¿Por qué la Policía de Conil denuncia a su propio concejal por obras?

La Policía Local de Conil de la Frontera ha denunciado a Francisco Manuel Almazo Pareja, concejal delegado de Seguridad y responsable político del propio cuerpo, después de una inspección urbanística en una parcela de su propiedad situada en la calle Roqueo número 14, entre las playas de La Fontanilla y Fuente del Gallo. El origen del caso está en una denuncia ciudadana y en una diferencia que no parece precisamente menor: el permiso municipal existente era para instalar una pérgola desmontable, mientras que los agentes reflejaron en su actuación que lo construido tendría apariencia de vivienda.

No existe, por el momento, una resolución administrativa firme que permita afirmar que Almazo haya cometido una infracción urbanística. Eso importa. Lo que existe es un acta policial y un procedimiento que deberá determinar hasta dónde se apartaron las obras de la licencia concedida. Pero la dimensión política ha explotado antes que el expediente: el denunciado es precisamente el concejal que tiene bajo su responsabilidad la Policía Local cuyos agentes levantaron el acta. Y la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez Zara, ya ha dejado abierta la posibilidad de pedir su dimisión o cesarlo cuando el edil regrese al municipio y ofrezca explicaciones.

La escena tiene una ironía institucional difícil de disimular. Un ciudadano denuncia unas obras, la Policía acude a comprobarlas, Urbanismo participa en la inspección y al final aparece como titular de la licencia el responsable político de esa misma Policía. Pero más allá de la estampa —que se escribe prácticamente sola— el asunto tiene una cuestión bastante menos pintoresca: si la obra realizada coincide realmente con aquello que el Ayuntamiento autorizó.

Una licencia para una pérgola y una obra que no encajaría

La inspección se realizó el miércoles 26 de agosto. Una patrulla de la Policía Local acudió a la parcela acompañada por un técnico municipal de Urbanismo después de recibirse una denuncia ciudadana. Urbanismo depende actualmente de la propia alcaldesa, que tiene atribuidas las competencias de licencias, disciplina y planificación urbanística.

La autorización municipal concedida a Almazo permitía instalar una pérgola desmontable a dos aguas, con estructura metálica, cubierta de panel sándwich blanco y cerramiento. El presupuesto declarado ascendía a 3.510,10 euros y el plazo previsto para ejecutar los trabajos era de cuatro meses. Nada extraordinario hasta ahí.

El problema apareció cuando los agentes observaron físicamente la actuación. Según la información conocida sobre la denuncia, las características de lo ejecutado no se corresponderían con las de aquella pérgola autorizada. En el terreno había ladrillos, ventanas preparadas para ser instaladas y una hormigonera, y el acta describe una construcción que tendría apariencia de vivienda. La parcela, además, está situada en suelo rústico y muy próxima al litoral.

Qué puede ocurrir tras la inspección

Conviene separar aquí dos planos que en política municipal tienden a mezclarse con facilidad. Una denuncia de la Policía Local no equivale a una sentencia ni convierte automáticamente una construcción en ilegal. Los servicios técnicos tendrán que comprobar las dimensiones, materiales y características de lo construido, cotejarlos con la licencia y determinar si se han incumplido sus condiciones.

La legislación urbanística andaluza establece que, cuando una actuación se realiza sin el título habilitante necesario o contraviniendo sus términos, la Administración debe intervenir para restablecer la legalidad urbanística. Si las obras siguen en ejecución puede acordarse su paralización; después habrá que determinar si pueden legalizarse o adaptarse al permiso concedido o, si resultan incompatibles con la ordenación, qué medidas de restitución corresponden. El eventual procedimiento sancionador constituye otro plano del expediente.

Eso es exactamente lo que queda por aclarar en El Roqueo. La existencia de una licencia no protege cualquier obra imaginable: protege aquello que esa licencia permite ejecutar. Tener autorización para una pérgola no supone disponer de un cheque urbanístico en blanco para levantar otra construcción distinta. Pero será el expediente, no una fotografía ni una pelea entre partidos, el que deba fijar qué se hizo realmente.

La paradoja institucional: la Policía denuncia a su delegado

Francisco Manuel Almazo no es un concejal cualquiera dentro del Ayuntamiento. Tras la reorganización del Gobierno municipal de marzo de 2026, asumió la Delegación de Seguridad Ciudadana, que incluye Protección Civil y Policía Local. También quedaron bajo su responsabilidad otras materias municipales, entre ellas Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Estadística, Transparencia y Participación Ciudadana.

De ahí que el episodio tenga una carga institucional evidente. Los policías han actuado ante una posible irregularidad relacionada con su propio responsable político. Lejos de rebajar la importancia de lo ocurrido, esa circunstancia muestra algo bastante básico en una administración democrática: un agente municipal no deja de ejercer sus funciones porque delante aparezca un cargo del Ayuntamiento.

La presunción de inocencia —y, en este caso, también la necesidad de esperar al resultado administrativo— no está reñida con otra regla elemental: las ordenanzas y las licencias deben valer igual para un concejal que para su vecino. Precisamente por eso la crisis es política incluso antes de que pueda saberse si habrá sanción urbanística.

