¿Por qué Delcy Rodríguez elimina las alcabalas urbanas de Venezuela?

Delcy Rodríguez ha anunciado que Venezuela eliminará las alcabalas policiales dentro de las ciudades y sustituirá esos puestos fijos de control por un sistema reforzado de patrullaje. La medida, adelantada el 24 de agosto y prevista para los “próximos días”, afecta en principio a los controles urbanos: no significa que desaparezcan todos los dispositivos policiales, militares o de vigilancia en las carreteras del país.

El cambio importa porque las alcabalas, concebidas oficialmente para prevenir delitos y controlar determinadas situaciones de seguridad, llevaban años asociadas también a denuncias de extorsión, cobros irregulares, abusos de autoridad y detenciones arbitrarias. La intención declarada del Gobierno es bastante sencilla sobre el papel: menos policías esperando al ciudadano detrás de una barrera y más agentes moviéndose por las calles. Del puesto fijo a la patrulla. Falta saber, claro, si cambiar el escenario cambiará también las prácticas.

Qué son las alcabalas que Delcy Rodríguez quiere eliminar

En el español cotidiano de Venezuela, una alcabala es un puesto de control policial o militar instalado en una carretera, avenida, entrada de una población o punto considerado estratégico. Puede ser permanente o temporal. El conductor reduce la marcha, encuentra conos, barreras y agentes uniformados; después pueden llegar la petición de documentos, la comprobación del vehículo o una revisión vinculada a alguna operación de seguridad.

No es simplemente una costumbre policial improvisada. Los puntos de control cuentan con regulación específica. Una resolución conjunta publicada en la Gaceta Oficial venezolana en septiembre de 2022 definía estos dispositivos y establecía normas para su instalación, registro, supervisión y funcionamiento. Distinguía entre controles fijos y móviles y contemplaba su utilización para prevenir delitos, perseguir a sospechosos en determinados supuestos y comprobar documentación relacionada con transportes o mercancías.

La propia normativa ya revelaba dónde estaba el problema. Exigía identificación de los funcionarios y trato respetuoso, prohibía los cobros de dinero a quienes circulasen por el país y reconocía expresamente el derecho de los ciudadanos a grabar en vídeo o audio los procedimientos sin tener que entregar después el teléfono ni borrar el material. Sobre el papel, bastante claro. Que hubiese que escribir algunas de esas cosas en una resolución dice también bastante.

Del control de seguridad al temido “matraqueo”

Una alcabala puede tener una función perfectamente legítima. Un control levantado tras un delito grave, para localizar un vehículo buscado o impedir el transporte ilícito de armas no resulta extraño en ningún Estado democrático. El conflicto aparece cuando la excepcionalidad se vuelve rutina y detener al ciudadano deja de responder a una necesidad concreta.

En Venezuela, durante años se multiplicaron las denuncias por el llamado “matraqueo”, término popular utilizado para describir cobros ilegales o presiones ejercidas por funcionarios aprovechando una inspección, una supuesta infracción o la amenaza de retener documentación, mercancía o vehículo.

Los controles adquirieron además una dimensión política en etapas de fuerte tensión. Tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, numerosas alcabalas permanecieron asociadas no solo al control del tráfico o del delito, sino también a la vigilancia de movimientos y personas. Se documentaron denuncias de arrestos arbitrarios y cobros a ciudadanos, incluidos casos relacionados con personas consideradas próximas a la oposición.

Por qué Delcy Rodríguez ha decidido retirarlas

Rodríguez encuadró la decisión dentro de una revisión más amplia del funcionamiento del Estado y defendió que la seguridad debe prestarse mediante mecanismos eficaces, profesionales y respetuosos con los derechos de las personas. Su mensaje llega en un momento político distinto y mientras el Ejecutivo intenta presentar una imagen de normalización institucional.

Hay, sin embargo, una razón menos abstracta: el propio Gobierno ha reconocido problemas graves dentro de los cuerpos policiales. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, afirmó el 3 de junio que 22.000 funcionarios habían sido dados de baja en aproximadamente año y medio después de distintas investigaciones. Cabello llegó a referirse expresamente al policía que detiene a una persona y le quita dinero como alguien que daña a la institución y no debe permanecer en ella.

La cifra procede del propio Ejecutivo y debe leerse como tal, pero el mensaje político resulta difícil de ignorar: cuando una Administración presume de haber apartado a decenas de miles de agentes por irregularidades, está admitiendo al mismo tiempo que el problema no era precisamente una anécdota entre dos conos de tráfico.

Eliminar físicamente las alcabalas también puede reducir un tipo concreto de corrupción especialmente sencillo: el funcionario instalado durante horas en un mismo lugar, con capacidad para seleccionar vehículos, revisar documentación y convertir una irregularidad real o inventada en moneda de cambio. El puesto fijo crea una pequeña frontera doméstica. Y toda frontera discrecional, cuando faltan controles eficaces sobre quien controla, acaba siendo terreno fértil para el abuso.

