¿Debían las joyas de Zapatero acabar en manos del Estado español?

José Luis Rodríguez Zapatero podría tener que explicar algo más profundo que el valor, la procedencia fiscal o la entrada en España de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Si algunas piezas fueron recibidas durante sus años en La Moncloa, en viajes oficiales o como obsequios vinculados a su condición de presidente, la cuestión central sería otra: si tenía derecho a conservarlas como bienes particulares.

La respuesta depende de una reconstrucción que todavía no existe públicamente. Hay que saber quién entregó cada pieza, cuándo, dónde, a quién iba dirigida y en qué contexto. Un pendiente heredado no plantea el mismo problema que un conjunto de esmeraldas entregado por un jefe de Estado durante una visita oficial. Y un regalo recibido por un ciudadano privado no se rige igual que un obsequio ofrecido al presidente del Gobierno. Parece obvio. En política española, sin embargo, lo obvio suele llegar con veinte años de retraso y dentro de una diligencia judicial.

La Policía encontró más de un centenar de joyas durante el registro practicado el 19 de mayo en la oficina del expresidente. La secretaria de Zapatero explicó entonces que procedían de herencias familiares y regalos de viajes. Una tasación solicitada por el juez José Luis Calama elevó después su valor estimado de reposición hasta 1.323.915 euros, muy lejos de la primera cifra difundida por el entorno del antiguo jefe del Ejecutivo. El magistrado ha abierto una pieza separada para investigar posibles delitos fiscales y de contrabando, sin que ello permita anticipar culpabilidad alguna. Zapatero conserva, naturalmente, la presunción de inocencia.

La pregunta que cambia el foco de las joyas de Zapatero

Hasta ahora, la conversación pública ha girado alrededor de una cifra con muchos ceros. Cuánto valen las joyas de Zapatero, por qué se estimaron inicialmente en una cantidad mucho menor, si fueron declaradas, si pagaron impuestos, si atravesaron una aduana o si su presencia en una caja fuerte resulta compatible con la imagen política que Zapatero cultivó durante décadas.

Todo eso importa. Pero la cifra puede actuar como una lámpara demasiado intensa: ilumina el brillo y deja en sombra el origen jurídico. Una joya de enorme valor puede pertenecer legítimamente a una familia desde hace generaciones. Otra mucho más modesta podría ser problemática si fue entregada a un gobernante para congraciarse con él. El precio no decide por sí solo la titularidad ni el posible delito.

La explicación de que parte del lote proceda de regalos de viajes abre precisamente esa puerta. No demuestra una irregularidad, pero obliga a precisar qué viajes fueron, quién realizó los obsequios y en calidad de qué los recibió el matrimonio Zapatero-Espinosa. La palabra viaje es cómoda, casi turística; huele a imán de nevera, a figurita de aeropuerto. Un collar de piedras preciosas es otra cosa.

Si los regalos llegaron después de que Zapatero abandonara La Moncloa en diciembre de 2011, cuando actuaba como expresidente, mediador o consultor privado, habría que examinar principalmente su fiscalidad, su importación y la relación con los donantes. Si fueron recibidos durante su mandato por razón del cargo, aparece un marco diferente: el Código de Buen Gobierno aprobado por su propio Ejecutivo en 2005.

Esa distinción temporal será decisiva. Sin fechas no hay relato jurídico, solo una caja fuerte llena de objetos. El juez tendrá que convertir esos objetos en una cronología.

El código sobre regalos que Zapatero aprobó desde La Moncloa

En febrero de 2005, menos de un año después de llegar al Gobierno, el Consejo de Ministros presidido por Zapatero aprobó el Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos de la Administración General del Estado. La norma fue publicada en el BOE mediante la Orden APU/516/2005 y entró en vigor el 27 de marzo de aquel año. Se mantuvo vigente hasta abril de 2015, por lo que cubrió casi toda la presidencia de Zapatero.

