La advertencia de la OCDE sobre la industria argentina de Milei

La OCDE reconoce los avances de Argentina en estabilización fiscal y reducción de la inflación, pero advierte de que la liberalización acelerada puede debilitar su industria si no se acompaña de una estrategia para modernizar empresas y sostener la inversión. El problema, según el análisis del organismo, no es abrir la economía por sí mismo: es hacerlo antes de que fabricantes y proveedores locales puedan adaptarse a la competencia y acceder a capital, tecnología e infraestructuras.

El informe regional sobre América Latina publicado el 7 de noviembre de 2025 describe el rumbo de Javier Milei como un modelo centrado en el ajuste fiscal, la desregulación y una mayor presencia del mercado. La OCDE valora que el Gobierno haya registrado superávits primarios durante la mayoría de los meses de 2024 y que la inflación haya bajado respecto a sus picos anteriores. A la vez, señala el riesgo de que los recortes de inversión pública y la retirada de instrumentos productivos reduzcan capacidades industriales que llevan años construyéndose.

Un cambio de rumbo que combina ajuste y apertura

Desde la llegada de Milei a la Presidencia, a finales de 2023, el Gobierno ha buscado corregir los desequilibrios de las cuentas públicas y cambiar las reglas de funcionamiento de la economía. Para reducir el déficit, frenó la financiación monetaria del Tesoro y recortó gasto, con especial incidencia en la inversión de capital y los subsidios. La apuesta es que unas cuentas más ordenadas ayuden a contener la inflación, despejen incertidumbres y permitan a empresas e inversores calcular mejor sus costes.

El giro también ha alcanzado a la regulación y al comercio. La simplificación de trámites, la derogación de normas consideradas obstáculos para la actividad privada y la reducción de barreras comerciales buscan facilitar el acceso a insumos y aumentar la competencia. A esas medidas se suman cambios laborales y planes de privatización, con la intención declarada de reducir la intervención estatal y atraer inversión. Para la OCDE, parte de ese proceso puede corregir distorsiones; la cuestión es si las nuevas condiciones permiten que la producción local gane productividad en vez de limitarse a resistir.

La desinflación y la mejora del saldo fiscal son avances relevantes, pero no equivalen automáticamente a una recuperación industrial. Una economía puede estabilizar precios y, al mismo tiempo, perder fábricas, proveedores o conocimientos técnicos. La advertencia distingue entre ordenar el marco macroeconómico y construir las capacidades que hacen posible que una empresa produzca más, innove y compita de forma sostenida.

Por qué la industria puede quedar expuesta

Argentina cuenta con una base manufacturera amplia en comparación con buena parte de la región. En ella conviven la automoción y sus proveedores, la metalmecánica, la maquinaria agrícola, la química y la petroquímica, la industria farmacéutica, los alimentos elaborados, la electrónica y el textil. No se trata solo de edificios y máquinas: esas actividades dependen de trabajadores especializados, empresas auxiliares, ingenierías, centros de investigación y relaciones entre proveedores que se han formado con el tiempo.

Ese entramado puede resentirse si la competencia de productos importados aumenta de golpe y las empresas locales todavía tienen costes altos, poco acceso al crédito o equipos obsoletos. Una planta que reduce turnos o deja de comprar a proveedores no siempre puede reanudar su actividad cuando mejora la demanda. Si desaparecen conocimientos y redes de suministro, recuperarlos puede ser lento y costoso. El riesgo señalado por la OCDE es que algunas capacidades se pierdan antes de que lleguen nuevas inversiones capaces de sustituirlas.

La secuencia es, por tanto, central. La apertura puede abaratar componentes, ampliar la oferta y empujar a las empresas a mejorar su eficiencia. Pero el efecto no es igual para una compañía con financiación y escala que para una pyme que trabaja con márgenes estrechos, cobra tarde y tiene dificultades para renovar maquinaria. Sin tiempo ni recursos para adaptarse, la presión competitiva puede traducirse en cierres antes que en modernización.

