¿Por qué OCDE critica a España por subsidio a mayores de 52?

La OCDE señala que el subsidio a mayores de 52 desincentiva el empleo: claves, cifras y reformas para que volver a trabajar compense de veras

La advertencia es clara y llega con nombres y apellidos: la OCDE ha señalado a España por el diseño del subsidio para mayores de 52 años. La organización sostiene que, tal y como está configurado, genera un desincentivo real para volver al trabajo. El motivo no es ideológico ni retórico: es aritmético. Si un parado de esa edad acepta un empleo de salario bajo o inestable, puede perder la ayuda y, al mismo tiempo, asumir cotizaciones e impuestos que le dejan con menos renta disponible que si se queda en el subsidio. El resultado práctico: el sistema empuja, sin querer, a permanecer fuera del mercado laboral.

España introdujo esta prestación para proteger a quienes pierden su empleo en la recta final de su carrera. Y protege. Pero la OCDE ha puesto el foco en un punto sensible: la ayuda es indefinida hasta la jubilación, no se limita por ingresos del hogar, y cotiza por el 125% de la base mínima para la futura pensión. Todo junto produce un efecto perverso en determinados escenarios: frente a un contrato al SMI o con jornadas irregulares, el bolsillo puede concluir que no compensa. El debate ha saltado a la primera línea informativa con titulares que lo resumen en una expresión reconocible: “tirón de orejas” a España.

Qué dice exactamente la OCDE y por qué ahora

El último examen económico de la OCDE sobre España dedica un capítulo completo al mercado laboral y, en particular, al paro de larga duración entre trabajadores de más de 50 años. No es un apunte lateral: la organización describe cómo el subsidio de mayores de 52, en su configuración vigente, desincentiva la búsqueda de empleo. Lo hace por acumulación de rasgos excepcionales: duración ilimitada hasta la edad ordinaria de jubilación, evaluación de ingresos individual (no por hogar) y cotización reforzada para la futura pensión durante todo el tiempo que se percibe la ayuda. El diagnóstico incorpora un término técnico, poco conocido fuera de la academia, pero crucial: la participation tax rate (PTR), la carga implícita que afronta una persona cuando pasa del no empleo al empleo. Si al trabajar pierdes ayudas y, además, pagas cotizaciones e impuestos, tu ganancia neta se encoge. Y si se vuelve negativa en casos tipo, el sistema te está empujando a quedarte quieto.

El aviso de la OCDE llega tras un año de reformas parciales y de muchos debates sobre empleo sénior y sostenibilidad de las pensiones. El Gobierno defendió en 2024 cambios para reforzar la protección asistencial y facilitar transiciones al trabajo con un Complemento de Apoyo al Empleo. Pero la propia OCDE sostiene que esas novedades no corrigieron el núcleo del problema en el subsidio específico de 52+, que mantiene su cuantía tradicional y, sobre todo, conserva ese régimen de cotización superior a la base mínima que resulta muy atractivo desde el punto de vista de la pensión futura. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y los técnicos del organismo han sido explícitos en pedir que España alinee incentivos: proteger, sí, pero sin que el diseño convierta la inactividad en una opción racional.

Cómo funciona el subsidio de mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años es una pieza histórica del mosaico de prestaciones por desempleo. La lógica de partida fue socialmente comprensible: quien pierde el empleo a esa edad tiene mucha más dificultad para recolocarse y, si encadena periodos de paro, corre el riesgo de no completar cotizaciones suficientes para una pensión digna. De ahí uno de sus rasgos diferenciales: mientras se cobra la ayuda, la Seguridad Social cotiza por la persona beneficiaria el 125% de la base mínima. Esa cotización cuenta para la futura pensión y no es un detalle: suma meses y bases que, en muchas carreras reales, marcan el cálculo definitivo.

La cuantía del subsidio, en su configuración clásica, se ha fijado en torno al 80% del IPREM, lo que equivale a 480 euros mensuales. A diferencia de otros subsidios, su duración no está limitada a seis, doce o dieciocho meses: se prolonga hasta la recolocación o hasta que la persona alcanza la edad legal de jubilación. En el apartado de requisitos, la evaluación de rentas es individual —se comprueba que quien solicita no supera un umbral de ingresos— y no se calcula en función del hogar. Ese matiz, aparentemente técnico, cambia la película: dos personas con el mismo perfil, una en un hogar con ingresos altos y otra en uno con ingresos bajos, reciben el mismo trato a efectos de acceso y continuidad.

