La acción climática podría sacar de la pobreza a 175 millones

El cumplimiento efectivo de los compromisos climáticos nacionales podría sacar de la pobreza extrema a 175 millones de personas antes de 2035, según una estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El organismo también calcula que esas medidas aportarían a la economía mundial un valor equivalente al 0,23 % del producto interno bruto global anual. Son proyecciones, no resultados asegurados: dependen de que los objetivos anunciados se conviertan en políticas financiadas y lleguen a la población.

La estimación sitúa la acción climática más allá de la reducción de emisiones. Sus efectos pueden tocar el empleo, el coste de la energía, el acceso a servicios y la capacidad de las comunidades para soportar fenómenos extremos. Pero la cifra de 175 millones no significa que exista un programa único que vaya a entregar ingresos a ese número de personas. Resume el impacto potencial de aplicar compromisos diversos, diseñados por países con realidades muy distintas. La distancia entre una meta escrita y una mejora cotidiana es, precisamente, el centro del debate.

Qué hay detrás de la proyección de 175 millones

El PNUD vincula la posible reducción de la pobreza con el cumplimiento de las metas ambientales que los países presentan en el marco del Acuerdo de París. Esos compromisos, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, reúnen los objetivos y medidas que cada gobierno propone para reducir emisiones y orientar su política climática. No son planes idénticos: cambian según la economía, las fuentes de energía, las necesidades sociales y la capacidad de financiación de cada Estado.

La proyección debe leerse como una relación entre políticas y condiciones de vida, no como una predicción automática. Una transición energética puede generar actividad económica y mejorar el acceso a energía; una inversión en adaptación puede reducir los daños que perjudican viviendas, cosechas o infraestructuras. Si esas mejoras benefician también a los hogares con menos recursos, pueden contribuir a que salgan de la pobreza extrema. El efecto social depende de quién recibe los beneficios y quién asume los costes, algo que no queda resuelto solo con anunciar una reducción de emisiones.

También importa qué significa pobreza extrema en cada medición. En los marcos internacionales recientes se utiliza una línea cercana a los tres dólares diarios, ajustada por paridad de poder adquisitivo; no se trata de una cantidad convertida sin más a la moneda de cada país. La línea permite comparar el poder de compra, aunque no describe por sí sola todas las privaciones que afronta una familia. Además, la información disponible sobre la estimación del PNUD no detalla aquí su método completo, por lo que no conviene atribuirle un umbral específico sin esa precisión.

Una transición que se nota en los hogares

La conexión entre clima y pobreza se entiende mejor al bajar de las cifras a la vida diaria. Una vivienda que necesita menos energía para mantenerse habitable puede aliviar gastos; una fuente eléctrica fiable puede reducir la dependencia de combustibles caros; un transporte más accesible puede acercar a las personas a centros de trabajo y servicios. Son ejemplos de vías posibles, no una descripción de un paquete único incluido en todas las NDC. Lo decisivo es que las inversiones tengan un beneficio concreto para quienes hoy tienen menos margen para absorber subidas de precios o pérdidas de ingresos.

La calidad de la transición importa tanto como su velocidad. Si las tecnologías limpias y las mejoras en edificios solo están al alcance de hogares con capacidad de inversión, el cambio puede reducir emisiones sin reducir desigualdad. En cambio, las tarifas sociales, el apoyo bien dirigido y la atención a las necesidades locales pueden hacer que la transformación sea más inclusiva. Una política climática no reduce la pobreza por llevar una etiqueta verde; lo hace cuando amplía oportunidades o mejora el acceso a servicios sin trasladar una carga desproporcionada a los grupos vulnerables.

Hay, además, una relación de doble sentido. La pobreza limita la capacidad de las familias para protegerse frente a sequías, inundaciones o temperaturas extremas, mientras que esos impactos pueden destruir bienes, interrumpir trabajos y encarecer necesidades básicas. Las medidas de adaptación —por ejemplo, una mejor gestión del agua o infraestructuras preparadas para riesgos climáticos— pueden ayudar a reducir esa exposición. No eliminan todos los daños ni sustituyen las políticas sociales, pero muestran por qué desarrollo y clima no funcionan como compartimentos aislados.

