India paga una renta mensual a más de 100 millones de mujeres

Más de 100 millones de mujeres reciben pagos mensuales de entre 1.000 y 2.500 rupias en distintos estados de India. No existe un programa nacional único ni una renta básica universal para toda la población: son iniciativas regionales dirigidas a mujeres, con reglas, cuantías y alcance diferentes. En conjunto, esta expansión de transferencias se ha convertido en uno de los mayores ensayos de política social del país.

El dinero llega directamente a las cuentas bancarias de las beneficiarias y está pensado para aportar un ingreso regular a hogares que afrontan gastos cotidianos, desde alimentos y medicinas hasta transporte o combustible. La medida también abre una discusión de mayor alcance: qué reconocimiento económico merece el trabajo doméstico y de cuidados, cuánto pueden sostener los presupuestos estatales y hasta qué punto estos pagos amplían la autonomía de las mujeres.

Una ola de ayudas, no una renta universal única

La expresión renta básica puede llevar a imaginar una asignación igual para todas las personas, sin condiciones y financiada por el Estado central. Lo que ocurre en India es distinto. La expansión actual se compone de programas creados por gobiernos estatales, en buena parte orientados a mujeres adultas y, a menudo, a hogares considerados pobres o vulnerables. Cambian los criterios de acceso, la edad, la cuantía y la forma de comprobar quién puede recibir el dinero.

Doce estados han puesto en marcha o presupuestado iniciativas de este tipo, con un alcance conjunto superior a los 100 millones de beneficiarias según los datos disponibles en el material de referencia. La escala llama la atención, pero no convierte automáticamente estos planes en una política universal. En algunos casos se exige que la mujer figure como cabeza de familia; en otros, el acceso depende de límites de ingresos o de la pertenencia a categorías sociales determinadas. La semejanza entre los programas está en el pago periódico y directo, no en que todos compartan un diseño idéntico.

También conviene distinguir estas transferencias de un salario. No se abonan a cambio de una jornada laboral, no constituyen una nómina y no cotizan como un empleo. Su función es sumar un ingreso disponible a los recursos del hogar. Por eso, aunque en el debate público se las compare con una renta básica, la etiqueta no describe con precisión todas sus condiciones: son ayudas monetarias estatales con destinatarias y reglas concretas.

Los estados marcan el ritmo y las cuantías

Madhya Pradesh ofrece uno de los ejemplos más visibles. Su programa Ladli Behna Yojana paga actualmente 1.500 rupias al mes a 1,26 crore de mujeres, es decir, unos 12,6 millones. La suma equivale aproximadamente a 16 o 17 euros, según el cálculo citado en la información de referencia. No cubre por sí sola los gastos mensuales de una familia, pero puede sufragar una compra concreta o aliviar el coste de una medicina, del transporte escolar o de un recibo de gas. El efecto buscado no es reemplazar los ingresos del hogar, sino aportar una cantidad previsible.

En Bengala Occidental, Lakshmir Bhandar funciona desde 2021 con pagos de 1.000 rupias al mes para mujeres de la población general y de 1.200 para las pertenecientes a las categorías SC/ST. La cobertura supera los 2,2 crores, más de 22 millones de beneficiarias. El programa incorpora además un mecanismo para que, al cumplir 60 años, la receptora pase automáticamente a una pensión. La continuidad entre prestaciones intenta evitar que el apoyo desaparezca de golpe al llegar a la vejez.

Karnataka lanzó Gruha Lakshmi en 2023, con una transferencia mensual de 2.000 rupias a la mujer identificada como cabeza de familia en la tarjeta de racionamiento. El padrón previsto ronda los 12 o 13 millones de mujeres. La puesta en marcha también ha tenido retrasos temporales y revisiones de las listas, incluidos cruces con información fiscal y con registros de tarjetas BPL. El caso muestra que una cuantía definida y un canal de pago directo no bastan: la administración necesita mantener actualizado el registro de beneficiarias y tramitar los pagos con regularidad.

En el noreste, Assam amplió su programa Orunodoi hasta la versión 3.0, que prevé 1.250 rupias mensuales para 38 lakh de familias, unos 3,8 millones. A esa suma se añade un subsidio de 250 rupias para el gas de cocina cuando el hogar presenta el recibo correspondiente de LPG. El acceso se vincula al sistema nacional de seguridad alimentaria, conocido como NFSA. Ese vínculo aprovecha registros sociales existentes para identificar hogares elegibles, aunque también hace que el diseño dependa de la calidad y actualización de esos datos.

