¿Qué cambia para la UE y España con los nuevos aranceles de Trump?

Donald Trump ha impuesto una nueva batería de aranceles del 10% y el 12,5% sobre las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, China, Canadá, México, India y el Reino Unido. La medida afecta, con distintas fórmulas y excepciones, al 99,4% de las compras estadounidenses al exterior y entró en vigor el 24 de julio, exactamente cuando expiraba el recargo global provisional aplicado durante los últimos 150 días.

Para las empresas europeas, la primera lectura resulta menos dramática de lo que sugiere el titular. Washington ha diseñado el nuevo gravamen de forma que no se acumule íntegramente sobre los derechos aduaneros ordinarios de la UE. En la mayoría de los productos europeos seguirá operando el techo general del 15% pactado entre Trump y Ursula von der Leyen en 2025. Es decir, no aparece automáticamente otro 10% encima del 15%, una montaña arancelaria que habría hecho bastante difícil vender desde una botella de vino hasta una pieza industrial.

El alivio, sin embargo, es relativo. La Casa Blanca ha reconstruido buena parte de su muro proteccionista utilizando una vía legal diferente y más resistente a los tribunales. El coste inmediato puede cambiar poco para numerosas mercancías europeas, pero aumenta la incertidumbre comercial: las empresas vuelven a trabajar con tarifas, excepciones, topes, investigaciones paralelas y decisiones presidenciales que pueden variar casi con la velocidad de una publicación en redes sociales.

Trump cambia de vía, no de rumbo

Esta es, en la práctica, la tercera arquitectura arancelaria levantada por Trump durante su segundo mandato. La primera llegó con los llamados aranceles recíprocos, establecidos mediante una ley de poderes económicos de emergencia y presentados como respuesta al déficit comercial de Estados Unidos. El Tribunal Supremo anuló aquella fórmula en febrero al considerar que esa norma no autorizaba al presidente a imponer semejante sistema de gravámenes.

Tras el revés judicial, la Administración recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permitía introducir un recargo mundial del 10%, aunque con una limitación incómoda: solo podía mantenerse durante 150 días sin autorización del Congreso. El reloj terminó de correr este viernes. En el mismo minuto en que expiró aquella tarifa provisional entró en funcionamiento la nueva. Ni un segundo de aire libre entre una barrera y la siguiente.

Del revés judicial a la Sección 301

La herramienta elegida esta vez es la Sección 301 de la Ley de Comercio, utilizada históricamente para responder a prácticas extranjeras consideradas injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para el comercio estadounidense. Trump ya recurrió a ella durante su primer mandato para gravar productos chinos, y aquellas medidas superaron diferentes impugnaciones judiciales.

La diferencia jurídica no es pequeña. Antes de activar los aranceles, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió investigaciones sobre 60 economías, consultó a más de 45 gobiernos, celebró dos rondas de audiencias y recibió más de 2.100 aportaciones públicas entre comentarios escritos y testimonios. Con ese expediente administrativo, la Casa Blanca pretende evitar la improvisación legal que derribó su anterior sistema. El proteccionismo sigue ahí; ahora lleva mejor traje y una carpeta más gruesa.

El trabajo forzoso entra en la guerra comercial

Washington sostiene que los países afectados no han prohibido o no aplican adecuadamente la prohibición de importar mercancías fabricadas mediante trabajo forzoso. La Administración afirma que Estados Unidos lleva casi un siglo bloqueando este tipo de productos y que las empresas norteamericanas compiten en desventaja cuando otros mercados toleran cadenas de suministro sostenidas por explotación laboral.

El problema que invoca la Casa Blanca es real. La Organización Internacional del Trabajo estimó que 27,6 millones de personas se encontraban sometidas a trabajo forzoso en el mundo en 2021. Mucho menos clara resulta la conveniencia de castigar prácticamente todo el comercio de un país por deficiencias que pueden estar concentradas en determinadas empresas, regiones o productos. Organizaciones de derechos humanos han reconocido que la presión podría acelerar nuevas prohibiciones, pero también han criticado el empleo de aranceles generales como un garrote poco preciso.

La Unión Europea rechaza la acusación estadounidense y defiende que está actuando contra los bienes producidos mediante explotación. Brasil y Chile también han calificado la medida de arbitraria o incompatible con sus sistemas laborales. Brasil ha anunciado que estudia recurrir a su legislación de reciprocidad y acudir a la Organización Mundial del Comercio. Los derechos humanos, asunto demasiado serio para convertirlo en atrezo, han quedado así mezclados con la política industrial, la recaudación y la negociación diplomática.

Un 10% para unos, un 12,5% para otros

El tipo del 10% se aplica a economías que ya disponen de alguna prohibición sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso, han asumido compromisos comerciales para adoptarla o mantienen mecanismos parciales. En ese grupo aparecen Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

Los demás países investigados soportan, como regla general, un 12,5%. Para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán se utiliza una fórmula distinta: el nuevo gravamen se calcula descontando el arancel ordinario de nación más favorecida, de manera que ambos conceptos alcancen conjuntamente el nivel fijado por Washington. En el caso europeo, si el derecho ordinario de un producto alcanza ya el 10%, el recargo adicional de la Sección 301 queda en cero.

