¿Cuántas narcolanchas ha hundido EEUU ya en el Caribe?

EEUU intensifica los ataques a narcolanchas: balance en el Caribe, cifras de muertos y supervivientes, y la controversia legal en Washington.

Estados Unidos ha reconocido al menos 13 ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe desde que arrancó la campaña en septiembre de 2025, un recuento que sale de la suma de comunicados oficiales y cronologías públicas de los propios incidentes. En ese tramo caribeño, el balance asociado supera ya el medio centenar de muertos, con un regreso del fuego en febrero tras varios meses sin golpes anunciados en esa zona concreta.

El último episodio eleva el termómetro: el Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) comunicó tres ataques en una sola tanda —dos en el Pacífico oriental y uno en el Caribe— y cifró en 11 los fallecidos, después de que circularan versiones iniciales hablando de diez. Dentro del cómputo global de la operación, se habla de 42 golpes conocidos desde septiembre y al menos 145 muertos en total, con el debate —cada vez menos académico— sobre si esto es interdicción antidroga, guerra declarada o una mezcla incómoda de ambas cosas.

Febrero reabre el frente caribeño con tres ataques y 11 muertos

El parte de esta semana fue frío, casi de laboratorio: tres lanchas pequeñas detectadas en tránsito, tres impactos, tres explosiones; agua, humo, restos. SOUTHCOM situó dos acciones en el Pacífico oriental y una en el Caribe, y detalló el reparto que explica el número final: cuatro muertos en cada una de las dos embarcaciones del Pacífico y tres en la del Caribe. En el vídeo difundido por los militares —tomas lejanas, cámara estable, el fogonazo y luego silencio— se distinguen personas a bordo instantes antes del golpe, un detalle que pesa porque hace imposible leerlo como un simple “hundimiento” material.

La administración de Donald Trump lleva meses defendiendo que no es una campaña policial, sino un “conflicto armado” contra redes criminales a las que llama “narcoterroristas”. Esa palabra —narcoterrorismo— funciona como bisagra política: te permite usar el lenguaje y la lógica de la guerra sin reconocer abiertamente que estás matando a sospechosos sin juicio. El problema, repetido en cada nuevo comunicado, es el mismo: se afirma que había inteligencia sobre rutas y organizaciones, pero en los materiales públicos no aparece prueba visible de carga, paquetes o alijos. En mar abierto, la demostración es más frágil porque el mar lo devora todo.

En el Caribe, además, el golpe tiene una carga simbólica extra: venía de meses de apagón informativo sobre ataques en esa zona y, de pronto, el contador vuelve a moverse. La referencia temporal es clara: el 13 de febrero ya se había anunciado el primer ataque caribeño en tres meses, con tres muertos, y pocos días después llega este segundo golpe, también con tres fallecidos en el Caribe dentro de la tanda de tres embarcaciones atacadas. Dos impactos seguidos, separados por apenas un puñado de días, bastan para devolver al Caribe al centro del mapa operativo.

El contador de Washington: 42 golpes, 43 embarcaciones alcanzadas

La campaña se mueve con dos cifras que ya se repiten como un estribillo en cada crónica: 42 ataques conocidos y 145 muertos desde septiembre. El detalle que añade textura —y que el Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) ha dejado circular en distintas versiones— es que el número de embarcaciones afectadas no coincide siempre uno a uno con el de golpes: se habla de 43 barcos destruidos en el acumulado, una cifra que sugiere que en algún episodio el objetivo pudo incluir más de una nave, o que el cómputo distingue entre “ataques” y “vessels” alcanzados. Esa diferencia es pequeña en apariencia, pero en operaciones militares importa: la estadística no es decorado, es el argumento.

La misma contabilidad abre otra grieta: muertes confirmadas y muertes “presuntas”. En los resúmenes más recientes se habla de al menos 133 fallecidos confirmados y de 11 más que aparecen como “presuntos” tras sobrevivir inicialmente y luego desaparecer en el mar, un matiz que no es un pie de página. Si una persona salta al agua, flota un rato, se pierde y nadie la recupera, el número se vuelve político: ¿cuenta como muerto por el ataque? ¿cuenta como “desaparecido”? ¿cuenta como vida no rescatada? En tierra, los cadáveres y las detenciones dejan rastro; en mar abierto, el rastro lo borra la sal.