Maharashtra, por su parte, puso en marcha en 2024 Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana, con 1.500 rupias al mes para mujeres de entre 21 y 65 años cuyos hogares estén por debajo de un umbral de ingresos. Más de 2,3 o 2,4 crores de solicitudes han sido aceptadas, según las cifras recogidas en el artículo de referencia. La amplitud del programa ha venido acompañada de una campaña de verificación electrónica de identidad y de revisiones tras detectarse pagos indebidos a hombres y empleados públicos. El tamaño del padrón ayuda a explicar tanto su alcance como la dificultad de controlar errores.

El ingreso llega al hogar, pero a nombre de una mujer

En la vida diaria, una transferencia mensual modesta puede servir para compras que no parecen espectaculares por separado, pero sí pesan en un presupuesto ajustado. Las observaciones descritas en el material de referencia mencionan alimentos frescos y medicinas como destinos habituales, seguidos de transporte y gastos escolares. Cuando queda margen, algunas familias lo emplean en pequeños activos o herramientas, como una máquina de coser de segunda mano, gallinas o un hornillo. La regularidad permite anticipar un gasto y reduce la dependencia de ingresos que llegan de forma irregular.

La titularidad de la cuenta importa. En muchos programas, el dinero se deposita a nombre de la mujer que aparece como responsable del hogar en la documentación correspondiente. Eso puede aumentar su capacidad para decidir sobre gastos cotidianos y reservar una pequeña cantidad, en vez de depender por completo de cuándo y cómo entra el dinero de otros miembros de la familia. No significa que la transferencia garantice control pleno sobre esos recursos, pero sí crea una base material que antes podía no existir. La autonomía económica se juega también en quién recibe el pago y puede disponer de él.

El cambio, sin embargo, no es automático ni uniforme. Una ayuda de 1.000 o 2.000 rupias no elimina la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas, ni transforma por sí sola las relaciones familiares. El ingreso puede dar margen para negociar una compra o afrontar un imprevisto; no sustituye el acceso a empleo, servicios públicos o cuidados. La distinción es importante porque evita atribuir a una transferencia resultados que dependen de muchos otros factores. Un pago puede aliviar una limitación económica sin resolver las causas estructurales de esa limitación.

También hay consecuencias fuera de casa. Cuando un hogar dispone de una cantidad regular, parte de ese dinero puede circular en comercios cercanos: puestos de verduras, tiendas, transporte local o recargas de móvil. La información de referencia describe ese efecto como una pequeña rotación de efectivo en mercados rurales y semiurbanos. No permite afirmar que todos los estados hayan medido el mismo impacto ni que el resultado sea idéntico en cada zona, pero sí apunta a un mecanismo plausible: el gasto cotidiano sostiene actividad económica local.

La infraestructura digital hace posible la escala

La extensión de estas ayudas se apoya en una infraestructura administrativa que permite transferir dinero directamente a cuentas bancarias y comprobar identidades a gran escala. Los sistemas de pago directo, la identificación Aadhaar y los procesos de verificación electrónica, o e-KYC, se combinan con registros de ingresos, tarjetas de racionamiento y otras bases de datos públicas. Esa red puede reducir intermediarios y acelerar los desembolsos. La digitalización convierte una política masiva en una operación gestionable para los gobiernos estatales.

Pero la tecnología no elimina todos los problemas. Una persona puede quedar fuera por un registro desactualizado, una discrepancia documental o una cuenta que no recibe el abono como estaba previsto. En el sentido contrario, una lista incompleta o controles insuficientes pueden permitir que entre alguien que no cumple los requisitos. El caso de Maharashtra, donde se revisaron pagos indebidos, recuerda que la verificación no es un trámite accesorio: determina quién recibe el dinero y quién asume el coste de un error administrativo.

Los distintos programas muestran varias formas de organizar esa comprobación. Karnataka utiliza la categoría de cabeza de familia en la documentación de racionamiento; Assam se apoya en la inclusión dentro del sistema nacional de seguridad alimentaria; otros planes fijan límites de ingresos o grupos de edad. Cada método facilita unas tareas y complica otras. Una regla clara puede reducir la arbitrariedad, pero también excluir a quienes no aparecen correctamente en los registros. La precisión del padrón depende tanto de la tecnología como de la calidad de los datos y de la posibilidad de corregirlos.

