¿Por qué cita el juez a Juan Manuel Serrano por el caso Leire Díez?

Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, está citado este martes 18 de agosto a las 10.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El objetivo inmediato es muy concreto: verificar el volcado de su teléfono móvil realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la investigación del denominado caso Leire Díez.

No se trata, por tanto, de una declaración convencional sobre el fondo del procedimiento. La diligencia pretende comprobar que la copia obtenida por los investigadores coincide con el contenido del dispositivo original. Si el cotejo no fuera satisfactorio, podría realizarse un nuevo clonado en sede judicial, con Serrano y su defensa presentes. Alrededor de ese trámite aparentemente técnico hay, sin embargo, una batalla jurídica bastante menos rutinaria: los abogados del exdirectivo consideran nula tanto la incautación del teléfono como el volcado ya efectuado y reclaman que la copia sea eliminada.

Por qué el móvil de Juan Manuel Serrano importa en el caso Leire

El teléfono interesa a los investigadores porque la UCO atribuye a Serrano un papel relevante en dos líneas que han terminado confluyendo dentro de una causa cada vez más extensa. Una afecta a la incorporación de Leire Díez a Correos y a las presuntas irregularidades relacionadas con empresas públicas; la otra examina supuestas maniobras destinadas a interferir o desestabilizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a personas de su entorno.

Serrano está formalmente investigado, no condenado, y las conclusiones de la Guardia Civil forman parte de una investigación judicial abierta que deberá ser sometida a contradicción. Conviene dejarlo claro porque los sumarios políticos españoles tienen cierta tendencia a convertirse en sentencias de sobremesa mucho antes de que los tribunales hayan terminado siquiera de ordenar los papeles.

La UCO sostiene que las comunicaciones analizadas muestran que Serrano y Díez mantenían un contacto frecuente. Los investigadores sitúan sus primeros contactos al menos en noviembre de 2020 y consideran que el entonces presidente de Correos intervino en las conversaciones que desembocaron en la incorporación de Díez a la empresa pública. Esta acabó ejerciendo como directora gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales.

La contratación de Leire Díez en Correos bajo la lupa

Uno de los episodios que más interesa a la Guardia Civil se remonta a mayo de 2021. Según los mensajes incorporados al informe de la UCO, el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández, planteó a Serrano la posibilidad de poner en marcha la incorporación de Díez a Correos. La respuesta de Serrano recogida por los investigadores fue un escueto «Ok, vamos hablando». Después, Fernández transmitió a Díez que el asunto avanzaba.

Para los investigadores, aquel movimiento no habría sido simplemente una contratación más dentro del gigantesco engranaje de una empresa pública. La UCO considera que colocar a Díez en una posición dentro de Correos era una cuestión «estratégica» para el grupo Hirurok, integrado por la propia Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. La Guardia Civil investiga si determinadas posiciones en organismos públicos pudieron utilizarse en beneficio propio o de terceros.

Pedraz tomó en consideración esos indicios cuando decidió cambiar la situación procesal de Serrano y permitir que la UCO analizara su teléfono. El magistrado consideró que conocer sus comunicaciones podía ayudar a determinar el alcance de las supuestas irregularidades, especialmente después de que los investigadores describieran una relación entre Serrano y Díez que iba bastante más allá de algún mensaje ocasional.

La segunda línea: las maniobras contra investigaciones judiciales

El interés del móvil no acaba en Correos. La UCO también ha situado a Serrano dentro de las actuaciones que investiga la Audiencia Nacional sobre una supuesta estructura orientada a desestabilizar procedimientos judiciales que podían perjudicar al PSOE, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

Los investigadores han prestado especial atención a los acontecimientos de abril de 2024, durante los cinco días en los que Sánchez abrió un periodo de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno después de conocerse la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Según el informe de la Guardia Civil, Serrano y Díez acudieron el 26 de abril a Ferraz, donde se produjo una reunión con Santos Cerdán que el juez considera relevante para reconstruir la evolución de la presunta trama.

En aquella reunión entraron también en escena grabaciones relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo. La UCO sostiene que, en los días siguientes, las comunicaciones intervenidas reflejan una actividad coordinada entre distintas personas investigadas y numerosas referencias a Serrano. También consta, según el informe policial, que Díez le mantenía al corriente de algunos de sus contactos y reuniones.

De Ferraz a una investigación mucho más amplia

Ese contexto explica por qué un teléfono puede convertirse en una pieza importante. Un móvil conserva conversaciones, contactos, fechas y archivos capaces de confirmar relaciones que sobre el papel parecen aisladas. Pero una cosa es encontrar comunicaciones y otra muy distinta probar que esas conversaciones constituyen un delito. Esa frontera será precisamente una de las cuestiones que tendrá que delimitar la instrucción.

