UCO tiene nevos whatsapps entre Koldo y Torres ¿qué dicen?

Análisis sobre los WhatsApp del caso Koldo, el papel de Ángel Víctor Torres y el cierre de filas del Gobierno tras el informe de la UCO útil.

Los mensajes incorporados por la UCO al sumario dibujan un escenario incómodo: Koldo García presionó al entonces presidente de Canarias —hoy ministro de Política Territorial— Ángel Víctor Torres para que se agilitaran pagos a la órbita empresarial de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario firmados en lo más crudo de la pandemia. El rastro de WhatsApp y anotaciones internas sitúa a Torres realizando gestiones para “desbloquear” facturas que habían quedado atascadas, así como una reunión en Madrid con Aldama, en la que se habría abordado ese asunto de forma expresa. No hay imputación judicial contra Torres a día de hoy, pero la fotografía política se ha enturbiado.

La reacción del Ejecutivo es nítida: la ministra portavoz Pilar Alegría ha descartado “completamente” cualquier implicación del ministro. El PSOE insiste en que las filtraciones conocidas muestran la falsedad de las acusaciones y que, a medida que avanzan los procedimientos, aflora el contexto completo. En el otro lado, el PP ha elevado la presión: Elías Bendodo sostiene que Torres “no tiene escapatoria” y reclama su dimisión inmediata. Desde el Gobierno de Canarias, el portavoz Alfonso Cabello pide prudencia, recordando que de momento solo ha trascendido una parte del informe. Debate encendido, causa abierta, y una pregunta repetida en pasillos: ¿gestión diligente en una emergencia o interferencia indebida a favor de un proveedor?

Un mapa de hechos y protagonistas

El núcleo de la historia se concentra en 2020, con Canarias sobredimensionando su músculo de compra ante la urgencia sanitaria. La contratación por vía de emergencia multiplicó decisiones, atajos procedimentales y, también, riesgos. En ese caldo de cultivo entra en juego Koldo García, asesor de confianza de José Luis Ábalos, con línea directa con varios despachos y con empresarios que buscaban suministrar mascarillas, guantes, test rápidos y todo tipo de material sanitario. Víctor de Aldama aparece como intermediario con acceso a clientes públicos, entre ellos el archipiélago.

A partir de ahí, el informe de la UCO recoge un reguero de mensajes donde Koldo insiste en acelerar pagos a una compañía vinculada a Aldama. Los investigadores señalan que Ángel Víctor Torres se habría implicado para que la administración autonómica cumpliera plazos y resolviera incidencias administrativas. También queda referenciada una reunión en Madrid en la que Torres y Aldama hablan de los retrasos. Son pinceladas que, juntas, conforman un relato: un intermediario con prisa, un proveedor que reclama cobros, un gobierno regional presionado por la saturación del sistema de compras, y una autoridad —el presidente autonómico— que asume el seguimiento de expedientes especialmente sensibles.

Los nombres propios no se agotan ahí. La investigación menciona a responsables del Servicio Canario de Salud, a técnicos que expresaron reparos sobre precios y calidades, y a cargos que gestionaron la avalancha de pedidos. En el terreno político, el PSOE canario —con Nira Fierro como voz destacada— ha acusado al PP de “enfangar” el nombre del expresidente regional, mientras que en la oposición se habla de “trama”. Cada declaración pública se apoya en una lectura del mismo material: para unos, es prueba de injerencia; para otros, simple gestión de pagos vencidos en plena emergencia.

Qué aportan los WhatsApp nuevos y por qué importan

El valor informativo de los mensajes es doble. Por un lado, muestran conductas de presión por parte de Koldo para que el Gobierno canario corrigiera la lentitud de sus pagos. Por otro, sitúan a Torres en la cadena de decisiones, no como un espectador distante, sino como alguien que, ante el ruido, se “ocupa” de que el engranaje funcione. La diferencia entre una cosa y otra —presionar para beneficiar a un proveedor privado o impulsar que la administración pague lo que debe— es la línea roja que hoy se discute.

Los WhatsApp, además, ayudan a reconstruir tiempos y climas. En verano de 2020 se amontonaban facturas, faltaban certificados de conformidad, se detectaban incidencias en lotes y coexistían partidas correctas con otras problemáticas. En ese contexto, el proveedor pide su dinero y el intermediario empuja. El presidente autonómico, a su vez, toma el teléfono, consulta a sanidad, mueve la maquinaria. Nada de esto es extraordinario por sí mismo: los presidentes intervienen a diario en asuntos operativos cuando hay un atasco. Lo relevante es determinar si esa intervención se produjo a favor de un actor concreto, si se presionó la estructura técnica para que hiciera la vista gorda, o si, simplemente, se exigió que se resolvieran expedientes con las garantías habituales.

