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¿Por qué Mazón tardó hasta las 19:45 en hablar de emergencia?

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carlos mazon sonrie pulgar arriba

La jueza pone hora al 29-O: asesor sostiene que Mazón no habló de emergencia hasta las 19:45 y choca con escoltas y el ES-Alert en Catarroja.

La causa judicial que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana acaba de sumar un testimonio que vuelve a apretar el nudo del reloj. Este lunes 23 de febrero de 2026, el consultor político Josep Lanuza, asesor vinculado al entorno de Carlos Mazón aquella tarde, declaró en el juzgado de Catarroja que no escuchó al entonces president referirse a la situación como “una emergencia” hasta las 19:45. Ese momento, fijado con precisión de aguja, no se queda en una anécdota de vocabulario: se cruza con la cronología de llamadas, traslados y decisiones, y choca con versiones previas de los escoltas sobre cuándo entró Mazón en el Palau de la Generalitat y cuánto tiempo permaneció allí.

El mismo relato del asesor añade dos piezas más que, juntas, dibujan una escena incómoda: Mazón habría llegado al Palau “a partir de las 19:30”, habría estado en su despacho 20 a 25 minutos atendiendo llamadas y hablando, y habría salido hacia el Cecopi alrededor de las 20:00. En ese trayecto sonó el ES-Alert de las 20:11 —el aviso masivo a móviles— y Lanuza sostiene que Mazón no parecía tener conocimiento previo de que ese mensaje iba a enviarse. En el sumario, ese “no lo sabía” no es un detalle pequeño: se relaciona con la discusión de fondo que la magistrada está centrando desde hace meses en la ausencia de avisos y en el carácter tardío del mensaje, en una tragedia con 230 fallecidos contabilizados y otros casos todavía en estudio.

El minuto 19:45 y el giro hacia la presa de Forata

Según el testimonio de Josep Lanuza, la primera vez que oyó a Carlos Mazón colocar la palabra “emergencia” sobre la mesa fue a las 19:45, después de una llamada que lo dejó visiblemente más preocupado. En su declaración, el asesor sitúa ahí el cambio de tono, y lo liga a un foco muy concreto: la presa de Forata, en el término de Yátova, una infraestructura que aquella tarde apareció en las conversaciones internas como un posible multiplicador del desastre. No se trata solo de agua cayendo con furia; el fantasma de una presa añade otra escala, otro miedo, otro tipo de escenario, de esos que obligan a pensar en evacuaciones y en daños que ya no se miden por calles anegadas sino por poblaciones enteras.

Lanuza explicó que, durante el tiempo que estuvo con Mazón en el despacho, lo vio atender llamadas, pero no le escuchó hablar de “emergencia” en esos minutos previos. Contó que, al colgar una de esas comunicaciones, Mazón le comentó el problema con Forata. La frase, tal como se ha ido filtrando en distintas reconstrucciones del sumario, tiene ese tono de conversación rápida en un despacho donde aún se están tratando asuntos de otra carpeta: se hablaba de comunicación, incluso de una encuesta del CIS, y de repente aparece un aviso que lo cambia todo. La sensación que deja —y ahí está la carga política— es la de una tarde en la que la gravedad se impone tarde, como cuando se enciende una luz y ya había alguien en la escalera.

En esa misma franja, el asesor también ubicó una llamada de la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, alrededor de las 19:45. Lo relevante aquí no es solo que hubiera llamada, sino el contexto: en el sumario se acumulan referencias a comunicaciones entre el entorno de Presidencia y el área de Emergencias, con un elemento recurrente que sobrevuela cada comparecencia: el mensaje masivo a móviles, cuándo se redactó, quién dio la orden, qué decía, por qué se esperó. La declaración de Lanuza, al fijar esa hora y ligarla a Forata, encaja con otra constante del caso: la presa aparece una y otra vez como el argumento que empujaba o frenaba decisiones, según quién lo narre.

Y hay una frase que se repite en las resoluciones de la magistrada y en testimonios de técnicos: el problema principal no es que se pudiera evitar el desastre meteorológico —nadie controla una DANA—, sino si se pudo evitar parte de las muertes con avisos más claros y más tempranos. En esa lógica, que el máximo responsable político de la Generalitat no verbalizara “emergencia” hasta las 19:45 no suena a semántica; suena a retraso en asumir el tamaño del incendio.

