¿Mató EE. UU. a 20 millones desde 1945? Qué revela el polémico informe

Un informe que ha vuelto a circular sostiene que Estados Unidos habría sido responsable de entre 20 y 30 millones de muertes en guerras, intervenciones militares, operaciones encubiertas, golpes de Estado, conflictos subsidiarios y sanciones desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La cifra es brutal. También necesita una precisión decisiva: el documento no demuestra que las Fuerzas Armadas o los servicios secretos estadounidenses mataran directamente a 20 o 30 millones de personas.

El cálculo pertenece a James A. Lucas y recorre 37 países a los que considera víctimas, en distinto grado, de la política exterior estadounidense. El texto fue publicado originalmente en 2007, aunque desde entonces ha sido reproducido repetidamente y ha recuperado circulación con el paso de los años. Su tesis consiste en atribuir a Washington no solo las víctimas causadas directamente por soldados o bombardeos estadounidenses, sino una parte muy amplia de las muertes producidas en conflictos que, según el autor, no habrían ocurrido o no habrían alcanzado semejante dimensión sin la intervención de Estados Unidos.

Ahí está precisamente el centro de la discusión. Existen episodios históricos perfectamente documentados —Vietnam, Camboya, Laos, Irak, Guatemala o Chile, entre otros— en los que la intervención estadounidense está fuera de duda. Otra cuestión bastante diferente es sumar todas las víctimas posteriores de una guerra, una dictadura o un colapso institucional y colocarlas completas en la columna de Washington. La historia, por desgracia, rara vez permite una contabilidad tan limpia.

El informe utiliza además una comparación deliberadamente estremecedora. Lucas calcula que esas muertes equivaldrían a aproximadamente 10.000 atentados del 11-S, tomando como referencia las 2.977 víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el extremo superior de su estimación. Es una equivalencia matemática concebida para mostrar una escala, no una unidad académica para medir la responsabilidad histórica.

Una cifra gigantesca construida con una responsabilidad muy amplia

Lucas explica el criterio sobre el que levanta su estimación: considera responsable a Estados Unidos cuando su intervención puede interpretarse como una causa necesaria o determinante para que una guerra, una represión o determinado conflicto se produjera. No exige, por tanto, que tropas estadounidenses fueran materialmente responsables de cada fallecimiento.

Ese método permite colocar dentro del mismo cálculo situaciones muy diferentes. Entran las víctimas de bombardeos estadounidenses, pero también personas asesinadas por ejércitos aliados, guerrillas apoyadas por Washington, gobiernos sostenidos política o militarmente por Estados Unidos, guerras civiles desencadenadas o agravadas tras una intervención e incluso muertes relacionadas con sanciones económicas.

El propio informe reconoce que los datos son imprecisos, que los balances históricos pueden variar enormemente y que algunas estimaciones siguen abiertas décadas después. También combina referencias de calidad desigual: investigaciones académicas, trabajos periodísticos, documentos históricos y cálculos procedentes de publicaciones con una orientación política explícita.

Eso no convierte automáticamente el documento en falso. Significa algo más concreto: los 20-30 millones constituyen una estimación del autor, construida a partir de una determinada interpretación de la responsabilidad estadounidense, y no una cifra establecida como consenso entre historiadores, universidades, Naciones Unidas o instituciones internacionales.

Washington, por otra parte, posee un expediente histórico suficientemente voluminoso como para que no haga falta estirar demasiado las cifras. El debate serio empieza precisamente cuando se distingue entre matar directamente, provocar una guerra, sostener a quienes matan o contribuir a crear las condiciones que multiplican las víctimas.

Corea, Vietnam e Irak concentran millones de víctimas

El núcleo más pesado de la estimación de Lucas procede de las grandes guerras en las que Estados Unidos participó directamente. El autor atribuye entre 10 y 15 millones de muertos a la suma de la guerra de Corea, la guerra de Vietnam —incluidos Camboya y Laos— y las guerras de Irak.

La guerra de Corea, entre 1950 y 1953, fue una carnicería internacional en la que combatieron Corea del Norte, Corea del Sur, fuerzas de Naciones Unidas dirigidas principalmente por Estados Unidos y, posteriormente, China. Las estimaciones habituales sitúan el balance global por encima de 2,5 millones de muertos, entre civiles y militares.

Estados Unidos desarrolló una enorme campaña aérea sobre Corea del Norte y destruyó buena parte de sus centros urbanos e infraestructuras. Pero convertir el conjunto de víctimas de la guerra en personas directamente asesinadas por Washington borraría de un plumazo las operaciones norcoreanas, surcoreanas, chinas y la participación soviética. Responsabilidad estadounidense hubo; responsabilidad exclusiva, no.

Vietnam deja bastante menos espacio para minimizar el peso de Washington. Estados Unidos convirtió progresivamente una guerra de descolonización, reunificación y enfrentamiento interno en uno de los mayores conflictos militares del siglo XX. Las estimaciones varían, pero habitualmente se habla de aproximadamente 1,1 millones de combatientes norvietnamitas y del Viet Cong muertos, cientos de miles de soldados survietnamitas y más de dos millones de civiles. Estados Unidos perdió más de 58.000 militares.

