Microsoft cuestiona la ley europea de IA y pide cooperación

Brad Smith, presidente de Microsoft, cuestionó en Lisboa la necesidad de una ley europea que, a su juicio, parezca dar permiso a las tecnológicas para actuar correctamente. Su argumento es que una compañía global debe conocer la cultura y los valores de los mercados donde opera y asumir por iniciativa propia la responsabilidad sobre sus productos. Al mismo tiempo, defendió que los gobiernos colaboren para proteger la industria y evitar que las tensiones comerciales se traduzcan en más aranceles. Su crítica se dirige al papel y al alcance de la regulación, no a la conveniencia de proteger la seguridad o la privacidad.

Las declaraciones se produjeron durante la Web Summit de Lisboa, en una edición con una presencia especialmente alta de empresas chinas. En aquel momento, la Comisión Europea estudiaba aplazar algunas obligaciones de la Ley de IA, aprobada en 2023 y de aplicación gradual. El debate enfrentaba dos preocupaciones: cómo exigir garantías a sistemas cada vez más capaces y cómo evitar que un marco complejo dificulte la innovación. Smith situó la respuesta en la confianza empresarial y la cooperación entre países, mientras Bruselas examinaba los plazos y requisitos de la norma.

La posición del directivo importa porque Microsoft es una de las grandes compañías que desarrollan y ofrecen tecnologías de inteligencia artificial. Pero sus palabras expresan una postura empresarial, no una evaluación independiente de la eficacia de la ley ni una decisión de la Unión Europea. La cuestión de fondo es si las promesas de responsabilidad de una empresa bastan por sí solas o si hacen falta obligaciones comunes, supervisables y aplicables a todos. Ahí está la diferencia entre una pauta voluntaria y una norma vinculante, y también el centro de la discusión que Smith planteó en Lisboa.

Qué cuestionó Brad Smith sobre la regulación europea

Smith sostuvo que Microsoft comprende los mercados en los que trabaja, incluidas sus culturas y valores, y que no necesita una ley que le indique que debe hacer lo correcto. Esa idea parte de que las empresas pueden integrar criterios de responsabilidad en sus decisiones sin esperar a que un regulador detalle cada conducta. Para el ejecutivo, el conocimiento del contexto local y la voluntad de proteger la confianza de los usuarios pueden orientar el desarrollo de productos de IA. La responsabilidad, en su planteamiento, debe nacer también dentro de la empresa, no únicamente de una obligación legal.

La afirmación, sin embargo, no resuelve por sí misma quién determina qué significa actuar correctamente ni cómo se comprueba que una compañía lo hace. Una empresa puede conocer las expectativas de sus clientes, pero sus decisiones también responden a sus propios intereses comerciales. Una ley común busca fijar condiciones que no dependan solo de la política interna de cada proveedor. Esas dos vías —responsabilidad corporativa y exigencia regulatoria— no son necesariamente excluyentes, aunque Smith subrayó la primera y cuestionó que la segunda funcione como autorización previa para comportarse con ética. El punto controvertido es quién define y verifica los límites.

Por eso conviene no presentar su postura como un rechazo absoluto a cualquier regla sobre inteligencia artificial. En el material de la entrevista, Smith habló de seguridad, privacidad, confianza, colaboración con los gobiernos y compromisos digitales para Europa. Su crítica se enfoca en la necesidad de una ley como la europea y en la idea de que esta deba conceder permiso a las empresas para actuar con responsabilidad. No propuso que las compañías quedaran al margen de todo compromiso; defendió que esos compromisos se apoyen más en cooperación y menos en barreras. La discusión no se reduce a regular o no regular, sino a qué mecanismos deben asegurar que las promesas se cumplan.

Qué regula la Ley de IA de la UE y por qué estaba bajo debate

La Ley de IA europea fue aprobada en 2023 y comenzó a aplicarse de manera gradual, según la información disponible en el momento de la entrevista. Su planteamiento contempla obligaciones diferentes según el tipo de sistema y el riesgo asociado. En el debate citado por Smith destacaban dos áreas: los requisitos para los sistemas considerados de alto riesgo y las obligaciones de transparencia relacionadas con modelos de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT o Gemini. La norma no se desplegaba de una sola vez; su calendario escalonado hacía posible discutir plazos concretos mientras se mantenía vigente el objetivo general de establecer reglas para el sector.

