio: en la votación de convalidación, el “sí” sumó 317 votos, el “no” 33 y no hubo abstenciones; después, la Cámara acordó tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con un respaldo aún mayor, prácticamente unánime. Entre ambas fotos, Vox queda señalado como el partido que se opuso frontalmente a la subida.

No es un detalle menor que el decreto esté en vigor desde el 1 de enero. De hecho, el incremento ya se venía aplicando en las nóminas de enero y febrero, pero la convalidación parlamentaria era el candado político y jurídico: sin ese paso, el edificio se tambalea. El Gobierno defendió la medida como un refuerzo del poder adquisitivo y una cuestión de estabilidad para un colectivo masivo: alrededor de 13 millones de pensiones y prestaciones, según los cálculos oficiales. Vox, en cambio, quiso situar el debate en el terreno de la sostenibilidad financiera y la demografía, donde la aritmética no se ve en una nómina concreta, pero pesa como una piedra en el presupuesto de un país.

En paralelo, el contexto del día ayudó a cargar de significado cualquier voto. En ese mismo pleno se rechazaron otros decretos del Ejecutivo vinculados al escudo social y a un límite de precios en situaciones de emergencia, con una mayoría alternativa formada por PP, Vox y Junts, y con el foco en medidas como la moratoria de desahucios para vulnerables o la garantía de suministros básicos. Ese choque general elevó el ruido. Y, en medio, la revalorización de pensiones quedó como una pieza separada, más fácil de defender y más difícil de tumbar… salvo que quisieras decir “no” por convicción o por estrategia. Vox optó por lo primero, al menos en su argumentario público, aunque la política nunca es una sola cosa.

Qué sube en 2026: cifras, límites y quién sale más beneficiado

La revalorización general del 2,7% no es un número elegido al azar ni una cifra “de campaña”: responde a la fórmula legal que liga la actualización al IPC medio del periodo de referencia y que, según el propio decreto, arroja ese porcentaje. En palabras más llanas, el Gobierno defiende que se trata de evitar que las pensiones pierdan valor frente a los precios, que es lo que se nota cuando el carrito de la compra pesa más, el recibo de la luz se estira o el alquiler aprieta. Aquí la medida va al corazón de la promesa constitucional: mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Eso es lo que se votaba.

El decreto afecta a las pensiones del sistema de la Seguridad Social y también a las de Clases Pasivas del Estado, y no se queda solo en el “suben un 2,7%”. Incluye letras pequeñas con impacto real: fija, por ejemplo, el límite máximo de las pensiones públicas en 3.359,60 euros mensuales (o 47.034,40 euros anuales) para las causadas en 2026, una referencia clave para las pensiones altas y para quienes se mueven cerca del tope. También actualiza el complemento para la reducción de la brecha de género, que queda en 36,90 euros mensuales en 2026, un componente que se ha convertido en una de las piezas más discutidas —y más citadas— de la arquitectura reciente del sistema.

Hay otro dato que suele pasar más desapercibido, pero que en realidad marca el suelo por abajo: el decreto determina cuantías mínimas y requisitos para acceder a ellas, y ahí aparece una política clara de empuje hacia las pensiones más bajas. Traducido: no todos suben igual, y esa asimetría es deliberada.

Mínimas, no contributivas, IMV y SOVI: el salto grande

En el tramo de las pensiones mínimas y de las no contributivas es donde la subida se nota más en porcentaje y, sobre todo, en intención política. Las mínimas suben más del 7% en 2026; y ese porcentaje es mayor en casos concretos que el decreto subraya: las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares aumentan un 11,4%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizan también un 11,4%. Son cifras altas para un país acostumbrado a hablar de pensiones en décimas, y por eso han sido el núcleo del relato del Gobierno: protección reforzada donde la renta es más frágil.

El decreto también toca el SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez), un régimen histórico que sigue presente en muchos hogares como una pensión que viene de otra época, de otra España, pero que hoy paga recibos del mismo 2026. En ese caso, la revalorización es del 7,07%: las pensiones de vejez e invalidez del SOVI alcanzan los 599,60 euros mensuales en las no concurrentes y 582,10 euros mensuales en las concurrentes. No es un detalle técnico: para quien vive con una pensión así, cada ajuste se convierte en un margen de maniobra (o en su ausencia) a final de mes.