Tampoco todos los productos pasan por la misma ventanilla. Quedan fuera numerosos artículos sometidos a otros gravámenes sectoriales, materiales informativos, donaciones, equipaje acompañado y mercancías cuya inclusión podría provocar falta de suministro o alteraciones graves en la economía estadounidense. Entre las excepciones relevantes figuran petróleo, gas, fertilizantes y determinados alimentos. Los bienes conformes con el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá también reciben protección específica.

La UE esquiva el golpe extra, no la incertidumbre

Bruselas ha recibido el resultado con una satisfacción muy medida. La Comisión Europea considera positivo que Washington respete, por el momento, los compromisos del acuerdo transatlántico alcanzado en Turnberry, que estableció un arancel estadounidense del 15% para la mayoría de los productos europeos a cambio de concesiones de la UE sobre bienes industriales y agrícolas norteamericanos.

La decisión recupera, además, exenciones para productos como el corcho, los diamantes, los medicamentos genéricos, determinados principios activos, los aviones y sus componentes. Para muchas compañías europeas, el cambio será por tanto jurídico y administrativo antes que económico: la tarifa anterior desaparece, otra ocupa su lugar y el coste efectivo permanece cerca del nivel pactado.

Eso no convierte la relación en un remanso. El propio representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, acusó a la Comisión Europea de generar incertidumbre por sus actuaciones contra Google, la regulación de las grandes plataformas digitales y el apoyo financiero a Airbus. Washington ha vinculado también posibles medidas futuras con la fiscalidad digital, los precios farmacéuticos y la capacidad industrial excedentaria. El acuerdo del 15% funciona como paraguas, sí, pero bajo un cielo bastante cargado.

España tiene menos exposición, pero no inmunidad

España depende menos del mercado estadounidense que otras grandes economías de la zona euro. Según la radiografía del Banco de España correspondiente a 2024, las exportaciones españolas de bienes a Estados Unidos ascendieron a 16.168 millones de euros, alrededor del 1% del producto interior bruto y el 4% de todas las ventas españolas de mercancías al extranjero. Estados Unidos era el sexto destino de esos bienes.

La exposición directa parece manejable, aunque la fotografía se complica al mirar las cadenas de producción. Una empresa española puede no vender el producto final en Chicago o Nueva York, pero sí suministrar componentes a una fábrica alemana, francesa o italiana que después exporta a Estados Unidos. Si caen esas ventas europeas, también disminuyen los pedidos dirigidos a proveedores españoles. El impacto viaja por la economía como una corriente bajo el suelo: no siempre se ve en la primera factura.

Los servicios españoles, por su parte, tienen un peso notable en la relación bilateral y no quedan directamente sujetos a estos aranceles sobre mercancías. España exportó servicios a Estados Unidos por valor de 19.042 millones de euros en 2024 y mantuvo en este ámbito un superávit considerable, apoyado en actividades profesionales, transporte, tecnología y turismo. Esa composición proporciona cierto colchón frente a una guerra comercial centrada en bienes físicos.

Conviene recordar quién paga el arancel en primera instancia. No lo abona el Gobierno español, chino o canadiense ni aparece una factura en el despacho de su presidente. Lo paga la empresa estadounidense importadora al introducir la mercancía en el país. Después puede asumir el coste reduciendo su margen, exigir una rebaja al proveedor extranjero o trasladarlo al precio final. Con frecuencia ocurre un poco de todo, hasta que la tostadora, el medicamento o la botella terminan costando más.

La paz comercial sigue escrita a lápiz

La nueva ronda no provoca, de momento, una ruptura súbita para la Unión Europea. Las tarifas se mantienen cerca de los niveles anteriores, existen numerosas excepciones y el acuerdo del 15% evita que el recargo se apile sin límite. Los mercados financieros reaccionaron inicialmente con moderación, pendientes también de conflictos geopolíticos y del precio de la energía.

Pero Trump ha conseguido algo más profundo: sustituir una medida temporal por una estructura arancelaria con mayor defensa legal, capaz de mantener un suelo proteccionista sobre casi todas las importaciones estadounidenses. Y el proceso no termina aquí. La Administración mantiene otra investigación sobre el exceso de capacidad industrial de 16 economías que concentran cerca del 70% de las importaciones del país, de la que podrían salir gravámenes adicionales.

Para Europa y España, el riesgo no reside únicamente en pagar uno, dos o cinco puntos más. Está en no saber cuánto durará cada acuerdo, qué argumento justificará la próxima tarifa ni qué sector será utilizado como palanca en la siguiente negociación. El comercio internacional necesita reglas previsibles; Trump prefiere que cada regla sea también una puerta negociable. El muro vuelve a estar levantado. Esta vez no es de hormigón, sino de porcentajes, anexos y letra pequeña.