Ayuso resiste en Madrid con una mayoría cada vez más frágil

Isabel Díaz Ayuso conserva una ventaja electoral que sus adversarios todavía no han logrado convertir en derrota, aunque las estimaciones más recientes citadas la sitúan cerca del límite parlamentario. Un sondeo de Sigma Dos para El Mundo proyecta al PP entre 68 y 69 escaños, justo en torno a los 68 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. La cifra dibuja una continuidad más ajustada que la victoria de 2023, no un resultado asegurado: una encuesta mide un escenario posible, no anticipa el reparto definitivo de votos.

La explicación combina una marca política reconocible, un electorado popular fiel y una oposición que aún no aparece como alternativa unificada. A eso se suma que parte del voto a Ayuso expresa tanto apoyo a su gestión como rechazo al Gobierno central o a las opciones progresistas. Por eso, las críticas por la sanidad, la vivienda, las residencias de mayores o los asuntos judiciales pueden desgastar al Ejecutivo sin provocar automáticamente un cambio de bloque: el malestar solo altera el poder cuando encuentra una oferta política capaz de reunirlo.

Una mayoría que ya no parece holgada

En las elecciones autonómicas de 2023, el PP obtuvo 70 escaños y pudo gobernar en solitario. Vox consiguió 11 diputados, mientras Más Madrid y el PSOE lograron 27 cada uno; Más Madrid quedó por delante de los socialistas en votos. Aquella mayoría dio a Ayuso un margen claro para sacar adelante sus iniciativas en la Asamblea y consolidó a Madrid como uno de los principales escaparates políticos del Partido Popular. La distancia entre esos 70 diputados y los 68 que marcan la mayoría absoluta es pequeña en números, pero decisiva en la práctica.

El sondeo citado proyecta un 46,7% de los votos para el PP, frente al 47,3% que obtuvo en 2023, y le atribuye entre 68 y 69 escaños. Vox subiría al 9,5%, con una horquilla de 13 o 14 diputados. En la izquierda, el PSOE alcanzaría el 20,2% y unos 29 escaños, Más Madrid se movería entre 24 y 25, y Podemos quedaría por debajo del umbral de representación con un 4,2%. Son cálculos sujetos a cambios, pero sirven para entender la paradoja: el PP podría retroceder y, aun así, conservar el control de la Cámara.

La aritmética importa porque los escaños no se reparten como una suma directa de porcentajes. Una variación pequeña en el voto puede alterar quién cruza el umbral o cuánto obtiene cada candidatura, y la composición final depende también de cómo se distribuyan los apoyos entre partidos. La mayoría absoluta no equivale a una mayoría social uniforme ni demuestra que todos los votantes aprueben cada decisión del Gobierno. Indica que una candidatura reúne suficientes diputados para gobernar sin depender de otra fuerza. Estar justo en ese umbral convierte cada movimiento electoral en una posible diferencia de poder.

Ayuso convirtió Madrid en una identidad política

La fortaleza de la presidenta no se sostiene únicamente en la valoración de servicios concretos. También se apoya en un relato sencillo y reconocible: Madrid como lugar de oportunidades, actividad económica y menor intervención política en la vida cotidiana. El lema de la libertad ha servido para condensar ideas distintas —desde los impuestos hasta los horarios o la hostelería— en una identidad común. No todos los votantes entienden ese mensaje de la misma manera, pero su eficacia reside precisamente en que puede acoger motivaciones diversas. La marca política de Ayuso conecta la gestión regional con una imagen más amplia de lo que significa Madrid.

Ese marco le permite presentar muchas controversias como una disputa entre la Comunidad y el Gobierno central. Sus rivales suelen poner el foco en políticas públicas, contratos, listas de espera o decisiones administrativas; Ayuso puede trasladar el debate a la autonomía, la fiscalidad o el enfrentamiento con el Ejecutivo nacional. No hace falta que cada elector comparta todo ese diagnóstico. Basta con que el mensaje le resulte más familiar o convincente que el de la oposición. En una contienda muy polarizada, quien logra fijar el tema del debate puede mantener unidos a votantes con intereses distintos.