Los sistemas de alto riesgo ocupan un lugar sensible porque pueden influir en ámbitos con efectos importantes para las personas. La referencia de partida no detalla todas las categorías legales ni el contenido técnico de cada requisito, por lo que no cabe atribuir a la entrevista una lista de obligaciones que Smith no mencionó. Sí permite afirmar que la aplicación de esas exigencias estaba entre los aspectos cuya posible postergación analizaba la Comisión Europea. El debate práctico era cómo aplicar los requisitos con criterios claros, sin confundir un ajuste del calendario con la desaparición de la norma.

La transparencia sobre modelos generativos planteaba otra dificultad. Estos sistemas pueden producir textos, imágenes u otros resultados y servir como base para distintas aplicaciones; las obligaciones de transparencia buscan que la actividad no quede completamente opaca para quienes los utilizan o supervisan. El informe de referencia no desglosa el contenido exacto de cada requisito, de modo que no permite afirmar que una obligación concreta se hubiera suspendido o que la Comisión ya hubiera tomado una decisión definitiva. Lo que sí señala es que se valoraba aplazar parte de esas exigencias. En esa diferencia entre estudiar un retraso y aprobarlo se juega una parte importante de la precisión informativa.

El contexto explica por qué el debate era intenso. Según el relato de la entrevista, la posibilidad de aplazar algunas partes de la ley se discutía mientras Estados Unidos y grandes empresas tecnológicas ejercían presión. A la vez, en el debate público había voces que se preguntaban si Europa había ido demasiado lejos y otras que miraban con preocupación el rumbo estadounidense. Smith describió ese escenario como un momento de discusión entre modelos regulatorios y políticos distintos. El calendario de aplicación se había convertido en un terreno de disputa, no en un mero trámite administrativo.

La confianza empresarial frente a las garantías comunes

Smith presentó la confianza como un activo de las compañías europeas y estadounidenses. A su entender, esa confianza no aparece por casualidad: guarda relación con las leyes, la cultura y la filosofía de las sociedades en las que esas empresas trabajan. El razonamiento conecta la aceptación de una tecnología con algo más que su precio o sus prestaciones. Para un usuario, una empresa o una institución, también cuenta creer que el proveedor protegerá sus intereses y entenderá el contexto en que se aplica el producto. La confianza es el argumento económico y cultural que acompaña su crítica regulatoria.

Pero la confianza puede significar cosas distintas para cada actor. Una compañía puede considerarla fruto de su reputación y de sus compromisos; un regulador puede entenderla como resultado de reglas compartidas y mecanismos de control. Para los usuarios, la cuestión puede ser más concreta: saber qué hace un sistema, qué límites tiene y quién responde si algo sale mal. La entrevista no ofrece resultados que permitan medir cuál de esas vías genera más confianza. Por eso, la defensa de Smith debe leerse como una preferencia política y empresarial, no como una demostración de que la legislación sea innecesaria. La reputación puede reforzar las garantías, pero no equivale automáticamente a una garantía verificable.

Este contraste también ayuda a entender por qué la discusión afecta de forma desigual a empresas grandes y pequeñas. Una multinacional puede disponer de equipos y experiencia para gestionar sus compromisos en distintos mercados; una empresa emergente puede tener menos recursos para interpretar requisitos y adaptar procesos. Sin datos concretos en la referencia sobre costes, no es posible cuantificar esa diferencia ni afirmar que un retraso resolvería el problema. Sí cabe señalar que reglas claras y aplicables importan tanto como los plazos: si las obligaciones son difíciles de interpretar, la incertidumbre puede persistir incluso cuando se concede más tiempo. La claridad de las reglas pesa tanto como su calendario.

Por qué Smith prefería acuerdos a aranceles

La segunda parte del mensaje de Smith se ocupó del comercio. Ante las tensiones geopolíticas y los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, el directivo dijo que las barreras comerciales no eran nuevas, aunque habían adquirido una dimensión distinta durante ese año. Su respuesta fue pedir más colaboración entre gobiernos y favorecer acuerdos. La lógica que expuso es que los países pueden proteger sus industrias mediante cooperación y entendimientos, en vez de recurrir a medidas que levanten obstáculos al intercambio. Para Microsoft, la coordinación internacional era preferible a una escalada de barreras.

