Por qué Mazón anuncia nuevas ayudas DANA: ¿busca votos?

Anuncio de ayudas automáticas de Mazón tras la DANA: pagos prometidos y debate abierto; analizamos cifras, plazos y efectos en Valencia hoy.

La herida sigue abierta. Diez meses después de la DANA del 29 de octubre de 2024, el paisaje material y emocional de la Comunitat Valenciana continúa marcado por barrios a medio reparar, negocios con cajas de herramientas siempre a mano y familias que aún lidian con papeles, facturas y ausencias. Más de 220 fallecidos —un golpe que no se olvida— y una reconstrucción que avanza, sí, pero con baches visibles. En ese contexto, el president Carlos Mazón ha movido ficha y ha anunciado un nuevo paquete de ayudas “automáticas” por 350 millones de euros. Lo ha hecho con solemnidad, sin preguntas, con una promesa muy concreta: pagos antes del 15 de octubre y sin burocracia extra para quienes ya cumplieron requisitos en las primeras líneas. El mensaje es claro: dinero, rápido y directo. El subtexto, inevitable: política.

El anuncio aterriza en una atmósfera espesa, con movilizaciones mensuales que han mantenido viva la exigencia de responsabilidades, con colectivos de víctimas reclamando un ritual público a la altura del duelo y con un tablero institucional obligado a entenderse —y a fiscalizarse—. Las semanas previas han dejado titulares densos: una comisionada estatal para la reconstrucción que pide bajar el volumen de la bronca, la Generalitat intentando exhibir agilidad mientras dispara contra la “lentitud” del Gobierno central, y un gran paraguas financiero —el llamado Plan Endavant— que pretende ordenar la inversión a varios años. En medio, la pregunta que sobrevuela conversaciones, tertulias y barras de bar: ¿esto es una respuesta debida o un gesto con aroma electoral?

El anuncio, negro sobre blanco

La arquitectura del paquete es relativamente sencilla, y eso —en teoría— es parte de su potencia. La Generalitat promete evitar trámites nuevos a quienes ya figuran en los registros de ayudas tras la riada. Con esa base, se inyectarán 350 millones en cuatro frentes: hogares, vehículos, autónomos y trabajadores en ERTE. Las familias que recibieron apoyo para bienes de primera necesidad cobrarán 3.000 euros adicionales por hogar; los solicitantes de ayudas a vehículos, hasta 2.500 euros; los autónomos, hasta 3.000 euros; y los trabajadores que estuvieron en ERTE, 360 euros extra. El calendario es casi tan importante como las cifras: todo abonado antes del 15 de octubre, de oficio y vía transferencia. Sobre el papel, un giro de 180 grados respecto al rosario de ventanillas, justificantes y certificados que muchos damnificados aprendieron de memoria en noviembre y diciembre.

Los números de alcance ayudan a dimensionar el golpe de liquidez que se promete: más de 40.000 hogares, más de 12.000 empleados que pasaron por ERTE, más de 18.000 autónomos y más de 87.000 solicitantes en la línea de vehículos. La Generalitat sostiene que el diseño evita cuellos de botella y que el cruce de expedientes permitirá ejecutar pagos sin pedirle al ciudadano otro paseo por el laberinto administrativo. Para una comunidad con ascensores aún averiados, colegios con aulas provisionales y pequeños negocios sin colchón, la agilidad no es una palabra bonita: es la diferencia entre llegar a fin de mes o no.

Quién cobra, cuánto y cuándo

Familias. 3.000 euros por hogar para quienes ya resultaron beneficiarios por bienes de primera necesidad. La idea es cubrir gastos que no salen en las fotos: electrodomésticos de sustitución, muebles, ropa, arreglos menores… Lo invisible y caro.

Vehículos. Hasta 2.500 euros, con una novedad que muchos esperaban: la ayuda no queda condicionada a la compra de un coche nuevo ni a gestiones fiscales adicionales. Liquidez directa, sin letra pequeña.

Autónomos. Hasta 3.000 euros para profesionales sin empleados a su cargo que vieron paralizada su actividad. La Generalitat repite que el daño para este colectivo fue triple: parón, cuota y promesa estatal —dicen— incumplida. Aquí la inyección busca oxígeno inmediato.

