Por qué la jueza de la DANA cita a Pérez Llorca y al Ventorro

El auto cita a Pérez Llorca, al dueño de El Ventorro y a Presidencia para fijar cronología, llamadas y decisiones clave del 29-O en Valencia.

La magistrada que instruye la causa penal por la DANA en Catarroja ha ordenado citar como testigos al síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca; al propietario del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón comió la tarde de los hechos; y a varios integrantes del núcleo de Presidencia. El objetivo es reconstruir, con precisión de relojero, cómo fluyó la información entre Interior, el Cecopi y el despacho del president durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024, y si ese intercambio —o su ausencia— condicionó decisiones que pudieron ser determinantes.

El auto judicial no fija aún fechas para las declaraciones, pero delimita un perímetro claro: se trata de averiguar qué sabía cada actor clave, qué información debió circular por normativa y qué impacto tuvo la eventual omisión de traslados en la toma de decisiones. La instrucción se apoya en los listados de llamadas cruzadas entre la exconsellera Salomé Pradas (investigada), el equipo de Presidencia y el propio Mazón, además de en la testifical de la periodista Maribel Vilaplana, con quien el entonces president comió ese día. A partir de ahí, nuevas voces entran en escena para llenar huecos.

Lo esencial de la decisión judicial

La jueza abre una fase en la que la política y la operativa se tocan. No busca opiniones ni interpretaciones, sino datos ordenados que permitan fijar una cronología operativa: quién llamó a quién, qué se comunicó y en qué momento exacto. El marco es conocido por los técnicos de emergencias: en una jornada de lluvias extremas, el Cecopi se reunió por la tarde para coordinar recursos y valorar medidas, y la consellera de Interior se convirtió, por cargo, en el eje de transmisión entre el centro de coordinación y Presidencia. Cuando fallan los canales, se nota. Cuando los canales funcionan, también dejan rastro. Justo ahí entra el juzgado.

La resolución detalla que es “pertinente” estudiar las llamadas realizadas por Pradas “al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi”. No se trata solo de si entró o no un aviso a móviles, sino de si hubo comunicación suficiente y trazable entre la autoridad política responsable de emergencias y el máximo responsable del Consell. La jueza añade otro nivel: quiere “averiguar la información que disponía cada integrante de la reunión”, cuál era “la exigible” según la normativa y qué incidencia pudo tener la omisión de traslado en “decisiones erróneas o decisiones debidas no adoptadas”. Sin florituras: la sustancia es si falló la cadena de mando informativa.

Quiénes deberán declarar y qué pueden aportar

El abanico de citaciones no es casual. Cada nombre cumple una función en la narrativa de esa tarde y ayuda a completar la foto.

Juanfran Pérez Llorca. El síndic popular y secretario general del PPCV mantuvo esa tarde dos llamadas con la consellera Pradas y dos con Mazón en minutos contiguos. La jueza ordena poner esas comunicaciones “en contexto” con las que intercambiaron previamente la consellera y el president. ¿Para qué? Para ver si esas charlas añadieron o cortocircuitaron flujos de información. No es una citación simbólica: el síndic formaba parte del círculo político con acceso al líder del Consell y al núcleo de Interior, y su testimonio puede encajar piezas que hoy aparecen en paralelo.

El equipo de Presidencia. Están citados el secretario autonómico de Presidencia; el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación; el director general de Comunicación y Promoción Institucional; la directora de la Oficina de Prensa; y un asesor del jefe del Consell. Son perfiles que, en situaciones de emergencia, actúan como puentes: reciben información, la contrastan, la filtran y la transmiten al president o desde él hacia abajo. El auto hace referencia a llamadas enlazadas: comunicaciones de Pradas con algunos de ellos y, a continuación, llamadas con Mazón. La hipótesis de trabajo es clara: si no se localizaba al president a la primera, los colaboradores pudieron operar como correa de transmisión.

La entrada en el Cecopi. Particularmente, la jefa de prensa de Presidencia y un asesor del president figuran porque acompañaron a Mazón a las 20:28 al Centro de Emergencias donde estaba reunido el Cecopi. Estar ahí, y a esa hora, los convierte en testigos potenciales de dos momentos sensibles: las comunicaciones sobre el envío de la alerta y las conversaciones entre Mazón y Pradas —documentadas alrededor de las 19:43 y las 20:10—, cuyos ecos o contenido pudieron oír de primera mano.