Más amplitud en las metas, pese al retraso

En el momento de la Pre-COP30 en Brasilia, 67 países habían presentado sus objetivos climáticos actualizados para 2035. El calendario inicial situaba el plazo en febrero de 2025, pero la entrega avanzaba con demora. Marcos Neto, jefe de la Oficina de Políticas del PNUD y asistente adjunto de la Secretaría General de la ONU, señaló que se esperaba que el número llegara a unos 110 países al final de ese año y que decenas más presentaran sus compromisos durante el primer semestre de 2026. Eran previsiones comunicadas entonces, no un recuento final de entregas.

El retraso reduce el tiempo disponible para comparar planes y organizar su aplicación, aunque el PNUD destacó también un cambio en el contenido de las contribuciones conocidas. Según Neto, el 96 % de las NDC presentadas incluía objetivos de transición energética y el 93 % mencionaba mejoras para pueblos indígenas, mujeres y comunidades pobres. Esos porcentajes se referían a los documentos presentados en aquel momento, no a todos los países ni a resultados ya conseguidos. La diferencia está en que el compromiso climático empieza a incorporar con más claridad dimensiones sociales y económicas.

Que un plan incluya metas sociales no demuestra por sí mismo que vayan a cumplirse. Hace falta saber cómo se medirán, qué presupuesto las sostiene y qué organismos responderán si se quedan atrás. También hay diferencias entre una intención general y una medida verificable, con responsables y plazos definidos. La calidad de una NDC no se mide solo por el número de objetivos: depende de que estos puedan ponerse en práctica y de que sus efectos se observen en la población, además de en los inventarios de emisiones.

El dinero existe, pero no está automáticamente disponible

Neto planteó que el reto principal no es la ausencia absoluta de capital, sino su alineación con las prioridades climáticas. Para ilustrar la magnitud de los flujos financieros mundiales, citó una cifra de 463.000 billones de dólares al año. Ese volumen no equivale a un fondo listo para financiar proyectos contra la pobreza o el cambio climático: incluye recursos con destinos, riesgos, condiciones y propietarios distintos. La cuestión es cómo orientar una parte de la inversión hacia objetivos públicos sin confundir el tamaño de la economía global con dinero fácilmente movilizable.

Los gobiernos pueden incluir recursos en sus presupuestos, mientras que la financiación privada puede participar mediante instrumentos como los bonos verdes y otros mecanismos financieros. El capital privado puede ampliar la escala de ciertas inversiones, pero suele buscar condiciones previsibles y una relación entre riesgo y rentabilidad. No todos los proyectos ofrecen ingresos directos: una instalación energética puede vender electricidad, mientras que conservar un bosque o reducir el riesgo de inundaciones genera beneficios colectivos más difíciles de convertir en ganancias para un inversor.

Por eso, la frase sobre alinear las cuentas no elimina las barreras prácticas. La capacidad de endeudamiento, las condiciones de financiación, la estabilidad de las normas y la distribución de riesgos influyen en qué proyectos avanzan. El dinero público puede sostener servicios que no se pagan mediante una tarifa individual, mientras que la inversión privada puede encajar mejor en actividades con ingresos previsibles. La financiación necesita combinar instrumentos distintos, y el diseño debe evitar que los beneficios queden concentrados mientras la población asume los costes o los riesgos.

El fondo tropical que Brasil planteó para la COP30

Entre las iniciativas presentadas en el debate previo a la COP30 figuraba el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, conocido por las siglas TFFF. Brasil planteó captar 125.000 millones de dólares de gobiernos e inversores privados y reinvertir el capital en bonos soberanos o títulos de empresas. La propuesta contemplaba generar un retorno anual de 4.000 millones de dólares, que se distribuiría entre países tropicales que conservaran sus selvas. Son cifras y objetivos anunciados para el mecanismo, no una confirmación de que el capital se haya reunido o de que esos pagos ya se estén realizando.

