Kazajistán prohíbe la propaganda LGBTI como Rusia y Georgia

En Kazajistán avanza el veto a la “propaganda” LGBTI: multas, arrestos y 18+; efectos en medios y cultura con el Senado en pausa prolongada.

El Mazhilis (cámara baja) de Kazajistán aprobó el 12 de noviembre de 2025 un paquete de enmiendas que prohíbe la llamada “propaganda” LGBTI en medios, internet y espacios públicos. El texto, calcado de los marcos rusos y georgianos, introduce multas y hasta 10 días de arresto administrativo para reincidentes, y obliga a etiquetar como 18+ cualquier contenido LGBTI que no sea considerado “propaganda”. La norma no está vigente todavía: requiere el visto bueno del Senado y la firma del presidente Kassym-Jomart Tokayev. A inicios de diciembre, el Senado retiró el punto del orden del día para un “estudio adicional”, lo que congela el calendario, pero no desactiva el proyecto. El mensaje político, en cambio, ya ha calado: autocensura en redacciones y programaciones culturales, y un ajuste de algoritmos y moderación en plataformas.

¿Qué cambia, en la práctica? Si entra en vigor, cualquier mención positiva o neutra de la diversidad sexual y de género —una crítica de cine con personajes queer, la reseña de un libro, la crónica de un Orgullo local, un simple post con una bandera arcoíris— podrá encajar en esa categoría abierta de “promoción de la orientación sexual no tradicional”. La ambigüedad deliberada del término “propaganda” traslada el poder de interpretación a los reguladores. Y eso, como ya se ha visto en Moscú y Tiflis, desplaza el debate público hacia el silencio preventivo: se retiran obras, se recortan escenas, se archivan reportajes antes de publicarlos. En paralelo, el discurso gubernamental envuelve la medida en una retórica de “protección de menores”, aunque el alcance desborda la tutela infantil y aterriza en todos los canales de circulación cultural.

Qué está sobre la mesa y qué cambia si avanza

Las enmiendas incorporan a una ley mayor —tramitada inicialmente sobre asuntos de archivo y difusión de contenidos— una cláusula que prohíbe “la difusión de información que contenga propaganda de la pedofilia y/o de la orientación sexual no tradicional” en espacios públicos, medios de comunicación, redes de telecomunicaciones y plataformas online. En paralelo, crean un régimen de clasificación por edades que impone la marca 18+ a materiales LGBTI que no se consideren “propagandísticos”, desde películas y series a libros o podcasts. La arquitectura reproduce una fórmula conocida en la región: todo lo LGBTI se enmarca como potencialmente nocivo para menores y, por extensión, indeseable en el espacio público.

En cuanto a las sanciones, el texto prevé multas para personas físicas y jurídicas y la posibilidad de arresto administrativo de hasta 10 días en caso de reincidencia. Para plataformas y medios, el riesgo no es solo económico: un expediente acumulado puede abrir la puerta a suspensiones, retirada de licencias o bloqueos selectivos de contenidos. Para autores, editores y exhibidores (salas de cine, teatros), la etiqueta 18+ funciona como un freno de circulación; para el comercio del libro y la distribución audiovisual, plantea dudas logísticas —re-etiquetado, retirada temporal, nuevos metadatos— y responsabilidades por “diseminación” incluso cuando el material no tenga carácter militante.

Fechas, votos y quién empuja el proyecto

El 28 de octubre de 2025 un grupo de diputados registró la enmienda; un día después, una mesa de trabajo respaldó el borrador con el Ministerio de Cultura e Información como actor clave. Tras pasar por comisión, el 12 de noviembre el Mazhilis aprobó el paquete en segunda lectura. La tramitación encalló en la cámara alta: el 4 de diciembre el Senado retiró el punto del orden del día y lo envió a “estudio adicional”. Esa decisión no equivale a tumbar el proyecto: en el procedimiento kazajo, el Senado puede reintroducirlo con cambios de técnica legislativa o modificaciones de alcance y, si hay acuerdo, enviarlo al presidente para su promulgación.

Del lado gubernamental, el viceministro de Cultura e Información, Yevgeniy (Yevgueni) Kochetov, ha sido la voz más visible. Kochetov ha defendido que el objetivo es “proteger a la infancia” y ha intentado acotar el concepto de propaganda a mensajes que “presenten como mejores” las relaciones no heterosexuales, aunque ese matiz no está negro sobre blanco con suficiente precisión jurídica. En el Mazhilis, figuras del oficialismo como Yelnur/Elnur Beisenbayev han presentado la reforma como respuesta a una “preocupación social creciente” por los contenidos en el entorno digital. Otros diputados —como Natalia Dementyeva, impulsora de cambios técnicos— han explicado que la prohibición se inserta en un paquete amplio que toca varias leyes y códigos (publicidad, cultura, derechos del menor, procedimientos administrativos). Esa transversalidad multiplica los puntos de aplicación y, por tanto, el impacto.