La conexión con la inteligencia artificial es directa, aunque no idéntica. Una ley establece obligaciones dentro de un marco jurídico; un arancel afecta las condiciones del comercio. Smith agrupó ambos asuntos dentro de una preocupación más amplia por la competitividad y las relaciones entre gobiernos, pero no son instrumentos intercambiables. Una norma puede exigir garantías aunque no exista una disputa comercial, y la retirada de un arancel no elimina por sí sola las diferencias regulatorias. Cooperar sobre comercio no responde automáticamente a cómo supervisar la IA; son dos conversaciones relacionadas por la política, pero distintas en sus efectos y objetivos.

La defensa de acuerdos refleja también la escala mundial de las grandes plataformas tecnológicas. Una compañía que opera en varios mercados se enfrenta a expectativas locales y a marcos que pueden diferir. Smith apeló a la colaboración para que los gobiernos se unan y alcancen acuerdos, una salida que, en su planteamiento, beneficiaría a todas las partes. La entrevista no especifica qué acuerdos concretos deberían firmarse ni qué obligaciones deberían armonizarse, así que no cabe atribuirle una propuesta técnica detallada. Su llamamiento es una orientación general hacia la cooperación, no un plan regulatorio con medidas ya definidas.

Europa, las empresas chinas y el valor de lo local

La edición de la Web Summit en Lisboa reunió, según la información de EFE, la mayor presencia de compañías chinas de su historia. Smith relacionó ese hecho con la globalización de la inteligencia artificial y restó importancia a que empresas del país asiático puedan fabricar productos equivalentes a menor precio. En su opinión, la competencia no se decide solo en el coste: también interviene la confianza que consumidores y empresas depositan en los proveedores. El precio puede atraer, pero no agota los criterios de elección, especialmente cuando una organización valora la relación con un proveedor y su adecuación a su entorno.

El directivo destacó además la cercanía de las empresas europeas, en especial de las emergentes, con sus mercados. Esa proximidad puede facilitar que desarrollen aplicaciones ajustadas a necesidades locales y comprendan mejor a sus clientes. La idea no implica que una empresa de otro continente sea incapaz de atender esas necesidades; Smith reconoció que no todas las compañías pueden hacerlo del mismo modo en cualquier escenario global. La ventaja local reside en entender el contexto: los problemas concretos, las preferencias y las particularidades de quienes usarán la tecnología.

La defensa de las culturas locales también matiza el argumento de la escala. Una tecnología global puede expandirse con rapidez, pero su utilidad depende de cómo encaja en cada sociedad y de si permite preservar y facilitar el acceso a sus expresiones culturales. Smith vinculó esa tarea con la libertad de expresión y con la inversión en el desarrollo y la preservación de las culturas locales. La referencia no concreta políticas culturales ni compromisos medibles asociados a esa idea. El desafío que deja planteado es combinar alcance global con sensibilidad local, sin dar por hecho que un producto universal sirve igual en todas partes.

En este punto, la posición de Microsoft contiene una tensión que el discurso sobre competitividad no elimina. La compañía reivindica la confianza en empresas occidentales y el valor de las leyes europeas, al tiempo que cuestiona la necesidad de una ley específica sobre IA. Es decir, reconoce que las normas forman parte de aquello que sostiene la confianza, pero pone en duda que haga falta una regulación adicional para esta tecnología. La cuestión no es si las leyes importan, sino qué deben exigir ante capacidades nuevas. Esa diferencia ayuda a entender por qué el debate no se resuelve invocando simplemente la confianza o la innovación.

Los compromisos digitales y el papel de Microsoft

Smith describió el papel de su empresa como el de una fuente de estabilidad y confianza digitales, con atención a la seguridad y la privacidad. También señaló que una de las prioridades de Microsoft durante 2025 era invertir en compromisos digitales europeos orientados a preservar la resiliencia, la seguridad y la privacidad, mientras se apoyaban el comercio y la cultura de Europa. La información disponible registra esas declaraciones, pero no detalla el alcance, los indicadores ni los resultados de cada compromiso. Lo anunciado debe distinguirse de aquello que pueda comprobarse mediante resultados.

Esa distinción es importante porque un compromiso corporativo puede ser significativo y, a la vez, no equivaler a una obligación pública. La empresa decide cómo formula sus promesas y qué mecanismos utiliza para demostrar su cumplimiento; una ley, en cambio, fija exigencias que no dependen exclusivamente de la voluntad de una compañía. Esto no significa que todo compromiso empresarial sea vacío ni que toda norma garantice por sí sola un buen resultado. Significa que operan de manera diferente. La credibilidad se fortalece cuando las promesas pueden evaluarse, y la regulación establece un marco común para determinar qué debe cumplirse.