Otro rasgo que importa: el subsidio para 52+ se compatibiliza mal con empleos intermitentes o de baja retribución si la alternativa implica perder la cotización reforzada que garantizaba una pensión futura superior. Ese es el meollo. A los 52, 55 o 58 años, la decisión no es solo de hoy; está contaminada por una pregunta de largo plazo: ¿qué pasa con mi jubilación si entro y salgo de contratos de 20 horas, o si acepto un salario cercano al SMI durante un año? Cuando la respuesta es que la pensión esperada baja respecto al escenario de seguir en el subsidio, la tentación del inmovilismo crece.

Dónde aparece el desincentivo: el bolsillo manda

Conviene bajar al ejemplo concreto. Pensemos en una mujer de 53 años, con cotizaciones suficientes para acceder al subsidio 52+, que percibe 480 euros al mes y para la cual la Seguridad Social cotiza cada mes por el 125% de la base mínima. Recibe una oferta a jornada completa al entorno del SMI. Si acepta, pierde el subsidio y, con él, esa cotización “premium” que apuntalaba su futura pensión. Empieza a pagar cotizaciones y, en su caso, IRPF. En su renta disponible inmediata, el salto puede ser pequeño o, según circunstancias familiares y fiscales, incluso negativo. Y, en la pensión esperada, también cae, porque durante esos meses ya no cotiza por ese 125% de la base mínima sino por la base real de su contrato. A corto y medio plazo, la cuenta no sale.

Este es el mecanismo que la OCDE resume con la PTR: si al cruzar la puerta del empleo tu ganancia neta se queda en cero o por debajo de cero, el incentivo económico a trabajar desaparece. Eso no significa que todas las personas actúen con una calculadora en la mano ni que no haya motivaciones no monetarias (autonomía, reputación, proyecto de vida). Significa que, cuando el sistema te castiga económicamente por aceptar un trabajo modesto, produce un resultado agregado: más inactividad de larga duración entre mayores y menos reincorporaciones.

De ahí que voces del análisis económico hayan bajado el argumento a un lenguaje llano. Marc Vidal, analista y divulgador, lo simplificó recientemente: “Alguien que cobra 800 euros en prestaciones, si acepta un trabajo por 1.000, pierde la ayuda y paga unos 250 en cotizaciones; pierde por trabajar”. Es un trazo grueso —cada caso tiene matices—, pero ilustra el fenómeno que la OCDE cuantifica con su métrica.

Qué cambió en 2024 y qué se ha quedado corto

2024 dejó novedades en el sistema asistencial. El Gobierno elevó durante los primeros meses la cuantía de algunos subsidios, introdujo ajustes en compatibilidades y anunció el Complemento de Apoyo al Empleo, un mecanismo pensado para acompañar la transición del subsidio a un contrato, evitando el “salto al vacío” en el primer mes de alta. Sin embargo, los cambios no abordaron el rasgo más problemático del 52+: la cotización reforzada y la duración indefinida. El nuevo complemento, además, exige requisitos temporales que lo hacen poco útil para quienes llevan mucho en desempleo o encadenan paros largos con contratos muy cortos. El resultado: donde el incentivo estaba más torcido, el enderezado ha sido insuficiente.

No es un juicio aislado. En los últimos días, cabeceras como Libertad Digital, El Economista o COPE han amplificado el diagnóstico: el “tirón de orejas” de la OCDE al Ejecutivo por mantener un diseño que, pese a su finalidad protectora, frena la vuelta al empleo en la última etapa de la vida laboral. El propio Ministerio de Trabajo —cartera que ha pilotado en la última legislatura reformas clave— defiende que la protección de carreras largas y la dignidad de la pensión son una línea roja. La discusión, de hecho, no enfrenta dos bandos irreconciliables; pivota sobre una pregunta práctica: cómo proteger sin desenganchar del empleo.

Cuántos son, quiénes son: la foto de los beneficiarios

Los datos ayudan a calibrar la magnitud del fenómeno. A mitad de año se contabilizaban 766.511 personas cobrando subsidios asistenciales por desempleo. Es aproximadamente el 45% del total de quienes reciben prestaciones (si se suman contributivas y asistenciales). La composición por edad revela un patrón que explica por qué la OCDE mira al 52+: más del 70% de los perceptores de subsidios tienen 50 años o más. En 2017, esa proporción rondaba la mitad. La evolución ha sido rápida y constante.

