¿Se equivocó Mónica García al negar el colapso sanitario en Ceuta?

Mónica García no parece haberse equivocado en el dato más concreto que defendió durante su visita a Ceuta: con las cifras oficiales disponibles, el Hospital Universitario no estaba colapsado en el sentido estricto del término. Había camas libres, continuaban las consultas y operaciones programadas y la presión asistencial había bajado notablemente desde el pico del 31 de julio. Pero convertir esa fotografía hospitalaria en el diagnóstico completo de lo que ocurre en la ciudad resulta bastante más discutible.

Ahí está precisamente la controversia. Ceuta puede no tener un hospital colapsado y atravesar, al mismo tiempo, una situación sanitaria extraordinariamente grave. La diferencia parece semántica hasta que uno sale de Urgencias y pisa las playas, los asentamientos improvisados y los lugares donde cientos de migrantes llevan días durmiendo al raso. Allí aparecen heridas que no cicatrizan, agotamiento, problemas gastrointestinales, afecciones dermatológicas y dificultades para hacer seguimiento médico. La propia ministra terminó situando en ese espacio, fuera del hospital, el principal riesgo sanitario.

La discusión, por tanto, no debería reducirse a decidir quién ganó una batalla de adjetivos entre Gobierno, oposición, sindicatos y autoridades ceutíes. La cuestión relevante es otra: qué entendemos por colapso, quién debía responder antes y si la ministra eligió bien sus palabras cuando una parte de los profesionales llevaba días reclamando ayuda.

Los números respaldan una parte del discurso de Mónica García

Sanidad presentó cifras bastante precisas. Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, contabilizó 5.801 asistencias a migrantes. A ellas se añadieron más de 2.500 atenciones de Cruz Roja en el dispositivo instalado en la playa del Trampolín. El golpe inicial fue enorme: solo el 31 de julio hubo 1.149 asistencias. Dos semanas después, la cifra diaria había caído un 72% respecto a aquel máximo.

También hay un dato difícil de ignorar cuando se utiliza la palabra colapso. El Hospital Universitario de Ceuta disponía el 16 de agosto de 212 camas funcionantes, 101 ocupadas y 111 libres. Un 60% de las asistencias relacionadas con la crisis se canalizó a través de Atención Primaria y el 40% llegó a Urgencias. Según el Ministerio, no se había suspendido ninguna intervención quirúrgica ni consulta programada por este episodio.

Es decir, una imagen muy diferente de un hospital sin camas, con enfermos acumulados en los pasillos y actividad ordinaria paralizada. En ese sentido concreto, García tiene argumentos cuando rechaza la palabra «colapso». Negarlo no equivale automáticamente a negar la presión asistencial, aunque durante varios días esa diferencia se haya perdido entre titulares, declaraciones políticas y una guerra bastante española por apropiarse del diccionario.

También hubo refuerzos. Sanidad cifró en más de 60 los profesionales incorporados y señaló que se mantuvieron vacaciones y descansos. El plan de catástrofes externas del hospital quedó activado en nivel 1 y se organizaron circuitos separados para repartir pacientes entre Atención Primaria, hospital y dispositivos específicos.

Un hospital que funciona no significa que no exista una crisis sanitaria

El problema de la argumentación oficial aparece al ampliar el encuadre. Un sistema sanitario no termina en la puerta automática de un hospital.

Médicos y enfermeras ceutíes llevan días hablando de sobreesfuerzo, cansancio y falta estructural de personal. El Colegio Oficial de Médicos llegó a describir una «catástrofe asistencial», mientras representantes de enfermería denunciaban una situación insostenible para unas plantillas que ya partían de dificultades previas. La ministra reconoce el sobreesfuerzo, pero sostiene que precisamente ese esfuerzo permitió evitar el colapso. Las dos afirmaciones pueden ser ciertas a la vez.

