¿Por qué la Fiscalía pide 18 años de inhabilitación a Kichi en Cádiz?

La Fiscalía reclama 18 años de inhabilitación especial para José María González, Kichi, exalcalde de Cádiz, por su actuación en el llamado caso del asesor fantasma. El Ministerio Público le acusa de prevaricación y revelación de secretos de forma continuada por el papel que habría desempeñado dentro del Ayuntamiento Fernando García Acuña, un asesor vinculado a Por Cádiz Sí Se Puede que, según la acusación, accedió a expedientes y participó en asuntos municipales sin tener la condición administrativa necesaria para hacerlo.

La petición fiscal no es una condena ni significa que Kichi haya sido declarado culpable. Se trata del escrito de acusación con el que la Fiscalía solicita que el procedimiento desemboque en juicio oral ante la Audiencia Provincial de Cádiz. Para el exregidor pide también una multa de 18 meses, con una cuota diaria de 20 euros: alrededor de 10.800 euros. El corazón del asunto está en algo bastante menos vistoso que una maleta de billetes, pero jurídicamente delicado: quién podía entrar en determinados expedientes municipales, intervenir en ellos y dar instrucciones a los funcionarios.

Por qué la Fiscalía pide 18 años de inhabilitación a Kichi

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre abril de 2018 y abril de 2019, durante el primer mandato municipal de Kichi. Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el Ayuntamiento ya había agotado entonces el cupo permitido de personal eventual o asesores. El equipo de gobierno habría buscado otra fórmula para incorporar a García Acuña, jurista especializado en contratación pública, como asesor jurídico del grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede.

Hasta ahí, contratar a un especialista con fondos del grupo político no constituye por sí mismo el problema. El conflicto aparece, según la acusación, cuando aquel asesor habría empezado a desenvolverse dentro del Ayuntamiento como si formara parte de su estructura administrativa, pese a no ser funcionario, trabajador municipal ni personal eventual. La Fiscalía sostiene que varios responsables políticos hicieron posible esa situación y permitieron que accediera a información restringida para personas ajenas a la Administración.

Es la zona gris que la política suele llamar asesoramiento y los tribunales prefieren mirar con lupa. Porque una cosa es aconsejar desde fuera sobre un pliego y otra, bastante distinta, intervenir de hecho en la maquinaria administrativa que lo prepara, condicionarlo o acceder a documentación reservada antes incluso de que el expediente arranque formalmente.

El papel del llamado asesor fantasma

Fernando García Acuña es la figura alrededor de la que gira el procedimiento. La Fiscalía sostiene que, entre el 16 de abril de 2018 y el 14 de abril de 2019, accedió de manera continuada a información relacionada principalmente con contratación pública y que aquello se produjo por indicación de Kichi y de otros integrantes de su equipo.

Según el relato fiscal, García Acuña habría sido presentado ante funcionarios municipales simplemente como asesor, sin precisar que dependía del grupo político y no del Ayuntamiento. Tenía incluso un despacho en dependencias municipales compartido con personal municipal. Esa apariencia, argumenta la acusación, habría facilitado que recibiera documentos sobre licitaciones, contratos y convenios cuando todavía estaban siendo preparados por los técnicos competentes.

Entre los asuntos mencionados aparecen documentación sobre el pliego técnico de las informadoras turísticas, el borrador del acuerdo de Los Chinchorros, alegaciones dirigidas a la Junta de Andalucía relacionadas con los chiringuitos y documentación sobre el yacimiento arqueológico de Gadir. No se discute, por tanto, una presencia meramente ornamental en un despacho. Lo que deberá dilucidarse es qué capacidad real tuvo aquel asesor, qué información recibió y quién autorizó o consintió esas actuaciones.

Kichi niega que el asesor diera órdenes a funcionarios

José María González ha defendido una versión muy diferente. Cuando declaró como investigado en junio de 2024 explicó que García Acuña era un especialista en contratación pública incorporado por su formación política para prestar apoyo ante la nueva Ley de Contratos del Sector Público y ayudar a introducir criterios sociales, ambientales o de subrogación laboral en los contratos municipales.

Kichi negó que el asesor diese órdenes a los trabajadores del Ayuntamiento. Su argumento fue bastante concreto: de haber ocurrido, aseguró, los propios funcionarios se habrían quejado. También sostuvo que no constaba ninguna protesta, ni oral ni escrita, sobre el comportamiento de García Acuña en sus relaciones con el personal municipal.

La Fiscalía interpreta los hechos de otro modo. Considera que el asesor no se limitó a ofrecer conocimiento técnico, sino que asumió funciones, intervino en decisiones y actuó como interlocutor sin disponer de competencia para ello. Ese choque entre las dos versiones será una de las cuestiones centrales del procedimiento: asesorar no es administrar, aunque desde fuera ambas actividades puedan parecerse cuando se desarrollan alrededor de la misma mesa y con los mismos papeles encima.

