¿Por qué Serbia le dará honores de Estado al carnicero Ratko Mladić?

Serbia ha decidido que Ratko Mladić, el antiguo comandante militar serbobosnio condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, sea enterrado con honores militares y de Estado. Mladić murió el jueves 27 de agosto, a los 84 años, mientras permanecía hospitalizado en La Haya y bajo custodia de Naciones Unidas. El anuncio serbio llega cuando todavía no se ha concretado públicamente el lugar ni todos los detalles de la ceremonia.

No se trata, por tanto, de discutir si su familia tiene derecho a enterrarlo, llorarlo o despedirse de él. Lo tiene. La cuestión es otra: qué significa que un Estado convierta en honor institucional el funeral de un hombre condenado definitivamente por genocidio, responsable militar de las fuerzas que tomaron Srebrenica en julio de 1995, donde fueron asesinados más de 8.000 hombres y niños bosníacos. El uniforme no borra una sentencia. Tampoco treinta años.

Serbia dará honores de Estado a Ratko Mladić

El ministro de Justicia serbio, Nenad Vujić, confirmó que el entierro respetará los protocolos correspondientes al rango militar que tuvo Mladić. En sus palabras, se concederán los honores que le corresponden como general. El Gobierno serbio está en contacto con la familia y espera que el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales determine los procedimientos para trasladar el cadáver desde Países Bajos.

La familia decidirá finalmente dónde será enterrado. Mladić había expresado su deseo de descansar junto a su hija Ana en Belgrado, aunque en estas primeras horas después de su muerte no se ha cerrado públicamente el escenario definitivo de la ceremonia.

Hay también una diferencia que conviene no borrar a brochazos. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, no anunció personalmente un funeral de Estado ni utilizó exactamente el mismo lenguaje que su ministro. Sí atacó con dureza al tribunal de Naciones Unidas por haber rechazado las peticiones para que Mladić pudiera pasar sus últimos días en Serbia, calificando su actuación de “incivilizada”, y aseguró que Belgrado ayudará a la familia en aquello que solicite.

El resultado político, sin embargo, es difícil de disimular. Mientras en Srebrenica todavía aparecen restos humanos y familias siguen enterrando víctimas identificadas tres décadas después, las autoridades del país que aspira a ingresar en la Unión Europea preparan honores oficiales para uno de los principales condenados de las guerras yugoslavas.

Un protocolo puede ser impecable. El mensaje moral que transmite, bastante menos.

Quién fue Ratko Mladić, el general condenado por genocidio

Ratko Mladić nació el 12 de marzo de 1942 en Božanovići, cerca de Kalinovik, en la actual Bosnia y Herzegovina. Se formó en el Ejército Popular Yugoslavo y desarrolló buena parte de su carrera dentro de las Fuerzas Armadas de una Yugoslavia comunista que, paradójicamente, había hecho de la convivencia entre nacionalidades uno de sus pilares oficiales.

Cuando ese país comenzó a desintegrarse, Mladić se desplazó hacia el nacionalismo serbio y ascendió rápidamente en el aparato militar. Tras estallar la guerra de Bosnia en 1992 fue nombrado comandante del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska, las fuerzas serbobosnias. Permaneció en ese puesto durante los años más sangrientos del conflicto.

No fue condenado por pertenecer a un bando determinado ni por defender a los serbios, como sostiene parte del relato nacionalista construido posteriormente alrededor de su figura. Fue condenado por hechos concretos que los tribunales reconstruyeron durante años mediante documentos militares, órdenes, conversaciones interceptadas, testimonios y miles de pruebas.

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia lo declaró culpable en noviembre de 2017 de genocidio, persecución, exterminio, asesinato, deportación, traslado forzoso, ataques contra civiles, terror y toma de rehenes, entre otros delitos. Recibió cadena perpetua. La sentencia fue confirmada en apelación en 2021, con lo que su responsabilidad penal quedó definitivamente establecida.

Srebrenica: más de 8.000 asesinados en una zona protegida por la ONU

El nombre de Mladić está inevitablemente unido a Srebrenica.

La localidad había sido declarada “zona segura” por Naciones Unidas y estaba abarrotada de refugiados bosníacos cuando las tropas serbobosnias entraron en ella el 11 de julio de 1995. La presencia de cascos azules holandeses no impidió lo que vino después.