Alcance real: qué conductas podrían ser castigadas

El corazón del debate está en la indeterminación. “Propaganda”, en la práctica, no se define por elementos jurídicos objetivos —como la incitación—, sino por valores. ¿Es “propaganda” una entrevista informativa a una pareja del mismo sexo? ¿Lo es un reportaje sobre violencia homófoba que incluya testimonios y datos? ¿Un videoclip con un beso entre dos hombres? La experiencia comparada sugiere que sí, si la autoridad entiende que el contenido “normaliza” o “presenta sin condena” esa realidad. Esa elasticidad es lo que convierte estas leyes en instrumentos eficaces de censura blanda: más que perseguir penalmente a gran escala, incentivan a empresas, redactores y programadores a no arriesgarse.

En el terreno operativo, medios y plataformas deberían articular protocolos de moderación y listas de palabras clave para detectar y restringir contenidos; salas y festivales tendrían que ajustar programaciones y fichas; librerías y marketplaces, revisar metadatos y políticas de venta. Las editoriales quedarían expuestas por la mera presencia en catálogo de títulos con personajes LGBTI; los agregadores y plataformas de streaming, por alojar fichas o sinopsis. En el derecho comparado ya hay precedentes de multas por descripciones “neutras” en guías de contenidos y de sanciones por etiquetar tarde o mal. Para anunciantes, el riesgo reputacional se suma: campañas con imágenes o mensajes inclusivos, aun sin intención proselitista, podrían interpretarse como “promoción” y derivar en retiradas y expedientes.

Hay otro efecto menos visible: el enfriamiento de las coberturas periodísticas. Si cada nota con referencias a la diversidad sexual puede abrir una investigación administrativa, las redacciones reducirán piezas, suavizarán enfoques o evitarán el tema salvo cuando no quede más remedio. Ese es el daño estructural: una opinión pública con menos datos, menos contextos y menos historias contadas en primera persona. El coste lo pagan tanto las personas LGBTI —más vulnerables— como la calidad informativa del conjunto.

El espejo ruso y el precedente georgiano

El proyecto kazajo no nace en el vacío. En Rusia, la primera versión de la ley de “propaganda” se aprobó en 2013 dirigida a menores; en 2022 se amplió a toda la población y, en 2023, el Tribunal Supremo declaró “extremista” al llamado “movimiento LGBT internacional”. El resultado ha sido un ecosistema de multas masivas a plataformas, retiradas de libros y obras, y persecución de activistas. La clave no es solo la letra, sino la aplicación: cualquier mención positiva o neutra puede ser considerada “promocional”, y símbolos como la bandera arcoíris han sido tratados como insignias prohibidas. Ese contexto explica por qué, en Kazajistán, editores, promotores culturales y periodistas encienden alarmas: el camino regulatorio, si se replica, conduce a una censura estructural.

En Georgia, el Parlamento aprobó en 2024 el paquete denominado “Valores Familiares y Protección de Menores” y dieciocho enmiendas vinculadas. Entre otras cosas, censura contenidos mediáticos sobre diversidad, prohíbe desfiles del Orgullo, criminaliza símbolos en el espacio público y blinda constitucionalmente la prohibición del matrimonio igualitario. Ese marco, severamente criticado por instituciones europeas y expertos de Naciones Unidas, es la referencia más inmediata para Astaná: una combinación de retórica moral y tecnicismos regulatorios que estrecha el espacio cívico. Para la diplomacia kazaja, que ha cultivado una imagen de equilibrio y apertura a la inversión, asumir ese molde tiene consecuencias: sube el riesgo-país en índices de gobernanza, complica agendas con socios europeos y puede sumar trabas en cooperación cultural y educativa.

Reacciones y contexto interno: Gobierno, activistas, empresas

El Gobierno insiste en una idea-fuerza: “proteger a los menores” y “preservar valores tradicionales”. El Ministerio de Cultura e Información —con Yevgeniy Kochetov como portavoz más activo— ha explicado que el objetivo no es “perseguir identidades”, sino restringir la promoción y clasificar contenidos. En esa línea, se han deslizado ejemplos tranquilizadores —“dos hombres que se dan la mano no es propaganda”— que, sin embargo, no despejan la inseguridad jurídica: la frontera entre información y promoción sigue en manos de quien instruye el expediente. Dentro del oficialismo, voces como Beisenbayev han vinculado la reforma a una demanda social por el “entorno digital” y a la necesidad de alinearse con políticas de otros países.