El dueño de El Ventorro. El propietario del restaurante, situado en pleno centro de València, es otra pieza interesante. Según la testigo que acompañó a Mazón, era “la única persona que entraba y salía” del reservado y, además, le entregó documentos oficiales para firmar. No es un apunte costumbrista: si escuchó fragmentos de conversaciones o percibió el tono y la urgencia de las llamadas, su relato ayuda a calibrar si allí —entre platos y firmas— se habló de decisiones operativas.

Los escoltas del president. La jueza, en cambio, rechaza identificar a los miembros de seguridad por entender que no consta que estuvieran presentes en los momentos clave ni que pudieran haber escuchado llamadas. Otro indicio de que la instrucción no quiere abarcar por abarcar: prefiere voces con contacto directo con las comunicaciones relevantes.

La cronología bajo la lupa

Uno de los ejes de esta causa es el tiempo. No en abstracto, sino en su versión más pedestre: minutos que se mueven, fracciones que resbalan, llamadas que entran y salen. La tarde del 29 de octubre de 2024 dejó una secuencia que hoy se intenta fijar con bisturí. La consellera Pradas habló en varias ocasiones con colaboradores de Presidencia; hubo llamadas perdidas y llamadas contestadas; se registran comunicaciones entre la consellera y el president en torno a las 19:43 y 20:10; y la llegada de Mazón al Cecopi está situada a las 20:28. Entre medias, se discutía el envío de una alerta a la población por la gravedad del episodio meteorológico, y los técnicos del 112 preparaban procedimientos.

La relevancia de la cronología no se limita a fijar un “antes y después”. En emergencias, los minutos señalan responsabilidades. Si a una autoridad le llega un aviso a una hora concreta y a partir de ese instante se deben activar medidas, cada salto temporal cobra sentido. Por eso la jueza reclama los listados telefónicos completos, cruza horarios y llama a quienes pudieron actuar como nodos de comunicación. Esta no es una causa sobre si llovió mucho —que llovió muchísimo—, sino sobre cómo se decidió mientras llovía, quién tuvo la última palabra y qué se transmitió formalmente.

El papel del restaurante se ilumina en esa línea temporal. No porque el hecho de comer sea, por sí mismo, relevante, sino porque en ese espacio se firmaron documentos oficiales y se recibieron llamadas. Es un escenario con actividad administrativa y con conversaciones que, si afectaron a la gestión de la emergencia, deben quedar consignadas. De ahí que el propietario de El Ventorro sea citado: no como protagonista, sino como oído imparcial en un lugar y momento cruciales.

Lo que la jueza quiere resolver: flujo de información y alertas

El auto apunta a una cuestión vertebral: el flujo de información en la cadena de mando. No basta con que exista; debe ser completo, claro y oportuno. Las emergencias exigen que quien tiene la competencia reciba datos en tiempo real, valore escenarios y decida con base técnica. Cuando eso no se produce, o se produce a saltos, aparecen los huecos de coordinación. Y cuando hay huecos, la justicia examina si esos huecos derivaron en decisiones tardías o directamente en omisiones.

Aquí entran conceptos aparentemente áridos —protocolos, competencias, niveles de emergencia— que sin embargo definen qué hace cada cual. El Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) es el espacio donde se sientan administración autonómica y estatal, responsables técnicos y mandos operativos, y desde donde se coordinan recursos y mensajes. La consellera de Interior preside o co-preside, según el nivel, y actúa de bisagra hacia Presidencia. A su vez, Presidencia debe estar informada con precision horaria para adoptar —o avalar— medidas que afectan a toda la población. Si en ese triángulo algo patina, el resultado no es un simple malentendido: puede retrasar acciones como avisos, cortes de carreteras o despliegues.

La jueza, consciente de la opacidad que a veces rodea estas franjas, acude a los registros telefónicos como columna vertebral de la prueba. No reconstruye emociones; reconstruye tráficos: llamadas que duran lo que duran, mensajes que entran a una hora concreta, comunicaciones encadenadas entre gabinetes. A esa base objetiva sumará las testificales: voces de quienes hablaron o escucharon, cada cual desde su ángulo, y que permitirán fijar el contenido y el contexto de esas comunicaciones. Es un método clásico en causas complejas: mosaico de datos duros y testimonios para armar una imagen coherente.