El texto pretendía elevar el listón ético de la Administración. Hablaba de integridad, responsabilidad, credibilidad, transparencia, austeridad, honradez y ejemplaridad. Vocabulario solemne, sí, pero no decorativo: el preámbulo presentaba aquel código como un pacto entre los poderes públicos y los ciudadanos.

En materia de obsequios, el mandato era bastante inteligible. Los altos cargos debían rechazar cualquier regalo, favor o servicio que superara los usos habituales, sociales y de cortesía. Cuando se tratara de un obsequio de mayor significación institucional, debía incorporarse al patrimonio del Estado conforme a la legislación patrimonial.

La regla que salió del Gobierno de Zapatero

La ironía política resulta difícil de esquivar. No fue una norma heredada del franquismo, ni una circular perdida de algún subsecretario, ni una ocurrencia reciente diseñada para perseguir a un adversario. Fue una regla impulsada por el Gobierno de Zapatero como expresión de una nueva cultura pública.

Eso no significa que cualquier joya recibida entre 2005 y 2011 perteneciera automáticamente al Estado. El código distinguía entre detalles de cortesía y obsequios institucionales con una significación mayor. Tampoco fijaba un precio exacto que separase unos de otros, uno de los defectos históricos de la regulación española. No había una frontera tan clara como la cinta roja de una joyería: hasta aquí, cortesía; desde aquí, patrimonio público.

La naturaleza del donante y el contexto pesan tanto como el valor. Un libro entregado por un alcalde, una artesanía local o una placa conmemorativa encajan normalmente en el protocolo ordinario. Un reloj de lujo, un collar de esmeraldas o un conjunto de diamantes entregado por una autoridad extranjera difícilmente pueden esconderse detrás de la palabra detalle sin que la palabra empiece a crujir.

Aun así, el código de 2005 no era una máquina automática de decomisos. Su incumplimiento debía abordarse conforme al ordenamiento y el Consejo de Ministros podía adoptar medidas ante las vulneraciones detectadas. Para saber si una pieza concreta tenía que haberse incorporado al patrimonio estatal sería necesario acreditar que fue recibida por razón del cargo y que poseía suficiente carácter institucional. Sin esos elementos, el razonamiento se queda en una sospecha elegante, pero sospecha al fin.

Regalo oficial, herencia o detalle privado: tres mundos distintos

La versión difundida tras el registro mezcla dos grandes procedencias: herencias y regalos. Jurídicamente son carriles diferentes.

Una herencia familiar puede justificar de manera perfectamente legítima la propiedad de joyas antiguas, incluso muy valiosas. Harían falta documentos sucesorios, inventarios, testamentos, adjudicaciones, fotografías antiguas, seguros o cualquier prueba capaz de conectar las piezas con las personas fallecidas y con sus herederos. En patrimonio familiar, el paso de los años suele amarillear los papeles; pero cuando el valor supera el millón de euros, la ausencia completa de rastro documental resulta más difícil de tratar como una simple distracción doméstica.

Los regalos privados recibidos después de abandonar el Gobierno también pueden pertenecer legítimamente al expresidente o a su esposa. Otra cosa es que debieran declararse fiscalmente, que procedieran de un país ajeno a la Unión Europea o que existiera una relación entre el donante y gestiones desarrolladas por Zapatero. En ese terreno aparecen el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la normativa aduanera, el IVA a la importación y, en situaciones extremas, figuras penales que exigen indicios mucho más sólidos que una fotografía de piedras preciosas.

El tercer escenario es el políticamente más delicado: obsequios recibidos durante actos, misiones o viajes oficiales. Ahí no basta con sostener que alguien entregó la pieza a José Luis Rodríguez Zapatero o a Sonsoles Espinosa. Habría que determinar si se la regaló a la persona o a la institución que representaban. La diferencia parece filosófica, pero termina siendo contable, fiscal y patrimonial.

