La crítica de Eloy Velasco a Irene Montero y la respuesta de la exministra

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco criticó a Irene Montero durante una conferencia celebrada el 13 de noviembre, al cuestionar la intervención de la exministra de Igualdad en el debate sobre el consentimiento y al mencionar que había trabajado como cajera en Mercadona. Sus palabras, difundidas después por medios de comunicación, abrieron una controversia que fue más allá de la ley del solo sí es sí: también enfrentaron dos ideas sobre quién puede intervenir en el debate jurídico y qué papel corresponde a la formación en perspectiva de género. Montero respondió que los jueces deben formarse en violencias machistas y apeló a las leyes y a las directrices de Naciones Unidas.

La intervención de Velasco tuvo lugar en la V Semana Internacional del Compliance, un encuentro dedicado al cumplimiento normativo en las empresas. Además de arremeter contra Podemos y contra la exministra, el magistrado cuestionó la legitimidad política del Gobierno de coalición surgido tras las elecciones de julio de 2023. La polémica, por tanto, mezcló una discusión sobre derecho penal, una descalificación personal basada en el pasado laboral de Montero y una valoración política del Ejecutivo. Separar esos planos permite entender qué dijo cada uno y dónde se concentró el conflicto.

Qué dijo Velasco sobre Montero y el consentimiento

Según la información publicada sobre la conferencia, Velasco reprochó a Podemos que, a su juicio, hubiera tratado de explicar a los juristas qué significa consentir. En ese contexto sostuvo que los profesionales del derecho conocían desde antiguo las distintas formas de consentimiento, entre ellas el expreso y el tácito, y vinculó esa crítica con la ley del solo sí es sí, aprobada en 2022. El núcleo de su reproche fue que el debate político se presentara como una lección dirigida a los juristas, a quienes atribuyó un conocimiento previo de la materia.

La frase que más repercusión tuvo fue la referencia al trabajo de Montero como cajera de Mercadona. El magistrado sostuvo que había cosas que la exministra nunca aprendería desde ese empleo y añadió que no podía dar lecciones a los juristas. La alusión no se refería a su gestión ministerial ni a una discrepancia concreta sobre un artículo de la ley: convertía una experiencia laboral de juventud en argumento para rebajar su autoridad. Ese desplazamiento, del contenido de una norma a la ocupación anterior de una política, explica por qué la polémica se leyó también como clasista y machista.

Montero trabajó en un supermercado mientras estudiaba la carrera, un dato biográfico que sus críticos han utilizado en otras ocasiones para desacreditarla. El empleo, por sí mismo, no permite concluir nada sobre la capacidad de una persona para participar en una discusión pública o política. En este caso, su mención tuvo una función retórica: situar a la exministra por debajo de los juristas a los que, según Velasco, pretendía aleccionar. La controversia no giró solo en torno a quién sabe de derecho, sino también a qué trabajos se consideran dignos de respeto.

La respuesta de Irene Montero y la formación judicial

La exministra, hoy eurodiputada de Podemos, contestó a Velasco en la red social X con un mensaje que contrapuso su antiguo empleo a la responsabilidad del juez. Le pidió cumplir la ley y estudiar, y sostuvo que la formación en violencias machistas para quienes imparten justicia está respaldada por las normas y por Naciones Unidas. En la publicación incluyó un documento con directrices internacionales sobre estereotipos y prejuicios de género en el sistema judicial. Su réplica no se limitó a defender su trayectoria: trasladó la discusión a la preparación de los jueces.

Montero también citó la advertencia de que los estereotipos pueden llevar a interpretar mal las leyes o aplicarlas de forma defectuosa. La idea central es que el conocimiento jurídico no se desarrolla al margen de la sociedad: la manera de valorar los hechos y de aplicar una norma puede verse afectada por prejuicios sobre el género. Esa apelación no demuestra por sí sola que Velasco aplicara un estereotipo al resolver un caso; la disputa se refería a sus palabras en una conferencia, no a una sentencia concreta. Conviene distinguir la crítica a una intervención pública de una acusación sobre el desempeño judicial.

El intercambio enfrentó, así, dos argumentos distintos. Velasco apeló a la tradición y al saber técnico de los juristas sobre el consentimiento; Montero insistió en que la formación en violencia machista forma parte de las exigencias que deben orientar el trabajo judicial. No son necesariamente afirmaciones incompatibles: conocer categorías jurídicas no impide examinar cómo los prejuicios pueden influir en la interpretación de los hechos. El punto de fricción está en si la experiencia profesional basta o si también hace falta revisar los sesgos que pueden acompañar esa experiencia.