En paralelo, hay un segundo contexto que la administración usa para envolver la campaña: Operación Southern Spear, el nombre con el que Washington ha ido etiquetando el despliegue. No es sólo una cadena de bombardeos a embarcaciones; es un paquete que incluye vigilancia, presencia naval y un discurso de control de rutas. En ese marco aparecen nombres y piezas que suenan a guerra clásica: el portaaviones USS Gerald R. Ford citado entre los buques desplegados al inicio, el movimiento de fuerzas entre teatros —con parte del foco girando hacia tensiones en Oriente Próximo e Irán— y, dentro del mismo mando, cambios de silla que huelen a choque interno más que a rutina administrativa.

Ese choque se refleja en un detalle que ha pasado más desapercibido fuera de Washington: el relevo en la jefatura de SOUTHCOM. Informaciones recientes sitúan la salida del contraalmirante Alvin Holsey y la llegada del general de marines Francis Donovan, en un contexto de desacuerdos sobre la estrategia y los protocolos tras la controversia de los “golpes de remate”. Cuando una campaña militar cambia procedimientos porque se la acusa de comportarse como ejecución sumaria, el cambio de mando deja de ser un apunte burocrático.

Caribe: un teatro que se apagó… y vuelve a arder en días

El Caribe es el escenario con más carga política porque se conecta, por proximidad y por narrativa, con Venezuela. La administración Trump ha presentado parte del despliegue como un cerco a “redes” que, en su relato, tocan tanto el narcotráfico como el contrabando de crudo. Y en ese mismo relato se cuela un hecho de enorme impacto regional: la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación que Washington describe como un golpe de mano dentro de una escalada mayor. Que eso aparezca junto a bombardeos a narcolanchas no es casualidad: sirve para dibujar una campaña total, de presión militar y política a la vez.

Pero si miras el calendario, el Caribe no fue un flujo constante, sino un interruptor. Hubo ataques en los primeros meses, y luego un tramo largo sin golpes anunciados públicamente en esa zona, hasta que el 13 de febrero se reporta el primero en tres meses. Ese regreso no llega con una gran operación anfibia ni con un abordaje cinematográfico, sino con una explosión que dura segundos y una cifra redonda: tres muertos. Y apenas unos días después, otro: tres muertos más en el Caribe dentro de la tanda de tres embarcaciones atacadas, como si alguien hubiese decidido volver a subir el volumen en esa esquina del mapa.

El recuento “al menos 13” en el Caribe no es un capricho: se sostiene en la secuencia documentada de golpes y en la distinción que hacen algunas cronologías entre Caribe y Pacífico. A finales de enero se hablaba de once embarcaciones caribeñas alcanzadas; el ataque del 13 de febrero sería la siguiente marca y el del 16 de febrero (comunicado el 17) cerraría el número en trece. Ahí aparece también la estadística caribeña de muertos, que se mueve en torno a 54 vinculados a esos episodios. Es el tipo de cifra que conviene leer como “mínimo”, porque depende de cómo se contabilice a quienes desaparecen tras saltar al agua.

En cualquier caso, el Caribe tiene una particularidad: todo sucede lejos. No hay detención en puerto, no hay alijo exhibido sobre una mesa, no hay rueda de prensa con bultos de cocaína apilados. Hay mar abierto y humo. Eso alimenta la crítica: cuando la prueba no se enseña, el acto se vuelve más discutible. Y, al mismo tiempo, le da a Washington una ventaja operativa obvia: en el mar, la fricción judicial es menor porque es más difícil transformar el hecho en un caso penal clásico. Queda la lógica del “objetivo” y el “impacto”, y el resto se disuelve.

Qué tipo de “narcolanchas” se están atacando y por qué importa

Llamarlo “narcolancha” ayuda a entenderlo rápido, pero es un paraguas ancho. En el imaginario español la palabra evoca una lancha rápida, abierta, con motores potentes; en estos episodios, a veces sí, a veces no. En octubre, por ejemplo, la administración habló de un semisumergible, un artefacto de perfil bajo que navega casi pegado al agua, difícil de detectar a simple vista y diseñado para reducir firma visual. Reuters informó entonces de un ataque en el Caribe con dos muertos y dos supervivientes rescatados, un episodio que rompió el patrón previo de “sin supervivientes” y abrió el debate de qué hacer con ellos: ¿detenerlos? ¿considerarlos prisioneros? ¿repatriarlos?

Ese mismo caso dejó una frase que retrata el cambio de escala: Trump llegó a celebrarlo como la destrucción de un “submarino” cargado de drogas. Y, con los días, se supo que los dos supervivientes fueron enviados a sus países: uno a Ecuador y otro a Colombia, con un desenlace todavía más incómodo para el relato de “guerra”: en Ecuador, autoridades llegaron a liberar al hombre por falta de evidencias de delito en su territorio. De repente, la campaña que mata a decenas no produce, en cambio, una cosecha equivalente de procesos judiciales sólidos. Ese desajuste es dinamita para los críticos.