Palau, escoltas y la cronología que no encaja

El testimonio de Lanuza no solo fija una hora; reordena el trayecto del poder esa tarde. El asesor situó la llegada de Mazón al Palau “sobre las 19:30 pasadas” y afirmó que subió con él, que el expresident entró con normalidad, sin un estado alterado visible, y que estuvieron en el despacho 20 a 25 minutos. En ese intervalo, siempre según el testigo, Mazón atendía llamadas, y la conversación saltaba entre lo previsto —temas de comunicación, agenda, el ruido demoscópico— y lo inesperado, esa presión creciente que acabó imponiéndose. Todo eso desemboca en una salida del Palau a las 20:00, rumbo al Cecopi de l’Eliana, el centro de coordinación de emergencias autonómico.

Ese relato choca con el que, una semana antes, habían trasladado al juzgado los escoltas del expresident. Según su versión, Mazón habría llegado al Palau cerca de las 20:00 y habría permanecido arriba apenas 10 minutos antes de volver a bajar para salir hacia l’Eliana. La discrepancia no es de matiz; es estructural. Y la magistrada —Nuria Ruiz Tobarra, instructora del caso— lo verbalizó de manera directa durante la comparecencia: con dos cronologías incompatibles, alguien está equivocado o alguien está mintiendo. La pregunta que trasladó al testigo, en esencia, fue esa: a quién hay que creer.

En medio de ese choque aparece otro elemento que la defensa pública de Mazón había sostenido durante meses: que siguió la evolución de la crisis desde las 17:00 en el Palau. Sin embargo, los testimonios de colaboradores y escoltas que han ido desfilando por Catarroja han ido apuntando hacia una idea distinta: que Mazón no estuvo en el Palau durante buena parte de la tarde y que su desembarco institucional se produce cuando el día ya está roto. Lanuza, al ubicarlo en el Palau desde las 19:30, no lo adelanta hasta las 17:00, pero sí lo separa de los escoltas, lo suficiente como para tensar la credibilidad de unos y otros y, de paso, convertir cada minuto en una pieza de prueba.

La propia reconstrucción de esa tarde incluye una hora de llegada al Cecopi que se ha repetido en el sumario: alrededor de las 20:28. Ese dato importa porque se superpone a la franja del ES-Alert de las 20:11, al caos ya instalado en numerosos municipios y a la discusión sobre cuántas vidas se habían perdido ya cuando sonó el aviso. En la investigación, el reloj no es metáfora; es evidencia.

Torres de Serrano, Maite Gómez y la llamada que vino del Gobierno

El trayecto al Cecopi, según Lanuza, tuvo un detalle casi de plano fijo: la comitiva salió del Palau a las 20:00 y, de camino, recogió en las Torres de Serrano a Maite Gómez, jefa de prensa de Presidencia. En ese punto, con el coche cruzando la zona del viejo cauce del Turia, el asesor sitúa el momento en que sonó el ES-Alert de las 20:11, apenas 5 a 8 minutos después de haber arrancado. La escena tiene algo de ironía cruel: las torres medievales, piedra quieta, y al mismo tiempo miles de móviles pitando como una bandada desorientada en mitad de la tormenta.

En ese mismo trayecto, el asesor dijo haber oído a Mazón hablar con Salomé Pradas, primero para avisar de que iban de camino y después, ya casi llegando a l’Eliana, para una segunda comunicación en la que Mazón preguntaba cuestiones prácticas, como cómo se accedía al complejo del Cecopi. El detalle puede parecer menor, pero aporta textura: un dirigente que llega tarde y que todavía pregunta por la entrada del centro de mando. Y, junto a eso, vuelve Forata, como un imán que atrae las conversaciones: la preocupación que Mazón verbaliza en el coche, siempre según el testigo, gira alrededor del riesgo de la presa.

Otro elemento introduce un ángulo político más amplio: durante el traslado, se produjo una llamada de Teresa Ribera, entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. El asesor relató que la llamada no pudo transferirse con facilidad desde Secretaría al teléfono del president y que acabaron llamándole a él, de modo que Lanuza pasó el móvil a Mazón. Este tipo de detalles, aparentemente logísticos, ayudan a entender el nivel de ruido de la tarde: llamadas cruzadas, intentos de contacto, jerarquías que se pisan, y una coordinación que, vista desde fuera, parece hecha con cinta adhesiva.