ERTE. 360 euros individuales para más de 12.000 trabajadores que acabaron en expedientes temporales tras la riada. No es una paga que cambie vidas, pero sí un gesto de reparación en un eslabón que suele quedar diluido.

La Generalitat remata con dos compromisos que serán termómetro político: “sin papeleo” y “antes del 15 de octubre”. Si se cumple, el relato cambia. Si se atasca, la desconfianza —ya de por sí inflamable— hará el resto.

La política que se cuela por las rendijas

Es imposible separar completamente política y políticas públicas. Menos en una tragedia de esta escala. Desde el minuto uno, la Generalitat ha intentado dibujar un contraste: ellos —en el Palau— pagan y empujan; Madrid —en la Moncloa— promete y no ejecuta lo suficiente. El anuncio de hoy prolonga esa narrativa. No es nuevo que un Gobierno autonómico busque diferenciarse del central; lo singular es el timing: a pocas semanas del primer aniversario, con protestas y con la investigación judicial avanzando. ¿Oportunismo? Puede leerse así. ¿Obligación de reparar? También. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Política en estado puro.

Aquí conviene recordar un dato que enfría la etiqueta fácil de “compra de votos”. No hay elecciones convocadas en la Comunitat Valenciana. Fuera de campaña, la ley no prohíbe que las administraciones adopten medidas de gasto, ayudas o inversión. Lo que sí exige es neutralidad, universalidad de criterios y proporcionalidad. Este paquete no discrimina por afinidades ni territorios: apunta a condiciones objetivas (ser damnificado, haber tramitado una ayuda previa, cumplir requisitos básicos), y eso lo coloca en el terreno de la reparación, no en el del clientelismo. ¿Quiere decir que no hay política? No. Quiere decir que, jurídicamente, la acusación gruesa no encaja. El debate que queda es ético, oportunista si se quiere, y ahí entran las percepciones.

¿Compra de votos? Lo que la ley no llama así

La compra de votos requiere quid pro quo, condición explícita o implícita de apoyo o discriminación en la entrega. Aquí no hay nada de eso. Lo que sí hay es un relato que busca capitalizar políticamente la gestión: “agilidad”, “sin papeleo”, “a pulmón”. Frases con intención. Tampoco es un pecado capital: la política necesita relato. El problema llega cuando la promesa —ingresos en cuenta, plazo 15 de octubre— se incumple o cuando la simplificación esconde errores de ejecución. Entonces, lo que hoy es gesto puede volverse boomerang.

La reconstrucción que sigue: de los ladrillos a la cabeza

El anuncio de ayudas no vive solo. Se inserta en un marco más amplio: el Plan Endavant de recuperación y reconstrucción, presentado con cifras de decenas de miles de millones para varios años y con prioridades que van desde grandes obras hidráulicas hasta rehabilitación de servicios públicos en zonas afectadas. Es la hoja de ruta que el Consell exhibe para explicar que no se trata de “parches”, sino de un programa con fases y objetivos medibles. La clave, como siempre, no está en el PowerPoint, sino en el avance real: licitaciones que no se caen, obras que empiezan y terminan, indicadores que se publican y se entienden.

La reconstrucción es también social. En municipios golpeados por la DANA, equipos de salud mental han empezado a trabajar con familias que arrastran duelos complicados y estrés postraumático. Esta parte es menos visible que un puente o una carretera, pero crucial. El dolor no sigue un calendario administrativo. Y cuando la política reduce todo a cifras y plazos, corre el riesgo de ignorar esa grieta silenciosa que se abre en casa. No son palabras bonitas: son clínicas.

El termómetro social: protestas y duelo

En València, diez movilizaciones en diez meses han ido marcando el pulso. Quien baja a esas plazas se encuentra nombres propios escritos en cartones, un dolor civil que no busca épica, sino justicia y diligencia. Late una petición que se repite: un funeral de Estado en el primer aniversario. No es una anécdota: los ritos colectivos ordenan el trauma, reconocen la magnitud de lo perdido y tejen un hilo de confianza. La política —toda, no solo la autonómica— haría bien en escuchar esa demanda sin tacticismos. Hay decisiones que reparan más que mil notas de prensa.

