Cómo Hamás mezcla la guerra con la vida civil en Gaza

En una guerra urbana, la distancia entre una posición armada y una vivienda puede reducirse a un portal, una azotea o una calle estrecha. Cuando un grupo combate desde zonas pobladas, la población civil queda expuesta a riesgos que no ha elegido y cada operación se vuelve más difícil de ejecutar y de interpretar. En Gaza, esa superposición entre actividad militar y vida cotidiana es parte central del debate sobre las tácticas de Hamás y el coste humano de la guerra.

La presencia de combatientes o recursos militares en un entorno civil puede ofrecerles cobertura y complicar su localización. También puede hacer que un ataque provoque víctimas y destrucción en las inmediaciones. Pero esa explicación no permite deducir, por sí sola, quién tenía un objetivo militar, qué sabía cada parte o si una operación respetó las reglas de la guerra. La proximidad entre combatientes y civiles no convierte automáticamente a unos en los otros ni exime a nadie de sus obligaciones.

Qué significa mezclar la actividad militar con la vida civil

La mimetización, entendida en este contexto como la integración de combatientes o infraestructura militar en espacios habitados, no describe necesariamente un disfraz ni una maniobra concreta. Puede referirse a la dificultad de distinguir a una fuerza armada cuando actúa en una ciudad, a la presencia de armas en edificios civiles o al uso de una red urbana para moverse y protegerse. Cada caso exige pruebas propias: una casa no se convierte en instalación militar solo por estar en una zona de combate, y la apariencia de un lugar no revela por sí misma qué ocurre en su interior.

Esta forma de combatir tiene una dimensión material y otra informativa. En el terreno, la densidad urbana reduce las líneas de visión, limita los movimientos y coloca viviendas, comercios e infraestructuras cerca de posibles objetivos. En el relato público, las imágenes de daños civiles suelen circular antes de que se conozcan todos los detalles sobre el ataque. El efecto es una guerra en la que la identificación de los combatientes y la verificación de los hechos resultan especialmente difíciles.

También conviene separar conceptos que a menudo se confunden. Combatir entre civiles no equivale siempre a utilizarlos deliberadamente como escudos humanos; esta última expresión alude a emplear intencionalmente la presencia de personas protegidas para resguardar objetivos militares. La diferencia importa porque describe conductas distintas y requiere información sobre las decisiones tomadas, no solo imágenes de un edificio dañado o de combatientes en un barrio.

El contexto de Hamás y la guerra en Gaza

Hamás surgió en 1987, durante la primera Intifada, como un movimiento palestino islamista con actividad política y social, además de un componente armado. En 1991 anunció la creación de las Brigadas de Ezzeldin al-Qassam, su brazo militar. La organización ha combinado desde entonces distintas formas de actividad, una característica que complica el análisis cuando se habla de sus estructuras y de su presencia en la sociedad palestina: no toda institución social vinculada al movimiento es una posición militar, pero tampoco cabe deducir que su dimensión armada sea ajena al conjunto de la organización.

La dimensión política se hizo visible en las elecciones legislativas palestinas de 2006, que ganó la lista vinculada a Hamás. Al año siguiente, tras enfrentamientos con Fatah, el movimiento tomó el control de la Franja de Gaza. Desde entonces, la política, la administración y la actividad armada han estado entrelazadas en un territorio densamente poblado, sometido además a restricciones fronterizas por parte de Israel y Egipto. Ese contexto no determina por sí solo la conducta de cada actor, pero ayuda a entender por qué los enfrentamientos se desarrollan dentro de un espacio civil tan reducido.

El ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que causó más de 1.200 muertes y dejó más de 200 personas como rehenes, desencadenó la guerra actual. Las referencias disponibles describen una ofensiva con cohetes e incursiones armadas en localidades y puestos cercanos a Gaza. La magnitud de esos ataques y la toma de rehenes forman parte del contexto, pero no responden automáticamente a las preguntas sobre cada operación posterior dentro de la Franja. La responsabilidad por los ataques contra civiles y la evaluación de las acciones militares que vinieron después deben analizarse con criterios propios.

Por qué el entorno urbano cambia las reglas prácticas del combate

En una ciudad, un edificio puede reunir funciones distintas a lo largo del día y de sus plantas: viviendas, comercios, escaleras compartidas y espacios de uso común. La proximidad física entre esos lugares hace que un objetivo militar pueda encontrarse junto a personas que no participan en las hostilidades. El riesgo aumenta cuando las vías de salida son limitadas, los servicios están dañados o la población no puede abandonar la zona con seguridad. No es una abstracción estratégica: significa que una decisión tomada sobre un punto concreto puede afectar a vecinos que no conocen la amenaza ni tienen margen para alejarse.