En el desglose de mínimos, hay números que sirven para ponerle cara a la estadística. La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.106,80 euros anuales; en los casos con cónyuge a cargo, sube a 17.592,40 euros anuales. Son cifras brutas anuales, la clase de dato que rara vez sale en una conversación cotidiana, pero que explica por qué la revalorización no es solo un titular: es un ajuste que redefine umbrales.

El texto se extiende también a prestaciones familiares y a supuestos de discapacidad, con cuantías anuales actualizadas: la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad igual o superior al 65% alcanza 5.962,80 euros al año, y si la discapacidad reconocida es igual o superior al 75%, se sitúa en 8.942,40 euros anuales. El decreto no solo toca pensiones, toca un mosaico de prestaciones que, juntas, dibujan un mapa de protección social.

Y por encima del “cuánto”, está el “a cuántos”. El Gobierno sostiene que la revalorización beneficia a cerca de 13 millones de personas entre pensiones y prestaciones. En la arena política, esa cifra se convierte en un megáfono. En la vida real, se convierte en millones de nóminas que llegan a finales de mes con una cifra ligeramente distinta, a veces solo unas decenas de euros, a veces más, según la pensión y el tramo.

La explicación de Vox: “insostenible” en 25 años

¿Por qué votar “no” a una subida que, en apariencia, protege a pensionistas y perceptores del IMV? Vox lo explicó en el Congreso con una idea fija: no se puede prometer lo que no se puede pagar. El diputado José María Figaredo justificó el rechazo pese a reconocer que “los españoles son cada día más pobres” y lanzó su advertencia: en los próximos 25 años, el sistema de pensiones se enfrentará a una situación “insostenible” y “terrorífica”. El mensaje, dicho así, funciona como un fogonazo: no discute solo el porcentaje del 2,7%, discute la película completa, el guion y el final.

Ese planteamiento tiene dos capas. La primera es económica: Vox insiste en que el sistema, tensionado por el envejecimiento y por el ritmo de gasto, camina hacia un desequilibrio. La segunda es política: en un pleno donde casi todos votan lo mismo, el “no” sirve para diferenciarse, para colocar una bandera y decir “nosotros no participamos de este consenso”. Es una estrategia habitual en partidos que quieren marcar un corte nítido con el resto, pero aquí tiene un coste evidente: votar contra una subida de pensiones tiene mala prensa, porque toca una fibra social muy sensible.

Vox también intenta encajar ese “no” en un relato más amplio sobre el empobrecimiento, la presión fiscal y la pérdida de poder adquisitivo general. Pero ahí se le cruza un problema práctico: muchos otros partidos, incluido el PP, votaron a favor del decreto y, a la vez, criticaron al Gobierno por la situación de los pensionistas. Dicho de otro modo, el resto encontró la forma de decir “sí” a la revalorización y “no” a la gestión política. Vox eligió el rechazo total, sin matices en el botón. Esa es la diferencia clave.

Y hay un punto técnico que suele quedar fuera del ruido, pero que explica por qué el Gobierno defendía el decreto como “urgente”: España está con presupuestos prorrogados y el decreto argumenta que, en ese marco, la revalorización no puede quedar en el aire. En el texto legal se habla de la necesidad de mantener intactos los derechos de quienes ya habían visto incrementada su pensión en enero. Ahí Vox no entra: prefiere mover el foco a la sostenibilidad futura, a la idea de que hoy se compra tranquilidad y mañana se paga con intereses. El problema es que ese “mañana” es difuso, y el “hoy” es un ingreso mensual concreto. La política, casi siempre, se decide en esa fricción.

El resto del Congreso: del “sí” casi unánime a los reproches

Aunque el decreto se aprobó con un apoyo amplísimo, el debate no fue un paseo. Hubo reproches y acusaciones cruzadas, en parte por lo ocurrido semanas antes con el decreto “ómnibus”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la revalorización como “justa, urgente y necesaria” para la estabilidad del sistema y la seguridad económica de millones de personas. Insistió en la idea de derecho: actualizar conforme al IPC como garantía de dignidad y poder adquisitivo, y lo conectó con un mensaje hacia los jóvenes, subrayando que fortalecer el sistema público sirve para que las siguientes generaciones encuentren protección similar.

Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Paniagua votó a favor, pero cargó contra el Gobierno por el modo de gestionar el asunto. Le reprochó a Saiz que acusara a los populares de no querer revalorizar con el IPC y defendió que su partido había presentado en noviembre una proposición de ley en ese sentido. Además, criticó la inquietud generada entre los pensionistas y usó una imagen dura: dijo que el Ejecutivo los había tomado como “rehenes”, mientras pierden poder adquisitivo por la subida de impuestos, la no deflactación del IRPF y el encarecimiento de la cesta de la compra. Es un “sí” con cuchillo en la mesa: apoyo a la subida, ataque al contexto económico y a la narrativa del Gobierno.

En el bloque de socios y aliados parlamentarios, el tono también tuvo aristas. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal apoyó el decreto, pero criticó al Ejecutivo por “tratar de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de tensión política”, un reproche que conecta directamente con el “ómnibus” anterior. Desde UPN, el diputado Alberto Catalán se sumó a esa crítica y habló de “chantaje”. Son palabras fuertes para un debate sobre pensiones, y precisamente por eso pesan: nadie quiere aparecer como quien juega con la nómina de los mayores.

En la izquierda y en los grupos que sostienen habitualmente al Gobierno, hubo apoyo, sí, pero con demandas de más. Desde Sumar, el diputado Lander Martínez denunció el intento de instalar un supuesto conflicto intergeneracional y lo giró hacia un enfoque de desigualdad: “no hay conflicto intergeneracional, hay conflicto de clases”, vino a decir. Y dentro de ese mismo espacio, la diputada Àgueda Micó valoró la revalorización como un compromiso entre generaciones. El mensaje es claro: defender la pensión pública no es enfrentarse a los jóvenes, es sostener un pacto social.

En Podemos, la diputada Noemí Santana reclamó más ambición: equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional. En ERC, el diputado Jordi Salvador se movió en la misma línea. Y desde EH Bildu, el diputado Oskar Matute reprochó a la derecha la paradoja de proclamarse defensora de los pensionistas mientras, en votaciones recientes, rechazaba medidas del escudo social que también impactaban en hogares donde viven pensionistas, como la protección frente a cortes de suministros o la moratoria de desahucios para vulnerables. En Junts, el diputado Josep Maria Cervera Pinart defendió su posición en la crisis del “ómnibus” y devolvió el golpe: habló de “incapacidad reincidente”, “ineptitud” e “incompetencia” del Gobierno por no haber sacado la revalorización “en tiempo y forma” y por haber generado incertidumbre.

Todo eso ocurre mientras, fuera del hemiciclo, el tema de las pensiones sigue siendo un campo de presión social constante. Coincidiendo con la votación, representantes de la mesa estatal por el blindaje de las pensiones en la Constitución entregaron a los grupos parlamentarios un manifiesto firmado por un centenar de juristas. Es un recordatorio de fondo: el debate no se agota en un decreto anual; hay quien quiere convertir la protección de las pensiones en una cláusula aún más blindada, más difícil de tocar, más “intocable”.

Del decreto ómnibus al texto ‘troceado’: la resaca de enero

Para entender por qué el Gobierno llegó a este pleno con el pulso alto, hay que volver a enero. Entonces, la revalorización de pensiones iba dentro de un paquete más amplio que mezclaba medidas sociales, fiscales y económicas. Ese decreto cayó con los votos en contra de PP, Vox y Junts, y el argumento que más ruido hizo —sobre todo en Junts y en parte de la derecha— fue la moratoria antidesahucios y el debate alrededor de la “okupación”. El Ejecutivo aprendió la lección con una rapidez poco habitual en la política española: separó lo votable de lo controvertido, dividió en piezas, y presentó la subida de pensiones como un texto independiente.

Esa decisión no solo es táctica, también es narrativa. Al “trocear”, el Gobierno obligó a cada grupo a retratarse en un tema muy sensible. El PP optó por el “sí” a las pensiones y el “no” al método. Junts, esta vez, no podía justificar un rechazo por la mezcla de asuntos, porque la mezcla ya no estaba. Votó a favor y se centró en acusar al Ejecutivo de mala gestión previa. Vox, en cambio, no se apoyó en el argumento del paquete: votó “no” por el contenido y por el diagnóstico a largo plazo. Ahí se explica su soledad.

