¿Por qué Mazón puede volver al Congreso por su escrito sobre la dana?

Carlos Mazón intentó despejar el terreno judicial con un escrito de defensa y ha terminado colocando otra vez su nombre en el centro de la comisión del Congreso sobre la dana. La mayoría parlamentaria que impulsa la investigación quiere que el expresidente de la Generalitat Valenciana vuelva a comparecer para explicar precisamente las tesis que su abogado ha llevado al juzgado de Catarroja, especialmente su rechazo a que pueda establecerse una relación causal entre el retraso del ES-Alert y determinadas muertes ocurridas durante la riada.

La nueva comparecencia todavía necesita completar su recorrido parlamentario y no tiene fecha fijada. PSOE y Compromís han impulsado que Mazón vuelva a la Cámara Baja y la Mesa de la comisión debe abordar las próximas citaciones. El movimiento llega después de que su defensa presentara el 1 de septiembre un extenso escrito ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra. La paradoja es bastante limpia: un documento concebido para reducir el perímetro de una posible responsabilidad penal ha abierto un nuevo frente político. Un bumerán, sí, aunque esta vez fabricado con lenguaje procesal.

El escrito de Mazón que ha reactivado el caso político

La defensa del expresidente sostiene, en esencia, que Mazón no tenía una posición operativa directa en la gestión de la emergencia, que no existe prueba de que ordenara paralizar o retrasar el envío del aviso masivo a los teléfonos móviles y que tampoco puede establecerse automáticamente que una alerta anterior hubiera evitado las muertes.

El documento va más lejos. El abogado Ignacio Gally pidió al juzgado que concretara si existe alguna línea de investigación abierta o pendiente respecto de una eventual responsabilidad penal de Mazón. Si no la hay, reclama que esa circunstancia quede expresamente aclarada.

Ese movimiento procesal tiene una explicación. Mazón está personado en las diligencias y puede ejercer derechos de defensa, pero no está formalmente investigado por el juzgado de Catarroja. Su condición de diputado autonómico mantiene, además, el elemento del aforamiento: cualquier eventual investigación penal directa contra él tendría que seguir el cauce correspondiente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Lo singular está en el contenido elegido para defenderse. En lugar de limitarse a negar instrucciones concretas, el escrito entra de lleno en uno de los debates centrales de la causa: hasta qué punto un aviso enviado antes habría cambiado el destino de quienes murieron aquella tarde y aquella noche.

Las 41 muertes que aparecen en la argumentación

La defensa analiza 41 fallecimientos producidos después de las 20.00 horas y cuestiona que pueda probarse, individualmente, que esas personas se habrían salvado mediante un ES-Alert anterior. El mensaje finalmente llegó a los móviles a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024.

Aquí está el corazón del choque. El argumento defensivo pretende separar jurídicamente el retraso del aviso y cada resultado mortal. En Derecho penal no basta con que una actuación sea tardía o deficiente: para atribuir un resultado concreto hay que estudiar también el nexo causal, las competencias, la conducta individual y qué habría sucedido en un escenario alternativo razonable.

Sobre el papel parece una discusión fría, casi clínica. Fuera del papel están las personas que murieron en garajes, viviendas, carreteras o espacios inundados. Y esa distancia entre el razonamiento jurídico y la dimensión humana de la tragedia explica buena parte de la dureza con la que ha sido recibido el escrito.

La jueza rechaza validar la tesis exculpatoria

La respuesta de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra llegó pocos días después. La instructora dejó claro que no corresponde al juzgado validar las hipótesis formuladas por la defensa de Mazón ni emitir una suerte de certificado general que determine que nada puede atribuírsele.

La resolución contiene, además, un reproche bastante incómodo para la estrategia del expresidente: si Mazón considera que ninguna actuación investigada puede afectarle, puede apartarse voluntariamente del procedimiento. Nadie le obliga a permanecer personado.

Más relevante todavía es la lectura de la jueza sobre el fondo. Ruiz Tobarra considera que el planteamiento exculpatorio de Mazón puede terminar trasladando el peso hacia la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa y responsable política del departamento que tenía las competencias de Emergencias.

El aviso que llegó cuando la catástrofe ya estaba desatada

La magistrada ha insistido durante la instrucción en la importancia de las medidas de prevención y los avisos a la población. Entre otros aspectos, ha señalado el riesgo que sufrieron quienes bajaron a garajes sin conocer la magnitud de las inundaciones.

El procedimiento judicial intenta reconstruir quién sabía qué y a qué hora, además de las decisiones adoptadas. Parece una frase sencilla. No lo es. Minutos, llamadas telefónicas, reuniones del Cecopi, mensajes internos y órdenes administrativas forman una especie de reloj desmontado sobre la mesa del juzgado.

El ES-Alert de las 20.11 es una de sus piezas principales porque llegó cuando numerosos municipios estaban sufriendo inundaciones gravísimas. La discusión no se reduce, por tanto, a determinar quién pulsó materialmente un botón, sino a reconstruir el funcionamiento de toda la cadena de mando y la respuesta institucional previa.

El Congreso encuentra nuevas preguntas para Mazón

Ahí entra la comisión parlamentaria. El escrito judicial ofrece a los diputados un material mucho más concreto que las declaraciones políticas conocidas hasta ahora. Ya no se trata únicamente de reconstruir dónde estaba Mazón aquella tarde o cuándo llegó al Cecopi. Ahora existe una tesis jurídica detallada sobre las competencias, el aviso y la relación entre las decisiones administrativas y las víctimas.

La mayoría de los miembros de la comisión, con la oposición de PP y Vox según las informaciones conocidas sobre el funcionamiento interno del órgano, pretende que Mazón vuelva a explicar esas afirmaciones personalmente.

