¿Cómo gobierna el Talibán en Afganistán? Una joven desafía al poder

Cinco años después de recuperar Afganistán, el Talibán gobierna un país donde las mujeres han perdido buena parte de sus derechos fundamentales y donde esa desigualdad ya no se expresa únicamente mediante grandes decretos. Se ve en escenas pequeñas, casi domésticas. En un despacho. En una discusión matrimonial. En quién tiene derecho a decidir y quién debe pedir permiso para hacerlo.

Una investigación de la BBC, elaborada tras un acceso excepcional a figuras relevantes del régimen, ha mostrado uno de esos momentos. Una afgana de 18 años, identificada con el nombre ficticio de Tuba, acudió ante Abdullah Sarhadi, entonces gobernador de Jawzjan, para pedir el divorcio de un marido al que acusaba de haberla golpeado durante meses. La joven insistió. Sarhadi trató de convencerla de que siguiera casada y después describió a las mujeres como personas “carentes de intelecto”, comentario recibido con risas por los hombres que lo rodeaban.

La escena podría despacharse como la ocurrencia machista de un dirigente ultraconservador. Sería cómodo. También sería engañoso. Las normas aprobadas por las autoridades talibanes durante el último año han restringido todavía más el acceso femenino a la justicia, incluido el divorcio, mientras Afganistán continúa siendo el único país del mundo donde niñas y mujeres tienen prohibida formalmente la educación secundaria y universitaria. La anécdota, en realidad, es el sistema visto de cerca.

Una joven de 18 años frente a un despacho lleno de hombres

Tuba apareció ante el gobernador con el rostro completamente cubierto por un velo y unas gafas oscuras. No parecía, sin embargo, dispuesta a desaparecer detrás de ellos. Explicó que había tomado una decisión y que no veía posibilidad de continuar con su marido. Quería divorciarse.

Sarhadi planteó otra lógica. Le recordó las dificultades que podría encontrar una mujer divorciada para volver a casarse y vinculó la ruptura matrimonial con la pérdida de honor y dignidad. La respuesta de la joven condensó bastante bien el choque entre ambos mundos: su dignidad, sostuvo, ya había sido dañada.

Había una acusación de maltrato físico continuado sobre la mesa. El gobernador propuso que el marido le proporcionara una habitación propia y aseguró que sería advertido de que no debía volver a pegarle. La familia de Tuba decidió después acudir a los tribunales para intentar obtener el divorcio.

No es un detalle menor. En mayo de 2026, las autoridades de facto aprobaron un nuevo decreto que conserva para el hombre un acceso mucho más directo al divorcio mientras obliga a la mujer a obtener el consentimiento del esposo o atravesar un procedimiento judicial prolongado. Otra norma reciente reduce también la protección frente a la violencia matrimonial: la responsabilidad penal del marido queda vinculada a lesiones físicas graves y visibles que la mujer debe demostrar ante un tribunal. La desigualdad ya está escrita en el procedimiento.

El divorcio como retrato del nuevo orden afgano

El Talibán sostiene que sus normas respetan los derechos femeninos dentro de su interpretación de la sharía, la ley islámica. Esa precisión —“dentro de nuestra interpretación”— contiene prácticamente todo el problema.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid ha reiterado que derechos como la educación, el trabajo femenino o la libertad de expresión deben contemplarse desde esa perspectiva religiosa. Sobre la presencia de mujeres en determinados espacios laborales, ha defendido que podría conducir a comportamientos inmorales. Es decir, la exclusión se presenta como protección. Una peculiar forma de proteger a alguien: apartarlo de la universidad, del empleo, de los parques y, en numerosos casos, de la posibilidad de moverse sin supervisión masculina.

La arquitectura jurídica construida desde 2021 sigue esa misma dirección. Naciones Unidas calcula que las autoridades talibanes han emitido más de 100 decretos y disposiciones restrictivas contra mujeres y niñas. No son medidas dispersas ni una colección de excesos provinciales. Forman una política sostenida que afecta a educación, empleo, movilidad, participación pública, justicia y autonomía económica.

La violencia doméstica, todavía más difícil de denunciar

La situación resulta particularmente áspera para una mujer que intenta escapar de un matrimonio violento. El marco anterior a la vuelta del Talibán incluía una ley específica contra la violencia hacia las mujeres que consideraba delitos conductas como las agresiones, el matrimonio forzado, las amenazas o determinados abusos familiares. Ese sistema dejó de aplicarse tras la llegada del nuevo régimen.

El nuevo escenario desplaza poder hacia el esposo, el tutor masculino y unas instituciones dominadas abrumadoramente por hombres. Para una mujer que denuncia violencia, conseguir protección judicial puede convertirse así en una carrera en la que la meta se mueve mientras corre.

Cinco años después, las promesas del Talibán se han evaporado

Cuando el movimiento islamista entró de nuevo en Kabul el 15 de agosto de 2021, sus portavoces intentaron proyectar una imagen distinta de la del régimen que había gobernado Afganistán entre 1996 y 2001. Hablaron de amnistía, estabilidad y derechos femeninos dentro del marco islámico. Cinco años después, queda poco margen para discutir cuál de aquellas dos caras terminó imponiéndose.

Las niñas dejaron de acceder a la enseñanza secundaria. Después llegaron las restricciones universitarias. En diciembre de 2024 se cerró también a las mujeres una de las últimas vías educativas que conservaban: la formación médica y sanitaria. El efecto va mucho más allá de las alumnas expulsadas de las aulas, porque en numerosas comunidades las normas sociales dificultan que una mujer sea atendida por un médico varón. Al cortar la formación de futuras médicas, enfermeras y matronas, el régimen está fabricando hoy la escasez sanitaria de mañana.