Estabilizar no es lo mismo que desarrollar la producción

El enfoque descrito por la OCDE se diferencia de un plan de desarrollo productivo tradicional porque pone el acento en el ajuste fiscal, la reducción de trabas y la confianza en los mercados, no en una política coordinada para transformar la industria. Un programa productivo suele combinar estabilidad con herramientas que facilitan la innovación, la formación técnica, la financiación de inversiones y la conexión de empresas locales con cadenas de valor más complejas.

La diferencia importa porque la inversión privada no aparece de forma automática en todos los sectores ni en todos los territorios. Una empresa puede encontrar oportunidades, pero posponer una ampliación si no dispone de crédito a largo plazo, energía previsible o personal con la formación necesaria. También puede optar por importar un producto terminado en vez de desarrollar proveedores locales. Esa decisión puede ser racional para la compañía a corto plazo, aunque reduzca la actividad manufacturera y el aprendizaje tecnológico dentro del país.

La OCDE no presenta la protección permanente como respuesta al problema. Su advertencia apunta a la necesidad de acompañar la apertura con políticas que mejoren la capacidad de competir. La alternativa no es elegir entre mercado o industria, sino lograr que la competencia y la inversión impulsen productividad sin desmantelar antes los recursos que permiten producir y exportar.

Los costes inmediatos de la corrección económica

El ajuste de 2024 tuvo efectos desiguales. La caída del poder adquisitivo al comienzo del año, la contracción de la demanda interna y el freno de la obra pública afectaron a empresas vinculadas a bienes duraderos y a la construcción. Cuando hogares y empresas aplazan compras, sufren especialmente los fabricantes que dependen del mercado nacional, desde quienes producen materiales hasta quienes abastecen a la automoción y los electrodomésticos.

La reducción de la inflación puede devolver previsibilidad y mejorar las condiciones para invertir, pero ese alivio no se reparte a la misma velocidad. Las firmas con balances más sólidos pueden atravesar un periodo de ventas débiles; las pymes, en cambio, suelen contar con menos margen para sostener costes mientras esperan una recuperación. La estabilidad macroeconómica crea un marco más ordenado, pero no resuelve por sí sola la falta de demanda ni de financiación.

También influye la naturaleza del gasto recortado. El ajuste de partidas improductivas puede ayudar a sanear las cuentas; prolongar la caída de la inversión de capital, en cambio, puede deteriorar carreteras, redes energéticas y otras infraestructuras necesarias para producir. La OCDE alerta de ese coste futuro: reducir hoy la inversión puede facilitar el equilibrio presupuestario, pero elevar mañana los costes logísticos y limitar la productividad.

Los sectores donde la transición puede sentirse antes

En la automoción y las autopartes, la apertura puede abaratar componentes y permitir que las empresas accedan a más proveedores. También puede poner en dificultades a fabricantes locales que compiten con piezas importadas más baratas si no cuentan con escala, financiación o tecnología suficiente. El resultado dependerá de que las nuevas condiciones atraigan inversiones y de que las plantas argentinas logren integrarse en cadenas de producción más amplias, no solo de que entren más productos del exterior.

La electrónica, los electrodomésticos, el textil y el calzado se enfrentan a una presión parecida, aunque con características distintas. En esos sectores pesan la productividad, el coste de la energía, la logística y la capacidad de las empresas para renovar sus equipos. En química y petroquímica, la disponibilidad de insumos y la previsibilidad energética pueden inclinar la balanza; en alimentos de mayor valor añadido, las oportunidades dependen de la calidad, la trazabilidad, las certificaciones y la inversión en maquinaria.

Las pequeñas y medianas empresas atraviesan transversalmente esos desafíos. Necesitan capital de trabajo para sostener la producción y financiación con plazos compatibles con la compra de equipos o la incorporación de tecnología. Si el crédito sigue siendo escaso o caro, la empresa puede sobrevivir sin modernizarse, pero perder terreno frente a competidores más productivos. La capacidad de financiar el cambio es una de las bisagras entre una apertura que transforma y otra que expulsa productores.

El tipo de cambio, la energía y la logística como bisagras

El tipo de cambio real influye en el precio relativo de los bienes argentinos y los importados. Si se aprecia con rapidez, los productos extranjeros pueden resultar más baratos y los fabricantes locales encontrar más difícil competir. Si se deprecia demasiado, aumentan los costes de insumos importados y puede reavivarse la inflación. No existe una cifra aislada que resuelva el dilema: para las empresas cuenta que las condiciones sean previsibles y que la productividad pueda mejorar junto con los precios relativos.