Transparencia o ruido

La forma más eficaz de apagar la sospecha —llámese electoralismo, marketing institucional o propaganda— es una: datos abiertos y verificables. Si el Consell quiere despejar sombras, tiene un camino claro. Publicar, con rigor y de manera agregada, cuántos expedientes entran, cuántos se pagan y en qué fechas; mapear el flujo por municipios y por tipologías; explicar por qué se excluye a quien se excluye; auditar la ejecución del compromiso del 15 de octubre con un reloj público. Nada genera más confianza que un panel de control que cualquier ciudadano pueda entender. Nada la destruye más rápido que una promesa que se derrite sin explicación.

También ayudaría, y no poco, una comunicación adulta. La noche del 29 de octubre dejó fracturas en la confianza por mensajes confusos o a destiempo. A veces el lenguaje —“remite”, “controlado”, “previsto”— tiene consecuencias. Hoy, cuando se anuncian cheques y plazos, conviene responder preguntas, no esconderse detrás de fórmulas solemnes. La ciudadanía sabe distinguir cuando un responsable se moja y cuando se parapeta.

Cómo medir si esto funciona de verdad

El debate público suele atascarse en adjetivos —“tarde”, “oportunista”, “histórico”—, así que bajemos a indicadores que cualquiera puede seguir. Primero, el plazo: ¿entran los ingresos en las cuentas antes del 15 de octubre? Segundo, el alcance: ¿las cuatro líneas (hogares, vehículos, autónomos, ERTE) llegan a las magnitudes anunciadas? Tercero, la equidad: ¿las ayudas se concentran donde pegó más la riada, pero sin dejar fuera a bolsas que no cuadran con el expediente tipo? Cuarto, la calidad de la ejecución: errores corregidos sin marear al ciudadano, reclamaciones resueltas con plazos razonables, coordinación real con los ayuntamientos. Si estas casillas se marcan, la política —con sus inevitables peleas— tendrá poco margen para ensuciar lo que funcionó.

En paralelo, otro foco: la cooperación institucional. El Consell reclama colaboración y una comisión mixta con el Gobierno central. Bien. La cooperación se demuestra trabajando, no en ruedas de prensa. Y se evalúa comparando: qué pone cada administración (dinero, obra, personal), cuándo y con qué resultado. Cuando el ciudadano ve a dos niveles del Estado discutir por el titular mientras la rampa del colegio sigue cerrada, entiende que la disputa no va de él. Y se desconecta.

Un último giro: resiliencia sin grandilocuencias

Lo diremos sin peripecias: el clima ha cambiado y lo seguirá haciendo. La DANA de 2024 no fue un capricho: fue la manifestación extrema de un patrón que nos volverá a poner a prueba. Si algo debería salir de esta tragedia —además de justicia y reparación— es un salto en prevención. No solo grandes infraestructuras (que sí), también protocolos de aviso que la gente entienda, gobernanza clara en emergencias, mantenimiento cotidiano de puntos críticos, formación en centros educativos y planes de continuidad para pymes. Es aburrido, cuesta venderlo, pero salva vidas. Y ahorra disgustos.

En ese mapa, la Generalitat y Madrid están obligadas a entenderse. Hacer política —la buena— no es evitar el conflicto, sino orientarlo a resultados. No es cuestión de repartir culpas al peso, sino de repartir responsabilidades con nombre y plazo. Y de rendir cuentas cuando toque. Quien gestione bien, que lo explique con datos. Quien se equivoque, que pida perdón y corrija. Parece obvio, pero a veces basta con recordar lo básico.

Un año que pesa y una pregunta que seguirá ahí

¿Quiere comprar votos? No. Quiere —como cualquier Gobierno en aprietos— recuperar autoridad, marcar perfil y demostrar capacidad. El anuncio de 350 millones, con pagos automáticos y fecha de 15 de octubre, responde a necesidades reales y a un clima político áspero donde cada gesto se interpreta con lupa. La legitimidad de la medida no vendrá de lo que se diga hoy, sino de lo que pase en las cuentas bancarias de quienes perdieron lo básico y en las calles donde la obra aún no termina.

Si el dinero llega a tiempo, si los criterios son claros y si la transparencia es más que un eslogan, el ruido bajará solo.

Y quizá entonces el debate —por fin— gire hacia lo que nos hará menos vulnerables cuando vuelva a llover como no recordábamos: cómo preparamos mejor esta tierra para que el agua no vuelva a llevarse lo que somos.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Generalitat Valenciana, BOE, BOE, BOE, AEMET, Ayuntamiento de València.