El pago directo tampoco garantiza puntualidad por sí mismo. Karnataka ha atravesado baches temporales, mientras que Maharashtra ha afrontado verificaciones y recuperación de importes indebidos. Estos episodios no anulan el modelo, pero dejan claro que la gestión exige presupuesto, personal y revisiones constantes. Si la transferencia se anuncia como mensual, los hogares organizan parte de sus gastos con esa expectativa. La confianza en el programa depende de que el dinero llegue de manera previsible.

Un gasto que ya pesa en las cuentas públicas

El coste agregado es uno de los principales asuntos en discusión. Los presupuestos estatales de 2025-2026 reservan en conjunto alrededor de 1,68 billones de rupias para estas iniciativas, una cifra equivalente a cerca del 0,5 % del producto interno bruto de India, según los datos del artículo de referencia. Al menos seis estados reconocen déficit de ingresos en sus presupuestos. La expansión de los pagos obliga a comparar su efecto social con otras prioridades de gasto.

La pregunta fiscal no se limita a si una ayuda es popular o si beneficia a muchas familias. Importa también si puede mantenerse año tras año, cómo se financia y qué servicios podrían quedar desplazados si el gasto crece sin ingresos suficientes. Una transferencia puede responder a una necesidad inmediata, pero no reemplaza inversiones en salud, educación, transporte o cuidados. Cuando el presupuesto es limitado, la elección entre ayudas monetarias y servicios públicos no es abstracta: ambas partidas compiten por recursos y pueden ser complementarias o entrar en tensión.

La discusión política se ha intensificado porque estos programas han ganado protagonismo electoral. Bihar movilizó transferencias extraordinarias de 10.000 rupias por beneficiaria en fases vinculadas a su Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, con un planteamiento asociado también a pequeños emprendimientos y actividades productivas. En Delhi, la Mukhyamantri Mahila Samman Yojana se ha tramitado con una paga mensual prevista de entre 1.000 y 2.100 rupias y con idas y venidas administrativas. Las ayudas pueden ser protección social y, al mismo tiempo, promesa de campaña.

Ese doble papel alimenta el debate sobre los llamados regalos electorales y sobre el límite entre una política social justificable y un compromiso que compromete las cuentas futuras. El Tribunal Supremo ha criticado la proliferación de este tipo de medidas, y sus declaraciones han avivado la discusión pública. La cuestión de fondo no se resuelve con una etiqueta: requiere examinar a quién llega la ayuda, qué necesidad cubre, cómo se financia y si sus resultados se evalúan. La sostenibilidad depende del diseño y de la transparencia, no solo del nombre que se dé al programa.

Empleo, cuidados y el alcance real de la transferencia

Una preocupación recurrente es si recibir dinero sin trabajar reduce el incentivo para buscar empleo. Las cantidades actuales son relativamente modestas y, de acuerdo con la información de referencia, estudios internacionales sobre transferencias incondicionales en lugares como Kenia, Brasil y Estados Unidos no apuntan a una caída significativa de la participación laboral. También se asocian con mejoras en seguridad alimentaria, bienestar, asistencia escolar o acumulación de activos. Esos resultados ofrecen contexto, pero no sustituyen una evaluación específica de los programas indios.

En India hacen falta estudios independientes de mayor escala para establecer qué efecto tienen estas ayudas sobre el empleo femenino y cómo varía según la región, el importe o las condiciones de acceso. Una transferencia puede facilitar el pago del transporte para acudir a una entrevista o la compra de material para una actividad económica desde casa. Pero esos usos posibles no demuestran por sí solos que el programa cree empleo. El dinero puede ampliar opciones sin garantizar que existan puestos de trabajo o servicios disponibles.

La diferencia se nota especialmente en los cuidados. Si una mujer dedica gran parte del día a atender a niños, personas mayores o familiares enfermos, una cantidad mensual ayuda a cubrir gastos, pero no libera tiempo automáticamente. Guarderías, comedores escolares, atención primaria y formación pueden determinar si el ingreso se transforma en una oportunidad laboral o queda limitado a tapar necesidades urgentes. La transferencia funciona mejor como parte de una red de protección que como sustituto de sus demás componentes. Sin servicios que acompañen el pago, el dinero puede aliviar la carga sin modificar sus causas.