Pensemos en un dique durante una riada. Puede aguantar. Puede no romperse. Pero si aguanta porque quienes lo sostienen han trabajado durante jornadas extraordinarias mientras el agua roza el borde, describir la escena simplemente como «el dique no se ha roto» cuenta una verdad bastante pequeña.

Y existe otro elemento que ha ido ganando peso conforme pasan los días: buena parte del problema sanitario está fuera de las estructuras asistenciales.

La calle se ha convertido en la zona de mayor riesgo

En la playa del Trampolín y otros puntos de Ceuta, asociaciones que trabajan con los migrantes relatan heridas deterioradas, infecciones, agotamiento físico y psicológico y personas que enfermaron después de permanecer días expuestas al sol, al frío nocturno y a unas condiciones higiénicas muy deficientes. Algunos pacientes son atendidos y regresan después al mismo lugar donde estaban viviendo, con cartones, arena y poco más como habitación.

Aquí Mónica García no ha mirado hacia otro lado. De hecho, su diagnóstico posterior resulta bastante explícito: el principal peligro sanitario está en el hacinamiento y la falta de condiciones adecuadas de alojamiento, agua, higiene y saneamiento. Sanidad ha reforzado además la vigilancia epidemiológica con participación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

La ministra ha señalado que apenas se habían detectado infecciones relevantes y que predominaban afecciones leves de tipo dermatológico o gastrointestinal, pero también ha advertido de la dificultad de seguir tratamientos y controlar un eventual brote mientras miles de personas permanezcan dispersas o al raso. El riesgo para la población ceutí se considera bajo; para los propios migrantes, bastante más significativo.

Eso introduce un matiz importante en otra de sus frases más polémicas. Vincular inmigración y enfermedad como si una implicase automáticamente la otra carece de sentido sanitario y alimenta prejuicios. Otra cosa distinta es advertir de que miles de personas hacinadas, sin higiene adecuada y sometidas a temperaturas extremas pueden desarrollar problemas de salud o favorecer determinados contagios. Eso no es xenofobia. Es salud pública elemental.

Meter ambas ideas en el mismo saco fue, como mínimo, una torpeza comunicativa.

Donde la ministra sí queda más expuesta

El flanco más incómodo para Mónica García quizá no esté en las camas disponibles, sino en el calendario.

La sanidad de Ceuta tiene una peculiaridad que conviene recordar: no está transferida a una comunidad autónoma como ocurre en la mayor parte de España. La gestión de las prestaciones sanitarias corresponde al Estado a través del INGESA. Cuando médicos ceutíes reclaman recursos sanitarios, por tanto, no están llamando a la puerta de una consejería autonómica situada a cientos de kilómetros de Madrid. La cadena de responsabilidad llega directamente al Estado.

García acudió a Ceuta el 16 de agosto, más de dos semanas después de la entrada masiva de finales de julio y después de las advertencias públicas del Colegio de Médicos y organizaciones sindicales. El Ministerio había actuado antes mediante INGESA y había desplegado dispositivos, algo que también debe decirse. Pero la llegada tardía de la responsable política de un sistema sanitario gestionado directamente por su departamento debilitó su posición cuando aterrizó diciendo que no existía colapso.

No es necesariamente un error médico. Sí parece un error político bastante reconocible: llegar tarde a una crisis que afecta a una competencia propia y empezar la conversación discutiendo el sustantivo utilizado por quienes llevan dos semanas soportándola.

Después apareció otro choque. García reprochó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que la ciudad no hubiese facilitado con mayor rapidez lugares seguros y salubres para alojar a los migrantes. Vivas respondió acusándola de «desviar el foco» y rechazó que el Gobierno ceutí necesitara lecciones de humanidad. El presidente de la ciudad ha elevado después su enfrentamiento con el Ejecutivo central y amenaza incluso con acudir a los tribunales si la situación no se normaliza en 30 días.

