¿Por qué Marruecos acusa a España de bloquear el retorno de menores?

Marruecos ha elevado el tono con España en plena crisis migratoria de Ceuta. Rabat asegura que está dispuesto a recibir a los menores marroquíes no acompañados que permanecen en territorio español y sostiene que el verdadero freno no está al otro lado de la frontera, sino en los procedimientos administrativos y judiciales españoles. La acusación va un poco más lejos: fuentes diplomáticas marroquíes consideran que determinados actores políticos españoles están explotando el asunto migratorio con fines electorales.

La cuestión, sin embargo, tiene bastante más letra pequeña. España no puede llevar a un menor hasta el Tarajal y entregarlo sin más porque Marruecos acepte recibirlo. La legislación obliga a estudiar cada caso de manera individual, conocer su situación familiar, escuchar al menor cuando corresponda y determinar si regresar a Marruecos responde realmente a su interés superior. Es justo ahí donde chocan el mensaje político de Rabat, las exigencias españolas de devolución y un sistema jurídico diseñado para impedir que los niños sean tratados como un grupo homogéneo de inmigrantes adultos.

Marruecos dice que quiere recibir a sus menores

La posición trasladada desde Rabat es bastante nítida. Una fuente diplomática marroquí ha señalado que existen instrucciones del rey Mohamed VI dirigidas a los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores para identificar a los menores no acompañados y facilitar su retorno al país.

Según esta versión, Marruecos está dispuesto a colaborar tanto con España como con otros socios europeos. La identificación de los menores, sostiene Rabat, no sería el verdadero problema. Las dificultades aparecerían después, debido a las garantías jurídicas y administrativas establecidas por los países europeos antes de autorizar una repatriación.

No es una posición completamente nueva. Marruecos recuerda que ambos países mantienen desde hace años mecanismos de cooperación sobre menores no acompañados. De hecho, España y Marruecos firmaron en 2007 un acuerdo bilateral sobre prevención, protección y retorno concertado de menores, que entró en vigor en 2012.

Ese acuerdo reconoce expresamente la posibilidad del retorno, pero también coloca una barrera difícil de borrar con una declaración diplomática: debe respetarse la legislación española, el derecho internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y, por encima de todo, el interés superior del menor.

Rabat considera, sin embargo, que durante demasiado tiempo se ha instalado en España la imagen de un Marruecos que se resiste a recibir a sus propios nacionales. La diplomacia marroquí rechaza esa interpretación y sostiene que son las reglas internas españolas las que ralentizan los expedientes. Ahí aparece el aguijón político: según la fuente citada por distintos medios, algunos dirigentes estarían utilizando la inmigración y la situación de estos menores como argumento electoral.

La acusación es seria. También interesada, naturalmente. En política migratoria casi ningún Gobierno observa la frontera desde una torre de marfil.

Por qué España no puede devolverlos automáticamente

La palabra que suele desaparecer cuando la discusión política se calienta es procedimiento. Y aquí importa mucho.

La Ley de Extranjería española establece que antes de iniciar una repatriación debe recabarse información sobre las circunstancias familiares del menor. Después deben intervenir los servicios de protección, el Ministerio Fiscal y, cuando tenga suficiente madurez, el propio niño o adolescente. La Administración debe decidir entonces si procede su retorno al país de origen, la reunificación con su familia o su permanencia en España.

El Reglamento de Extranjería desarrolla todavía más ese mecanismo. Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno tienen competencia para tramitar los expedientes, mientras que las autoridades deben obtener información del país de origen y comprobar las condiciones en las que quedaría el menor tras regresar.

No se trata, por tanto, de una expulsión ordinaria. Tampoco de una devolución inmediata equivalente a la que puede aplicarse en determinadas circunstancias a un adulto. Ser menor cambia jurídicamente el caso entero.

El acuerdo firmado con Marruecos tampoco elimina estas garantías. Su propio texto establece que las autoridades españolas decidirán sobre el retorno respetando estrictamente la legislación nacional y las normas internacionales. Y obliga a ambos países a garantizar que, en cada devolución, exista una reunificación familiar efectiva o una entrega a una institución capaz de hacerse cargo del menor.

El precedente de Ceuta que pesa sobre el Gobierno

Hay, además, un antecedente incómodo y bastante reciente. En agosto de 2021 España comenzó a devolver a Marruecos a menores que habían entrado en Ceuta durante la crisis fronteriza de mayo de aquel año.

Aquella operación acabó en los tribunales.

En enero de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que esas devoluciones fueron ilegales porque no se había seguido el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería. La sentencia reforzó una idea que condiciona cualquier decisión que adopte el Ejecutivo en la crisis actual: un acuerdo diplomático con Marruecos no permite saltarse las garantías individuales establecidas para los menores.