UNESCO calcula que unos 2,4 millones de niñas afganas han quedado excluidas de la educación secundaria desde el regreso del Talibán. La organización advierte también de pérdidas económicas multimillonarias y de un deterioro futuro de la enseñanza por la desaparición progresiva de profesoras cualificadas.

Y la escuela es sólo una puerta cerrada entre muchas.

Mujeres que apenas salen de casa

Los últimos datos de ONU Mujeres permiten medir qué significa una restricción cuando deja de ser una palabra administrativa y entra en una cocina, una calle o una habitación. Cerca de la mitad de las afganas entrevistadas sale de casa sólo una o dos veces al mes. El empleo femenino ronda el 7%, frente al 84% entre los hombres, y siete de cada diez mujeres consultadas declararon sufrir una mala situación de salud mental.

Se han limitado los desplazamientos sin un acompañante masculino, el acceso a parques y gimnasios y buena parte de las posibilidades laborales. Desde septiembre de 2025, las autoridades también han impedido que empleadas afganas de Naciones Unidas accedan normalmente a instalaciones de la organización, obligando a centenares de trabajadoras a desempeñar sus funciones mediante fórmulas alternativas. La presencia femenina en el espacio público se estrecha un poco más.

Aquí aparece una de las contradicciones más profundas del Emirato Islámico. Afganistán necesita médicos, docentes, trabajadores humanitarios, ingresos familiares y una economía capaz de sostener a su población. Al mismo tiempo, su Gobierno limita la participación social y productiva de aproximadamente la mitad del país. No hace falta ser un sofisticado economista para apreciar el problema aritmético.

De comandantes insurgentes a funcionarios del Estado

El acceso de la BBC resulta especialmente revelador porque muestra quién ocupa hoy determinados despachos. Abdullah Sarhadi no es únicamente un funcionario conservador. Fue comandante talibán durante el primer emirato, estuvo detenido durante años bajo custodia estadounidense en Guantánamo y llegó a gobernar Bamiyán, la provincia donde en 2001 fueron destruidos los gigantescos Budas excavados en la montaña.

Durante las conversaciones con la BBC reconoció su participación directa en aquella destrucción y no expresó arrepentimiento. El episodio sirve para entender una continuidad que a veces queda sepultada bajo palabras como “administración”, “ministerio” o “gobernador”: muchos hombres que hoy gestionan instituciones afganas proceden directamente de la insurgencia armada talibán.

Otro dirigente entrevistado, Habibullah Badr, reconoció haber estado relacionado con la organización de operaciones de atacantes suicidas en Kabul. Posteriormente ocupó responsabilidades en el sistema penitenciario del nuevo régimen. El combatiente clandestino se convirtió en administrador del Estado; el antiguo enemigo del Estado, en Estado.

Esa transformación no ha significado necesariamente una transformación ideológica. Tal vez ahí esté una de las conclusiones más incómodas del Afganistán actual: el Talibán aprendió a administrar ministerios, controles fronterizos y ruedas de prensa sin abandonar elementos centrales de su visión social de hace un cuarto de siglo.

Un país pobre al que se le ata una mano a la espalda

Todo esto sucede en un Afganistán materialmente exhausto. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo calculó que en 2025 el 74% de los afganos, alrededor de 28 millones de personas, no podía cubrir adecuadamente necesidades básicas como alimentación, vivienda, agua, calefacción o asistencia sanitaria. Más del 80% de los hogares arrastraba deudas.

La economía ha vuelto a crecer ligeramente, pero no con fuerza suficiente para mejorar el nivel de vida. A ello se suman sequías, retornos masivos de refugiados y deportados, terremotos y una reducción de la ayuda internacional. En agosto de 2026 Naciones Unidas situaba en 14 millones el número de personas afectadas por una grave crisis alimentaria.

El Talibán celebra, entretanto, cinco años de su “victoria”. Rusia se convirtió en 2025 en el primer país que reconoció formalmente a su Gobierno, pero el Emirato continúa ampliamente aislado diplomáticamente. El problema para millones de afganos es bastante menos ceremonial: comida, empleo, agua, escuelas y hospitales. Y para las mujeres hay que añadir otra cuestión cotidiana, mucho más elemental: dónde pueden estar y qué pueden decidir sobre su propia vida.

Resulta difícil separar ambas crisis. Excluir a las mujeres también empobrece Afganistán. Menos profesoras significa menos educación; menos sanitarias, peor asistencia; menos trabajadoras, menos ingresos familiares y menos producción. La discriminación puede vestirse con lenguaje religioso, jurídico o moral, pero las cuentas terminan llegando igual.

La mujer que habló cuando se esperaba silencio

Quizá por eso la imagen más poderosa del Afganistán talibán no sea una columna de combatientes ni una ceremonia oficial en Kabul. Es una joven de 18 años sentada frente a hombres con poder, explicando que no piensa volver a aceptar una vida marcada por las palizas.

Alrededor de ella existe un sistema que dificulta su divorcio, reduce sus posibilidades educativas y laborales y concede a los hombres una posición jurídica privilegiada. Frente a todo eso, Tuba hace algo aparentemente sencillo: decide.

El gobernador puede considerar que las mujeres tienen deficiencias intelectuales. El régimen puede justificar sus prohibiciones mediante su interpretación de la religión. Los decretos pueden multiplicarse. Pero la escena que pretendía mostrar la autoridad del Talibán terminó revelando otra cosa: una mujer cubierta de la cabeza a los pies contradiciendo con absoluta claridad a uno de los hombres encargados de gobernarla.

Hay ironías que ni siquiera necesitan sarcasmo.