El territorio quedó además marcado por una campaña aérea gigantesca y por el empleo de sustancias como el Agente Naranja, cuyos efectos sanitarios y ambientales se prolongaron durante décadas. Hablar únicamente del número de muertos durante los combates deja fuera otra dimensión del conflicto: mutilaciones, desplazamientos, enfermedades, destrucción agrícola y comunidades enteras borradas del mapa.

Camboya y Laos, las guerras que durante años casi no existieron

El cálculo de Lucas incorpora también buena parte de la mortalidad de Camboya y Laos a la cuenta estadounidense. Aquí el terreno se vuelve mucho más resbaladizo.

Washington lanzó durante años campañas de bombardeo masivas sobre ambos países mientras combatía las rutas de suministro y posiciones vinculadas a Vietnam del Norte. Parte de aquellas operaciones se desarrolló con un nivel extraordinario de secretismo, incluso ante la propia sociedad estadounidense.

En Camboya, las estimaciones sobre las víctimas directas de los bombardeos estadounidenses oscilan ampliamente y algunos historiadores han trabajado con rangos de decenas de miles hasta aproximadamente 150.000 muertos. Los ataques contribuyeron al desplazamiento de población, al deterioro del campo camboyano y a una radicalización política que los Jemeres Rojos aprovecharon.

Pero existe un salto importante entre reconocer esa responsabilidad y atribuir a Estados Unidos los aproximadamente 1,7 millones de muertos bajo el régimen de Pol Pot. La intervención estadounidense ayudó a incendiar el escenario político y social; el genocidio posterior fue ejecutado por los Jemeres Rojos. Ambas cosas pueden afirmarse a la vez. No hace falta absolver a unos para condenar a otros.

Irak explica por qué contar los muertos de una guerra es tan difícil

Irak ofrece quizá el ejemplo más claro de la diferencia entre muertes directamente causadas por un ejército y muertes ocurridas como consecuencia de una guerra.

Tras la invasión estadounidense de 2003, una investigación dirigida por especialistas de la Universidad Johns Hopkins estimó aproximadamente 655.000 muertes adicionales en Irak hasta mediados de 2006 respecto a la mortalidad que cabría esperar antes de la invasión. El intervalo estadístico era, eso sí, muy amplio.

Aquella investigación no sostuvo que soldados estadounidenses hubieran matado personalmente a 655.000 iraquíes. Una gran parte del exceso de mortalidad correspondía a muertes violentas, pero dentro del país actuaban tropas de la coalición, insurgentes, organizaciones yihadistas, milicias sectarias, fuerzas gubernamentales, redes criminales y grupos enfrentados entre sí.

La invasión seguía siendo el acontecimiento que había destruido el equilibrio anterior y abierto aquel escenario. Esa diferencia entre responsabilidad política, causalidad histórica y autoría material es exactamente uno de los elementos que el informe de Lucas comprime bajo una sola cifra.

También aparecen las sanciones internacionales impuestas a Irak tras la guerra del Golfo. Durante años circularon cálculos de hasta medio millón de niños muertos como consecuencia del bloqueo y del deterioro económico. Investigaciones demográficas posteriores cuestionaron seriamente algunas de aquellas cifras, aunque existe abundante evidencia del desplome sanitario, nutricional y económico sufrido por la población iraquí durante la década de 1990.

Una cifra puede ser defendible dentro de una determinada definición y profundamente engañosa dentro de otra. En conflictos como Irak, esa diferencia no es una nota metodológica al pie: cambia por completo el significado político del número.

Golpes de Estado, dictaduras y guerras por delegación

La segunda gran columna del informe resulta menos visible que Vietnam o Irak. Lucas atribuye entre 9 y 14 millones de muertos a conflictos en Afganistán, Angola, República Democrática del Congo, Timor Oriental, Guatemala, Indonesia, Pakistán y Sudán en los que Estados Unidos respaldó gobiernos, guerrillas, operaciones clandestinas o fuerzas aliadas.

Que Washington intervino durante la Guerra Fría para derribar gobiernos, alterar equilibrios políticos, financiar organizaciones y sostener movimientos armados no pertenece al terreno de las teorías conspirativas. Décadas de documentación desclasificada han revelado operaciones que, en su momento, eran negadas públicamente.

En Guatemala, la CIA participó en la operación que facilitó el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en 1954. Estados Unidos respaldó a Carlos Castillo Armas, desarrolló operaciones psicológicas y utilizó presión política, inteligencia y acciones encubiertas para contribuir a la caída del Gobierno.

El golpe abrió una etapa marcada por décadas de violencia política y una guerra civil que dejó alrededor de 200.000 muertos y desaparecidos, muchos de ellos indígenas mayas. Responsabilizar íntegramente a Washington de cada una de aquellas muertes sería metodológicamente discutible; negar que la intervención de 1954 alteró dramáticamente la historia guatemalteca sería igualmente difícil.

