¿México baja un 41% los homicidios y Taxco estalla?

México presume una fuerte caída de homicidios mientras el secuestro del alcalde de Taxco expone el pulso real del crimen organizado.

México llega a mediados de abril con una foto extraña, casi partida por la mitad. En un lado, el Gobierno presume una bajada del 41% en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, con un promedio de 51,4 asesinatos al día en marzo, la cifra más baja para ese mes en una década. En el otro, el secuestro del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre devuelve al primer plano una verdad menos amable: que la violencia no se evapora porque una curva descienda; a veces simplemente cambia de forma, se concentra, se desplaza o aprende a no hacer tanto ruido.

Ese contraste explica mejor que cualquier consigna lo que está pasando. La Administración de Claudia Sheinbaum puede exhibir datos mejores que los de arranque de sexenio y, aun así, seguir gobernando un país donde el crimen organizado secuestra a un alcalde en funciones, donde varias entidades siguen acumulando la mitad de los asesinatos del mes y donde la sensación de control estatal continúa siendo, en demasiados territorios, una promesa con uniforme. Las cifras mejoran; el subsuelo sigue crujiendo.

Un descenso visible, pero no parejo

La bajada existe. No es un truco de redacción ni una frase de atril estirada hasta el delirio. El Gobierno mexicano sostiene que, entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, el homicidio doloso cayó un 41% a nivel nacional, lo que equivale a más de 35 asesinatos menos al día. En paralelo, el promedio diario pasó de la franja de los 87 homicidios al arranque del mandato a 51,4 en marzo, y el Ejecutivo ya habla incluso de una reducción anual preliminar cercana al 45% si se compara 2024 con el primer trimestre de 2026. También asegura que los delitos de alto impacto han retrocedido de forma importante frente a los años más duros de la serie reciente. Todo eso dibuja un cambio de tendencia que sería absurdo negar.

Ahora bien, México no es una media aritmética con bandera. Siete estados concentran la mitad de los homicidios del país en el último corte presentado por el Gabinete de Seguridad: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. Dicho de otro modo, la mejora nacional convive con nudos territoriales donde la violencia sigue siendo una costumbre feroz, no un accidente estadístico. En Sinaloa, por ejemplo, el Gobierno presume un descenso del 63% desde el pico asociado a la guerra interna del cártel, pero esa misma mención basta para recordar de dónde venía la subida: de una disputa criminal abierta, brutal y con capacidad de incendiar regiones enteras.

La aritmética sirve para medir, no para consolar. Un promedio de 51,4 homicidios diarios sigue significando que cada jornada deja más de medio centenar de familias partidas. Lo que cambia ahora es la escala respecto a los años más sombríos. En 2020, el país rondó los 98 asesinatos diarios en marzo; en el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el promedio seguía siendo de 77,8. La caída actual no convierte a México en un país seguro; lo saca, si acaso, del peor tramo del túnel. Y eso ya es mucho, aunque no baste.

Qué ha cambiado con Sheinbaum

La diferencia más visible respecto al periodo anterior no está solo en los datos, sino en el tono operativo. Sheinbaum llegó al poder prometiendo no resucitar la vieja “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, pero sí endurecer la respuesta del Estado allí donde la política de “abrazos, no balazos” había dejado demasiados espacios grises. Su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó una estrategia de cuatro patas: atender las causas sociales y económicas del delito, consolidar la Guardia Nacional, reforzar la inteligencia y la investigación, y mejorar la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno. No suena revolucionario. Suena, más bien, a Estado intentando volver a hacer de Estado. En México, ya es bastante ambición.

Ese viraje explica por qué la caída de homicidios se ha acelerado en el primer tramo del nuevo Gobierno. La apuesta oficial ha sido menos doctrinal y más quirúrgica: golpes de precisión, mayor presencia en focos rojos, decomisos, detenciones y un despliegue más claro de inteligencia. En términos políticos, Sheinbaum intenta caminar por una cornisa estrecha. No quiere el lenguaje de guerra que convirtió al país en un cementerio expandido durante años, pero tampoco puede permitirse la blandura retórica de una etapa en la que muchas organizaciones criminales se acostumbraron a operar como si fueran una autoridad paralela, con tarifa propia, frontera propia y castigo propio.