En el Pacífico oriental, el motivo operativo es claro: es un corredor enorme, con rutas marítimas que conectan Sudamérica con Centroamérica y, desde ahí, con el mercado estadounidense. El Pentágono ha sugerido que el grueso de la actividad —y por tanto de los golpes— se ha desplazado a ese lado. No es un matiz geográfico, es el corazón del plan: si el objetivo es “degradar” redes, golpeas donde pasan más embarcaciones. El Caribe, entonces, puede actuar como ruta alternativa cuando el Pacífico se calienta… y viceversa. El tráfico se adapta, y la campaña responde, a veces con semanas de silencio y de pronto con una semana de fuego.

Y hay otro elemento que planea sobre todo esto: el tipo de droga que hoy preocupa en Estados Unidos, el fentanilo, suele entrar mayoritariamente por rutas terrestres desde México. Ese hecho, repetido por voces críticas, no invalida que exista contrabando marítimo, pero sí cuestiona el eje moral del operativo: si el gran problema entra por tierra, ¿por qué el gran despliegue se hace en el mar? Washington responde con una idea amplia —carteles, redes transnacionales, terrorismo—; los críticos responden con una pregunta simple: ¿está el operativo diseñado para frenar droga o para exhibir fuerza?

Supervivientes, arrestos y el talón de Aquiles de la prueba

El número de arrestos derivados de estos ataques es, hoy, sorprendentemente corto frente al volumen de muertes. Hay supervivientes contados, búsquedas que se activan y se cancelan, y repatriaciones que no siempre terminan en cárcel. A principios de enero, se habló de búsquedas en las que las probabilidades caían con las horas, y de casos en los que las fuerzas de rescate suspendían operaciones tras varios días. En mar abierto, rescatar no es una nota de color; es una operación compleja, cara y, a veces, tardía. Y cuando no se rescata, el operativo se convierte en algo casi perfecto para quien quiere evitar el barro judicial: no hay detenido, no hay interrogatorio, no hay abogado, no hay expediente. Queda un vídeo y una frase: “inteligencia”.

El 9 de febrero, la campaña ofreció una postal que resume el dilema: un ataque en el Pacífico oriental con dos muertos y un superviviente, y una búsqueda puesta en marcha para localizarlo. El dato era llamativo porque, en esa lógica militar, un superviviente es una complicación: obliga a decidir si lo tratas como sospechoso criminal, como “combatiente” de un conflicto armado, o como náufrago a rescatar. En cada etiqueta hay un mundo de consecuencias legales y políticas.

El episodio que cambió los protocolos: el “doble golpe” de septiembre

El momento que más ha pesado en la reputación de la campaña no es el más sangriento, sino el más discutible. En los primeros días de septiembre, tras un ataque inicial, hubo supervivientes que fueron atacados de nuevo poco después, lo que disparó acusaciones de “remate” y llevó a expertos a hablar abiertamente de posible crimen de guerra si se confirmaba que se atacó a personas fuera de combate. A partir de ahí, según reconstrucciones publicadas en Washington, los protocolos se ajustaron para priorizar rescate y evitar ese tipo de secuencia. Cuando un ejército cambia reglas por miedo a cruzar una línea roja, esa línea ya está cerca.

La administración intenta sostener dos ideas a la vez: que está en guerra contra “narcoterroristas” y que, aun así, actúa con contención y reglas. La realidad, por ahora, es que el balance público ofrece muchas muertes y pocas detenciones. Y cuando hay detenciones o retenciones temporales —como en el caso del semisumergible con dos supervivientes— el desenlace puede ser anticlimático: repatriación, liberación, ausencia de cargos. Eso vuelve a la cuestión central: si no hay droga mostrada y no hay caso penal consolidado, la operación se sostiene sobre un único pilar, el de la confianza en la “inteligencia” que no se enseña.

En las últimas comunicaciones, además, se ha repetido un detalle que irrita a los críticos: los vídeos muestran a personas, pero no muestran paquetes. No es una exigencia caprichosa: en un Estado de derecho, cuando matas a alguien porque supuestamente cometía un delito, el peso de la justificación es altísimo. En el mar, la campaña se apoya en el argumento de que capturar es más difícil y que el objetivo es “degradar” redes, no arrestar. Pero esa explicación choca con un hecho tozudo: cada vez que aparece un superviviente y se le devuelve a su país sin pruebas concluyentes, la narrativa se agrieta.