Serrano había sido jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018 y posteriormente presidió Correos, cargo que ocupó entre 2018 y 2023. Su posición durante aquellos años da relevancia a sus contactos, aunque por sí misma, evidentemente, no demuestra ninguna conducta delictiva.

Por qué la defensa quiere anular el volcado del teléfono

Aquí aparece el otro gran asunto de la comparecencia. El debate no versa únicamente sobre qué contiene el móvil, sino sobre cómo llegó ese contenido a manos de la UCO.

El teléfono fue intervenido el 27 de mayo de 2026, cuando agentes de la Guardia Civil practicaban diligencias en la sede socialista de Ferraz. Sin embargo, Serrano no adquirió formalmente la condición de investigado hasta el 10 de julio. Ese mismo día, Pedraz autorizó el clonado, volcado y análisis del dispositivo en sede policial, con presencia del investigado y asistencia de su abogado.

La defensa sostiene que existe una contradicción difícil de ignorar: cuando la UCO se hizo con el terminal, Serrano todavía no estaba formalmente investigado y, según sus abogados, el auto que amparaba las actuaciones en Ferraz no autorizaba expresamente la incautación de su móvil. También alegan que el dispositivo fue intervenido sin asistencia letrada. Por ello han pedido a Pedraz que declare nula la incautación, anule el clonado posterior y ordene destruir la copia obtenida.

La verificación prevista este martes tiene un alcance más limitado. Servirá para comprobar si la copia realizada por la Guardia Civil reproduce correctamente el original y, si fuera necesario, efectuar otro clonado con las garantías fijadas judicialmente. Comprobar la integridad de una copia no resuelve la legalidad de su obtención. Son planos distintos, aunque inevitablemente acabarán cruzándose.

Una comparecencia aplazada desde principios de agosto

Serrano debía acudir inicialmente a la Audiencia Nacional el 5 de agosto, pero la cita fue pospuesta a petición de su defensa. Pedraz fijó finalmente la comparecencia para este 18 de agosto a las 10.00 horas.

La diligencia llega, además, en un momento especialmente significativo para el procedimiento. Pedraz acaba de asumir íntegramente la investigación que mantenía abierta el juez madrileño Arturo Zamarriego. La Audiencia Nacional ha incorporado 14 tomos y 3.847 folios procedentes de aquella causa, además de soportes digitales con audios y otra documentación pendiente de análisis. Las dos investigaciones, hasta hace poco separadas, han quedado concentradas bajo una misma instrucción.

Eso cambia la escala del caso. Lo que comenzó con pesquisas sobre las actuaciones de Leire Díez ha terminado extendiéndose a dirigentes políticos, antiguos responsables públicos, empresarios, abogados y personal relacionado con el PSOE. Pedraz investiga diferentes conductas y grados de participación, sin que la aparición de una persona en el sumario implique automáticamente responsabilidad penal. El mapa se ha hecho grande; precisamente por eso importa separar cada indicio de cada acusación.

Un móvil pequeño dentro de una causa que sigue creciendo

La comparecencia de Juan Manuel Serrano ante Santiago Pedraz tiene una finalidad procesal concreta: cotejar el clonado de su teléfono y garantizar que la información incorporada a la causa corresponde al dispositivo intervenido. Pero alrededor de esa comprobación se juega algo bastante mayor, porque la defensa intenta expulsar del procedimiento una fuente de prueba que la UCO considera relevante para reconstruir las relaciones entre Serrano, Leire Díez y otros investigados.

El contenido del terminal puede ayudar a aclarar contactos, reuniones y decisiones que la Guardia Civil está examinando tanto en relación con Correos como con las supuestas maniobras contra investigaciones judiciales. Antes deberá resolverse hasta dónde puede utilizarse legalmente ese material. Y esa diferencia —entre lo que un teléfono guarda y lo que un tribunal permite utilizar— es bastante menos vistosa que un titular sobre mensajes secretos, pero probablemente mucho más importante.

Mientras tanto, el caso Leire Díez continúa ensanchándose bajo la dirección de Pedraz, que acaba de reunir en la Audiencia Nacional miles de páginas de diligencias que hasta hace unos días estaban repartidas entre dos juzgados. El teléfono de Serrano es una pieza más. Una pieza relevante, sí, pero todavía sometida a discusión judicial y muy lejos, por sí sola, de escribir el desenlace del caso.