La presidenta, además, juega con una presión añadida que no es menor: la de Estados Unidos, que lleva tiempo exigiendo una ofensiva más dura contra los cárteles, en especial por el tráfico de fentanilo y la capacidad de las organizaciones mexicanas para combinar negocio transnacional con control local. En ese contexto, exhibir una reducción del homicidio tiene utilidad interna y externa. Sirve como mensaje a los mercados, a Washington, a la oposición y al votante medio que solo pide algo bastante elemental: poder vivir sin que la noticia de la mañana sea otra ejecución múltiple o el asesinato de otro cargo público.

Las cifras que entusiasman al poder

La narrativa oficial se apoya en dos ideas. La primera, que la tasa de homicidios de 2025 se situó en 17,5 por cada 100.000 habitantes, entre las más bajas de la última década reciente. La segunda, que el primer trimestre de 2026 confirma una profundización de la tendencia, con un promedio diario de 50,8 a 51,4 homicidios según el corte utilizado por el Ejecutivo. El Gobierno también sostiene que la incidencia delictiva grave se ha reducido de forma notable frente a 2018 y que marzo de 2026 deja uno de los registros más bajos desde 2016. Son números suficientemente sólidos como para sostener un relato de mejora. Y suficientemente delicados como para no usarlos como confeti.

Porque en México toda cifra criminal viene con letra pequeña. Los datos que presenta mes a mes el sistema de seguridad son preliminares y luego pueden ser revisados. La estadística definitiva de homicidios tarda más porque cruza certificados de defunción, registros civiles y servicios forenses. Ahí aparece la primera cautela seria. La segunda es más incómoda: varios especialistas advierten de que una parte de la violencia puede quedar oculta en desapariciones, clasificaciones defectuosas o muertes registradas bajo otras categorías. No es que la caída sea falsa; es que el país aprendió hace años a producir zonas de sombra donde la verdad tarda en entrar. A veces entra tarde. A veces no entra.

Menos asesinatos no equivale a menos dominio criminal

La otra advertencia, todavía más incómoda para el discurso oficial, tiene que ver con la naturaleza misma de la violencia. Un descenso de homicidios puede reflejar una acción estatal más eficaz. También puede reflejar, en determinadas regiones, una consolidación de poderes criminales que ya no necesitan matarse tanto entre sí porque uno ha impuesto su hegemonía o porque el reparto del territorio se ha estabilizado. Suena brutal, porque lo es. Menos tiros no siempre significa más libertad; a veces significa que alguien ya cobra sin resistencia.

Ahí entra un delito que erosiona el país con menos titulares que los asesinatos, pero con una capacidad devastadora para deformar la vida cotidiana: la extorsión. Ya antes del cambio de Gobierno, las víctimas registradas de extorsión habían subido cerca de un 60% entre 2018 y 2023, mientras los homicidios descendían bastante menos. El mecanismo es sencillo y sucio: el negocio paga, el transportista paga, el agricultor paga, el comerciante paga, el que no paga recibe una visita, una amenaza, un incendio o un muerto. No siempre deja un charco visible. Deja algo peor: una normalidad secuestrada.

Taxco, el espejo que rompe la euforia

Por eso el episodio de Taxco pesa tanto. No por su dimensión estadística, sino por su fuerza simbólica. El 13 de abril fueron localizados con vida el alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, después de una operación coordinada entre fuerzas federales, estatales y locales que terminó en el Estado de México. Las investigaciones apuntan a La Familia Michoacana como principal responsable del secuestro, según expuso el Gobierno al día siguiente. No había detenidos en ese momento. Esa combinación —rescate rápido, sí; castigo incierto, todavía— resume demasiado bien la relación de México con su propio laberinto criminal.

El caso tiene, además, varias capas incómodas. La primera, la más obvia: si un alcalde en funciones puede ser privado de libertad junto a su padre, director de un hospital público, el mensaje para cualquier ciudadano común es cristalino. La segunda: García Harfuch confirmó que existían antecedentes de narcomantas en 2025 y 2026 que vinculaban al edil con grupos criminales, aunque la investigación sigue abierta y esas imputaciones no equivalen a una sentencia. La tercera: el rescate fue celebrado por su rapidez, pero precisamente esa rapidez no elimina la pregunta de fondo, sino que la vuelve más urgente. ¿Quién manda realmente en ciertas franjas del territorio cuando un presidente municipal acaba moviéndose dentro de un escenario dominado por mafias?