El intercambio tiene algo de absurdo administrativo mientras cientos de personas duermen sobre cartones. Cada institución señala la parcela que corresponde a la otra; el migrante, entretanto, sigue teniendo exactamente el mismo suelo bajo la espalda.

Las carpas revelan que el problema estaba lejos de resolverse

El Gobierno central comenzó finalmente a desplegar cuatro dispositivos temporales de atención humanitaria con 1.500 nuevas plazas en distintos emplazamientos de Ceuta. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dejado además abierta la posibilidad de aumentar esa capacidad.

No es un detalle menor. Las carpas son, en la práctica, el reconocimiento material de que dejar a tantas personas repartidas por playas y calles era insostenible. Y también muestran por qué la crisis no podía resolverse exclusivamente mediante devoluciones rápidas a Marruecos.

Las estimaciones oficiales sitúan alrededor de 5.000 migrantes todavía en Ceuta, aunque el Gobierno de la ciudad maneja cifras superiores. Tampoco todos tienen la misma situación jurídica. Los solicitantes de protección internacional deben poder tramitar su petición y los menores están sometidos a un régimen específico de protección; no existe una especie de botón administrativo que permita devolver automáticamente a toda persona que haya atravesado la frontera.

Entre quienes esperan alojamiento hay, por ejemplo, centenares de ciudadanos sudaneses que pretenden solicitar asilo. Mientras sus expedientes se estudian, España debe proporcionar una respuesta compatible con la legislación de extranjería, asilo y protección de menores. Se puede discutir la política migratoria, endurecerla o defender otra completamente distinta. Lo que un Estado de derecho no puede hacer es sustituir el procedimiento por una expulsión colectiva improvisada.

La instalación de campamentos temporales tampoco resuelve el problema de fondo. Simplemente cambia una playa por un espacio organizado donde es posible disponer de agua, higiene, alimentación, asistencia médica y vigilancia epidemiológica. Es bastante menos vistoso que un debate televisivo sobre fronteras, pero bastante más útil cuando alguien necesita que le curen una herida mañana y comprobar pasado mañana que no se ha infectado.

Un diagnóstico defendible y una gestión mucho más discutible

Mónica García no se equivocó necesariamente al afirmar que el hospital de Ceuta no estaba colapsado. Los datos disponibles respaldan esa precisión: actividad ordinaria mantenida, camas libres, descenso de asistencias y capacidad para absorber buena parte de la presión mediante Atención Primaria y dispositivos extraordinarios.

Pero la ministra se metió en terreno mucho más resbaladizo cuando esa precisión técnica se convirtió en el centro del mensaje. Porque mientras se discutía si convenía decir «colapso», «tensión» o «sobreesfuerzo», los profesionales denunciaban agotamiento y cientos de migrantes acumulaban días viviendo en condiciones que la propia Sanidad considera un riesgo para la salud pública.

Ahí está su error más evidente. No tanto en el diagnóstico hospitalario como en la escala utilizada para describir el problema. Ceuta no necesitaba estar clínicamente colapsada para encontrarse en una emergencia sanitaria y humanitaria excepcional.

Y tampoco ayuda repartir etiquetas políticas a demasiada velocidad. Es razonable combatir el discurso que presenta al inmigrante como portador de enfermedades; no lo es confundir ese prejuicio con la preocupación legítima por las consecuencias epidemiológicas del hacinamiento. La propia actuación posterior del Gobierno, levantando campamentos, reforzando la vigilancia y buscando sacar a la gente de las playas, demuestra que ese riesgo existe.

Al final, la paradoja es bastante limpia: García probablemente tenía razón cuando dijo que el hospital no había colapsado y, al mismo tiempo, sus críticos tenían motivos para afirmar que la situación sanitaria era mucho peor de lo que esa frase transmitía. En política ocurre de vez en cuando esta incómoda posibilidad. Dos cosas aparentemente contradictorias resultan ciertas.

Las cifras sirven para medir camas. Para medir una crisis entera hacen falta unas cuantas cosas más.