No solo está acusado el exalcalde de Cádiz

El escrito alcanza a otros miembros del antiguo equipo municipal de Por Cádiz Sí Se Puede. La Fiscalía acusa también de prevaricación y revelación de secretos a David Navarro, entonces responsable del Área de Personal, y a Laura Jiménez, que era concejala delegada de Turismo. Para ambos solicita penas equivalentes a las reclamadas para Kichi: 18 años de inhabilitación y la correspondiente multa.

También figuran José Vicente Barcia, antiguo jefe de Gabinete de Alcaldía, y José Ramón Páez, entonces asesor de Alcaldía. La Fiscalía pide igualmente para ellos 18 años de inhabilitación, aunque circunscritos a los empleos o puestos correspondientes, además de la multa planteada por los delitos atribuidos.

Para Fernando García Acuña, considerado por la acusación cooperador necesario de la prevaricación, la petición es de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público en las administraciones local, autonómica o estatal.

La investigación no ha seguido, en cambio, contra todos los que inicialmente pasaron por el procedimiento. El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz acordó anteriormente archivar las actuaciones respecto de responsables técnicos de Personal y Contratación y del secretario municipal al considerar que no existían indicios suficientes de delito contra ellos.

De una denuncia sindical a la acusación de la Fiscalía

El origen de la causa está en una denuncia de Comisiones Obreras, que puso bajo sospecha la actividad desarrollada por García Acuña dentro del Ayuntamiento. El Partido Popular terminó personándose también como acusación. La investigación incorporó testimonios y el análisis de correos electrónicos y documentación relacionada con el funcionamiento de las áreas municipales afectadas.

El Juzgado de Instrucción número 2 decidió en febrero de 2026 continuar las actuaciones por el procedimiento abreviado al apreciar indicios de que el asesor pudo intervenir en procesos de contratación sin cobertura legal y de que esa participación habría sido consentida o promovida por responsables políticos municipales.

Hay un detalle posterior que añade una peculiar vuelta de tuerca. García Acuña terminó incorporándose formalmente en 2019 a la plantilla municipal como técnico de Administración General, después del periodo que está siendo investigado. Más tarde estuvo vinculado al Instituto de Fomento, Empleo y Formación de Cádiz y acabó renunciando a su plaza en 2024. Esa trayectoria posterior no modifica lo que se juzga: la cuestión se concentra en qué podía hacer legalmente durante aquel año anterior y bajo qué condición entró en los expedientes.

Qué significan realmente los 18 años que pide la Fiscalía

La cifra puede inducir a una lectura equivocada. La Fiscalía no está solicitando 18 años de prisión para Kichi, sino una pena de inhabilitación especial. Si finalmente fuese condenado en los términos planteados por el Ministerio Público, no podría ejercer los cargos electivos afectados durante el periodo establecido por la sentencia.

Y queda bastante carretera judicial por delante. El escrito conocido este 7 de septiembre de 2026 recoge las conclusiones provisionales de la Fiscalía, no una sentencia. Corresponde al tribunal valorar posteriormente las pruebas, escuchar a las defensas y determinar si los hechos constituyen realmente los delitos atribuidos y cuál fue la responsabilidad individual de cada acusado. La presunción de inocencia sigue intacta.

Eso importa especialmente en un procedimiento que mezcla política municipal, contratación administrativa, empleados públicos y asesores de confianza, un ecosistema donde los límites pueden parecer borrosos desde un despacho político. Legalmente no lo son tanto. Las competencias, el acceso a expedientes y la condición de cada persona dentro de una Administración están reglados; precisamente sobre esa frontera se ha construido la acusación.

Un año de decisiones municipales que vuelve ocho años después

Kichi gobernó Cádiz entre 2015 y 2023 y dejó la Alcaldía después de dos mandatos. El procedimiento devuelve ahora el foco a una etapa muy concreta de aquella gestión, no por una decisión política determinada, sino por el modo en que una persona contratada por el grupo municipal habría participado en el funcionamiento interno del Ayuntamiento.

La Fiscalía ha puesto una petición severa sobre la mesa: 18 años de inhabilitación para el exalcalde, otros tantos para varios miembros de su antiguo equipo y nueve para Fernando García Acuña. La defensa de González sostiene desde hace tiempo que aquel jurista asesoró, pero no mandó. La acusación afirma justamente lo contrario en lo esencial: que traspasó esa frontera con conocimiento y respaldo de responsables municipales.

Ahí está el caso, despojado del ruido partidista. No se juzga todavía a Kichi y mucho menos se le ha condenado. Lo que existe desde este 7 de septiembre es una acusación fiscal que sitúa al exalcalde de Cádiz ante uno de los episodios judiciales más serios de su trayectoria política y acerca el llamado caso del asesor fantasma a la fase de juicio oral.