El reservado de El Ventorro, un escenario con papeles y llamadas

Pocas imágenes han marcado tanto esta historia como la del reservado de El Ventorro. No por morbo, sino por lo que implica. Según la testigo que acompañó al president, el propietario del local era la única persona que entraba y salía de la sala. En un momento, le entregó papeles para firmar, y esperó a que lo hiciera. La instrucción ha podido acotar qué tipo de documentos eran y, más allá de su naturaleza administrativa, el dato introduce una matización relevante: ese reservado no fue un paréntesis desconectado, sino un espacio de trabajo donde también se produjeron llamadas.

¿Qué aporta citando al dueño? Si escuchó fragmentos de conversaciones, si percibió la urgencia o no de la situación, si oyó palabras clave, incluso si recuerda a qué horas entró o salió del reservado, su testimonio puede cuadrar relojes. A veces, en una instrucción, la pieza que falta es un detalle ambiental que confirma o corrige una línea temporal. No es una excepción: la investigación ha prescindido, en cambio, de los escoltas del president precisamente porque no se acreditó su presencia o su capacidad de escuchar lo relevante. Se busca foco, no ruido.

El núcleo de Presidencia como correa de transmisión

El auto pone el acento en el gabinete porque, según los listados, hubo movimientos claramente encadenados: conversaciones de la consellera Pradas con el secretario autonómico del Gabinete y Comunicación o con el director general del área, seguidas de llamadas con el president. Eso, en una tarde en la que no siempre era posible localizar a la primera al jefe del Consell, sugiere que los colaboradores pudieron actuar —o no— como canal de ida y vuelta. La investigación necesita saber si, por ejemplo, los mensajes sobre el estado del Cecopi y sobre el envío de la alerta llegaron en tiempo y forma o si se diluyeron por el camino.

Las declaraciones de la jefa de prensa y de un asesor que entraron con Mazón al Centro de Emergencias a las 20:28 añaden contexto. Estar allí les da una percepción directa del ambiente, de los contenidos de las conversaciones y de cómo se recibieron —o se interpretaron— los recientes intercambios con Interior. No son detalles menores: en emergencias, los segundos cuentan y el tono de una llamada a menudo dice tanto como su literalidad.

Política en ebullición, procedimiento en marcha

El tablero político valenciano se ha movido con rapidez. La dimisión de Mazón, anunciada el pasado lunes, ha colocado a la Generalitat en una situación de tránsito: president en funciones, negociaciones entre socios y miradas puestas en el calendario institucional. En ese clima, la citación de Pérez Llorca no es una anécdota. Por peso orgánico, por su aparición en los listados de llamadas y por su rol en el presente inmediato de su partido, su testimonio tendrá repercusión. Pero una cosa es la onda política y otra, la ribera judicial: la instrucción sigue su curso, con diligencias que responden a necesidades probatorias, no a pulsos de partido.

También en Les Corts camina una comisión de investigación sobre la gestión de la DANA. Su valor es político, con comparecencias públicas y documentos que alimentan el debate. A veces, además, ese material se cruza con el juzgado por canales formales. Conviene no confundir planos: lo que sirve para hacer política puede no bastar —o sí— en un sumario. Aquí lo que mandan son las horas, las llamadas, los protocolos y los testimonios directos.

El papel del Cecopi y la cultura del procedimiento

Para entender por qué la magistrada pone el foco en el Cecopi, hay que detenerse en su función. No es un comité decorativo. Es el centro donde convergen técnicos de emergencias, protección civil, fuerzas de seguridad, responsables sanitarios y representantes institucionales. Allí se delibera con datos en la mano: radares de lluvia, proyecciones de caudales, cortes viarios, disponibilidad de recursos. Y desde allí se desencadenan decisiones: refuerzos, evacuaciones, mensajes a la población.

La cultura de procedimiento exige que cada paso quede anotado —quién solicitó qué, cuándo, a través de quién— y que quien deba autorizar determinadas medidas esté accesible y bien informado. Si el flujo no es constante, se obtura; si es intermitente, se desordena. Por eso la instructora insiste en identificar a quienes hicieron de bisagra esa tarde. A efectos judiciales, el análisis no es moral, es causal: si el traslado de información fue incompleto o tardío, ¿provocó decisiones equivocadas o la omisión de las correctas? Ahí radica la pregunta clave.