Taxco no es cualquier lugar en el imaginario mexicano. Es ciudad de plata, postal colonial, Semana Santa solemne, calle empinada y turismo. Que un municipio así aparezca asociado otra vez a secuestros, narcomantas y operaciones federales no es una anécdota local. Es un recordatorio de que la violencia organizada no vive solo en la periferia olvidada ni en la serranía remota. Entra donde hay economía, prestigio, cargo público, hospital, negocio, procesión y foco mediático. Entra, se sienta y cobra. Luego el Gobierno rescata a dos víctimas y el país aplaude el éxito táctico, que es real, mientras sigue pendiente la pregunta estratégica: cómo se desmantela el ecosistema que hizo posible el secuestro.

El país que mejora sin descansar

Sería un error leer esta historia como una pelea simple entre propaganda oficial y catastrofismo opositor. Hay más matices, aunque el matiz no siempre gane clics. México no está igual que hace cinco años. Hay un descenso apreciable del homicidio, una estrategia federal más enfocada en inteligencia y coordinación, y señales de contención en algunos de los puntos donde la violencia parecía disparada sin remedio. Negarlo sería hacer política, no periodismo. Pero también sería un error comprar el paquete entero del triunfalismo gubernamental. Porque en demasiadas regiones la violencia sigue operando como una fiscalidad clandestina, una justicia clandestina y una administración clandestina. Los muertos bajan; el miedo no siempre baja al mismo ritmo.

El propio diseño del crimen en México obliga a mirar más allá del homicidio. Un territorio puede mostrar menos asesinatos y, al mismo tiempo, más desplazamientos, desapariciones, reclutamiento forzoso, control del transporte o cobro de piso. La violencia contemporánea no siempre necesita exhibirse como una carnicería permanente. A veces funciona como humedad: no la ves entrar, pero cuando miras la pared ya está dentro. El Estado mexicano parece haber conseguido bajar la fiebre en varios frentes. La infección, en cambio, sigue ahí, mutando con paciencia de organización longeva.

También hay una lectura política delicada. Sheinbaum heredó un país donde el homicidio ya había dejado atrás sus picos más salvajes, pero donde el modelo de contención anterior había acumulado críticas severas por su incapacidad para impedir la expansión territorial y económica de los grupos criminales. Su apuesta pasa por corregir sin dinamitar, endurecer sin vestirse de Calderón, enseñar resultados sin declarar una guerra que México conoce demasiado bien y que siempre deja el mismo olor: uniformes, fosas y una victoria que nunca llega del todo. Esa ambigüedad no es casual. Es la única manera, quizá, de gobernar una crisis de seguridad sin convertirla otra vez en una guerra de exterminio y, a la vez, sin resignarse a administrarla con frases piadosas.

Lo que revela de verdad esta caída

A fecha de 15 de abril de 2026, el dato duro y más defendible es este: México sí registra una caída pronunciada de los homicidios dolosos respecto al inicio del mandato de Sheinbaum, y esa caída ya no parece un rebote aislado, sino una tendencia consolidada durante varios meses. El dato igual de defendible es el otro: esa mejora no alcanza para cantar victoria en un país donde el crimen organizado mantiene capacidad de secuestrar a un alcalde, intimidar autoridades locales, perforar economías regionales y condicionar la vida diaria de millones de personas. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo.

México no está donde estaba, pero tampoco donde necesita estar. Ha salido de un pico insoportable, no de su problema histórico. Las cifras invitan a una prudente esperanza; Taxco obliga a no perder el sentido de la realidad. Entre una cosa y la otra se mueve hoy el país: un Gobierno que presume resultados, unas instituciones que todavía llegan tarde a demasiados rincones y unas mafias que, incluso cuando matan menos, siguen negociando, cobrando y ordenando como si hubieran leído antes que nadie el manual verdadero del poder.