¿Cómo quiere Milei sustituir servicios públicos por seguros privados?

Javier Milei quiere ampliar el mercado de seguros privados hasta convertirlo, de manera gradual, en una alternativa a funciones que ahora asume el Estado argentino. El horizonte trazado por el presidente alcanza la salud, las jubilaciones y la educación, pero también terrenos bastante más delicados, como la seguridad y la justicia. Su idea es que cada ciudadano contrate coberturas frente a determinados riesgos y que la competencia entre compañías reduzca la necesidad de hospitales, prestaciones sociales y agencias públicas.

Por ahora, conviene bajar un poco el volumen de la música. No existe todavía una ley publicada ni un proyecto detallado que cierre hospitales, privatice tribunales o entregue la policía a empresas aseguradoras. A 13 de julio de 2026, lo conocido es una propuesta política e ideológica en preparación, encomendada al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger. No es un cambio inmediato, aunque tampoco una ocurrencia lanzada al aire: Milei lo ha repetido en distintos foros y lo ha incorporado al próximo paquete de reformas de su Gobierno.

Milei quiere convertir servicios públicos en coberturas

La llamada revolución de los seguros parte de una interpretación muy concreta. Para Milei, el Estado funciona como una gran aseguradora, cara y obligatoria, que cobra impuestos y ofrece protección cuando llega la enfermedad, la vejez, el desempleo, el delito o cualquier otro infortunio. El hospital público sería una cobertura sanitaria; la jubilación, un seguro frente a la pérdida de ingresos; la policía y los tribunales, mecanismos colectivos para cubrir los riesgos asociados a la violencia y al incumplimiento de contratos.

El presidente sostiene que, si Argentina desarrolla un mercado asegurador profundo, solvente y competitivo, muchas de esas tareas podrían pasar al sector privado y los impuestos bajarían conforme retrocediera el gasto público. Lo presentó oficialmente el 2 de junio ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y volvió sobre ello durante los actos del Día de la Independencia. La fórmula suena limpia, casi de laboratorio: más pólizas, menos Estado. Fuera de la pizarra, claro, hay personas que enferman, envejecen o nacen pobres. Ahí comienza la parte incómoda.

El Estado como asegurador de última instancia

La propuesta no se limita a aumentar la venta de seguros médicos o planes de retiro. Milei ha definido al Estado como un asegurador de última instancia, la institución que aparece cuando el mercado no cubre un riesgo o cuando una persona carece de recursos. Su objetivo declarado es reducir progresivamente esa intervención mediante contratos privados adaptados a cada necesidad.

En un seguro convencional, muchas personas pagan una prima y la compañía indemniza a quienes sufren el hecho previsto. La legislación argentina establece que el asegurador cobra una cotización y responde cuando ocurre el evento cubierto. Funciona razonablemente bien con accidentes, incendios, robos o daños cuyo coste puede calcularse mediante estadísticas. Otra cosa es financiar una escuela rural durante décadas, garantizar un tratamiento oncológico o mantener un juzgado en una provincia poco poblada. El riesgo deja de ser una casilla en una hoja de cálculo y se convierte en una obligación colectiva.

El referente intelectual que aparece detrás de la propuesta es Robert Murphy, economista anarcocapitalista estadounidense y autor de La teoría del caos. Milei ha elogiado ese libro e incluso lo ha distribuido entre sus ministros. Murphy imagina una sociedad sin Estado en la que los contratos estén respaldados por aseguradoras, los conflictos se resuelvan mediante agencias privadas de arbitraje y la protección quede en manos de empresas de seguridad. No es exactamente una reforma administrativa. Es otra concepción de la sociedad.

La reforma existe como proyecto, no como ley

El Gobierno todavía no ha explicado qué pólizas ofrecerían las compañías, quién pagaría la cobertura de quienes no tengan ingresos, qué ocurriría con las enfermedades preexistentes ni cómo se garantizaría el acceso en regiones donde apenas existe negocio asegurador. Tampoco ha presentado calendarios, costes fiscales o un mecanismo para trasladar prestaciones públicas al mercado privado. La letra pequeña, precisamente aquello que decide si un seguro protege o abandona, continúa bajo llave.

Milei ha hablado de una transición ordenada y prolongada. Esa cautela importa: sustituir servicios estatales no depende solo del Ejecutivo nacional. Argentina es una república federal, con competencias distribuidas entre la Nación, las provincias y los municipios. La educación, la sanidad, la policía y la justicia tienen estructuras territoriales propias. Una transformación profunda exigiría leyes del Congreso, acuerdos provinciales, nuevas regulaciones y, en sus versiones más extremas, cambios incompatibles con una simple firma presidencial.