Una conferencia sobre empresas que se convirtió en crítica política

La intervención se produjo en la V Semana Internacional del Compliance, un encuentro para tratar el cumplimiento normativo en las empresas. El compliance reúne procedimientos y controles destinados a que una organización respete las normas que le afectan. La conferencia de Velasco estaba enmarcada en ese ámbito, pero, según las informaciones difundidas, parte de su contenido se apartó de la materia empresarial para abordar a Podemos, a Montero y al Gobierno de coalición. Ese cambio de tema convirtió una charla profesional en escenario de una disputa política.

La información publicada sobre el acto describió una intervención prevista dentro de un curso de peritaje y señaló que la asociación organizadora no facilitó la grabación completa de la charla. Los extractos conocidos, por ello, permiten reconstruir las críticas que trascendieron, pero no ofrecen por sí solos el contexto íntegro de toda la conferencia ni el desarrollo de cada argumento. La cautela importa: una frase difundida puede ser fiel y relevante sin equivaler a una transcripción completa. Lo que se conoce con claridad es el contenido de los pasajes que circularon y la controversia que provocaron.

También se informó de que asistir al encuentro tenía un coste de entre 300 y 400 euros. Ese dato describe el acceso al evento, pero no cambia el fondo de la discusión ni permite atribuir una intención concreta a sus organizadores. El contexto sí ayuda a comprender la sorpresa que causó que un acto sobre cumplimiento empresarial derivara en ataques a dirigentes políticos y en una valoración de la legitimidad del Gobierno. La relevancia periodística no está en el precio de la entrada, sino en la distancia entre el objeto anunciado y algunos de los asuntos abordados.

El cuestionamiento del Gobierno y el recuento electoral

Velasco extendió sus críticas al Ejecutivo formado tras las elecciones generales de julio de 2023. Puso en duda su legitimidad al describir a PSOE y Sumar como partidos que habían perdido los comicios y al señalar que el segundo necesitaba los votos del primero para superar al PP en número de escaños. Su razonamiento vinculaba la legitimidad política con el resultado electoral de cada partido y con la composición parlamentaria que permitió la investidura. La intervención no se quedó en la ley de Igualdad: también cuestionó el fundamento político de la coalición.

En ese pasaje hay una precisión importante. Podemos concurrió dentro de Sumar en aquellas elecciones; no se presentó como una candidatura independiente. En los resultados citados en la información de referencia, Sumar fue la cuarta fuerza más votada, no la quinta. Por eso, la formulación de Velasco sobre un quinto partido no coincide con el orden de las candidaturas que concurrieron a las urnas, aunque pudiera referirse a la posición de una formación dentro de la composición parlamentaria o a otro criterio. El recuento electoral y la interpretación política de la coalición son cuestiones distintas.

La diferencia no elimina la posibilidad de debatir sobre la legitimidad de un Gobierno apoyado por varias fuerzas; sí obliga a precisar qué se está contando. En un sistema parlamentario, la composición del Ejecutivo depende de los apoyos que reúna en las Cortes, mientras que el orden de los partidos en las elecciones describe otra dimensión del resultado. La información disponible recoge la valoración de Velasco, pero no convierte esa opinión en una descripción neutral de los resultados. Presentar como dato electoral lo que es una valoración política puede confundir al lector sobre cómo se formó el Gobierno.

La ley del solo sí es sí y la controversia por sus efectos

La ley aprobada en 2022 se convirtió en el centro político de la discusión porque su aplicación tuvo consecuencias sobre condenas dictadas con anterioridad. En la información publicada entonces se citaban datos del Consejo General del Poder Judicial: 1.205 reducciones de pena y 121 excarcelaciones de agresores sexuales. Son cifras asociadas al impacto de la revisión de condenas y explican por qué la norma generó una controversia pública intensa, pero no bastan para resumir todo el contenido de la ley ni sus objetivos. Las rebajas de condena fueron una parte concreta y muy visible del debate sobre su aplicación.