La lógica consiste en vincular financiación con conservación: los bosques prestan servicios ambientales, pero mantenerlos en pie puede competir con actividades que ofrecen rendimientos económicos inmediatos. Un mecanismo de pagos podría dar valor financiero a esa conservación y crear una fuente de recursos para los países participantes. Sin embargo, el resultado depende de cómo se definan las condiciones, de quién supervise los pagos y de cómo se distribuya el dinero. La propuesta por sí sola no resuelve esos asuntos ni permite anticipar quién recibirá qué cantidad.

Ese límite es importante para valorar el posible impacto social. Si los pagos no reconocen el papel de las comunidades que viven en territorios forestales, la conservación puede dejar fuera a quienes la hacen posible. Si las reglas son poco claras, también puede resultar difícil comprobar que el dinero corresponde a resultados ambientales reales. La credibilidad del fondo dependería de reglas transparentes y de una relación verificable entre conservación y financiación. En la información presentada antes de la cumbre, el TFFF aparecía como una iniciativa propuesta, no como una solución ya probada a escala mundial.

De las cumbres a las políticas que pueden medirse

La Pre-COP30 reunió en Brasilia a delegados de alrededor de medio centenar de países para preparar la conferencia climática de la ONU prevista en Belém, en noviembre de 2025. La ciudad amazónica fue presentada como sede de la COP30, mientras que el encuentro preparatorio sirvió para discutir compromisos y financiación. En esas mismas semanas estaba prevista en Doha, del 4 al 6 de noviembre, una Cumbre sobre Desarrollo Social. La coincidencia de agendas expresaba una idea central: el debate climático también trata de empleo, energía y condiciones de vida.

Ese vínculo exige medir más que las toneladas de emisiones reducidas. Para saber si una transición beneficia a la población, también importan indicadores sociales como el acceso a servicios, la evolución de los gastos básicos o la llegada de nuevas oportunidades laborales. La selección de medidas debe atender a las diferencias entre comunidades y territorios; una política uniforme puede tener consecuencias distintas en una ciudad, una zona rural o una región dependiente de actividades intensivas en combustibles fósiles. Sin seguimiento social, el impacto anunciado corre el riesgo de quedarse en una cifra agregada.

Las cifras agregadas sirven para dimensionar una posibilidad, pero esconden quién avanza y quién puede quedar rezagado. Para comprobar el efecto distributivo hacen falta datos comparables y políticas que se puedan ajustar según sus resultados. Esto no convierte cada objetivo en una garantía individual ni implica que todos los países vayan a seguir la misma ruta. Sí permite distinguir entre una transición que mejora indicadores generales y otra que, además, cambia de forma tangible las opciones de quienes viven con menos recursos.

La pobreza no desaparece con una meta climática

La previsión del PNUD ofrece una escala posible del beneficio social, pero no permite concluir que cumplir cualquier compromiso ambiental vaya a producir automáticamente ese resultado. La cifra de 175 millones depende de que los objetivos se ejecuten, de que la financiación llegue a las medidas previstas y de que estas alcancen a la población más expuesta a la pobreza. También depende de cómo se defina y mida esa pobreza. La proyección expresa potencial, no una promesa de resultado.

El otro dato, el 0,23 % del PIB mundial anual, apunta a una contribución económica estimada si las metas se cumplen de verdad. Tampoco significa que todos los países vayan a recibir el mismo beneficio o que el crecimiento se traduzca automáticamente en ingresos para los hogares vulnerables. Para que la actividad económica reduzca la pobreza, sus frutos deben llegar a las personas mediante empleo, servicios o menores costes esenciales. El crecimiento agregado puede ser compatible con desigualdades persistentes si las ganancias se distribuyen de forma desigual.

El calendario de 2035 convierte los compromisos actuales en una prueba de ejecución. La integración de metas energéticas y sociales en las NDC ofrece una base más amplia que una política centrada únicamente en emisiones, mientras que las demoras y las dudas sobre la financiación muestran cuánto queda por hacer. La medida decisiva será la diferencia entre lo anunciado y lo que cambia en la vida de las personas: ahí se comprobará si la acción climática contribuye a sacar de la pobreza a millones o si el potencial permanece en el papel.