Hombres y muchachos fueron separados de mujeres, niños pequeños y ancianos. Durante los días siguientes, las fuerzas serbobosnias ejecutaron sistemáticamente a miles de prisioneros. Los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes; posteriormente, parte de ellos se trasladó a enterramientos secundarios para ocultar las pruebas, lo que provocó que los restos de una misma persona aparecieran, a veces, en diferentes lugares.

El Memorial de Srebrenica conserva 8.372 nombres de víctimas. Aquello no es jurídicamente una opinión ni una etiqueta política colocada décadas después: tribunales internacionales establecieron que fue genocidio.

Mladić era el máximo comandante militar de las fuerzas que conquistaron la ciudad y estuvo personalmente en Srebrenica durante aquellas jornadas. Las imágenes de esos días forman parte de la memoria europea: el general caminando entre cámaras, hablando a civiles y celebrando la caída del enclave mientras comenzaba la operación que acabaría en las ejecuciones masivas.

Decir simplemente que “mató a 8.000 personas” reduce, paradójicamente, la dimensión de lo ocurrido. No fue condenado como autor material de miles de disparos, algo obviamente imposible, sino por su responsabilidad en una maquinaria militar y criminal que hizo posible el genocidio.

Sarajevo, francotiradores, bombas y rehenes de Naciones Unidas

Srebrenica fue el episodio más brutal, pero no el único.

Durante el asedio de Sarajevo, uno de los más prolongados de la historia contemporánea europea, las fuerzas serbobosnias rodearon durante años una ciudad llena de civiles. Francotiradores y artillería convirtieron actividades tan vulgares como buscar agua, cruzar una avenida, subir a un tranvía o comprar pan en una apuesta con la muerte. Unas 11.000 personas murieron durante el asedio.

El tribunal declaró a Mladić culpable por asesinato, terror y ataques ilegales contra civiles en Sarajevo. La campaña pretendía mantener a la población bajo una amenaza constante, una ciudad atrapada entre las montañas y los disparos, con calles que podían convertirse en una ratonera en cuestión de segundos.

También fue condenado por las campañas de persecución y expulsión de bosníacos y croatas de diferentes municipios de Bosnia y por la toma de personal de Naciones Unidas como rehén. Cascos azules llegaron a ser retenidos y utilizados para intentar impedir ataques de la OTAN contra posiciones serbobosnias.

La guerra de Bosnia terminó dejando alrededor de 100.000 muertos y millones de desplazados. Y conviene añadir algo que a veces desaparece cuando la historia vuelve a convertirse en munición nacionalista: también hubo víctimas serbias y crímenes cometidos contra civiles serbios. Reconocerlos no exige negar Srebrenica; exactamente igual que reconocer Srebrenica no convierte a todo un pueblo en culpable.

Esa distinción, tan elemental como incómoda, es precisamente la que el nacionalismo suele triturar.

De fugitivo durante 16 años a condenado a cadena perpetua

Mladić fue acusado internacionalmente durante la guerra, pero consiguió permanecer prófugo durante 16 años. Durante parte de ese tiempo contó con redes de protección y pudo moverse en un entorno donde no era precisamente un desconocido.

Serbia terminó arrestándolo el 26 de mayo de 2011. Vivía bajo una identidad diferente en Lazarevo, una localidad al norte de Belgrado. Fue trasladado poco después a La Haya.

Su juicio comenzó en 2012 y se prolongó durante años. En noviembre de 2017 llegó la condena a cadena perpetua. La apelación no cambió el núcleo del fallo: en junio de 2021 quedó confirmada definitivamente su responsabilidad por el genocidio de Srebrenica y los demás crímenes por los que había sido declarado culpable.

Su salud se deterioró progresivamente. Había sufrido varios problemas cardiovasculares y neurológicos y durante sus últimos meses permaneció hospitalizado. Su defensa y su familia reclamaron repetidamente una liberación por razones humanitarias para que pudiera regresar a Serbia. El tribunal la rechazó.

Mladić murió el 27 de agosto de 2026 en La Haya. El mecanismo judicial de Naciones Unidas ha ordenado una investigación completa sobre las circunstancias de su fallecimiento, un procedimiento dirigido por el juez Iain Bonomy.

La muerte terminó la condena. No anuló la sentencia.

Por qué los honores a Mladić golpean la reconciliación

Hay una enorme diferencia entre permitir el entierro de una persona y convertir ese entierro en un acto de reconocimiento del Estado.