La reunión, los recados y el día después

La UCO sitúa una reunión en un restaurante de Madrid, con Torres y Aldama presentes, en la que se hablaría del cobro de mascarillas. Ese encuentro es importante por su carga simbólica: si el presidente regional se sienta con el intermediario para escuchar su queja, los contrapesos institucionales deben funcionar con más celo. En los días siguientes, los mensajes registran “recados” y “seguimientos” de Torres para que sanidad explicara qué faltaba y cuándo se pagaría. Desde el punto de vista probatorio, eso no acredita un trato de favor ilegal; sí dibuja que el asunto no era periférico, sino de máxima prioridad.

La presión para desbloquear pagos

Los textos de Koldo tienen un tono de apremio. Reproches, frases gruesas, promesas de “arreglarlo”. En sí mismas, esas palabras revelan más del estilo del intermediario que de la conducta del presidente. Pero cuando se suman a la secuencia de llamadas y a la cita con Aldama, componen un mosaico en el que la presión privada aterriza en la agenda pública. De nuevo, la clave es si esa presión torció criterios técnicos o si la máquina administrativa siguió exigiendo al proveedor lo que debe exigirse: certificados, verificaciones, controles de calidad y subsanaciones.

La respuesta del Gobierno y la defensa de Torres

La posición del Gobierno central es contundente: no hay causa penal contra Torres y el material conocido no demuestra delito alguno. La ministra portavoz, Pilar Alegría, lo ha dicho sin ambages. Además, en el entorno del PSOE se subraya un argumento de calado: el presidente autonómico tiene la obligación de gestionar pagos que afectan a servicios esenciales, y más en un contexto de emergencia. Si hay facturas correctas que se han prestado conforme a contrato, la administración debe abonarlas. Por el contrario, si hay incidencias o incumplimientos, lo correcto es retener el pago hasta que se subsanen. La defensa de Torres se mueve justo en ese punto intermedio: que su intervención no alteró los controles, solo pidió celeridad y explicaciones.

El partido recuerda, además, que la investigación ha señalado a intermediarios y proveedores como beneficiarios de comisiones presuntamente irregulares. Nada de eso apunta —de momento— al ministro. También es cierto que en política no basta con no delinquir: la apariencia de imparcialidad es capital. Ahí aparecen los costes reputacionales: cuando se conoce una cena con el proveedor o cuando trascienden mensajes en los que el presidente dice “me ocupo”, el marco mental del público se activa, y la sospecha se alimenta.

Los argumentos centrales de la exoneración política

Hay tres ideas que el equipo de Torres repite. Primera: contratación de emergencia no significa barra libre, pero sí agilidad en los pagos. Segunda: la cadena de mando no apartó a técnicos ni modificó informes; si hubo pegas, se mantuvieron hasta que se resolvieron. Tercera: la reunión con Aldama no fue un pacto bajo mesa, sino un contacto —incómodo— para recibir una reclamación y trasladarla al cauce administrativo. Con ese tríptico, la Moncloa intenta blindar al ministro ante la tormenta.

La fragilidad política que asoma

Aunque el discurso gubernamental sea firme, el terreno es resbaladizo. Los mensajes de Koldo tienen un tono excesivo; la reunión con Aldama no se explica sola; y el hecho de que la UCO destaque la implicación personal de Torres tensiona la defensa. Aun así, el Gobierno asume el desgaste con una apuesta: dar la cara y no ceder. A su juicio, cualquier gesto de debilidad sería leído como admisión de culpa. De momento, la consigna es resistir.

La ofensiva del PP y el eco en Canarias

El PP ve una oportunidad política. Elías Bendodo ha reclamado la dimisión de Torres y ha ido más allá: el presidente del Gobierno debería disolver las Cortes. Es un órdago pensado para marcar agenda, pero refleja el estado de ánimo en la oposición: conectar este caso con el malestar ciudadano ante la utilización de la pandemia como campo de comisiones. La retórica se ha endurecido, con acusaciones de “trama” y llamadas a una comisión de investigación ampliada en el Congreso.

En Canarias, el tono es distinto. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, prefiere prudencia. Recuerda que apenas se conoce una parte del atestado y que quedan folios por salir a la luz. En la política isleña se entiende bien la presión que vivieron las consejerías durante 2020, cuando el mercado internacional era una selva, los precios se movían por minutos y los proveedores exigían garantías de cobro. Esa memoria reciente explica que, sin excusar nada, haya más matices en el análisis.