No es su primera visita. El entonces presidente en funciones de la Generalitat compareció ante la comisión del Congreso el 17 de noviembre de 2025. Durante aquella sesión rechazó que tuviera responsabilidad operativa directa en la emergencia y sostuvo que su llegada más temprana al Cecopi no habría cambiado sustancialmente la gestión.

El nuevo escenario es distinto. Entre una comparecencia y otra se han incorporado declaraciones, comunicaciones y decisiones judiciales. La instrucción ha avanzado y la propia defensa de Mazón ha fijado por escrito una posición mucho más articulada.

Eso permite a los parlamentarios confrontar sus palabras anteriores con el contenido del documento presentado ante el juzgado. La comisión no dicta sentencias, claro. Tampoco puede establecer responsabilidades penales. Su terreno es otro: la responsabilidad política, el funcionamiento de las administraciones y las decisiones tomadas antes y durante la emergencia.

La distinción importa porque ambos planos llevan meses mezclándose en el debate público. Que Mazón vuelva a comparecer ante el Congreso no significa que haya sido imputado por la dana ni que la comisión pueda decidir si cometió algún delito.

El juzgado de Catarroja mantiene la investigación penal sobre la gestión de la catástrofe y analiza, entre otros aspectos, la actuación de los responsables de Emergencias. El Congreso desarrolla paralelamente una investigación política. Los materiales pueden cruzarse y las declaraciones públicas pueden adquirir relevancia, pero son procedimientos diferentes.

Mazón consiguió personarse en la causa después de diversas resoluciones judiciales y obtuvo acceso a las diligencias para defender sus intereses. Ese estatus explica precisamente el escrito presentado por su abogado. Lo que buscaba era delimitar qué hechos concretos podrían afectarle y combatir cualquier posible atribución de responsabilidad.

El efecto político, sin embargo, ha sido exactamente el contrario: cuanto más detallada es la defensa, más material para interrogarle encuentran los grupos parlamentarios.

Salomé Pradas vuelve a aparecer en el centro

Hay otro efecto del escrito que tampoco resulta menor. Al negar que Mazón fuera responsable directo de las decisiones operativas, la argumentación vuelve a señalar hacia quienes sí tenían competencias específicas dentro del dispositivo de emergencias.

La figura de Salomé Pradas reaparece así inevitablemente. La exconsellera ha sido una de las personas sobre las que se ha concentrado la investigación judicial desde sus primeras fases. La jueza considera que algunos de los argumentos utilizados para separar a Mazón de la gestión pueden tener justamente el efecto de reforzar la atención sobre la actuación de la antigua responsable autonómica.

Es la aritmética incómoda de cualquier cadena de mando. Cuando alguien argumenta que una decisión no le correspondía, inevitablemente aparece la cuestión de a quién le correspondía.

La defensa de Mazón insiste en que esa distribución competencial debe ser examinada con criterios jurídicos y no mediante una atribución política genérica al entonces presidente de la Generalitat. Sus adversarios replican que dirigir un Gobierno autonómico durante una emergencia excepcional también comporta una responsabilidad política que no desaparece porque las decisiones técnicas estuvieran atribuidas a otros órganos.

Ambas discusiones pueden coexistir. Una persona puede carecer de responsabilidad penal y seguir sometida a un examen político severo. Confundir esos dos terrenos solo convierte el debate en barro.

La comisión del Congreso afronta los últimos meses de trabajo antes de elaborar sus conclusiones, previstas para el entorno de noviembre. De ahí el interés por volver a escuchar a Mazón mientras todavía pueden contrastarse públicamente las nuevas piezas de la instrucción.

A fecha del 8 de septiembre, no existe una fecha cerrada para su comparecencia. El impulso político para volver a citarle está sobre la mesa y el calendario parlamentario debe concretarse. La intención es que comparezca antes de que el órgano termine sus trabajos.

La diferencia parece burocrática, pero conviene mantenerla. No es lo mismo una mayoría dispuesta a promover la citación que una convocatoria formal con día y hora comunicados. En política española ambos momentos suelen fundirse en un titular; las mesas parlamentarias son bastante menos aficionadas a la poesía.

El fondo, en cualquier caso, apenas cambia. El escrito con el que Mazón pretendía delimitar su exposición en la causa judicial ha proporcionado una nueva razón para reclamar sus explicaciones públicas. Y devuelve al centro una cuestión que lleva casi dos años atravesando la investigación de la dana: quién tenía capacidad para actuar, qué información recibió y por qué las advertencias a la población llegaron cuando la emergencia llevaba horas creciendo.

Un documento de defensa que agranda el debate

Carlos Mazón buscaba con su escrito acotar el terreno. Ha ocurrido algo bastante diferente. La jueza ha rechazado asumir su planteamiento exculpatorio como una conclusión del procedimiento y el Congreso encuentra en esas mismas páginas argumentos para volver a interrogarlo.

No significa que el documento demuestre una responsabilidad penal. Tampoco que una comisión parlamentaria pueda establecerla. Significa algo más sencillo: la versión de Mazón ha quedado fijada por escrito y puede ser comparada con testimonios, comunicaciones, horarios y resoluciones acumulados durante la investigación.

Ese es el verdadero bumerán político. No que defenderse constituya una contradicción —es un derecho elemental—, sino que una defensa detallada obliga también a responder detalladamente. Y en una tragedia donde cada minuto del 29 de octubre de 2024 sigue bajo examen, las palabras pesan bastante más cuando dejan de pronunciarse ante un micrófono y pasan a ocupar decenas de páginas de un procedimiento judicial.