También hay una dimensión de reconocimiento. Cocinar, limpiar, organizar el hogar y cuidar a otras personas sostiene la vida familiar, aunque no aparezca como trabajo remunerado en las cuentas económicas convencionales. Presentar estas prestaciones como reconocimiento parcial de ese trabajo puede ampliar el debate más allá de la pobreza. Aun así, existe un matiz: asociar la ayuda exclusivamente con el papel doméstico de las mujeres puede reforzar la misma división del trabajo que pretende reconocer. El reto consiste en valorar los cuidados sin convertirlos en el destino económico obligatorio de sus destinatarias.

La evaluación decidirá qué queda de esta expansión

La rapidez con la que se han multiplicado los programas hace especialmente importante medir sus resultados. No basta con contar cuántas cuentas recibieron un abono: también interesa saber si mejoraron la alimentación, la salud, la escolaridad, el empleo o la capacidad de afrontar un gasto inesperado. La información de referencia señala la necesidad de evaluaciones independientes y de estudios que sigan a las beneficiarias durante varios años. Sin mediciones comparables, los gobiernos pueden saber cuánto gastan, pero no con precisión qué cambia gracias a ese gasto.

Una evaluación rigurosa también permitiría distinguir entre resultados distintos. Una transferencia podría mejorar la seguridad económica de un hogar sin elevar el empleo; otra quizá tendría efectos mayores cuando se combina con transporte gratuito, subsidios de energía o servicios de cuidado. Los programas ya conviven en algunos lugares con otras prestaciones y ayudas públicas. Analizar esa combinación ayudaría a saber si el dinero llega como complemento útil o si termina cubriendo carencias que deberían atender servicios permanentes. El contexto local importa tanto como la cuantía mensual.

El otro elemento decisivo son las reglas de acceso. Un padrón actualizado debe evitar pagos indebidos sin convertir los controles en una barrera para las mujeres que sí cumplen los requisitos. Assam ofrece un ejemplo de integración con el sistema de seguridad alimentaria, mientras que las revisiones de Maharashtra muestran el coste de detectar fallos después de una expansión rápida. No existe un mecanismo que elimine todos los errores, pero sí es posible hacerlos visibles y corregibles. La calidad de la política depende de incluir bien, pagar a tiempo y ofrecer vías para resolver discrepancias.

La ola de transferencias ha demostrado que India puede mover grandes cantidades de dinero hacia millones de cuentas con una estructura digital y administrativa común, aunque cada estado conserve su propio diseño. También ha puesto un ingreso regular en manos de mujeres que a menudo sostienen sus hogares con trabajo no remunerado y recursos limitados. Pero el alcance de ese cambio dependerá de algo menos visible que el anuncio de una nueva paga: la continuidad presupuestaria, la gestión de los padrones y la inversión en servicios públicos.

Un experimento que pone precio a lo que no se ve

Estas ayudas no sustituyen la creación de empleo de calidad, no resuelven por sí solas la desigualdad en los cuidados y tampoco eliminan la pobreza. Sí pueden reducir la presión de algunos gastos, hacer más previsible una parte del presupuesto familiar y dar a las mujeres una fuente de ingresos registrada a su nombre. Esa combinación ayuda a explicar por qué el modelo se ha extendido con tanta rapidez y por qué despierta interés más allá de India. Su alcance está en la suma de pequeños márgenes de seguridad para millones de hogares.

El contraste entre estados deja una lección útil: una misma idea puede producir políticas muy distintas. Madhya Pradesh paga 1.500 rupias a unos 12,6 millones de mujeres; Bengala Occidental abona 1.000 o 1.200 rupias a más de 22 millones y enlaza la prestación con una pensión al cumplir 60 años; Karnataka ofrece 2.000 rupias a la cabeza de familia registrada; Assam combina 1.250 rupias con un apoyo adicional para el gas; Maharashtra ha extendido 1.500 rupias a un padrón de más de 23 millones de solicitudes aceptadas. La escala común convive con diferencias que condicionan el efecto de cada programa.

El desafío ahora no consiste solo en decidir si las transferencias deben crecer, sino en definir qué objetivo cumplen y cómo se sostienen sin vaciar otras políticas necesarias. El dinero mensual puede reconocer parcialmente el trabajo invisible y ofrecer estabilidad, pero su valor duradero dependerá de que los pagos sean fiables, las reglas comprensibles y los servicios públicos capaces de respaldar esa ayuda. En esa tensión entre alivio inmediato y transformación de fondo se juega el futuro de uno de los cambios sociales más ambiciosos de India.