La Constitución argentina reconoce el derecho a enseñar y aprender, la seguridad social obligatoria, las jubilaciones móviles y la defensa ante los tribunales. La Ley de Educación Nacional, por su parte, obliga a las autoridades a garantizar la escolarización hasta terminar la enseñanza secundaria. Una aseguradora puede complementar estos derechos o gestionarlos bajo determinadas reglas; borrarlos del mapa público es otra historia, bastante más larga y jurídicamente empinada.

Qué ha cambiado ya en el mercado argentino

La expresión “revolución del seguro” no nació esta semana. La Superintendencia de Seguros de la Nación ya la utilizaba en 2025 para describir una agenda basada en estabilidad económica, supervisión de la solvencia y mayor participación privada. Aquella versión hablaba de mejorar el sector asegurador, recuperar confianza y corregir distorsiones. Milei ha llevado ahora la idea mucho más lejos: no solo quiere mejores aseguradoras, sino que imagina compañías privadas ocupando el espacio del Estado.

En sanidad, el Ejecutivo ya abrió la competencia entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. Desde la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, los trabajadores pueden elegir directamente entre ambas al comenzar un empleo, sin pasar obligatoriamente por la obra social de su actividad. Las prepagas también deben contribuir al fondo solidario del sistema. Es una liberalización real, aunque todavía funciona dentro de un entramado regulado y con prestaciones mínimas obligatorias.

La Superintendencia de Seguros ha seguido eliminando restricciones reglamentarias, como refleja la Resolución 258/2026 publicada en junio. Son movimientos técnicos, discretos, muy lejos todavía de la sociedad de pólizas universales que describe Milei. Pero señalan la dirección: menos controles previos, mayor autonomía empresarial y un mercado al que el Gobierno quiere dar más peso económico.

Salud y jubilaciones, el primer laboratorio

La salud es el terreno donde la propuesta resulta más fácil de imaginar porque Argentina ya tiene un modelo sanitario híbrido. Conviven hospitales públicos, obras sociales vinculadas al empleo y empresas de medicina prepaga. Las autoridades regulan a estas últimas, reciben denuncias por incumplimientos y fijan una cobertura mínima mediante el Programa Médico Obligatorio, que incluye prestaciones que deben atenderse desde el comienzo de la afiliación.

El plan de Milei supondría profundizar ese componente asegurador hasta que la cobertura privada pudiera reemplazar progresivamente al hospital financiado con impuestos. El Gobierno confía en que la competencia genere mejores servicios, reduzca costes y permita elegir planes según las preferencias personales. Para una familia con ingresos estables, joven y residente en Buenos Aires, la oferta podría ser abundante. Para un enfermo crónico de 70 años en una localidad remota, el escaparate probablemente tendría menos luces.

Ahí aparece la selección del riesgo. Una compañía obtiene beneficios cuando cobra primas suficientes para pagar los siniestros y sus gastos. Cuanto mayor es la probabilidad de enfermedad o dependencia, mayor tiende a ser el precio de la cobertura. Si se prohíbe discriminar por edad o patologías, hace falta una regulación fuerte, fondos compensatorios o subsidios públicos. Si no se prohíbe, las personas más vulnerables pueden quedar fuera. El Estado, expulsado por la puerta, suele terminar entrando por la ventana con la chequera de emergencia.

La sanidad argentina ya obliga a obras sociales y prepagas a cubrir un paquete mínimo, desde internaciones hasta tratamientos de salud mental, rehabilitación, diálisis y cuidados paliativos. Esa obligación no nació espontáneamente de la competencia: procede de leyes, decretos y controles públicos. Incluso el mercado sanitario privado necesita un árbitro que vigile contratos, tarifas, reservas y denegaciones de cobertura.

Las jubilaciones plantean un problema parecido. Un seguro de retiro puede transformar ahorro acumulado en una renta futura, pero no resuelve por sí solo la situación de quien trabajó en la economía informal, sufrió largos periodos de desempleo o cobró salarios demasiado bajos para ahorrar. El mercado distribuye lo aportado; no inventa recursos donde nunca los hubo. Para eso existen los mecanismos fiscales y solidarios, palabra poco querida en el diccionario libertario, pero difícil de reemplazar por una aplicación móvil.

