¿Qué falta en las cuentas de Feijóo sobre pisos, rentas y patrimonio?

El historial inmobiliario y financiero de Alberto Núñez Feijóo vuelve a colocarse bajo el foco por una cifra que no necesita demasiada literatura: entre 2020 y 2022, su patrimonio neto en dinero y activos financieros pasó de 81.393 euros a 930.517 euros, según el análisis realizado a partir de sus declaraciones públicas de bienes. La multiplicación es potente, casi de manual de ascensor social con moqueta institucional: más de 848.000 euros de incremento neto en apenas dos años.

El dato no prueba por sí solo ninguna irregularidad. Conviene decirlo pronto, sin espuma. Tener patrimonio no es delito, vender una vivienda tampoco y ahorrar, incluso en política, sigue siendo legal. La cuestión es otra: qué parte de ese salto queda explicada con claridad en las declaraciones, qué parte aparece envuelta en fórmulas genéricas y qué datos relevantes siguen sin respuesta pública. Ahí empieza el ruido. Y no un ruido cualquiera, sino ese zumbido incómodo que aparece cuando la transparencia patrimonial funciona como una persiana a medio bajar.

El salto patrimonial que ha encendido la polémica

La cifra central está en la comparación entre dos fotografías patrimoniales. En agosto de 2020, Feijóo declaraba 319.393 euros en depósitos y planes de pensiones, pero también mantenía un préstamo con 238.000 euros pendientes de amortizar. Resultado neto: 81.393 euros. Dos años después, en mayo de 2022, sus depósitos y planes de pensiones sumaban 879.467 euros, tenía además acciones de Inditex valoradas entonces en 51.050 euros y ya no figuraban préstamos pendientes. Resultado: 930.517 euros.

La diferencia, 848.924 euros, es la que ha convertido el expediente en munición política. No porque el dinero aparezca en una cueva, sino porque el salto es demasiado grande para despacharlo con un encogimiento de hombros. Una parte se vincula a la venta del chalé de Moaña, operación cerrada en 2021 y por la que Feijóo declaró una ganancia patrimonial cercana a los 184.000 euros. Pero queda una bolsa superior a los 665.000 euros cuyo origen no aparece explicado con el mismo grado de detalle en la información pública disponible.

Ahí se abre la grieta. No es una sentencia, es una pregunta contable con olor político. Y en política, cuando las preguntas contables no se contestan, la sospecha se sienta sola en la mesa, pide café y empieza a hablar.

El chalé de Moaña y el precio que no se conoce

La venta del chalé de Moaña es una de las piezas clave del caso porque ayuda a explicar parte del incremento patrimonial. Pero no todo. Feijóo ha declarado la ganancia obtenida por esa operación, no el precio exacto de venta. Esa diferencia importa. No es una manía de notario con gafas finas: conocer el precio de venta permite entender cuánto dinero entró realmente, qué parte corresponde a plusvalía, qué parte pudo destinarse a cancelar deudas y qué parte se transformó en ahorro o inversión.

Cuando solo se conoce la ganancia patrimonial, el mapa queda incompleto. Sabemos que hubo una operación inmobiliaria relevante, sabemos que dejó beneficio, sabemos que coincidió con el periodo del gran aumento financiero. Pero no sabemos con suficiente precisión cómo encaja toda la arquitectura del movimiento. Falta cemento entre los ladrillos.

El PP, ante las preguntas sobre el origen de ese aumento, ha defendido que Feijóo ha remitido toda la información que tenía obligación de remitir. Jurídicamente puede ser una respuesta suficiente. Políticamente, ya es otra cosa. Porque la ley fija un suelo, no necesariamente un techo. Y a quien aspira a gobernar España se le suele pedir algo más que cumplir el formulario como quien entrega el recibo del gimnasio.

Pisos, rentas y declaraciones con zonas grises

El historial inmobiliario de Feijóo incluye viviendas en Madrid y Vigo adquiridas en 2001, una finca rústica en Ames desde 1992 y, posteriormente, una vivienda y una plaza de garaje en A Coruña compradas en agosto de 2023, según su declaración al dejar el Senado. También declaró ingresos por rendimientos de bienes inmuebles, con una cifra de 5.584 euros, además de otros conceptos como gastos de representación del PP, retribuciones parlamentarias y fondos de inversión.

El problema no es poseer inmuebles. España es un país donde el ladrillo ha sido durante décadas religión civil, plan de pensiones, refugio familiar y, a veces, tótem de sobremesa. El problema es la falta de granularidad. En algunas declaraciones públicas, los ingresos ligados a inmuebles aparecen de forma genérica, sin precisar siempre qué vivienda genera qué renta, durante cuánto tiempo, bajo qué modalidad o con qué rendimiento real.