Del otro lado, las organizaciones de derechos humanos —locales e internacionales— piden retirar el proyecto por discriminatorio y contrario a estándares ratificados por Kazajistán. Colectivos como Feminita, Queer.kz o la red AlmaTQ han documentado episodios de hostigamiento y violencia durante 2025 y advierten de un “efecto dominó” si el Senado lo activa: más agresiones, más censura privada (empresas que deciden no programar ni publicar) y menos acceso a información veraz. Académicos y juristas alertan, además, de que equiparar diversidad sexual y pedofilia —recurso retórico presente en el texto— estigmatiza y desinforma: no hay relación entre ambas realidades; mezclar términos solo alimenta prejuicios.

Las empresas culturales y tecnológicas ya hacen números. Plataformas de vídeo on demand, redes sociales, distribuidoras y librerías tendrán que elegir entre sobrebloquear —y exponerse a críticas globales— o arriesgarse a multas. En un mercado regional donde los proveedores comparten catálogos y pipelines de moderación, el impacto se amplifica: Kazajistán puede convertirse en un eslabón débil que empuje a retirar contenidos en toda el área de influencia por coste y complejidad. Es el fenómeno conocido como “overcompliance”: para evitar el expediente, algunos actores van más allá de lo que exige la norma y barren contenidos legítimos.

En paralelo, el clima social acumula tensión. 2025 ha visto detenciones y registros a activistas y episodios de violencia contra defensores LGBTI en Almaty y Astaná. Esa realidad explica otro punto de fricción: mientras la retórica oficial promete “protección”, la práctica deja a minorías y periodistas más expuestos. La OSCE, agencias de la ONU y grandes ONG han elevado ya sus advertencias, algo que pesa en evaluaciones internacionales y en la reputación de un país que aspira a vender estabilidad y reformas.

Lo que está en juego para Kazajistán

El expediente, a 18 de diciembre de 2025, está detenido en el Senado y sometido a “estudio adicional”. Los escenarios, siendo realistas, son tres. Primero, que la cámara alta reactive la enmienda pronto, la apruebe sin cambios sustantivos y el presidente la promulgue: sería la traslación punto por punto del modelo ruso-georgiano, con censura efectiva, multas, arrestos y etiqueta 18+ para casi todo lo que huela a diversidad. Segundo, un acuerdo intermedio: recortar la definición de “propaganda”, eliminar el arresto administrativo, blindar excepciones explícitas para información periodística y creación artística. Esa vía permitiría a Astaná reducir el coste internacional sin renunciar a la narrativa de “protección de menores”. Tercero, el aplazamiento largo: mantener el tema congelado hasta ajustar técnica y clima, con el mismo efecto disuasorio de fondo sobre medios y plataformas.

Para Tokayev, el equilibrio es delicado. Su política exterior de “multivectorialidad” —hablar con todos, diversificar alianzas— choca con una legislación que lo alinea con el bloque más iliberal del vecindario. El coste reputacional es tangible: informes críticos, rebajas en índices de libertad de prensa y calidad regulatoria, y advertencias en riesgo-país que afectan a inversión, coproducciones culturales y cooperación académica. Para la sociedad kazaja, el coste es más íntimo: perder historias, personajes y miradas que forman parte del paisaje humano contemporáneo.

Hay, sin embargo, margen para corregir. Una redacción que excluya expresamente la información periodística, que limite “propaganda” a incitación u odio y que desvincule cualquier referencia a la pedofilia —concepto de naturaleza penal, ajeno a la orientación sexual— reduciría daño y seguridad jurídica. También lo haría una guía interpretativa pública, con criterios aplicables a todos los operadores (medios, plataformas, editoriales, exhibidores) y procedimientos de recurso rápidos y transparentes. No solucionaría el problema de fondo —la estigmatización—, pero evitaría que una enmienda mal diseñada se convirtiera en un arma omnívora contra la libertad de expresión y de creación.

La decisión que tome el Senado marcará la imagen internacional del país y el ecosistema cultural doméstico durante años. Kazajistán, a diferencia de otros vecinos, ha cultivado una reputación de pragmatismo y apertura gradual. La adopción sin matices de un veto LGBTI lo pondría en la misma foto que Rusia y Georgia en un terreno —derechos, información, cultura— donde el mundo mira con lupa. Si la política es el arte de elegir, aquí la elección es clara: o una ley ambigua que castiga la visibilidad de una parte de la ciudadanía y empobrece el debate público, o un giro técnico y político que preserve derechos, seguridad jurídica y la pluralidad que cualquier sociedad moderna necesita para funcionar. Hoy el expediente está en pausa; el impacto, en cambio, ya se siente. Y eso, en periodismo, cultura y vida cotidiana, sí cambia las cosas.