La energía plantea otro equilibrio. Un sistema de tarifas más ordenado puede ayudar a revelar los costes reales, pero las fábricas necesitan anticipar cuánto les costará operar para decidir si amplían turnos o compran maquinaria. La incertidumbre sobre el suministro o la factura energética complica la planificación, especialmente en actividades que consumen mucha energía. La previsibilidad pesa tanto como el precio cuando una inversión exige años para amortizarse.

La logística completa el cuadro. Aduanas ágiles, conexiones con puertos y transporte eficaz por carretera, tren o vías fluviales pueden reducir retrasos y costes en distintas etapas de producción. Una empresa puede fabricar con eficiencia y, aun así, quedar en desventaja si sus insumos tardan en llegar o sus productos no alcanzan los mercados a un precio competitivo. Abrir la economía sin mejorar la circulación de mercancías deja intacta una parte importante de los costes que separan a la producción local de sus competidores.

Qué políticas pueden acompañar la apertura

El planteamiento que se desprende de la advertencia no consiste en volver a aranceles generalizados ni en mantener subsidios sin límite. Se trata de orientar instrumentos públicos y privados hacia mejoras verificables de productividad: financiación para renovar equipos, capacitación técnica vinculada a las necesidades de las empresas e iniciativas que acerquen la investigación aplicada a las pymes. También pueden facilitarse los trámites para exportar y los vínculos entre proveedores locales y actividades con potencial de crecimiento.

Esos vínculos pueden desarrollarse alrededor de sectores como la energía, la minería, la agroindustria, la salud y la maquinaria. Para que una oportunidad se convierta en producción local, las empresas necesitan cumplir estándares, invertir y acceder a compradores estables. La coordinación entre universidades, centros tecnológicos y firmas puede ayudar a que la transferencia de conocimientos no se quede en el papel. La formación, por su parte, debe acompañar los cambios en los procesos de fabricación para que la automatización y la digitalización eleven las capacidades de los trabajadores.

La inversión pública también puede tener una función productiva cuando se dirige a infraestructura con impacto duradero, como rutas, gasoductos, líneas eléctricas y parques industriales con servicios. No todo gasto tiene el mismo retorno, y la calidad de los proyectos depende de su selección, ejecución y mantenimiento. El desafío fiscal consiste en priorizar inversiones útiles sin volver a una expansión desordenada del gasto; reducir indiscriminadamente la obra puede salir caro si termina encareciendo la producción privada.

Privatizaciones que no se midan solo por los ingresos

Las privatizaciones forman parte de la orientación económica del Gobierno, pero su efecto industrial depende de cómo se diseñen. Una venta puede mejorar la gestión, atraer capital y ampliar la capacidad de una empresa; también puede limitarse a transferir un activo sin que aumente la inversión ni se fortalezcan los proveedores del país. Para evaluar el resultado no basta con observar cuánto dinero ingresa a las arcas públicas.

El criterio productivo que recoge el análisis apunta a compromisos claros de inversión, transferencia de tecnología y seguimiento de resultados. La competencia efectiva y una regulación capaz de vigilar el cumplimiento son importantes para evitar que la privatización sustituya una ineficiencia estatal por una posición dominante privada. También importa que las empresas compradoras puedan integrar proveedores locales y ampliar las exportaciones, en vez de reducir el tejido nacional a una actividad secundaria.

La misma lógica se aplica a la inversión extranjera en general. El capital puede modernizar plantas y crear mercados para empresas argentinas, pero sus efectos dependen de las condiciones concretas y de la conexión con la economía local. Atraer inversión es un medio, no una medida suficiente del desarrollo: también cuentan la tecnología que incorpora, el empleo que genera y la actividad que puede activar alrededor de cada proyecto.