Declaraciones, lenguaje de guerra y la sombra del derecho internacional

El vocabulario marca el terreno. Trump insiste en “conflicto armado” y en “narcoterroristas”. El Pentágono y SOUTHCOM repiten “rutas de narcotráfico”, “organizaciones designadas”, “inteligencia confirmada”. En ese guion entran también nombres del gabinete: el secretario de Defensa Pete Hegseth aparece asociado a la consolidación pública del operativo, mientras el secretario de Estado Marco Rubio ha sido citado en episodios clave al ser preguntado por detalles que el gobierno no quería aclarar, como la existencia de supervivientes tras un ataque. El mensaje final es siempre el mismo: esto es una guerra necesaria. El problema es que, fuera de Washington, ese mensaje no es un cheque en blanco.

En el lado crítico, organizaciones como Washington Office on Latin America (WOLA) han descrito los ataques como ejecuciones extrajudiciales, precisamente porque no hay proceso ni captura y porque el objetivo —según el propio gobierno— es matar a quienes van en esas embarcaciones. Ese argumento conecta con otra capa: la del derecho internacional. En debates recientes se ha citado la preocupación de instancias vinculadas a Naciones Unidas sobre la legalidad de ataques letales fuera de un conflicto armado reconocido y sin transparencia sobre la identificación de objetivos. En el fondo, la discusión no es moralista, es técnica: ¿qué marco legal permite que un Estado mate a personas por sospecha de narcotráfico en alta mar? Y, si el marco es la guerra, ¿quién es el enemigo y cómo se demuestra?

Mientras tanto, la campaña se mezcla con otros movimientos geopolíticos que contaminan la lectura: la presión sobre Venezuela, la tensión con Irán, el desplazamiento de activos navales a otros teatros. En Washington, eso se presenta como flexibilidad estratégica. Desde fuera, suena a algo más prosaico: prioridades cambiantes y una operación que, aunque se venda como antidroga, también sirve para proyectar músculo en el hemisferio. La captura de Maduro, por ejemplo, no es un apéndice anecdótico; es un mensaje regional de máxima potencia, y su inclusión en el mismo relato que las narcolanchas tiñe todo lo demás.

Y aun si se acepta la premisa militar, queda un punto ciego: la transparencia. Un operativo de decenas de ataques, con más de un centenar de muertos, necesitaría —si quiere sostener legitimidad— un nivel alto de información verificable. En la práctica, lo que se ofrece al público son vídeos de impacto y comunicados. Para los defensores, basta. Para los críticos, es exactamente lo contrario de lo que debería bastar.

La foto fija que deja febrero en el Caribe

Febrero ha devuelto al Caribe a una campaña que parecía desplazada al Pacífico, y lo ha hecho con un patrón reconocible: golpes rápidos, mortalidad alta, prueba pública limitada y un debate legal que ya no es marginal. Con el ataque anunciado el 13 de febrero y el golpe posterior incluido en la tanda del 16 (comunicada el 17), el Caribe suma dos episodios en pocos días tras meses de silencio, y el recuento acumulado desde septiembre se sitúa en al menos 13 ataques caribeños, con más de 50 muertos asociados a ese teatro. En el global, la operación se mueve entre 42 ataques, 43 embarcaciones destruidas y al menos 145 fallecidos, según cifras que el propio aparato estadounidense ha ido dejando caer en comunicados y resúmenes.

En paralelo, el balance humano sigue mostrando una asimetría inquietante: pocos supervivientes, pocas detenciones y un puñado de historias que, por sí solas, bastan para explicar la controversia. El semisumergible del Caribe con dos rescatados que acabaron repatriados, el superviviente liberado por falta de pruebas, las búsquedas que se activan cuando ya han pasado horas y la memoria del “doble golpe” de septiembre que obligó a retocar protocolos. Todo eso convive con una narrativa oficial que llama “narcoterroristas” a quienes mueren y con una crítica que lo llama ejecuciones. Entre ambos extremos, la realidad operativa es tozuda: el mar ofrece un escenario donde matar es fácil y demostrar es difícil, y esa combinación —por definición— siempre termina estallando en política.

Y la política ya está aquí: cambios en la cúpula de SOUTHCOM, discusión abierta en medios y organizaciones de derechos humanos, y un ruido de fondo que no se va a apagar mientras el gobierno siga respondiendo a cada duda con una palabra elástica, “inteligencia”, y a cada muerte con otra palabra todavía más elástica, “guerra”. En el Caribe, ahora mismo, las cifras mandan y el humo se disipa rápido; lo que queda es el contador, y una operación que, ataque a ataque, se va convirtiendo en uno de los episodios más controvertidos de la política exterior y de seguridad de Washington en años recientes.