¿Por qué la UCO vincula los banquetes de Cerdán con la trama Koldo?

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que Santos Cerdán utilizó una tarjeta de Servinabar para pagar gastos particulares, incluidas comidas en Sevilla y Málaga que coincidieron con actos del PSOE durante la campaña de las elecciones andaluzas de 2022. No se trata de una factura aislada perdida en un cajón: los investigadores encuadran esos pagos dentro de una relación económica más amplia entre el antiguo dirigente socialista, su entorno familiar y la empresa situada en el centro del caso Koldo.

La información vuelve a cobrar actualidad mientras Santos Cerdán trata de reconstruir su vida lejos de los despachos. Según fuentes de su entorno citadas por varios medios, el ex secretario de Organización del PSOE ha obtenido el permiso para conducir vehículos pesados y comenzará a trabajar como camionero en agosto. El giro biográfico es llamativo —del núcleo de las negociaciones parlamentarias a una cabina con tacógrafo—, pero no cambia su situación procesal: la investigación judicial continúa abierta y las conclusiones de la Guardia Civil todavía no son hechos declarados probados por una sentencia.

Una tarjeta de empresa para gastos particulares

El elemento que conecta las comidas con la presunta trama es una Visa Negocios de Servinabar, sociedad controlada formalmente por el empresario Joseba Antxon Alonso. La UCO considera que Cerdán disponía realmente de un 45% de la compañía, aunque él ha negado de forma reiterada haber sido socio o copropietario.

Los agentes calculan que con esa tarjeta se abonaron 33.574 euros en gastos particulares. Su utilización se prolongó hasta el 19 de febrero de 2024, precisamente la víspera de la detención de Koldo García y de otros investigados en la primera gran operación policial del caso. La coincidencia temporal no demuestra por sí sola un delito, pero ocupa un lugar relevante en el análisis policial: al día siguiente de estallar la investigación, la tarjeta dejó de utilizarse.

La UCO no limita el uso del plástico a restaurantes. En los informes aparecen alojamientos, desplazamientos, compras y vacaciones familiares. Servinabar habría costeado también parte del alquiler de una vivienda en Madrid, muebles y vehículos. El dibujo policial no es el de una comida ocasional pagada por error, sino el de una empresa atendiendo durante años necesidades privadas de una persona que, oficialmente, no figuraba como propietario.

Los pagos realizados durante los actos del PSOE

Los movimientos examinados sitúan a Cerdán en Andalucía durante la campaña autonómica de junio de 2022. El 11 de junio se registraron pagos de 188 euros en Maquiavelo, en Sevilla; 48 euros en La Buganvilla, en Málaga, y otros 37 euros en Vermutería La Clásica, también en la capital malagueña.

Aquel día Cerdán asistió a un mitin del PSOE en Málaga junto a Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Juan Espadas, entonces candidato socialista a la Junta de Andalucía. La Guardia Civil cruza los cargos bancarios con reservas hoteleras, desplazamientos y actos públicos para atribuir el uso de la tarjeta al antiguo número tres del partido.

El 17 de junio, fecha del cierre de la campaña en Sevilla, se cargaron 204 euros en el restaurante El Tigre de Amparo. Al día siguiente aparecen otros 15 euros en Pisco Tapas. En conjunto, los gastos en establecimientos andaluces vinculados a aquellas jornadas rondaron los 500 euros. Meses después, durante un acto organizado por Ferraz en Sevilla para conmemorar la primera victoria electoral de Felipe González, se produjo otro cargo de 14 euros.

Sevilla, Málaga y una coincidencia incómoda

Los investigadores no afirman que el PSOE pagara esas comidas ni que los actos políticos fueran ilícitos. La cuestión es distinta: la tarjeta pertenecía a Servinabar, una mercantil que la Guardia Civil relaciona con el supuesto circuito de comisiones y adjudicaciones irregulares investigado en el caso Koldo.

Esa precisión importa. Hablar genéricamente de “banquetes cargados a la trama” resulta contundente, aunque la fotografía documental es más concreta: pagos en restaurantes, realizados con una tarjeta empresarial, coincidentes con viajes políticos de Cerdán y considerados particulares por la UCO. El tamaño de las facturas es modesto frente a las cantidades globales del procedimiento; su valor reside en que ayudarían a demostrar la capacidad del exdirigente para disponer libremente del dinero de Servinabar.

El informe patrimonial amplía el foco

La pieza de mayor calado es el nuevo informe patrimonial de la Guardia Civil, conocido en julio de 2026. Tras analizar información financiera, laboral y tributaria de una década, la UCO cifra en 323.178,41 euros los beneficios que Cerdán y varios miembros de su familia habrían obtenido entre 2015 y 2024 mediante sociedades relacionadas con Servinabar.