La entrevista tampoco permite concluir que Microsoft se opusiera a cualquier supervisión de sus sistemas o que pretendiera actuar sin atender las leyes europeas. Smith dijo que la empresa entiende los mercados donde opera y defendió la colaboración; esa posición debe leerse dentro de esos límites. Atribuirle una propuesta de auditorías, sistemas de evaluación u obligaciones específicas que no aparecen en la información disponible sería ir más allá de lo que dijo. La precisión exige separar la postura expresada de las medidas que no se detallaron, sobre todo cuando se trata de un asunto regulatorio en evolución.

Los despidos y la reorganización de la plantilla

La conversación en Lisboa también abordó los despidos en Microsoft durante 2025. Smith indicó que la reducción había afectado al 3 % de la plantilla y explicó que la compañía había eliminado puestos en algunos departamentos para sumar posiciones en otros. El dato sitúa la discusión sobre inteligencia artificial junto a una transformación laboral más amplia, aunque la entrevista no establece que cada salida estuviera causada directamente por la IA. El 3 % fue la cifra citada para el ajuste de plantilla, no una medida del empleo perdido en todo el sector ni una explicación completa de cada caso.

Smith reconoció que las empresas podrían mejorar su capacidad para anticipar las necesidades futuras de trabajo. Habló de identificar con más perspectiva las nuevas capacidades que se necesitarán, ayudar a los empleados a desarrollarlas mientras continúan en sus puestos y facilitar cambios internos cuando quieran trasladarse. También señaló que hubo personas que perdieron un empleo y luego obtuvieron otro dentro de la compañía. Ese matiz amplía el relato, pero no borra el impacto de un despido ni permite saber cuántas personas pasaron por esa situación. La movilidad interna puede mitigar algunos efectos, pero no convierte una pérdida de empleo en un trámite menor.

El asunto laboral conecta con el debate regulatorio porque la innovación no ocurre en abstracto: depende de empresas, trabajadores y decisiones sobre dónde se destinan los recursos. Sin embargo, la información de la entrevista no demuestra que una ley europea de IA provoque despidos ni que retrasar sus obligaciones preserve puestos de trabajo. Vincular de forma automática ambas cuestiones sería confundir la coincidencia temporal con una relación causal. La regulación de la IA y la reorganización de Microsoft son temas relacionados por el contexto tecnológico, pero la fuente no establece entre ellos una causa directa.

La pregunta que queda abierta para Europa

El argumento de Smith pone sobre la mesa una preocupación real para cualquier política tecnológica: las reglas pueden quedarse cortas, llegar tarde o resultar difíciles de aplicar, pero también pueden establecer una base común que una promesa voluntaria no ofrece. La entrevista no aporta pruebas para zanjar cuál de esos riesgos pesa más ni cuantifica el efecto de la ley sobre la innovación. Sí muestra que, en aquel momento, empresas y responsables políticos debatían el ritmo de aplicación y el modo de equilibrar garantías y competitividad. El debate no enfrenta una Europa reguladora con una industria sin responsabilidades; enfrenta distintas respuestas sobre cómo hacerlas efectivas.

La propuesta de Smith —más cooperación entre gobiernos y menos aranceles— apunta a reducir la fragmentación y las tensiones comerciales. Su defensa de la confianza y del conocimiento de los mercados locales recuerda que una compañía necesita algo más que una norma para ganarse a sus usuarios. Pero la confianza también se construye con límites comprensibles y con la posibilidad de verificar que se cumplen. La colaboración puede complementar la regulación, no sustituir automáticamente sus garantías. Esa diferencia ayuda a leer sus declaraciones sin convertirlas en una oposición simple entre innovación y control.

Europa se encontraba ante una decisión de ritmo y de método: aplicar las obligaciones según el calendario previsto o aplazar algunas mientras se aclaraban aspectos de su puesta en marcha. La información de la entrevista describía una evaluación, no una resolución definitiva, y no permite presentar aquel debate como una decisión ya adoptada. La pregunta que permanece es cómo combinar normas que se puedan cumplir con una industria capaz de competir y responder a las necesidades locales. La confianza que invoca Microsoft tendrá que sostenerse con hechos; la ley, por su parte, deberá demostrar que sus exigencias protegen a las personas sin perder de vista la capacidad de innovar.