También hay un trasfondo jurídico-administrativo que el propio decreto subraya: la revalorización se considera de extraordinaria y urgente necesidad y, en situación de prórroga presupuestaria, el Gobierno utiliza el real decreto-ley como cauce para actualizar pensiones sin esperar a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado. Eso alimenta otra crítica frecuente en el Congreso: legislar “a golpe de decreto”. Y en este pleno, esa acusación también sobrevoló el debate. Pero, de nuevo, una cosa es criticar la forma y otra tumbar el fondo cuando el fondo son pensiones.

El retrato que deja esta votación: política y bolsillo

El decreto no es solo una subida del 2,7%. Es también una radiografía de cómo el Estado intenta cuadrar el círculo: proteger hoy, sostener mañana, y hacerlo con un sistema que necesita ingresos. Por eso, además de revalorizar, el texto actualiza cotizaciones y mecanismos de financiación. Y ahí entran palabras que suenan a despacho, pero que se convierten en dinero real: el tope máximo de bases de cotización queda fijado en 5.101,20 euros mensuales, y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube su tipo hasta 0,90 puntos porcentuales, repartido entre empresa (0,75) y persona trabajadora (0,15). También se detalla la cotización adicional de solidaridad para salarios por encima del tope, con tipos escalonados según tramos de retribución. Es la parte menos vistosa, sí; pero es el esqueleto que sostiene el relato de “esto se paga”.

En el mundo de los autónomos, el decreto mantiene para 2026 las tablas del nuevo sistema de cotización previstas para 2025, con ajustes ligados al tope máximo del régimen general, y contempla el reintegro parcial en supuestos de pluriactividad cuando se superan ciertos límites de cotización por contingencias comunes. Son líneas que rara vez ocupan un titular, pero que afectan a muchos bolsillos y a muchas conversaciones de bar con calculadora mental: cuánto pago, cuánto me corresponde, cuánto me devuelven.

Además, el decreto incluye medidas laborales y profesionales que, sobre el papel, están asociadas a la Seguridad Social y a la protección de colectivos concretos. Se habla de una cotización adicional para facilitar la jubilación anticipada de bomberos forestales y agentes medioambientales, y de la prórroga para que médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar trabajo con pensión en determinadas condiciones. También contempla la ampliación en diez años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social y ajustes en cotización por contingencias profesionales. No es un “extra” decorativo: forma parte del paquete de urgencias que el Gobierno ha querido meter bajo el paraguas de Seguridad Social.

Con todo este cuadro, el voto de Vox adquiere una lectura doble. En el plano inmediato, es un rechazo a una subida que beneficia a millones de personas y, de manera especial, a quienes cobran menos. En el plano estratégico, es un intento de instalar la idea de que el sistema está en una pendiente peligrosa y que cada revalorización sin una reforma más dura es pan para hoy y deuda para mañana. Vox quiere ser el partido que dice “nadie quiere escuchar esto, pero es así”. El problema, para Vox, es que el Congreso le devolvió un espejo: nadie más quiso acompañarle en ese gesto. Y en política, quedarse solo no siempre es valentía; a veces es cálculo… y otras, simplemente, aislamiento.

El Gobierno sale con una victoria concreta: la revalorización queda convalidada y el decreto se tramitará como ley, con urgencia, lo que abre margen para enmiendas y ajustes durante la tramitación parlamentaria. El PP sale con su propio relato: “sí a las pensiones, no a la forma”, y aprovecha para cargar contra impuestos, IRPF y coste de la vida. Junts sale defendiendo que no fue culpable de la incertidumbre, sino el Ejecutivo por mezclar y volver a mezclar. El PNV sale recordando que no le gusta la política de paquetes que fuerzan votos bajo presión. Y la izquierda a la izquierda del Gobierno sale diciendo: bien, pero insuficiente, que la discusión de verdad es si las mínimas pueden acercarse al SMI y si el sistema puede ser más redistributivo.

Al final, lo más tangible es lo que ya se está cobrando desde enero: más euros en la nómina mensual, con una subida general del 2,7% y un empujón mayor en mínimos, no contributivas e IMV. Lo más político es lo que queda en la foto: Vox, solo, votando “no” en un asunto que casi todos consideran intocable por coste social y por impacto electoral. Y lo más delicado, lo que seguirá respirando debajo del debate, es la tensión de siempre: cómo sostener un sistema público de pensiones en un país que envejece, con salarios que no siempre crecen al mismo ritmo que los precios, y con un Parlamento que se mueve entre el consenso imprescindible y la batalla permanente. Aquí, por una vez, el consenso ganó… y Vox eligió quedarse fuera.