El momento de entrega importa más que el estuche

Los regalos diplomáticos rara vez llegan con una escritura que diga propiedad personal e irrevocable. Su significado nace del contexto. Si un mandatario extranjero entrega un objeto durante una recepción organizada por el Estado, con agenda oficial, seguridad pública, protocolo y representación nacional, cuesta separar por completo el regalo de la función institucional.

En cambio, si el obsequio se produjo años después, durante una visita privada o una actividad profesional ajena al Gobierno, el código de 2005 no sería aplicable por el simple hecho de que el receptor hubiera sido presidente. Los expresidentes no quedan congelados para siempre como altos cargos, aunque algunos conserven escolta, despacho, tratamiento y una agenda capaz de abrir puertas pesadas.

Aquí aparece otro asunto incómodo: el donante. Una pieza puede haber sido heredada, comprada, regalada por un familiar, entregada por una casa real extranjera o recibida de un empresario interesado en una intermediación. Cada origen dibuja un paisaje distinto. Meterlo todo en el saco de los regalos de viajes sirve para una declaración improvisada ante la prensa; para una investigación judicial, no.

Patrimonio del Estado, investigación judicial y transparencia

El debate suele introducir una confusión habitual. Que un regalo institucional deba incorporarse al patrimonio del Estado no significa que pase necesariamente a Patrimonio Nacional.

Patrimonio Nacional es el organismo que gestiona los bienes estatales vinculados al uso y servicio de la Corona, así como palacios, monasterios, jardines, colecciones artísticas y otros espacios históricos. Las reglas sobre los obsequios a miembros del Gobierno remitían, en cambio, al patrimonio de la Administración del Estado bajo la Ley 33/2003.

No es una cuestión de pedantería jurídica. Determina quién tendría que recibir, inventariar, custodiar o asignar los bienes. Un regalo oficial entregado a un presidente podría acabar depositado en un ministerio, en Presidencia del Gobierno, en un museo, en un almacén administrativo o en otra dependencia pública. No se enviaría automáticamente al Palacio Real entre tapices, carrozas y vajillas borbónicas.

El problema es que España ha mantenido durante años una gestión opaca y poco uniforme de los regalos institucionales. La Ley de Transparencia de 2013 reiteró que los altos cargos no deben aceptar para sí obsequios que superen los usos sociales o de cortesía, y que los de mayor relevancia institucional deben incorporarse al patrimonio de la Administración correspondiente. El principio está escrito. Lo que ha faltado con frecuencia es un registro público homogéneo, con identificación del donante, fecha, descripción, valoración y destino final.

Sin inventario, la memoria acaba haciendo de notario. Y la memoria humana, sobre todo cuando hay rubíes, zafiros y responsabilidades políticas de por medio, es un archivo bastante creativo.

Zapatero tiene previsto declarar ante el juez Calama los días 17 y 18 de junio, después de que su comparecencia inicial fuera aplazada para permitir a la defensa estudiar una causa especialmente extensa. La investigación principal examina su presunto papel en una estructura de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra, junto con pagos canalizados mediante consultoras y sociedades del entorno investigado. Él ha negado las acusaciones y ha defendido la legalidad de su actividad profesional.

La pieza de las joyas añade un expediente distinto, aunque conectado por el registro en el que fueron encontradas. El juez ha pedido conocer su autenticidad, valor, fabricante, marcas y fecha aproximada de elaboración. Es un comienzo razonable: antes de rastrear una pieza hay que saber qué pieza es.

Después llegará la parte más laboriosa. Las facturas podrían revelar compras. Los documentos sucesorios, herencias. Las fotografías familiares, una posesión antigua. Los certificados gemológicos y números de serie ayudarían a identificar talleres o distribuidores. Las agendas oficiales permitirían cruzar determinadas piezas con viajes de Estado. Los archivos de protocolo podrían registrar entregas de regalos. Los datos aduaneros indicarían si entraron legalmente en España cuando procedían de terceros países.