Los honores militares no son decorado. Una bandera sobre el féretro, una guardia formada, una representación oficial o un protocolo reservado a quienes han servido al país comunican algo. El Estado selecciona a quién incorpora simbólicamente a su memoria honorable.

Ahí está el problema.

Un país democrático puede —y debe— discutir su historia. Puede revisar decisiones políticas, estudiar responsabilidades internacionales, recordar a sus propios muertos y criticar incluso el funcionamiento de los tribunales. Lo que resulta mucho más difícil de reconciliar con una cultura democrática es utilizar símbolos estatales para rehabilitar públicamente a una persona condenada por genocidio.

La Comisión Europea ha recordado tras la muerte de Mladić que la glorificación de criminales de guerra es incompatible con los valores europeos y que no hay espacio para ella ni dentro de la UE ni entre los países candidatos.

Serbia es candidato a ingresar en la Unión. Y su relación con la memoria de las guerras de los años noventa lleva mucho tiempo siendo uno de esos espejos que Belgrado mira de reojo: está ahí, refleja demasiado y nunca parece buen momento para colocarse delante.

La reconciliación tampoco consiste en pedir a una sociedad que olvide a sus propios muertos. Consiste en algo bastante más incómodo: aceptar que el crimen cometido por los nuestros sigue siendo un crimen.

Serbia no es Mladić, aunque algunos quieran confundirlos

Sería injusto transformar este episodio en una acusación colectiva contra los serbios. Serbia es una sociedad plural y profundamente dividida sobre su pasado reciente. Durante décadas han existido periodistas, activistas, organizaciones de derechos humanos, historiadores y ciudadanos serbios que documentaron los crímenes de las guerras yugoslavas incluso cuando hacerlo tenía un coste político o personal considerable.

También existe otra Serbia que contempla a Mladić como un héroe nacional, una figura militar que —según esa narrativa— defendió a los serbios en una guerra en la que estos también sufrieron matanzas, expulsiones y persecuciones. Esa visión suele ir acompañada de una profunda desconfianza hacia el tribunal de La Haya, presentado como una institución hostil o particularmente severa con los acusados serbios.

El problema aparece cuando esa interpretación deja de pertenecer a una familia, un partido o una parte de la sociedad y entra en el protocolo oficial del Estado.

Tras conocerse la muerte del general, dirigentes nacionalistas serbios y serbobosnios volvieron a ensalzarlo. En Bosnia, la reacción fue exactamente la contraria. Familiares de las víctimas recordaron que su fallecimiento no devuelve a nadie, pero que al menos murió después de haber sido juzgado y condenado.

Es difícil imaginar dos memorias más alejadas viviendo a pocos kilómetros una de otra.

Y ahí sigue Bosnia y Herzegovina, un país cuya compleja arquitectura institucional nació de los acuerdos de Dayton de 1995 y que continúa soportando las grietas políticas, territoriales y emocionales de aquella guerra. Cada negación del genocidio, cada exaltación de un criminal condenado, cada intento de convertir una sentencia en cuestión de identidad nacional vuelve a meter una pequeña cuña en esas grietas.

El Estado decide qué memoria legitima

Ratko Mladić no murió como un general retirado pendiente de juicio ni como una figura histórica cuya responsabilidad permanezca envuelta en hipótesis. Murió cumpliendo cadena perpetua, después de una condena confirmada en apelación por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Serbia puede repatriar su cadáver. Su familia puede despedirlo. Sus simpatizantes pueden conservar de él la imagen que quieran dentro de los límites de la ley. Ninguna democracia necesita fiscalizar el duelo privado.

Los honores de Estado, sin embargo, pertenecen a otra esfera. Ya no hablan únicamente del muerto; hablan de quien los concede.

Treinta y un años después de Srebrenica, todavía hay familias que reciben una llamada cuando aparece un hueso identificado mediante ADN. Todavía se celebran nuevos entierros en Potočari. Todavía quedan desaparecidos. Frente a esa realidad, revestir de solemnidad oficial a quien comandaba las fuerzas responsables del genocidio no ayuda a cerrar una herida. Cambia el vendaje por una bandera.

La libertad permite discutir la historia. La justicia fija responsabilidades individuales. La paz exige poder convivir después de conocer ambas cosas. Y una democracia madura empieza precisamente ahí: los muertos propios merecen memoria; los crímenes propios, verdad.

Convertir esa diferencia en un detalle de protocolo es mucho más fácil. También mucho más peligroso.