El respaldo tampoco implica que los problemas cotidianos pasen inadvertidos. Una persona puede tener dificultades para conseguir cita en Atención Primaria y seguir pensando que Madrid ofrece trabajo, actividad o mejores oportunidades; otra puede considerar que la sanidad necesita cambios, pero no confiar en los partidos que proponen dirigirlos. También hay votantes que distinguen entre su evaluación de la gestión autonómica y su preferencia en la disputa nacional. El apoyo electoral puede convivir con críticas parciales, porque la papeleta compara alternativas y no califica cada política por separado.

Los escándalos no se transforman por sí solos en votos

La crisis de las residencias durante la primera ola de la pandemia sigue siendo una de las controversias más graves asociadas al Gobierno regional. En marzo y abril de 2020 murieron miles de personas mayores en residencias madrileñas, en un contexto de emergencia sanitaria y de aplicación de protocolos que limitaron derivaciones hospitalarias para determinados perfiles. La cifra de 7.291 fallecidos se ha utilizado en el debate público para referirse a las muertes vinculadas a esos protocolos, mientras el Ejecutivo regional ha discutido el recuento y la forma de atribuir las causas. La disputa por los números forma parte de una cuestión humana y política que continúa abierta para muchas familias.

La controversia no ha producido, hasta ahora, una ruptura automática del apoyo al PP. La pandemia fue una experiencia excepcional, difícil de reconstruir desde la distancia y marcada por decisiones tomadas bajo presión en distintos niveles de la administración. Para algunos votantes, las responsabilidades son claras; otros creen que hubo fallos generalizados, atribuyen el desenlace a la magnitud de la crisis o prefieren no volver sobre un episodio doloroso. Las causas judiciales y las investigaciones tampoco se traducen con facilidad en una narración compartida. La memoria de una tragedia puede seguir viva sin convertirse en un criterio electoral dominante para todos.

Algo parecido ocurre con la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por presunto fraude fiscal relativo a los ejercicios de 2020 y 2021. La cantidad atribuida en la información judicial conocida ronda los 350.000 euros, y la causa se dirige contra él, no contra la presidenta por ese presunto fraude. El asunto puede afectar a la imagen política de Ayuso, sobre todo porque contrasta con el discurso del PP sobre impuestos y responsabilidad fiscal. Pero el recorrido judicial y sus derivaciones han generado versiones enfrentadas y detalles técnicos difíciles de seguir. El impacto reputacional existe, aunque no equivale por sí mismo a responsabilidad penal de la presidenta ni a una fuga inmediata de votantes.

Cuando un caso se convierte en símbolo de la disputa entre bloques, los electores tienden a interpretarlo a través de sus lealtades previas. Quienes ya desconfían de Ayuso pueden verlo como prueba de hipocresía; quienes la apoyan pueden considerar que se utiliza para atacarla políticamente. Entre ambos grupos hay personas menos convencidas, pero la saturación de acusaciones, filtraciones y explicaciones judiciales puede dificultar que el asunto se traduzca en una conclusión clara. El desgaste se vuelve electoralmente decisivo cuando afecta a la confianza y, además, existe una alternativa que el votante considera viable.

La sanidad refleja un malestar con varios matices

La sanidad pública es uno de los terrenos donde las críticas al Gobierno regional se sienten de manera más directa. Las demoras en Atención Primaria, las listas de espera y las quejas de pacientes y profesionales forman parte del debate cotidiano. Al mismo tiempo, la red madrileña cuenta con grandes hospitales y especialistas que muchos usuarios valoran. Las dos percepciones pueden coexistir: una persona puede confiar en los profesionales y considerar que el sistema tiene recursos importantes, pero estar frustrada por el tiempo que tarda en conseguir una consulta o una prueba. La experiencia sanitaria no se reduce a una valoración única de todo el sistema.