El perfil no es uniforme. Hay trabajadores con oficios muy específicos que han perdido su nicho y encuentran difícil convertir su experiencia en empleabilidad inmediata. Otros, con cualificación media o baja, saltan entre contratos temporales o parciales, con salarios cercanos al SMI, y sus expectativas salariales no compensan la pérdida del subsidio y de la cotización reforzada. Un tercer grupo arrastra lagunas de cotización que el subsidio rellena, mejorando el cálculo de su pensión. En todos los casos, el diseño actual ofrece una red que evita caídas bruscas. Pero, a la vez, anima a permanecer en la red incluso cuando hay empleo disponible. Esa contradicción es la que el organismo internacional pide resolver.

Qué medidas propone la OCDE y qué alternativas están sobre la mesa

La receta de la OCDE no es una enmienda a la totalidad. Es una combinación de ajustes técnicos que, en conjunto, reordenan incentivos. Primero, acotar la duración del subsidio para que no dependa de la edad, sino del tiempo sin empleo y del esfuerzo de búsqueda activa. Segundo, transformar la prueba de medios: en lugar de evaluar de forma estrictamente individual, ponderar ingresos del hogar para evitar que la ayuda se mantenga en contextos de renta familiar elevada. Tercero, limitar la cotización “premium” a la fase contributiva (la prestación por desempleo), y no a la asistencial; es decir, desligar el subsidio de un “bonus” de pensión que, en la práctica, convierte la inactividad en una decisión racional. Cuarto, si se amplía la protección en el tiempo, reducir gradualmente la cuantía (el llamado tapering), evitando saltos bruscos pero conservando el incentivo a aceptar empleo. Quinto, exigir de forma efectiva la búsqueda activa de empleo, con orientación útil, seguimiento y sanciones proporcionadas cuando no hay colaboración.

A ese paquete se suman propuestas que en España ya han asomado en debates parlamentarios y sociales. Compatibilizar el subsidio —o una parte de él— con el salario durante más meses tras la contratación puede evitar el “bache” del primer semestre. Bonificar cotizaciones sociales del empleador cuando contrate a mayores de 55 que vengan del subsidio, con contratos estables, reduce el coste de dar la oportunidad. Y dotar de vales de formación o “cuentas personales de capacitación” a los trabajadores sénior refuerza su empleabilidad en sectores con vacantes reales: logística, cuidado a mayores, digitalización básica en pymes, mantenimiento industrial.

Algunas comunidades autónomas han experimentado con programas mixtos de formación con contrato (alternancia) para mayores de 45 y 50 años, con resultados desiguales. Lo que funciona se parece a esto: cursos modulares y cortos ligados a una oferta real, certificados rápidos, tutores que acompañan durante los primeros meses en el puesto y evaluaciones que miden permanencia a 6, 12 y 18 meses. Sin ese eslabón, la obligación de búsqueda activa se convierte en un trámite sin consecuencias.

Impacto en pensiones, empresas y cuentas públicas

El fenómeno no termina en el mercado laboral. Cuando un volumen creciente de mayores de 52 años sale del empleo y permanece años percibiendo la ayuda mientras cotiza por encima de la base mínima, se produce una doble presión. Por un lado, sube el gasto en subsidios hoy; por otro, aumenta el derecho a pensión mañana. Si, además, la entrada a trabajos de baja retribución resta meses a esa cotización “premium”, la persona preferirá permanecer en el subsidio, y el Estado asumirá un coste superior en pensiones futuras. Es un juego de sumas y restas que no puede ignorar el equilibrio de largo plazo del sistema.

Para las empresas, el problema es menos visible pero real. Un número relevante de vacantes de entrada —en servicios, comercio, logística, industria ligera— se cubre con rotación de jóvenes o con mano de obra extranjera, mientras un grupo de trabajadores experimentados se mantiene fuera. La productividad de alguien que ha desarrollado competencias durante décadas no es intercambiable sin más. Y, sin embargo, el sistema le dice: volver te perjudica a corto y largo plazo. Ahí es donde la política pública interfiere con decisiones privadas racionales y daña resultados económicos.