La transición también tendría un coste fiscal considerable. Mientras los trabajadores jóvenes comenzaran a pagar seguros privados, el Estado debería continuar abonando las jubilaciones actuales y sosteniendo hospitales para quienes no pudieran contratar cobertura. Es el conocido agujero de los cambios de sistema: se pretende dejar atrás una casa mientras todavía viven millones de personas dentro. Alguien tiene que pagar las dos durante el traslado.

Educación, seguridad y justicia: el salto más radical

En educación, un modelo asegurador podría adoptar varias formas: pólizas que financien matrículas, fondos privados para cubrir estudios futuros o sistemas cercanos a los vales escolares. Milei ya ha defendido mecanismos que trasladan el dinero desde la institución pública hacia la elección individual. Sin embargo, la escuela no cubre únicamente el riesgo de no encontrar empleo. Enseña una lengua común, transmite conocimientos, mezcla —cuando funciona— a niños de distintos orígenes y crea ciudadanía. Reducirla a una prestación contractual es como medir una biblioteca por el precio de sus estanterías.

La legislación argentina considera la educación un derecho y una responsabilidad pública, con escolarización obligatoria hasta finalizar la secundaria. Las instituciones privadas forman parte del sistema, pero están sujetas a planes, títulos y controles estatales. Para sustituir esa estructura por coberturas individuales no bastaría con autorizar nuevas pólizas: habría que redefinir quién garantiza una plaza, qué ocurre cuando una familia no paga y cómo se mantiene una escuela donde el mercado no encuentra clientes suficientes.

La privatización de la seguridad y la justicia abre una grieta todavía mayor. Una empresa puede proteger un edificio, investigar un fraude o arbitrar un conflicto mercantil. Lo hace ya. Pero la policía posee facultades coercitivas, y los jueces pueden privar de libertad, ejecutar bienes o anular decisiones administrativas. Entregar esas competencias a agencias contratadas por particulares plantea una cuestión democrática elemental: quién controla a quien ejerce la fuerza.

La justicia pública no es solo un servicio que resuelve disputas; es uno de los poderes de la república. Debe aplicar la ley con independencia de la riqueza de las partes y garantizar la defensa incluso a quien no tiene dinero. Un tribunal financiado mediante pólizas podría ser rápido, moderno y muy amable en recepción. También tendría clientes, accionistas e incentivos comerciales. La balanza de la justicia quedaría acompañada por una calculadora.

Lo mismo ocurre con las cárceles privadas. Pueden reducir algunos costes operativos, pero su negocio depende de mantener plazas ocupadas. El incentivo económico y el interés público no siempre caminan del brazo. El politólogo argentino Oscar Oszlak ha advertido de esa contradicción y sostiene que las experiencias internacionales más estables son mixtas y están fuertemente reguladas. No existen precedentes de una sustitución masiva de todos los servicios estatales por seguros privados.

Una póliza no sustituye el pacto social

La idea de Milei contiene una crítica atendible: los Estados pueden ser burocráticos, caros, opacos y malos proveedores. Argentina acumula organismos superpuestos, prestaciones desiguales y servicios que cambian brutalmente según el código postal. Defender lo público no obliga a celebrar cada ventanilla, cada privilegio corporativo ni cada peso malgastado. Un seguro privado puede aportar innovación, prevención, capital y capacidad para medir riesgos. El mercado no es el enemigo; tampoco es una divinidad doméstica que lava los platos mientras todos duermen.

El problema surge cuando se confunden dos tareas distintas. Asegurar consiste en repartir entre muchas personas el coste de ciertos acontecimientos. Gobernar implica establecer derechos, límites y responsabilidades, incluso cuando no producen beneficio. Una póliza puede pagar una operación quirúrgica. No decide qué debe recibir quien no pudo contratarla. Puede indemnizar un robo. No sustituye la legitimidad de una policía sometida a jueces, leyes y controles democráticos.

La revolución anunciada podría terminar siendo una reforma menos grandiosa: nuevos seguros de salud y retiro, incentivos fiscales al ahorro, liberalización de productos, cambios en la supervisión y más presencia privada en prestaciones actualmente públicas. Ese escenario es plausible. La desaparición general del Estado, en cambio, exigiría desmontar décadas de legislación, negociar con las provincias y cruzar límites constitucionales que no se eliminan con una motosierra, por mucho que el motor haga ruido.

Hasta que el Gobierno publique el articulado, hay más doctrina que política ejecutable. Milei ha colocado sobre la mesa una discusión de fondo: cuánto Estado necesita una sociedad y qué parte de la protección colectiva puede confiar al mercado. La respuesta no cabe en un eslogan. Cuando arde una casa, una buena póliza paga los daños. Alguien, entretanto, debe enviar a los bomberos.