El empleo industrial y el mapa de la transición

La modernización cambia los puestos de trabajo. Algunas tareas pueden desaparecer cuando se automatizan procesos, mientras aparecen otras que requieren conocimientos técnicos distintos. El balance depende de que la formación y la creación de nuevas actividades acompañen esos cambios. Si la industria pierde peso sin abrir alternativas, la economía puede crecer en otros sectores y, aun así, ofrecer menos empleo manufacturero o tardar más en recuperar los salarios reales.

La informalidad complica esa transición porque limita el acceso de muchos trabajadores a una relación laboral estable y a oportunidades de capacitación. Las reformas de las normas de contratación y los ajustes de cargas sociales mencionados en el material de referencia se presentan como vías para favorecer la formalización, pero sus efectos dependen de cómo se apliquen y de que exista actividad económica suficiente. Reducir barreras a la contratación no sustituye la necesidad de empleos productivos y sostenibles.

El impacto tampoco se distribuye de forma uniforme en el territorio. En áreas industriales del Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego, los cambios de demanda y de competencia pueden repercutir en talleres, proveedores y plantas conectadas entre sí. Cuando una empresa tractora reduce pedidos, el efecto se propaga a compañías más pequeñas. En sentido inverso, los vínculos entre pymes, centros de tecnología y grandes firmas pueden multiplicar los beneficios de una inversión y dar más estabilidad a las economías locales.

Una advertencia que también mira a España y Europa

Para España y otros países europeos, el rumbo argentino afecta a empresas con presencia en sectores como energía, infraestructuras, banca y tecnología, además de firmas que venden bienes de equipo y servicios técnicos. Un marco más previsible y menos restrictivo puede abrir oportunidades, sobre todo si Argentina se integra mejor en cadenas regionales. Pero una demanda que oscila con rapidez o la desaparición de proveedores locales también pueden alterar contratos, planes de producción y márgenes.

La experiencia europea ofrece referencias útiles, aunque no una receta trasladable sin cambios. La formación profesional, los centros tecnológicos, la financiación de la innovación y la cooperación entre empresas pueden reforzar la capacidad productiva junto con una economía abierta. El tamaño del mercado, las instituciones y la trayectoria económica argentina son distintos, por lo que las políticas deben responder a sus condiciones. La enseñanza de fondo es que la estabilidad y la competitividad industrial pueden reforzarse mutuamente cuando las reformas incluyen herramientas para que empresas y trabajadores se adapten.

La advertencia de la OCDE no predice que toda apertura vaya a destruir fábricas ni plantea que la industria deba quedar aislada de la competencia. Señala un riesgo condicionado por la velocidad de los cambios, la fragilidad financiera de muchas empresas y la ausencia de mecanismos que ayuden a transformar la producción. Ese matiz evita convertir el debate en una disputa simple entre proteccionismo y libre mercado.

La diferencia entre una industria que se adapta y otra que retrocede

Si la apertura avanza sin financiación, infraestructura ni formación, algunos fabricantes pueden perder mercado y proveedores, y el país podría reducir la complejidad de lo que produce y exporta. La reasignación de recursos hacia actividades más eficientes puede elevar la productividad agregada, pero ese resultado no garantiza que se mantengan los conocimientos industriales ni que aumenten las exportaciones de mayor valor añadido. Una estabilidad apoyada en importaciones, sin una base exportadora más amplia, también puede quedar expuesta a nuevas tensiones externas.

Si las empresas pueden invertir y actualizar sus procesos, la competencia puede empujarlas a producir mejor, acceder a más mercados y conectarse con cadenas regionales. El crédito a largo plazo, una logística menos costosa y trabajadores formados son parte de ese escenario. No eliminan el ajuste ni aseguran que todas las compañías sobrevivan, pero aumentan la posibilidad de que el cambio se traduzca en una industria más productiva en lugar de una reducción de capacidades.

Por eso, el mensaje de la OCDE combina reconocimiento y cautela: las cuentas públicas y la desinflación importan, pero no bastan para sostener el crecimiento a largo plazo. El punto decisivo será si la apertura llega acompañada de inversiones que eleven la productividad y permitan a las empresas argentinas competir. El desafío no es conservar intacto el modelo anterior, sino evitar que la estabilización desmonte capacidades antes de que exista una alternativa capaz de reemplazarlas.