Qué cambiará para los ciudadanos en las calles

La diferencia más visible debería ser la desaparición progresiva de los puestos policiales urbanos permanentes o habituales y de las retenciones rutinarias asociadas a ellos. En vez de concentrar agentes en una barrera, el Gobierno pretende reforzar las patrullas preventivas y de tráfico que circulan por las ciudades.

Para un conductor, eso podría traducirse en trayectos con menos paradas aparentemente aleatorias, menos colas ante los controles y menos interacciones forzadas con funcionarios simplemente por pasar por un determinado punto. También desaparece, al menos en teoría, uno de los espacios donde con mayor frecuencia se denunciaba el cobro irregular de dinero.

Pero la policía conserva naturalmente sus competencias. Eliminar una alcabala no elimina la capacidad de detener un vehículo cuando exista una causa legal, atender una emergencia, buscar a una persona o desplegar un dispositivo especial. Tampoco supone convertir las ciudades venezolanas en territorio sin controles de seguridad.

Ahí reside una diferencia importante. Rodríguez ha hablado específicamente de alcabalas “en las ciudades” o “dentro de los cascos urbanos”. Hasta el momento no se ha detallado que la decisión incluya todos los puntos de control situados en autopistas, fronteras, accesos interurbanos o zonas de especial vigilancia. Tampoco se ha anunciado un calendario detallado, el número de puestos que desaparecerán ni las instrucciones operativas que recibirán los distintos cuerpos policiales y militares.

Las patrullas sustituyen al puesto fijo, no al poder policial

Mover al agente no resuelve por sí solo el problema. Esta es quizá la parte menos espectacular del anuncio y, a la vez, la más importante.

Una patrulla puede ofrecer ventajas evidentes: cubre una zona más amplia, responde a incidentes y evita que la seguridad quede reducida a un obstáculo estático en una avenida. Es un modelo más próximo a la policía preventiva y de proximidad que a la vieja imagen del control donde prácticamente todo el mundo debe detenerse.

También puede reproducir los mismos abusos con cuatro ruedas. Un policía que carece de supervisión adecuada puede exigir dinero desde una alcabala o desde la ventanilla de un coche patrulla. Cambia el decorado; la arbitrariedad, si existe, sabe desplazarse.

Por eso el impacto real dependerá de cuestiones mucho menos vistosas que retirar barreras: identificación clara de los agentes, cámaras corporales efectivamente utilizadas, registro de las actuaciones, vías accesibles para denunciar irregularidades, investigación independiente y consecuencias cuando se producen abusos. La regulación venezolana de 2022 ya contenía varias garantías y prohibiciones de esta naturaleza. El problema histórico no ha sido únicamente escribir las reglas, sino conseguir que las reglas manden sobre quien lleva uniforme.

Una reforma con un límite todavía borroso

Hay otra incógnita. La decisión anunciada afecta a un instrumento policial concreto, pero no equivale a una reforma integral de los cuerpos de seguridad venezolanos. Las alcabalas son la parte más visible, casi escenográfica: luces, conos, fusiles, documentos. La calidad democrática de una policía se mide también cuando no hay una barrera delante.

Rodríguez presenta la medida dentro de un discurso de normalización, reencuentro nacional y reforma institucional. Ese contexto explica por qué el anuncio posee una carga política mayor de la que tendría una simple reorganización del tráfico. Retirar unos controles asociados durante años al miedo ciudadano permite al Ejecutivo marcar distancia respecto a determinadas prácticas sin desmontar, al menos por el momento, la arquitectura completa de seguridad.

Es un movimiento significativo, pero conviene no confundir una decisión con su resultado. Todavía habrá que comprobar cuántas alcabalas desaparecen, qué controles permanecen, cómo se desplegarán las nuevas patrullas y qué mecanismos impedirán que una práctica cuestionada reaparezca con otro nombre.

Menos barreras, la prueba empieza después

Para millones de venezolanos, una alcabala no era una palabra administrativa. Era una escena reconocible: reducir la velocidad, bajar la ventanilla, entregar los papeles y esperar a descubrir qué quería el funcionario. A veces, nada. Otras veces, demasiado.

La decisión de Delcy Rodríguez pretende acabar con esa cultura del control fijo urbano y sustituirla por una presencia policial móvil. Si se aplica como se ha anunciado, habrá menos puestos permanentes y menos paradas rutinarias en las ciudades. Eso supone un cambio concreto y potencialmente importante para la movilidad y para la relación cotidiana entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.

Pero retirar la barrera es la parte fácil. Lo verdaderamente nuevo llegará si desaparecen también el cobro irregular, la intimidación y la discrecionalidad abusiva que hicieron de muchas alcabalas algo más incómodo que un control de carretera. Porque un cono se guarda en un almacén en cinco minutos. Una cultura institucional tarda bastante más en desmontarse.