Las escuelas y los centros sanitarios tienen una protección especial en el derecho humanitario, aunque esa protección no significa que cualquier uso militar sea imposible en todas las circunstancias. Si un lugar protegido se utiliza para cometer actos perjudiciales para el adversario, su condición puede verse afectada, pero no desaparece de manera automática ni autoriza cualquier ataque. Importan la naturaleza del uso, la advertencia que pueda exigirse y las medidas posibles para evitar daños. La etiqueta de objetivo militar no se demuestra únicamente con la afirmación de una de las partes.

En el caso de los túneles, la mera existencia de una red subterránea tampoco permite conocer qué función cumple cada tramo ni qué relación tiene con edificios cercanos. Puede servir para desplazamientos o para fines militares, pero el análisis de un ataque concreto necesita determinar qué se sabía sobre el lugar y qué opciones tenía quien lo ejecutó. La misma cautela vale para lanzadores, depósitos o puestos de mando cuya presencia se alegue dentro de zonas habitadas: la acusación debe contrastarse y no sustituye la investigación.

Escudos humanos, distinción y proporcionalidad

El derecho internacional humanitario establece que las partes deben distinguir entre civiles y combatientes y entre bienes civiles y objetivos militares. Prohíbe utilizar intencionalmente a civiles para proteger objetivos militares de los ataques. A la vez, impone a quien ataca la obligación de tomar precauciones factibles y de no lanzar una operación cuando el daño civil previsto sea excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera obtener. Una infracción de una parte no cancela las obligaciones de la otra.

Por eso, confirmar que un grupo armado estaba presente en una zona civil no basta para juzgar la legalidad de un ataque. También hay que conocer la información disponible antes de actuar, el objetivo que se buscaba, los daños civiles que podían preverse y las medidas adoptadas para reducirlos. Esas preguntas no se responden con una fórmula general sobre la guerra urbana. Exigen examinar cada episodio, incluida la fiabilidad de las pruebas y la posibilidad de alternativas menos dañinas que fueran viables en ese momento.

La proporcionalidad tampoco significa que las pérdidas civiles deban ser idénticas a las sufridas por el otro bando, ni es un cálculo retrospectivo basado solo en el número de víctimas. Se refiere a la relación entre el daño civil previsto y la ventaja militar concreta esperada en una operación determinada. Eso no vuelve irrelevante el resultado: las consecuencias pueden aportar información para una investigación, pero no reemplazan el examen de lo que era razonablemente previsible cuando se tomó la decisión.

De ahí que no toda muerte civil pruebe el uso de escudos humanos, del mismo modo que la presencia de un combatiente no vuelve lícitas todas las acciones dirigidas contra el lugar donde se encuentra. Los civiles conservan su protección salvo que participen directamente en las hostilidades, y esa valoración depende de los hechos. La palabra víctima describe el daño sufrido; no es, por sí sola, una conclusión sobre la conducta de quien lo padeció.

Cómo se forma el relato tras una explosión

Después de una explosión, la primera información suele ser incompleta. Circulan vídeos grabados desde distintos ángulos, imágenes de edificios dañados y declaraciones de autoridades que pueden discrepar sobre el lugar, el objetivo o el número de víctimas. En un conflicto donde el acceso independiente al terreno puede ser limitado, la rapidez de las redes sociales amplifica tanto testimonios valiosos como errores y afirmaciones que todavía no han sido comprobadas.

Ese desfase temporal puede favorecer a quien consigue imponer primero una explicación, pero no demuestra que cada imagen se haya preparado para engañar ni que toda cobertura refleje una operación de propaganda. Una fotografía de víctimas muestra una consecuencia real, aunque quizá no revele cómo se produjo; una afirmación militar puede ofrecer datos importantes, pero tampoco queda confirmada solo por proceder de un portavoz. La verificación exige identificar qué se sabe, qué se atribuye a cada parte y qué sigue sin poder comprobarse.

El papel de los periodistas también queda atrapado en esa tensión. El material filmado por reporteros y residentes puede documentar daños, desplazamientos y ataques; a la vez, la presencia de actores armados entre la población puede elevar los riesgos para quienes informan y alimentar acusaciones cruzadas sobre el uso de credenciales o instalaciones. Las referencias disponibles no permiten establecer una regla general según la cual periodistas en Gaza trabajen como combatientes. Atribuir una función militar a una persona exige pruebas específicas y verificables, no solo una acusación o la proximidad a un lugar atacado.

Una cobertura rigurosa debe corregir los datos cuando aparecen nuevos elementos y diferenciar entre testimonios, afirmaciones oficiales e información confirmada de forma independiente. Ese proceso puede ser menos inmediato que una publicación viral, pero ayuda a evitar dos errores simétricos: tratar cada versión inicial como definitiva o descartar imágenes incómodas porque proceden de un entorno informativo disputado. La cautela no consiste en suspender el juicio sobre todo, sino en ajustar la certeza a las pruebas disponibles.