La discusión sobre esos efectos y la discusión sobre el consentimiento se solaparon, aunque no son exactamente la misma cuestión. Una se refiere a cómo se revisaron sentencias bajo el marco penal resultante de la nueva norma; la otra, a la definición jurídica y social del consentimiento y al papel que la ley le asignaba. Velasco criticó la pretensión de explicar ese concepto a los juristas, mientras que Montero defendió la necesidad de formación judicial en violencias machistas. Reducir el desacuerdo a una sola frase sobre el consentimiento deja fuera el debate sobre la aplicación de las penas.

La controversia también mostró que una ley puede discutirse a la vez en varios niveles: su formulación, su interpretación por los tribunales y las consecuencias de aplicar sus disposiciones a casos ya juzgados. Los datos sobre reducciones y excarcelaciones alimentaron las críticas a la norma; la respuesta política defendió su enfoque y la formación necesaria para aplicarlo con perspectiva de género. No son planos intercambiables y cada uno exige argumentos propios. La cifra de revisiones describe un efecto, pero no resuelve por sí sola la discusión jurídica ni la valoración política de la ley.

Las críticas de Podemos y el alcance de la polémica

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, también respondió al magistrado. Lo situó entre los sectores reaccionarios del poder judicial y criticó al PSOE por permitir, a su juicio, que esos sectores actuaran sin suficiente contestación. Su mensaje relacionó las palabras de Velasco con otros enfrentamientos entre dirigentes de Podemos y miembros de la judicatura, y cerró con una defensa de las trabajadoras de supermercado frente a los ataques clasistas. La reacción del partido amplió el episodio desde la disputa personal a una crítica sobre la relación entre política y justicia.

Ese encuadre es una valoración de Belarra, no una conclusión establecida sobre el conjunto de los jueces. Del mismo modo, la expresión de Velasco sobre la legitimidad del Gobierno fue su opinión política, no una decisión judicial ni una declaración institucional de la Audiencia Nacional. Distinguir quién habla y desde qué posición evita atribuir a una institución las palabras de uno de sus magistrados fuera de una resolución. El cargo de quien interviene da relevancia a sus palabras, pero no convierte automáticamente una opinión en la posición oficial de los tribunales.

El debate se volvió especialmente áspero porque las críticas mezclaron instituciones, ideología y biografía. Velasco habló como juez en un acto profesional, pero sus reproches se dirigieron a una exministra y a un Gobierno; Montero respondió desde su condición de dirigente política y eurodiputada, apelando a deberes de formación judicial. El cruce no permite concluir por sí mismo cómo se resuelve una causa ni cómo actúan todos los jueces, pero sí retrata el desgaste del diálogo público cuando las discrepancias sobre normas se convierten en ataques personales. La discusión jurídica pierde precisión cuando la experiencia laboral se utiliza para desacreditar a quien sostiene una posición.

Un choque que trasciende a sus protagonistas

El episodio dejó dos asuntos unidos por una misma pregunta de fondo: cómo se construye la autoridad en una conversación pública sobre derecho. Velasco la apoyó en la experiencia de los juristas y en la tradición de las categorías legales; Montero respondió que esa experiencia debe complementarse con formación sobre violencias machistas y estereotipos. La tensión no se resuelve eligiendo entre conocimiento técnico y sensibilidad social, porque la interpretación de una norma requiere tanto dominio jurídico como atención a los hechos y a los prejuicios que pueden deformar su lectura. La formación profesional no pierde valor por incorporar una revisión crítica de los sesgos.

La referencia al empleo de Montero fue el elemento más fácil de convertir en titular, pero también el que más claramente desplazó la discusión desde sus argumentos hacia su origen laboral. En paralelo, la crítica al Gobierno introdujo una disputa sobre resultados electorales y pactos parlamentarios que exige separar datos de opiniones. Y la ley del solo sí es sí siguió siendo el telón de fondo de un debate en el que sus efectos penales y el concepto de consentimiento aparecieron unidos, aunque respondan a preguntas diferentes. La polémica se entiende mejor cuando no se confunden esas tres capas.

Más allá del enfrentamiento entre el magistrado y la exministra, queda una cuestión institucional: cómo asegurar que el debate sobre las leyes combine conocimiento jurídico, responsabilidad al hablar desde cargos públicos y respeto por quienes tienen trayectorias laborales distintas. Las palabras de un juez fuera de una sentencia no equivalen a una resolución, pero su posición hace que el tono y el contenido de sus intervenciones tengan un peso particular. En una discusión sobre justicia, la autoridad se sostiene mejor con argumentos que con descalificaciones personales.