El Barómetro Sanitario de 2025 citado en la información de referencia situó la valoración general de la sanidad pública madrileña en 6,22 sobre 10. El mismo análisis señalaba que solo un 5,6% de los encuestados en Madrid percibía una mejora en las listas de espera hospitalarias, el porcentaje más bajo entre las comunidades mencionadas. Las cifras describen una imagen mixta: una puntuación global relativamente favorable junto a una percepción muy débil de progreso en las esperas. Ese contraste ayuda a explicar por qué las críticas pueden ser creíbles sin provocar un vuelco político inmediato.

También influye la atribución de responsabilidades. La atención sanitaria depende de decisiones autonómicas, aunque ciertos aspectos de la formación médica y la coordinación afecten al conjunto del sistema nacional. En la Asamblea, el PP ha reclamado al Ministerio de Sanidad medidas como la creación de 1.000 plazas formativas adicionales al año en Medicina de Familia y Comunitaria; desde la oposición se ha respondido que varias de las medidas planteadas corresponden a las comunidades. El choque permite a cada partido señalar al adversario, pero no siempre aclara al elector quién puede resolver cada problema concreto. En el debate sanitario, la competencia institucional es parte de la disputa política.

La oposición no ha convertido el desgaste en una alternativa común

La situación de los partidos progresistas es otro factor central. La encuesta citada prevé que el PSOE adelante a Más Madrid y que Podemos se quede fuera de la Asamblea, mientras la suma de las fuerzas de izquierda seguiría por debajo del resultado del PP. No se trata solo de cuántos votos obtiene cada formación: también importa quién lidera el bloque, qué proyecto representa y si sus mensajes llegan a públicos distintos. La fragmentación puede restar eficacia a una oposición incluso cuando hay descontento con el Gobierno.

Más Madrid ha sido una referencia destacada de la izquierda regional, pero Mónica García pasó a ocupar el cargo de ministra de Sanidad y el espacio progresista afronta una disputa por el liderazgo y la estrategia. El PSOE puede recuperar terreno en las proyecciones sin aparecer necesariamente como una opción capaz de desplazar al PP del Gobierno. Según la lectura de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, Ayuso atraviesa un momento de declive y no conservará la mayoría absoluta en 2027. Esa es una valoración partidista, no un dato confirmado: la predicción de una dirigente opositora debe distinguirse de la fotografía demoscópica de una encuesta.

Bergerot ha señalado como indicios de desgaste el viaje institucional de Ayuso a México, la crisis en la Consejería de Educación y el conflicto universitario. También ha contrapuesto la gestión de la presidenta a la figura de Mónica García y ha defendido que existe una mayoría social más preocupada por los servicios públicos que por las provocaciones políticas. Su partido ha presentado propuestas de vivienda que incluyen limitar los pisos turísticos y aumentar los impuestos a los grandes tenedores. Que esas ideas conecten con quienes sufren el coste de la vivienda es una cuestión distinta de que consigan reunir una mayoría electoral. La oposición necesita que sus diagnósticos se conviertan en una propuesta compartida y reconocible.

La familiaridad también juega a favor de quien lleva años en el centro del debate. Ayuso tiene una imagen pública nítida y ocupa con facilidad la conversación política; sus adversarios han cambiado de responsabilidades, liderazgos y prioridades. Esa diferencia no prueba que una candidata sea más eficaz en la gestión, pero sí influye en la capacidad de fijar temas y retener atención. Para disputar el poder no basta con denunciar problemas: hace falta explicar qué cambiaría, cómo y con qué prioridades, sin que el mensaje quede eclipsado por las diferencias entre partidos. La continuidad de una figura conocida puede imponerse a una alternativa que todavía parece en construcción.

Vox crece, pero el PP conserva el centro del bloque

La proyección de Vox, con un 9,5% de los votos y entre 13 y 14 escaños, indica un avance respecto a los 11 diputados que obtuvo en 2023. Sin embargo, ese crecimiento no implica necesariamente que Ayuso pierda el control de la derecha. Si el PP alcanzara por sí solo los 68 escaños, podría gobernar sin pactar con Vox, aunque la distancia entre ambas formaciones y el resultado final dependerían de la elección. El avance de un socio potencial no cambia el Gobierno mientras no altere la mayoría parlamentaria.