Cómo funciona la contratación de emergencia cuando todo arde

Conviene abrir el foco. En los primeros meses de 2020, la contratación por emergencia permitió saltarse licitaciones ordinarias para comprar rápido. Eso no elimina la fiscalización: los contratos se documentan, se verifican las entregas, se revisan precios y calidades. Pero quita pasos y reduce plazos. De ahí proviene una parte de los atascos: al entrar miles de pedidos en paralelo, las intervenciones y pagadurías se vieron desbordadas, y hubo expedientes correctos que tardaron meses en pagarse.

En ese paisaje, los proveedores presionan. Con razón o sin ella, reclaman. Y llaman no solo a sus interlocutores administrativos, sino a los niveles políticos. Quien haya gobernado una administración en crisis sabe que los teléfonos echan humo. La línea roja es clara: el político puede pedir explicaciones, priorizar y exigir celeridad; lo que no puede es reventar un informe adverso, imponer un pago sin que el expediente esté limpio o forzar al técnico a mirar a otro lado. Eso es lo que el procedimiento penal trata de delimitar. Y ahí es donde los WhatsApp y las notas de agenda, ahora conocidos, aportan contexto y cronología.

Dónde se producen los atascos y cómo se resuelven

Las incidencias suelen aparecer en tres puntos: recepción (lotes con defectos, unidades faltantes), homologación (falta de documentación, certificados incompletos) y fiscalización (observaciones del órgano de control interno). Cuando alguna de esas fases se atasca, el pago se retiene. Para salir, el proveedor subsanará con documentos, repondrá unidades o aceptará una penalización. El político puede interesarse, pero la firma final es técnica. En el caso que nos ocupa, la discusión pública radica en si el interés de Torres supuso pisar el acelerador o saltar la valla.

La frontera entre gestión e injerencia

Esta es la sección más delicada. La gestión es pedir a los servicios que expliquen qué falta y que resuelvan lo que esté en su mano, con cautelas. La injerencia es dar una orden contraria a un informe o sugerir que el pago debe hacerse “como sea”. En los WhatsApp aparece un intermediario, Koldo, exigiendo “soluciones” y ofreciendo “mano” con cargos públicos. Y aparece un presidente regional que se implica. Lo que falta por determinar, y de ello vive el proceso judicial, es si de esa implicación se derivó trato de favor o un impulso legítimo para que las facturas correctas se abonaran de una vez.

El rol de la UCO y el estado del procedimiento

La UCO es la unidad de policía judicial que radiografía tramas complejas: reconstruye agendas, coteja mensajes, rastrea pagos y cuadra declaraciones. Su función no es condenar, sino aportar indicios al juez. En este caso, ha incorporado los nuevos WhatsApp y ha trazado una línea de tiempo donde encajan reuniones, llamadas y decisiones administrativas. El sumario muestra una historia viva, con piezas aún por encajar y con actores que, previsiblemente, tendrán que explicarse en sede judicial o parlamentaria.

A fecha de hoy, Ángel Víctor Torres no está imputado. Ese dato es esencial para entender la respuesta política: el Gobierno puede defender a un ministro que no es investigado y que no figura como sospechoso en el juzgado. Cambiaría el escenario si el juez diera un paso más. Mientras tanto, se cruzan dos planos: el judicial, con sus tiempos y garantías, y el político, que se mueve al ritmo del ciclo informativo.

Impactos posibles: penal, administrativo y reputacional

En el plano penal, el riesgo para Torres pasa por que el juez aprecie indicios de tráfico de influencias, prevaricación o malversación vinculados a gestiones concretas. A día de hoy, eso no está encima de la mesa. En el plano administrativo, puede haber desembocaduras en reparos de la Intervención, informes de la Cámara de Cuentas o revisiones de oficio de contratos, si se detectan irregularidades. El terreno reputacional es otro cantar: ahí no se necesitan autos ni providencias; basta con la percepción de que hubo trato con intermediarios de dudosa catadura. Y la política, a diferencia de la Justicia, vive de percepciones.

Para el PSOE, el cálculo es evidente: sostener a Torres hoy es costoso pero menos dañino que abrir un boquete en el Consejo de Ministros con una salida precipitada que dé la razón a la oposición. Para el PP, mantener la llama encendida es rentable: obliga al Gobierno a hablar de máscaras y mensajes en lugar de agenda económica. En Canarias, el sector empresarial que participó en las compras mira de reojo: del desenlace pueden salir reclamaciones, devoluciones o sanciones que afecten a cuentas y a reputaciones privadas.