El Gobierno español conoce, pues, el terreno que pisa. Y está lleno de minas jurídicas.

Por eso la voluntad expresada por Marruecos puede facilitar los retornos, especialmente a la hora de identificar a los menores o localizar a sus familias, pero no sustituye el expediente español. El consentimiento de Rabat es una pieza necesaria en muchos casos; no es, por sí mismo, una orden de salida.

Ceuta vuelve a situar el problema en primer plano

La ofensiva diplomática marroquí llega después de la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio. Las autoridades españolas cifraron en alrededor de 72.000 las personas que cruzaron durante aquellos días, mientras Marruecos manejó una estimación cercana a las 40.000. La mayoría regresó posteriormente a territorio marroquí, pero la situación de los menores abrió un problema mucho más complejo.

El Gobierno español había registrado hasta el 7 de agosto 1.342 menores no acompañados en Ceuta. Las autoridades ceutíes calculan que alrededor de 1.100 habrían llegado durante la última crisis, aunque asociaciones que trabajan sobre el terreno manejan cifras distintas y superiores. La diferencia muestra hasta qué punto la identificación continúa siendo uno de los grandes cuellos de botella.

La capacidad de acogida de Ceuta está completamente desbordada. El Ejecutivo ha anunciado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para atender la emergencia y prepara mecanismos para trasladar a menores a otras comunidades autónomas mientras se determina su situación.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha defendido que la salida pasa por el retorno a Marruecos de quienes puedan regresar legalmente y ha descrito la situación de la ciudad como insostenible. El Ministerio de Juventud e Infancia, por su parte, insiste en que los expedientes deben resolverse individualmente y respetando los derechos de cada menor.

Dos afirmaciones que pueden parecer incompatibles y no necesariamente lo son. España puede impulsar las repatriaciones y, al mismo tiempo, estar obligada a analizarlas una por una.

El retorno de menores entra de lleno en la batalla política

El problema migratorio también ha saltado de Ceuta a las comunidades autónomas. El debate sobre el traslado de menores ha provocado rechazo en varios gobiernos regionales y ha convertido la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia prevista para el 13 de agosto en otro frente político.

Representantes autonómicos de Vox en Aragón, Castilla y León y Extremadura han reclamado que se priorice la reunificación familiar o el retorno a Marruecos antes que el traslado de los menores a otras comunidades. También han anunciado su intención de recurrir decisiones que, a su juicio, ignoren esa posibilidad.

Es en ese paisaje donde debe entenderse la acusación procedente de Rabat. Cuando Marruecos denuncia que la cuestión está siendo utilizada con fines electorales no señala únicamente un problema burocrático: intenta cambiar el marco del debate. El mensaje es sencillo —Marruecos quiere recibirlos, España no consigue devolverlos—, aunque jurídicamente la realidad tenga más engranajes.

Y aquí aparece una paradoja nada menor. Quienes reclaman simplemente devolver a los menores pueden invocar el acuerdo bilateral con Marruecos, pero ese mismo acuerdo exige respetar las garantías españolas y el interés superior del niño. El tratado abre la puerta al regreso y, al mismo tiempo, impide convertirlo en una operación automática.

España y Marruecos vuelven a encontrarse en la frontera

La nueva disputa demuestra hasta qué punto la relación entre Madrid y Rabat sigue pasando por una frontera donde se mezclan diplomacia, seguridad, derechos de la infancia y política interior. Marruecos tiene razón en un elemento verificable: ha manifestado públicamente su disposición a colaborar en el retorno de sus menores. De ahí no se desprende, sin embargo, que España pueda devolverlos inmediatamente ni que toda demora revele falta de voluntad política.

También existe una responsabilidad marroquí concreta. El acuerdo bilateral obliga a Rabat a colaborar en la identificación del menor y de su familia, documentar su nacionalidad y garantizar, junto con España, unas condiciones adecuadas para la reunificación familiar o su acogida por los servicios de protección marroquíes. No basta con decir que la puerta está abierta; hay que saber quién cruza esa puerta y qué encontrará detrás.

La crisis de Ceuta ha vuelto a comprimir todos esos matices hasta convertirlos en consignas políticas fáciles de pronunciar y bastante más difíciles de ejecutar. España puede devolver menores a Marruecos. Marruecos puede —y afirma querer— recibirlos. Pero entre ambas cosas existe un expediente individual, unas garantías legales y una obligación que los tribunales españoles ya han recordado con claridad: la frontera no suspende los derechos de un menor.