El documental requerido y la huella externa

Un detalle llamativo del auto es el requerimiento a un medio para que aporte copia del documental “¿Dónde estaba Mazón?”. No se trata de una deferencia periodística, sino de una diligencia: si la pieza contiene material verificable —horas, imágenes, recorridos, audios—, el juzgado quiere cotejarlo con la trama de llamadas y testimonios oficiales. Ocurre a menudo en casos de alta exposición pública: el periodismo produce trazas que, si se pueden corroborar, suman. El filtro es siempre el mismo: datos con fechas y horas, sujetos a contraste.

La entrada de esa pieza en el sumario, junto a los registros ya incorporados, sugiere una fase de corroboración fina. No bastará con que alguien diga “yo llamé” o “a mí me llamaron”. Habrá que mirar duraciones, antenas, secuencias. Es trabajo minucioso, sí, pero imprescindible para un caso que no se resuelve con titulares llamativos, sino con minutos bien atados.

Qué no está en discusión y qué sigue abierto

Hay elementos asentados que ya no se discuten. La tarde del 29 de octubre hubo reunión del Cecopi y toda la arquitectura de emergencias echó a andar. La consellera de Interior fue la principal interlocutora entre ese centro y Presidencia. En el restaurante, el president firmó documentos oficiales y atendió llamadas. El equipo de Presidencia mantuvo intercambios con Interior y con el jefe del Consell. Y se debatió el envío de una alerta a la población, por el riesgo del temporal.

Lo que sigue abierto es igual de importante: el detalle de algunas conversaciones, la literalidad de instrucciones y mensajes, la secuencia exacta de ciertas llamadas críticas, y si —conforme a los protocolos vigentes— faltó un empujón en la cadena de mando para activar o acelerar decisiones. En la jerga de los operadores, es la diferencia entre un sistema que “responde en caliente” y uno que “responde a tirones”. La instrucción no juzga estilos, juzga hechos.

Implicaciones administrativas y posibles escenarios

Las testificales ordenadas ahora pueden tener derivadas más allá del sumario. Si confirman que el traslado de información fue correcto y en tiempo, el foco se desplazará hacia los procedimientos internos del Cecopi, revisando cuellos de botella o dudas técnicas. Si, por el contrario, acreditan que hubo vacíos informativos entre Interior y Presidencia, el análisis se centrará en responsabilidades por omisión o por demora en la adopción de decisiones debidas.

Administrativamente, un caso así suele acabar en protocolos reforzados: fichas de llamada que exigen acuses de recibo, circuitos de doble confirmación, horarios estrictos para activaciones y, sobre todo, anotaciones detalladas que permitan auditar la respuesta en tiempo real. Nada de esto corrige el pasado, pero sí puede blindar la respuesta futura ante episodios similares. En todo caso, conviene insistir: el juzgado no dicta manuales, dicta resoluciones. El rediseño de procedimientos vendrá después, si procede, como consecuencia política y técnica.

Lo que se juega en las próximas semanas

A partir de ahora, la causa entra en una fase en la que cada testimonio puede desbloquear un hilo. Si el propietario de El Ventorro aporta horas y frases que encajan con los listados, el tramo del reservado quedará más nítido. Si Pérez Llorca detalla el contenido de sus llamadas encadenadas con Pradas y con Mazón, el engranaje político se perfilará. Si los colaboradores de Presidencia confirman —o desmienten— haber actuado como intermediarios eficaces, el mapa de responsabilidad se ajustará.

La política seguirá haciendo ruido, inevitablemente. Habrá discursos, reproches, titulares. El juzgado, entretanto, hará lo que se espera: ordenar el tiempo, atar las comunicaciones y decidir con base en lo que se pruebe. En causas como esta, la verdad judicial no es un relámpago, es una suma paciente de piezas pequeñas. Cuando declaren los citados y se cruce la cronología, habrá más luz sobre cómo se gestionó aquella tarde de DANA en la Comunitat Valenciana. Y, con esa luz, será más fácil entender qué salió bien, qué falló y qué debe cambiar para que, la próxima vez, el sistema responda sin sombras.

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Este artículo se ha elaborado con información contrastada y reciente. Fuentes consultadas: ABC, RTVE, El País, elDiario.es, Público, Maldita.es.