La alcaldesa no descarta la dimisión ni el cese

La posición de Inmaculada Sánchez ha evolucionado durante la jornada. Tras conocerse inicialmente el caso, la alcaldesa señaló que el acta sería estudiada para determinar si existía alguna irregularidad. Más tarde, con la polémica ya instalada en el Ayuntamiento, fue bastante más explícita.

Sánchez ha defendido que cualquier actuación urbanística debe cumplir la normativa independientemente de quién sea la persona afectada. Almazo se encuentra fuera del municipio y la regidora ha anunciado que le exigirá explicaciones cuando se reincorpore. Hasta escucharlo, no ha querido anticipar una decisión, pero tampoco ha excluido ninguna: entre las posibilidades mencionadas están solicitar su dimisión o proceder a su cese.

La alcaldesa sostiene además que el expediente sancionador seguirá los cauces técnicos ordinarios y al margen de la identidad de las personas implicadas. Esa será una de las cuestiones sometidas a mayor escrutinio durante los próximos días. No sólo qué resolución adopte el Ayuntamiento, sino cómo y con qué tiempos la adopta.

La oposición convierte el expediente en una crisis política

A estas alturas del viernes, la presión ya no procede de una sola formación. PSOE, PP, Izquierda Unida y 100×100 Unidos por Conil han exigido responsabilidades con diferentes matices, dejando al concejal políticamente cercado.

El PSOE reclama directamente que Almazo dimita o sea cesado y ha aprovechado el caso para acusar al Gobierno municipal de aplicar un doble rasero en materia de licencias. El Partido Popular también exige su marcha inmediata y considera especialmente grave que la denuncia proceda de los agentes cuya área dirige políticamente el edil.

Izquierda Unida ha solicitado explicaciones de la alcaldesa, acceso al expediente y una Junta de Portavoces urgente. Su petición de dimisión queda vinculada a que se confirmen las irregularidades. 100×100 Unidos por Conil plantea una fórmula cautelar distinta: retirar temporalmente las delegaciones a Almazo mientras se tramita el procedimiento, sin anticipar culpabilidad.

En la discusión política ha reaparecido también un episodio anterior. Almazo ya estuvo envuelto en una controversia en diciembre de 2022 después de dar positivo en un control de alcoholemia cuando era concejal de Andalucía Por Sí. Entonces también se reclamaron responsabilidades políticas. Cuatro años después, aquel asunto vuelve a ser utilizado por la oposición para cuestionar su continuidad en el Gobierno local.

Urbanismo, un terreno especialmente delicado en Conil

El caso llega, además, al peor terreno posible para el Gobierno municipal. La disciplina urbanística lleva años siendo una cuestión particularmente conflictiva en Conil y existe una investigación judicial relacionada con la gestión de construcciones irregulares.

La alcaldesa Inmaculada Sánchez figura como investigada en una causa abierta a raíz de actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer una presunta inacción municipal ante irregularidades urbanísticas. El procedimiento nació precisamente a partir de documentación de la Policía Local sobre expedientes abiertos entre 2021 y 2024.

Los datos examinados por la Fiscalía dibujaron un problema de grandes dimensiones: en 2022 se incoaron 147 expedientes y sólo uno fue finalizado; en 2023 se analizaron otros 140 sin que ninguno hubiera concluido, mientras que en 2024 constaban 21 expedientes, también sin finalizar. La investigación judicial debe establecer responsabilidades y su mera existencia no permite trasladar culpabilidad a los investigados, pero explica por qué cualquier nueva polémica relacionada con irregularidades urbanísticas adquiere en Conil una dimensión multiplicada.

El antiguo pacto municipal entre Andalucía Por Sí, PP y Siempre Conil terminó rompiéndose en marzo de 2026 y el Ayuntamiento quedó gobernado en minoría tras una redistribución de competencias. Urbanismo pasó a estar directamente bajo la alcaldesa y Almazo mantuvo un paquete amplio de delegaciones, entre ellas la Policía Local.

No existe, por ahora, información que permita vincular la obra investigada de Almazo con aquella causa judicial. Son asuntos distintos y deben tratarse como tales. Lo que sí comparten es el telón de fondo: la disciplina sobre construcciones y viviendas irregulares se ha convertido en uno de los asuntos institucionalmente más sensibles del municipio.

El expediente decidirá más que el ruido político

A última hora de este viernes no consta una resolución definitiva sobre la obra ni una decisión de la alcaldesa sobre la continuidad de Francisco Manuel Almazo. El concejal deberá explicar qué estaba construyendo, qué relación guarda exactamente esa actuación con la pérgola autorizada y si existe documentación adicional que ampare los trabajos.

Después llegará lo esencial: el informe técnico. Será el que permita determinar si las obras pueden ajustarse a la licencia, necesitan una nueva autorización o resultan incompatibles con la normativa aplicable. Sólo entonces podrá hablarse con propiedad de las consecuencias urbanísticas.

La consecuencia política, en cambio, ya está servida. La Policía Local de Conil ha denunciado una actuación relacionada con el concejal encargado de la propia Policía, la oposición reclama su salida y la alcaldesa no descarta cesarlo. Pocas situaciones ilustran mejor para qué sirve una administración cuando funciona con autonomía: el cargo está arriba en el organigrama, sí; la ley, al menos sobre el papel y precisamente cuando importa, un poco más arriba.