En Irán, Estados Unidos y Reino Unido desempeñaron un papel central en el golpe de 1953 contra el primer ministro Mohammad Mossadegh, después de que su Gobierno nacionalizara la industria petrolera. La operación reforzó posteriormente el poder del sha Mohammad Reza Pahlavi, cuyo régimen desarrolló durante décadas un sistema autoritario sostenido en buena medida por el respaldo occidental.

Chile proporciona otro expediente cargado de documentos. La Administración de Richard Nixon financió operaciones clandestinas contra Salvador Allende, apoyó partidos y medios opositores y trabajó para deteriorar las condiciones políticas y económicas de su Gobierno. Sin embargo, la documentación disponible no demuestra que Washington dirigiera operativamente el golpe militar de Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973.

Ese matiz importa. Una potencia puede preparar el terreno, financiar adversarios, asfixiar económicamente a un Gobierno o celebrar su caída sin que ello permita atribuirle automáticamente todas las muertes provocadas durante los siguientes 15 o 20 años.

La responsabilidad histórica admite grados. El informe, en ocasiones, tiende a fundirlos en una sola cuenta.

Las guerras posteriores al 11-S ofrecen otra medida

Existe una comparación útil con investigaciones académicas dedicadas a calcular el coste humano de las guerras posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Los estudios más conocidos sobre Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Pakistán y otros escenarios relacionados con la denominada guerra contra el terrorismo estiman que más de 900.000 personas murieron directamente por la violencia en esos conflictos. Cientos de miles eran civiles.

La cifra aumenta drásticamente cuando se incorporan las muertes indirectas: hambre, enfermedades, destrucción de hospitales, deterioro de los sistemas de agua y saneamiento, desplazamientos masivos y otras consecuencias que sobreviven a las bombas. Bajo esos criterios, el coste humano total de esas guerras se sitúa en varios millones de muertos.

Pero hay una cautela fundamental. Esas personas murieron en escenarios afectados por guerras vinculadas a Estados Unidos, algo distinto de afirmar que fueron asesinadas directamente por Estados Unidos. En numerosos casos no existe una atribución individual fiable y dentro de esos conflictos participaron ejércitos nacionales, milicias, organizaciones terroristas, potencias regionales y fuerzas extranjeras.

La diferencia metodológica respecto a Lucas es enorme. El informe pregunta, en esencia, qué habría sucedido si Washington no hubiera intervenido y carga sobre Estados Unidos buena parte de la mortalidad posterior. Otros trabajos intentan calcular el número de muertes relacionadas con las guerras sin adjudicar automáticamente cada cadáver a un único responsable.

Un método estudia responsabilidad causal. El otro intenta medir mortalidad relacionada con el conflicto. Parecen conceptos vecinos. No son lo mismo.

El expediente estadounidense no necesita cifras redondas

La afirmación de que Estados Unidos ha “asesinado entre 20 y 30 millones de personas desde 1945” resulta demasiado categórica para lo que realmente demuestra el informe. Una formulación más precisa sería que James A. Lucas estima que las intervenciones, guerras y políticas estadounidenses contribuyeron directa o indirectamente a conflictos asociados con entre 20 y 30 millones de muertes.

Incluso introduciendo ese matiz, la dimensión histórica de la política exterior estadounidense después de 1945 resulta difícil de minimizar. Corea y Vietnam dejaron millones de muertos. Laos y Camboya soportaron campañas de bombardeo extraordinarias. La invasión de Irak abrió un ciclo de violencia cuya mortalidad continúa siendo discutida. Y los archivos desclasificados prueban intervenciones clandestinas en América Latina, Oriente Próximo, Asia y África.

También sería históricamente absurdo presentar a Estados Unidos como autor único de toda la violencia producida durante ocho décadas. La Unión Soviética invadió Afganistán; Corea del Norte atacó Corea del Sur en 1950; los Jemeres Rojos ejecutaron un genocidio; Saddam Hussein invadió Irán y Kuwait; dictaduras, guerrillas, ejércitos locales, organizaciones terroristas y potencias regionales escribieron sus propias páginas de sangre.

La historia funciona mal cuando necesita un único villano. Y todavía peor cuando necesita un inocente.

El valor del informe de Lucas reside menos en esos 20 o 30 millones, imposibles de tratar como una cifra científica consolidada, que en la cuestión histórica que deja encima de la mesa: hasta dónde llega la responsabilidad de una gran potencia cuando no aprieta personalmente el gatillo, pero proporciona el arma, financia al combatiente, derriba un Gobierno, bloquea una economía o transforma una guerra local en otra mucho mayor.

No existe una calculadora capaz de resolver semejante problema sin discusión. Sí existe un archivo histórico inmenso. Y en ese archivo, desde Guatemala hasta Vietnam, desde Chile hasta Irak, la huella de Washington aparece demasiadas veces como para despacharla como una simple nota al pie.