El debate público y las posiciones enfrentadas

La lectura de los titulares de estos días ayuda a ordenar las posiciones. Un bloque enfatiza el lado protector y advierte del riesgo de dejar desamparados a quienes han cotizado durante décadas y, a los 53 o 58 años, reciben ofertas precarias o temporales. Otro bloque subraya la evidencia de desincentivos y reclama un rediseño que haga que cada euro ganado trabajando sume en el bolsillo y en la pensión futura. Entre ambos, hay un terreno de consenso posible: transiciones más suaves, compatibilidades temporales, ajustes fiscales o de cotización para que la renta neta al emplearse suba siempre, aunque el salario sea modesto.

En la conversación pública se han colado, también, expresiones injustas con los beneficiarios (“paguita”, “vivir de ayudas”). Conviene separar las cosas. La crítica de la OCDE no responsabiliza al parado de 52 años; señala al diseño de una regla que produce efectos indeseados. El objetivo razonable es alinear esa regla con lo que el país necesita: más empleo sénior, menos paro de larga duración, pensiones sostenibles, empresas que aprovechen talento experimentado.

Qué sería un rediseño sensato y viable

Hay una hoja de ruta que no rompe nada y puede corregir lo esencial. Mantener la cotización reforzada del 52+ pero solo durante una transición al empleo (por ejemplo, durante 6–12 meses tras la contratación), condicionada a permanencia y a búsqueda activa real, preserva la lógica protectora y elimina la trampa de optar por no trabajar. Permitir compatibilizar un porcentaje del subsidio con el salario durante un año tras la vuelta al mercado reduce la PTR y quita el miedo al mes uno. Introducir un crédito fiscal o una reducción de cotizaciones personales durante ese periodo, dirigido exclusivamente a parados de larga duración que superen los 52, hace que el primer y segundo mes compensen.

A medio plazo, conviene unificar los criterios de prueba de medios para que el subsidio 52+ no mantenga un trato excepcional frente a otros colectivos. La cantidad puede modularse de forma decreciente (tapering) en periodos largos, de modo que nunca haya un “salto al vacío”, pero siempre exista un incentivo a aceptar empleo. Y, en paralelo, reforzar servicios de orientación con métricas serias: ¿cuántos mayores de 52 recolocan?, ¿cuánto duran los contratos?, ¿qué sectores absorben mejor a este colectivo?, ¿qué formaciones producen mejoras medibles en salario y estabilidad? Lo que no funciona debe retirarse; lo que funciona, ampliarse.

Un desenlace que no castigue al que decide trabajar

El caso español no es único; otros países han ajustado regímenes de ayudas para evitar que la combinación de pérdida de subsidio + impuestos + cotizaciones deje peor al que acepta un empleo. La lección es simple, y conviene que guíe la reforma: trabajar debe salir a cuenta desde el primer mes. Si el sistema favorece —aunque sea sin querer— la inactividad de larga duración entre los mayores, todos perdemos. Pierde la persona, que ve reducida su empleabilidad con el paso del tiempo. Pierde la empresa, que renuncia a talento y experiencia. Pierde el Estado, que paga más hoy y generará derechos más abultados mañana.

La OCDE ha alumbrado el problema con datos, y el debate mediático lo ha acercado a la calle. Libertad Digital tituló estos días el “tirón de orejas” a España; El Economista detalló cómo el subsidio deja a muchos sin incentivo fiscal para volver al empleo; COPE recogió la explicación de Marc Vidal con números sencillos. Las piezas encajan. Falta la respuesta política y técnica, que no debería enfrentar proteger con activar. España puede proteger mejor si activa más. Y puede activar más si alinear los incentivos hace que el primer contrato, incluso si paga poco o si asusta por su temporalidad, sume en el bolsillo y en la pensión.

Un rediseño que haga que trabajar vuelva a compensar

Hay margen para hacerlo bien y rápido. No se trata de recortar ni de señalar a quien recibe la ayuda, sino de reordenar piezas para que el sistema no penalice la decisión correcta. Con una compatibilidad más amplia entre subsidio y salario, una transición con cotización reforzada solo mientras se trabaja, una prueba de medios homogénea y servicios de orientación con incentivos alineados a resultados, el subsidio de mayores de 52 años puede cumplir su propósito original sin bloquear la vuelta al empleo. Esa es la tarea. Y, sí, se puede lograr sin dejar a nadie atrás si el objetivo se fija con precisión: que la próxima oferta no se convierta en una zancadilla, sino en un paso que compense desde el día uno.