Esa cantidad incluye alquileres, vehículos, mobiliario, gastos con tarjetas y remuneraciones familiares. Los agentes señalan también ingresos en efectivo de origen desconocido, pagos efectuados por Koldo García y su esposa para cubrir cuotas de un automóvil y un salario mensual de 1.300 euros recibido por Francisca Muñoz, mujer de Cerdán, a través de una compañía vinculada al entramado empresarial.

El informe destaca que los supuestos beneficios alcanzaron su nivel más alto entre 2019 y 2023, un periodo que comprende la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y los primeros años de Cerdán como secretario de Organización del PSOE. La UCO relaciona ese intervalo con las adjudicaciones públicas concedidas a Acciona que están siendo examinadas judicialmente.

Aparece incluso una operación inmobiliaria que no llegó a cerrarse. Servinabar negoció en 2022 la compra de una vivienda madrileña cercana al millón de euros que habría sido utilizada por Cerdán y su esposa. La Guardia Civil interpreta aquella gestión como otro indicio de su disponibilidad sobre los fondos de la empresa.

Servinabar, Acciona y el origen del dinero investigado

Servinabar ingresó aproximadamente 8,65 millones de euros entre 2015 y 2025. Según el análisis bancario incorporado al sumario, 7,5 millones procedían de Acciona o de proyectos relacionados con la constructora. Esa cantidad representaría más del 87% de los ingresos de la sociedad durante el periodo examinado.

La hipótesis policial sostiene que la sociedad navarra pudo actuar como vehículo para canalizar beneficios derivados de contratos de obra pública adjudicados de forma presuntamente irregular. La investigación afecta a once licitaciones del Ministerio de Transportes, cinco vinculadas a Adif y seis a la Dirección General de Carreteras, concedidas entre 2018 y 2021.

Cerdán ha rechazado haber cobrado comisiones, participar en amaños o mantener una sociedad oculta con Alonso. También cuestiona la interpretación de los documentos y sostiene que existe una campaña política y mediática contra él. Esa versión forma parte del procedimiento, igual que los informes policiales; será el tribunal, no los titulares, quien determine qué ocurrió y qué responsabilidad penal puede atribuirse a cada investigado.

Del despacho de Ferraz a la cabina de un camión

La otra noticia que ha impulsado las búsquedas sobre Santos Cerdán pertenece a un registro completamente diferente. Fuentes próximas al antiguo dirigente han asegurado que se ha sacado el carnet de camión y que prevé incorporarse a un nuevo empleo durante agosto. La información no detalla la empresa contratante, las rutas que realizaría ni las condiciones laborales.

El cambio tiene algo de escena escrita con trazo grueso. Hace poco más de un año, Cerdán negociaba investiduras, acuerdos con los socios parlamentarios y equilibrios internos en la dirección socialista. Después llegaron el informe de la UCO, su dimisión, la renuncia al escaño y casi cinco meses de prisión provisional. Ahora el paisaje sería otro: asfalto, áreas de servicio y kilómetros por delante.

Cerdán permaneció en Soto del Real desde el 30 de junio hasta el 19 de noviembre de 2025. El instructor acordó entonces su libertad provisional al considerar reducido el riesgo de destrucción de pruebas, aunque mantuvo las comparecencias periódicas, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Está investigado por posibles delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Buscar trabajo es compatible con esas medidas y no supone admitir los hechos investigados. Tampoco convierte el permiso de conducción en un episodio judicial. Es, sencillamente, la reconstrucción profesional de una persona apartada de la política y sometida a un procedimiento que puede prolongarse. Conviene separar ambas carreteras, aunque discurran en paralelo: una pertenece a su vida privada; la otra, al sumario judicial.

El asfalto no borra el expediente

Las comidas de Sevilla y Málaga representan una parte pequeña del dinero examinado, pero condensan la tesis de la UCO: Cerdán habría utilizado recursos de Servinabar como si fueran propios mientras ejercía responsabilidades centrales dentro del PSOE. Los pagos en restaurantes interesan menos por el menú que por la tarjeta colocada sobre la mesa.

El informe patrimonial ensancha esa imagen hasta superar los 323.000 euros y añade alquileres, coches, mobiliario, empleos familiares y movimientos financieros. Son indicios policiales sometidos todavía a contradicción, análisis judicial y defensa. No existe una condena firme contra Cerdán por estos hechos y la presunción de inocencia continúa intacta.

El carnet de camión ofrece una estampa poderosa, casi demasiado perfecta para el ruido político: quien recorrió los pasillos más protegidos del poder prepara ahora su vida en la carretera. Pero cambiar de volante no modifica las preguntas que permanecen en el juzgado. El futuro laboral de Santos Cerdán puede arrancar en agosto; su pasado político continúa bajo investigación.