Ayuso ocupa un espacio que puede atraer tanto a votantes moderados como a electores más combativos frente al Gobierno central. Su discurso sobre impuestos, libertad, identidad política y oposición al Ejecutivo nacional reduce la necesidad de que parte del electorado conservador busque en Vox una expresión más dura. Pero el equilibrio tiene límites: una caída del PP o un avance mayor de Vox podrían hacer depender la investidura o la acción de gobierno de un pacto. La mayoría absoluta permite al PP contener esa dependencia, y por eso cada escaño próximo al umbral tiene un valor estratégico.

La disputa electoral también se libra en el terreno nacional

Las elecciones autonómicas madrileñas suelen proyectarse más allá de la gestión regional. Para muchos votantes, la Comunidad representa una forma de vida asociada al empleo, la actividad económica, el consumo y la movilidad; para otros, es un escenario donde se discuten los impuestos, los servicios públicos y las desigualdades entre barrios. Ayuso ha logrado convertir parte de esa identidad en un mensaje de defensa de Madrid frente al Gobierno central. Cuando una elección regional adquiere dimensión nacional, el balance de la gestión deja de ser el único criterio de voto.

Ese componente ayuda a entender por qué un elector puede desaprobar una medida autonómica y, aun así, votar al PP para expresar su oposición a los socialistas o su preferencia por una política económica más cercana a la derecha. También funciona en sentido contrario: el voto progresista puede reunir a personas con prioridades distintas porque comparten el deseo de frenar a Ayuso, aunque no estén de acuerdo sobre liderazgo, vivienda o servicios públicos. Los bloques se construyen con adhesiones, pero también con rechazos. El voto no siempre premia de forma directa: a menudo elige el proyecto que parece menos alejado de las propias prioridades.

La vivienda puede ser uno de los asuntos capaces de tensionar esa identificación. El coste de vivir en Madrid afecta a jóvenes y familias, y las propuestas de limitar pisos turísticos o elevar la carga fiscal a grandes propietarios intentan vincular el debate autonómico con una dificultad cotidiana. Pero la preocupación por los alquileres no determina por sí sola el voto: también entran en juego la percepción sobre la economía, los impuestos, la oferta de vivienda y la confianza en quién propone los cambios. Un problema compartido solo se convierte en fuerza política cuando una candidatura logra que su respuesta parezca creíble.

El margen estrecho deja abierta la siguiente elección

La imagen que ofrecen las proyecciones no es la de una victoria asegurada ni la de un derrumbe inminente. El PP aparece cerca del umbral de la mayoría absoluta; Vox gana espacio; el PSOE podría mejorar y Más Madrid perder terreno. Podemos, según ese sondeo, no entraría en la Cámara. Como las elecciones de 2027 todavía están por celebrarse, pueden cambiar tanto las preferencias como los liderazgos, los asuntos dominantes y la participación. La fotografía de una encuesta es una señal del momento, no un veredicto anticipado.

Ayuso mantiene ventaja porque su identidad política sigue siendo reconocible, porque una parte importante de sus votantes permanece fiel y porque el descontento con su Gobierno todavía no se ha organizado en una alternativa común. Las críticas a la sanidad, la vivienda, la gestión de las residencias y los casos judiciales pueden erosionar esa posición, pero su efecto depende de cómo se interpreten y de quién consiga capitalizarlo. Una grieta en la mayoría no equivale a una caída, aunque sí reduce el margen para los errores.

La pregunta decisiva para el futuro no será solo cuánto apoyo conserva la presidenta, sino si sus rivales pueden unir problemas concretos con una propuesta que atraviese barrios y electorados distintos. Mientras esa conexión no aparezca, el desgaste puede quedarse en una advertencia y no convertirse en alternancia. Si el PP pierde los escaños que lo separan de la mayoría absoluta, el papel de Vox y la capacidad de acuerdo de la izquierda cobrarán mucho más peso. En Madrid, la resistencia de Ayuso se explica tanto por su propia fortaleza como por la dificultad de sus adversarios para sumar una mayoría alternativa.