El Ventorro y el tramo más opaco: 15:00 a 18:45, y luego silencio

La comparecencia de Lanuza reaviva un capítulo que ya era polémico antes de este lunes: el tiempo que Carlos Mazón pasó aquella tarde con la periodista Maribel Vilaplana. En la causa se ha consolidado la idea de un almuerzo largo en el restaurante El Ventorro, en València, que se habría extendido aproximadamente de 15:00 a 18:45. No es un detalle de crónica social: se superpone a horas críticas en las que, según se ha ido acreditando, la situación empeoraba en distintos puntos de la provincia, con desbordamientos y un aumento de llamadas y avisos internos.

Vilaplana declaró meses atrás en sede judicial que Mazón estuvo pendiente del teléfono durante la comida, recibiendo llamadas y mensajes, aunque sin compartir con ella el contenido de esas conversaciones. En su relato, no hubo “dana” pronunciada en voz alta en la mesa ni una conversación abierta sobre el Cecopi o sobre medidas urgentes, y describió un ambiente en el que el president se apartaba para hablar, volvía, escribía, miraba el móvil, pero sin traducirlo en una alarma verbal que cambiara el ritmo del almuerzo. Ese contraste —móvil activo, pero sin ruptura clara del momento— es una de las cosas que más ha pesado en la percepción pública: la imagen de una sobremesa larga mientras fuera el agua estaba haciendo su trabajo brutal.

El tramo más inquietante para la investigación, sin embargo, no es solo El Ventorro; es lo que viene después. En distintas diligencias se habla de 37 minutos en los que Mazón estuvo incomunicado e ilocalizable tras salir del restaurante. En ese periodo, según se ha conocido por el propio sumario, se producen llamadas de Salomé Pradas que no obtienen respuesta y una devolución de llamada que llega cerca de las 19:43. En una investigación donde se discute si faltaron avisos a la población y si hubo tardanza institucional, ese hueco temporal se ha convertido en un agujero negro: no es que no pasara nada, es que no está claro qué pasó exactamente.

Esa opacidad tiene consecuencias concretas dentro del procedimiento. La magistrada ha ido acotando el objeto de investigación hacia la falta de avisos y la cadena de decisiones que desembocó en el mensaje de las 20:11. Cada testimonio que fija dónde estaba cada cual y qué sabía en cada minuto ayuda —o complica— esa reconstrucción. La combinación de la comida larga, el silencio posterior, la llegada tardía al Palau y la entrada al Cecopi cerca de las 20:28 compone un relato que, incluso sin adjetivos, se sostiene sobre una idea persistente: la Generalitat reaccionó tarde, y la tarde, en una riada, no perdona.

El ES-Alert, los borradores y la orden de no enviar sin permiso

Si la declaración de Lanuza pone el foco en lo que Mazón dijo o no dijo a las 19:45, el núcleo duro de la causa sigue orbitando alrededor de otra hora: 20:11. El ES-Alert que saltó a los móviles de la provincia se ha descrito judicialmente como “notablemente tardío”, y además se ha cuestionado su contenido porque recomendaba evitar desplazamientos cuando muchas víctimas fallecieron en plantas bajas o en garajes. Esa crítica —muy concreta, muy material— explica por qué el procedimiento no se queda en una discusión abstracta sobre protocolos: se discute si el aviso fue útil o si, por el contrario, llegó cuando ya no podía cambiar casi nada y, encima, no orientó a la población hacia la acción más protectora en ese tipo de inundación repentina.

En paralelo, se han ido conociendo referencias a mensajes que se redactaron y no se enviaron. La magistrada ha pedido incluso el texto de un borrador concreto —identificado en diligencias como borrador 706— que no llegó a salir. En anotaciones aportadas por responsables de Emergencias se menciona una redacción que apuntaba a algo más directo: la recomendación de acceder a zonas altas, una instrucción que, en un episodio de inundación rápida, suena más alineada con el tipo de riesgo que mata: la entrada súbita de agua en bajos y sótanos, el arrastre, la trampa del garaje que se convierte en piscina sin salida.