Ese tipo de opacidad blanda —legal, quizá; incómoda, desde luego— es especialmente delicada cuando afecta al líder de la oposición. No hablamos de un concejal de urbanismo en una pedanía ni de un diputado perdido en la fila 14 del hemiciclo. Feijóo es el presidente del PP, jefe de la oposición y aspirante a La Moncloa. Su patrimonio, por tanto, no pertenece a la curiosidad morbosa. Pertenece al capítulo de rendición de cuentas.

La vivienda actual y el choque político con el PSOE

La polémica se ha cruzado además con otra derivada: la vivienda actual de Feijóo en Madrid, situada en una zona de alto nivel adquisitivo. El PSOE ha registrado una proposición no de ley para que el Congreso se pronuncie sobre si el jefe de la oposición debe reflejar con mayor detalle en su declaración de bienes no solo su patrimonio, sino también posibles retribuciones en dinero o en especie, incluido el pago de su residencia.

La iniciativa no tiene fuerza legal vinculante. Es política pura, sí, con su parte de teatro parlamentario y su correspondiente iluminación de plató. Pero toca una cuestión real: hasta dónde debe llegar la transparencia de quien ocupa una posición institucional de primer rango aunque no forme parte del Gobierno.

Feijóo ha sostenido que el alquiler de su vivienda lo paga su familia, precisando que dentro de esa familia están él y su pareja. La explicación despeja una parte de la escena, pero no ha cerrado el debate. El PSOE quiere llevar el asunto al Congreso, el PP denuncia una ofensiva de desgaste y el ciudadano, que no suele tener asesores para clasificar gastos de representación, observa el intercambio con una mezcla de hartazgo y ceja levantada.

Qué dicen realmente las declaraciones públicas

Las declaraciones de bienes de diputados y senadores cumplen una función básica: permitir que la ciudadanía conozca patrimonio, deudas, rentas, actividades económicas e intereses. Son una herramienta democrática, no un adorno burocrático. Pero tienen un límite evidente: se basan en la información aportada por los propios cargos públicos y no equivalen a una auditoría externa completa.

Ese matiz es importante. Que algo esté declarado no significa que esté explicado al detalle. Que el Congreso reciba un formulario no significa que haya comprobado cada dato como un inspector con linterna. Y que un político cumpla formalmente con la obligación no impide que se le pidan aclaraciones cuando las cifras crecen de manera llamativa.

En el caso de Feijóo, el salto entre 2020 y 2022 resulta demasiado significativo para quedar reducido a una pelea de argumentarios. Si la venta del chalé de Moaña explica una parte, falta una explicación más nítida del resto. No para alimentar hogueras, sino para apagar precisamente el humo. La transparencia, cuando es buena, no necesita redoble de tambor: enseña el papel, ordena los datos y deja poco margen al teatro.

Por qué el caso pesa más allá de Feijóo

El asunto llega en un momento en que la política española vive instalada en la sospecha recíproca. Un día se exige la declaración de la renta del presidente; al siguiente se pregunta por la vivienda del jefe de la oposición. Cada partido entra en el barro convencido de que el barro solo mancha al otro. Qué ternura.

Pero la cuestión de fondo supera a Feijóo y al PSOE. España tiene un problema estructural con la transparencia patrimonial de sus cargos públicos: formularios desiguales, datos a veces poco claros, conceptos demasiado abiertos y una cultura política que suele confundir cumplir la norma mínima con rendir cuentas de verdad. Luego llega el escándalo, o la insinuación, o el titular, y todos descubren de pronto que quizá convenía haber explicado mejor las cosas desde el principio.

En una democracia madura, el patrimonio de un dirigente no debería funcionar como una caja negra. Tampoco como una trituradora partidista. Debe ser información clara, verificable y suficiente para que el votante pueda evaluar posibles conflictos de interés, evolución económica y coherencia pública. Lo demás son fuegos artificiales. Brillan, hacen ruido y dejan olor a pólvora.

La transparencia no se presume: se enseña

El caso Feijóo deja una imagen sencilla: muchos datos, varias cifras, demasiadas zonas sin luz. El incremento neto de más de 848.000 euros entre 2020 y 2022, la venta del chalé de Moaña, las rentas inmobiliarias, las viviendas declaradas y la residencia actual en Madrid forman un puzzle que no termina de encajar con la limpieza que exigiría una figura de primer nivel institucional.

No hay una irregularidad acreditada en los datos conocidos. Hay, más bien, una demanda elemental de claridad. Y eso en política no es una extravagancia ni una emboscada ideológica: es higiene democrática. Feijóo puede sostener que ha cumplido con sus obligaciones formales. Sus críticos pueden exigir más detalle. Entre ambas cosas queda lo decisivo: el derecho de los ciudadanos a mirar las cuentas de quienes piden su confianza sin tener que hacerlo a oscuras, como quien tantea muebles en una habitación cerrada.