La dimensión política y social del movimiento

La capacidad de Hamás para actuar en Gaza no se explica solo por su fuerza armada. El movimiento también ha tenido actividad política y redes de asistencia social, educativas y religiosas. Las referencias señalan que esas funciones coexistieron con su estructura militar y que su apoyo social tuvo relevancia en su ascenso político. Esa combinación no permite asumir que la población que recibe servicios respalde las acciones armadas, ni que toda actividad social sea una fachada; ambas inferencias borran la diferencia entre una organización, sus miembros y la sociedad sometida a su gobierno.

Las relaciones de poder dentro de Gaza también importan. Hamás gobernó el territorio tras hacerse con su control en 2007, mientras Fatah mantuvo el predominio en Cisjordania. Organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos de Hamás contra palestinos, entre ellos detenciones, torturas y homicidios ilegítimos, además de atentados contra civiles israelíes. Esos antecedentes describen responsabilidades que no desaparecen por el sufrimiento de la población gazatí; tampoco convierten a los habitantes de Gaza en responsables colectivos de las decisiones del grupo que ha gobernado el enclave.

La organización está designada como terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, mientras algunos Estados no emplean esa clasificación. La diferencia de posiciones internacionales no cambia los hechos que deben examinarse ni las obligaciones del derecho humanitario. El debate sobre la etiqueta política de Hamás no sustituye el análisis de sus ataques, su gobierno ni el trato que reciben los civiles.

Las comparaciones históricas necesitan límites

La guerra urbana y el uso de zonas pobladas por fuerzas armadas no son exclusivos de Gaza. El artículo de referencia compara la situación con Mosul, Alepo, el sur del Líbano, Faluya y Mogadiscio, escenarios donde el combate en entornos habitados dificultó la distinción entre objetivos y población civil. Esas analogías pueden ayudar a reconocer un problema recurrente: cuando las fuerzas combaten dentro de una ciudad, aumenta el riesgo para quienes viven allí y se vuelve más compleja la verificación de cada ataque.

Pero comparar no es equiparar. Los actores, los objetivos, la duración de las campañas y las circunstancias de cada localidad son distintos. Una experiencia anterior no prueba que Hamás haya empleado una táctica específica en un lugar determinado ni permite trasladar mecánicamente conclusiones sobre la legalidad de una operación. La historia ofrece preguntas útiles, no una sentencia anticipada sobre los hechos de Gaza.

También hay un riesgo en presentar a la población como parte de un paisaje militar uniforme. Una ciudad no es una unidad que piensa y actúa como un solo cuerpo. Dentro de ella hay personas con posiciones políticas distintas, familias desplazadas, pacientes, trabajadores y menores. La presencia de una organización armada en un territorio no elimina esa diversidad ni la protección de quienes no participan en los combates.

Lo que explica la mimetización y lo que no puede justificar

La mezcla de actividad militar y vida civil puede dar a un grupo armado ventajas de ocultación y movimiento, al tiempo que eleva los peligros para los vecinos. También puede complicar la respuesta militar y generar daños cuya explicación tarda en conocerse. Ese mecanismo ayuda a entender por qué las imágenes de víctimas y las afirmaciones sobre objetivos militares aparecen enfrentadas en el debate público, pero no demuestra por sí mismo que cada daño haya sido buscado por una parte para producir un efecto propagandístico.

La expresión convertir a combatientes en víctimas confunde a menudo tres planos: el hecho de haber sufrido daños, la condición de civil o combatiente y la responsabilidad por una acción concreta. Una persona puede ser combatiente y víctima de un ataque; también puede ser civil y sufrir daños sin que eso pruebe que alguien la utilizó deliberadamente como escudo. La atribución de responsabilidades requiere reconstruir las circunstancias, no inferirlas únicamente del resultado.

La explicación más sólida, por tanto, evita dos atajos. El primero es usar la presencia de Hamás o de otros combatientes como justificación automática de cualquier destrucción. El segundo es tratar toda imagen de daño civil como prueba suficiente de una intención concreta, sin comprobar cómo ocurrió. Comprender el combate urbano no obliga a aceptar el relato de ninguna de las partes: obliga a pedir pruebas y aplicar las mismas reglas a todos.

En Gaza, donde la actividad armada, la administración y la vida cotidiana se han superpuesto durante años, esa exigencia es especialmente difícil y necesaria. La guerra no deja a los civiles al margen porque sus casas queden cerca de una posición militar; tampoco convierte una alegación en un hecho probado por repetirse muchas veces. Entre el parte oficial y la imagen inmediata existe un espacio para investigar, corregir y distinguir responsabilidades. Ahí se juega algo más que la disputa por el relato: la posibilidad de describir con precisión quién hizo qué y qué protección merecía cada persona.