En ese contexto, la escena del coche en la que Lanuza dice que Mazón no sabía que se iba a enviar el ES-Alert adquiere otra textura. No se trata solo de un presidente “informado o no informado”; se trata de la coordinación interna en la cúspide, de quién daba la orden y de quién estaba al corriente de la herramienta que podía cortar, aunque fuera parcialmente, el número de víctimas.

Lo que se trabajó por Forata y lo que se dejó caer a mitad

En declaraciones de técnicos y altos cargos de la Conselleria implicada en Emergencias ha aparecido un patrón: la presa de Forata condicionó el primer impulso de preparar un ES-Alert. Un técnico, Juan Ramón Cuevas, jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo y Seguimiento de Emergencias, situó una indicación para preparar un mensaje entre las 18:00 y las 18:15, vinculada precisamente a la situación de la presa. Sin embargo, relató que ese trabajo se detuvo al poco tiempo —unos 15 o 20 minutos— porque desde la propia estructura de Emergencias se trasladó que había que olvidarse de Forata, al no existir un escenario determinado que justificara ese enfoque en ese momento. Es decir, se empezó a escribir el aviso pensando en la presa, se frenó, y más tarde se volvió a hablar de un ES-Alert, ya para un ámbito mucho más amplio, la provincia entera.

En ese mismo relato aparece un detalle de fuerte carga jurídica: Cuevas aseguró que Salomé Pradas le entregó el texto en un papel poco antes de las 19:50 y le ordenó que no lo enviara hasta que ella lo indicara. El mensaje, siempre según esa declaración, no incluía medidas concretas ni describía un peligro específico, y se limitaba a instrucciones preventivas como evitar desplazamientos. El hecho de que el texto circulara en papel, en pleno 2024, con móviles echando humo por todas partes, aporta una sensación rara, casi anacrónica, como si la decisión caminara a pie mientras el agua corría en moto.

Otros testimonios han añadido más capas. El entonces subsecretario de Justicia e Interior, Ricardo García, defendió ante la jueza que el sistema ES-Alert era conocido desde hacía tiempo en el departamento y que era la medida más eficaz para salvar vidas, en contraste con la idea inicial de que su existencia se descubrió ese mismo día. Y desde la estructura técnica se ha llegado a relatar que Pradas pidió expresamente que no se enviara el mensaje sin su orden. El cuadro que se va dibujando es el de un sistema disponible, discutido, incluso redactado en diferentes versiones, pero atravesado por dudas, frenos y cadenas de mando que se volvieron una cuerda enredada.

En paralelo, en la causa han aparecido nombres como el del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, que habría planteado el uso de avisos a la población antes incluso de que el Cecopi estuviera plenamente conectado, al ver imágenes de personas atrapadas en tejados y situaciones críticas en lugares como Utiel y Requena. También figura Inmaculada Piles, como responsable técnica que habría trasladado información sobre municipios afectados por la zona de influencia de Forata y sobre documentos del plan de emergencia de la presa. Todo eso encaja con la idea central de la investigación: hubo información, hubo señales, hubo propuestas; la pregunta es por qué el aviso general llegó cuando llegó.

Mazón ya no preside, pero sigue protegido: Les Corts, aforamiento y presión social

El contexto político de esta comparecencia también ha cambiado desde el día de la tragedia. Carlos Mazón dimitió como president en noviembre de 2025 y fue sustituido por Juan Francisco Pérez Llorca, investido a finales de ese mismo mes. Sin embargo, Mazón continúa como diputado del PP en Les Corts Valencianes, y con ello mantiene la condición de aforado, una circunstancia que condiciona los pasos judiciales: no se trata solo de investigar hechos, sino de qué órgano podría llamar a declarar a un aforado y en qué condiciones, algo que en este caso ha alimentado la sensación pública de distancia entre la instrucción y el principal protagonista político.

La presión social, mientras tanto, no se ha evaporado; se ha organizado. Asociaciones de víctimas y familiares han comparecido en la comisión de investigación parlamentaria y han exigido responsabilidades con un discurso de dolor muy concreto, sin ornamentos. En esa comisión se han escuchado nombres y voces que ya forman parte del paisaje de esta historia: Sonia Fuster, portavoz de SOS Desaparecidos, reclamando justicia sin partidismo; Alejandro Carabal, desde una asociación de damnificados de Alfafar/Horta Sud, denunciando lo que considera impunidad; y también intervenciones de colectivos como Liberum, con discursos críticos sobre cifras y sobre la gestión pública de la información. Es un tipo de presión que no busca titular fácil; busca que la cadena de decisiones quede expuesta, con nombres y horas.