Lo que explica la posición de cada actor

El Gobierno se aferra a la ausencia de imputación y a la narrativa de la emergencia: se actuó rápido, se pagó lo que estaba correcto, se retuvo lo dudoso, y el presidente autonómico supervisó que la maquinaria no se gripara. Aseguran que la “reunión de Madrid” fue uno de tantos contactos inevitables en un ecosistema donde el proveedor presiona, el político escucha y el técnico decide. Moncloa añade que, si alguien cobró comisiones indebidas, no fue el ministro.

El PP despliega otra lectura: ninguna urgencia justifica que el máximo responsable político del archipiélago se siente con un intermediario clave y deslice después que “se ocupa” de arreglarle los pagos. A su juicio, la cadena de favores salta a la vista. Chile: si la UCO ha visto presiones y gestiones singulares, el escenario es incompatible con la neutralidad de la administración. De ahí la exigencia de dimisión inmediata y el empeño por elevar el coste público del episodio.

En Canarias, la llamada a la prudencia tiene un componente práctico: muchas administraciones se vieron obligadas a comprar en condiciones leoninas, y hoy pelean en tribunales mercantiles por lotes defectuosos, penalizaciones o sobreprecios. Quien viva en ese ecosistema sabe que hubo errores y que también hubo aprovechados. Por eso no extraña que desde el Ejecutivo autonómico se pida ver todo el informe antes de sacar conclusiones.

Claves jurídicas que marcarán la siguiente fase

Hay tres claves que determinarán el rumbo. La primera, trazabilidad: si los expedientes de pago muestran que las observaciones técnicas se resolvieron conforme a norma, el margen para hablar de trato de favor se reduce. La segunda, intencionalidad: los jueces miran si hubo voluntad de beneficiar a un tercero y si esa voluntad se tradujo en actos concretos contra dictamen. La tercera, beneficio: seguirán el rastro de si el proveedor o el intermediario obtuvieron ventajas indebidas por la intervención de un cargo público.

Si en ese camino no aparece la firma de Torres forzando una decisión errónea, si no hay testimonios que acrediten una orden contraria a derecho o si los pagos se realizaron tras subsanar deficiencias, la defensa política ganará aire. En cambio, si el atestado destapa que se saltaron pasos, que se pagó sin cumplir requisitos o que se coaccionó a un técnico, el escenario cambiará de golpe. Ese es, en esencia, el tablero.

Qué aprendimos de otras macrocausas recientes

El ecosistema español ha conocido en la última década varias macrocausas con intermediarios, contratos públicos y mensajes como piezas clave. Una lección es que el ruido mediático va por carriles distintos al resultado judicial: casos que parecían evidentes se deshicieron en sede judicial por pruebas insuficientes, y otros, menos sonados, acabaron en condena. Otra lección: lo que devora carreras políticas no siempre es el delito, sino la foto o el chat que coloca al líder demasiado cerca del negocio. En ese espejo se mira hoy el ministro Torres.

Es útil recordar, además, que en procesos complejos la instrucción se alarga y conviven filtraciones con silencios. El calendario político no espera, pero el judicial, sí. Por eso, el Gobierno intenta controlar el relato: datos, comparecencias, hemeroteca. Y la oposición intenta ensanchar el caso: comisiones, mociones, titulares. Entre medias, lo que dicte el sumario.

Entre la urgencia y la sospecha: el listón que marcará el juez

La irrupción de los nuevos WhatsApp no cierra nada; abre el caso en dos frentes. En el político, el Gobierno ha elegido sostener a Ángel Víctor Torres con un argumento que, a día de hoy, resiste: no está investigado y las pruebas conocidas no incriminan por sí mismas. En el judicial, la UCO ha puesto sobre la mesa piezas que ayudan a entender cómo se gestionó —y cómo se presionó— en una crisis sin manual. La línea que separa la gestión legítima de la injerencia la marcarán las actas, los informes y los correos que todavía no conocen los titulares.

La política seguirá su curso, con sobrecarga de ruido. La Justicia, con el suyo, más lento. Lo verdaderamente determinante será si esos pagos se hicieron cuando los expedientes ya estaban limpios, si los técnicos sostuvieron sus reparos hasta que se subsanaron y si la intervención de Torres fue el impulso que cabe exigir a un presidente en mitad de una emergencia, o si cruzó la raya para favorecer a un proveedor concreto. Ese es el listón. Y ahí se jugará la credibilidad del ministro, del Gobierno y, por extensión, de un sistema que, en 2020, operó al límite.

🔎​ Contenido Verificado ✔️

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: EL PAÍS, EFE, El Confidencial, El Independiente, Canarias7, laSexta.