También será necesario aclarar quién era el verdadero destinatario. Algunas joyas parecen destinadas al uso femenino; otras incluyen referencias personales al expresidente. Que una pieza fuera entregada a su esposa no resuelve por sí solo la cuestión. Los cónyuges de los gobernantes participan en numerosos actos oficiales, aunque no sean altos cargos ni ejerzan una función constitucional propia. El contexto vuelve a mandar.

La defensa puede aportar una explicación lícita y documentada para todo el lote. También podría ocurrir que unas piezas fueran heredadas, otras regalos privados y algunas obsequios institucionales. Una caja fuerte no tiene por qué contener una sola historia. Puede guardar varias, superpuestas como estratos: familia, diplomacia, viajes, amistades, compras. Precisamente por eso las generalizaciones favorecen el ruido y perjudican la verdad.

El caso ha expuesto una debilidad que rebasa a Zapatero. España ha legislado durante años contra los regalos excesivos a autoridades, pero no ha construido siempre un sistema suficientemente transparente para saber qué reciben, de quién, cuánto vale y dónde termina.

La consecuencia es paradójica. Se exige ejemplaridad, pero el ciudadano no puede comprobarla con facilidad. Se ordena incorporar ciertos obsequios al patrimonio público, pero no existe una vitrina digital completa donde seguir su recorrido. La ética administrativa acaba confiada a secretarías, gabinetes de protocolo, criterios internos y costumbres transmitidas de despacho en despacho.

El exministro Miguel Sebastián relató recientemente que, tras recibir en Arabia Saudí una cartera que contenía joyas y un reloj, decidió exhibir los objetos en una vitrina del Ministerio de Industria. El episodio muestra hasta qué punto la respuesta podía depender del criterio personal del receptor. Otro ministro quizá habría entregado el regalo a Patrimonio; otro habría pedido una tasación; otro, vaya usted a saber, habría considerado que la cortesía internacional permite milagros.

Una democracia madura no debería descansar en la mayor o menor finura moral de cada alto cargo. Necesita reglas concretas, umbrales, inventarios y trazabilidad. No para convertir cada bandeja de plata en un proceso penal, sino para evitar que un objeto recibido en nombre de España termine décadas después en un domicilio privado sin que nadie recuerde cómo llegó allí.

El sarcasmo fácil diría que el Estado controla hasta el último céntimo de una dieta de funcionario, pero puede perder la pista de una esmeralda. El sarcasmo, por desgracia, tendría algo de razón.

Una caja fuerte llena de fechas, no solo de piedras

La gran cuestión sobre las joyas de Zapatero no se resuelve mirando el brillo ni multiplicando quilates. Se resuelve con fechas, donantes, documentos y contexto institucional.

Si las piezas fueron heredadas y la sucesión está acreditada, serán patrimonio familiar, sin perjuicio de las obligaciones fiscales que correspondieran. Si fueron regalos privados recibidos cuando Zapatero ya no era presidente, habrá que comprobar su tributación, importación y relación con quienes los entregaron. Si algunas llegaron durante viajes oficiales y por razón de su cargo, entonces el código aprobado por su propio Gobierno adquiere una relevancia difícil de ignorar: los obsequios institucionales de importancia no estaban destinados al joyero particular, sino al patrimonio del Estado.

Nada permite afirmar todavía que ese sea el origen de las piezas. Tampoco resulta serio descartarlo antes de conocer la cronología. La investigación debe avanzar sin convertir indicios en condenas ni la presunción de inocencia en una mordaza para las preguntas legítimas.

Zapatero se juega una parte de su defensa judicial, pero también algo menos técnico y quizá más persistente: la coherencia entre las normas de ejemplaridad que promovió como presidente y la explicación que pueda ofrecer ahora como ciudadano investigado. Las joyas pueden tener dueño. Lo que todavía no tienen, al menos de forma pública y completa, es una historia verificable.