En ese clima, el testimonio de Lanuza no cae como una novedad aislada, sino como una pieza que entra en un mecanismo ya caliente. Si Mazón no habló de emergencia hasta las 19:45, si salió del Palau a las 20:00, si llegó al Cecopi cerca de las 20:28 y si el ES-Alert sonó a las 20:11, la pregunta política —sin necesidad de formularla en voz alta— se desplaza hacia algo muy simple: quién estaba tomando decisiones en cada minuto, quién autorizaba el mensaje, quién frenaba, quién sabía. La investigación judicial persigue responsabilidades penales o administrativas; la sociedad, a menudo, persigue responsabilidades morales. Y en una tragedia así, ambas cosas se rozan.

La propia magistrada ha ido dejando claro en resoluciones que la investigación no pretende discutir el temporal en sí, sino la ausencia de avisos a la población y la capacidad de la ciudadanía para protegerse. En ese marco, los testimonios que contradicen la versión de un seguimiento temprano de la crisis no son solo un golpe político: son un problema de credibilidad institucional. Porque una emergencia no se gestiona únicamente con técnicos y protocolos; también se gestiona con confianza, y la confianza depende de que el relato sea coherente con los hechos.

La tarde que se está reconstruyendo a golpe de minutos

Lo que deja este lunes no es un “dato suelto”, sino una cronología alternativa que obliga a encajar piezas. Josep Lanuza sitúa a Mazón en el Palau antes de las ocho, en conversación de despacho durante 20 a 25 minutos, atendiendo llamadas, y sin verbalizar “emergencia” hasta las 19:45, cuando aparece Forata como foco de preocupación. Los escoltas lo sitúan llegando casi a las 20:00 y saliendo casi de inmediato. El sumario recoge una llegada al Cecopi en torno a las 20:28. Y, en medio, el ES-Alert de las 20:11 suena como una campana que marca el momento en que el Estado —en forma de notificación— se asoma al bolsillo de miles de personas.

En paralelo, la investigación sobre el ES-Alert ha ido revelando que se barajaron mensajes antes, que hubo borradores que no se enviaron, que se trabajó primero pensando en Forata y luego se pasó a un aviso provincial, y que existieron órdenes explícitas de no lanzar el mensaje sin autorización política. En esa película, la declaración de Lanuza añade una sensación que ya estaba en el aire: que el centro de gravedad de la tarde no estuvo desde el principio en el Palau ni en el Cecopi, sino que fue desplazándose tarde, con saltos, con huecos difíciles de explicar.

La pregunta que flota en la causa no es literaria, es operativa: si la alerta hubiera sido más temprana y más instructiva —por ejemplo, empujando a subir a zonas altas y a evitar sótanos—, cuántas personas habrían cambiado de decisión a tiempo. Ese tipo de hipótesis es duro de escuchar porque convierte una catástrofe en una suma de elecciones: bajar al garaje, quedarse en el bajo, salir a por el coche, no moverse. Y ahí el aviso importa. Importa muchísimo.

A estas alturas, el caso ya no se sostiene solo sobre lo que ocurrió el 29-O, sino sobre cómo se ha explicado desde entonces. Mazón dimitió, sí, pero sigue presente en la trama judicial como figura central indirecta, protegido por su escaño. Pradas está bajo investigación. Técnicos y altos cargos declaran con cuadernos, facturas de llamadas, recuerdos de papeles, plantillas en tres idiomas y límites de caracteres. Y cada comparecencia añade un detalle que parece menor hasta que se mira con el conjunto: una llamada a las 19:45, un papel a las 19:50, una salida a las 20:00, un pitido a las 20:11.

En esa reconstrucción, la frase más demoledora no necesita dramatismo: “no le escuché hablar de la emergencia” hasta las 19:45. Es una frase que, en otro día, sería irrelevante. En este, con 230 muertos, con municipios marcados por el barro y con la justicia buscando una cadena de decisiones clara, se convierte en un clavo. Y el clavo, cuando entra, ya no sale fácil.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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