¿Israel emitirá ejecuciones de palestinos? La verdad tras el tribunal

La afirmación que circula por redes necesita bisturí, no altavoz. Israel no ha aprobado retransmitir ejecuciones en directo por televisión, al menos según los datos verificados hasta la fecha. Lo que sí ha hecho —y no es precisamente menor— es aprobar un nuevo marco legal que permite imponer la pena de muerte a palestinos acusados de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023 y financiar con cientos de millones de dólares un tribunal militar especial cuyos principales actos podrán emitirse públicamente por internet.

Ese es el centro de la noticia, sin maquillaje ni pirotecnia: no consta una norma que ordene mostrar ejecuciones ante las cámaras, pero sí un tribunal excepcional, con juicios retransmitidos, acusados palestinos, víctimas presentes, apelaciones automáticas en caso de condena capital y una maquinaria estatal levantada para juzgar a cientos de detenidos. No hace falta inventar un cadalso televisivo. La realidad ya viene bastante cargada.

Juicios retransmitidos, no ejecuciones en directo

La confusión nace de una mezcla inflamable: una ley con pena capital, un tribunal especial, vistas públicas, emisiones en directo y un ambiente político que no se anda con delicadezas. En ese caldo, el rumor crece rápido. Demasiado rápido. Pero el matiz importa, porque una cosa es retransmitir vistas judiciales y otra muy distinta emitir una ejecución como si la justicia fuese un espectáculo de sobremesa.

La ley que crea el tribunal para los acusados del 7 de octubre prevé que los procedimientos sean públicos y que los momentos principales puedan difundirse. También contempla que los acusados comparezcan en fases clave y que las víctimas tengan acceso presencial. Si una condena de muerte llega a dictarse, la sentencia activaría una apelación automática. Eso no equivale a ejecutar ante las cámaras, aunque la imagen política que deja sea igualmente áspera.

Dicho de otro modo: la frase “Israel quiere ejecutar palestinos en directo por televisión” funciona como titular de trinchera, con pólvora y metralla, pero no como descripción rigurosa de la norma. El hecho verificable es más preciso y, quizá por eso, más inquietante: Israel ha creado un tribunal militar especial para juzgar a palestinos vinculados a los ataques de Hamás y ese tribunal tendrá capacidad para imponer la pena de muerte bajo determinadas figuras penales.

Dos leyes en seis semanas y una pena de muerte resucitada

La primera sacudida llegó el 30 de marzo de 2026, cuando la Knesset aprobó una ley que convierte la muerte en castigo por defecto para palestinos condenados en tribunales militares por ataques mortales contra israelíes tipificados como terrorismo. La votación salió adelante por 62 votos a favor y 48 en contra. La norma permite la ejecución por ahorcamiento, rebaja el requisito de unanimidad judicial y dibuja un calendario penal acelerado, casi de vía rápida. Mala señal cuando lo que se decide es la vida.

La segunda pieza llegó en mayo, con la creación del tribunal militar especial para los palestinos acusados de participar en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Esa ley fue aprobada por 93 diputados, sin votos en contra, en una Cámara de 120 escaños. El nuevo órgano podrá juzgar delitos como crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o genocidio bajo normas israelíes ya existentes. Y ahí, otra vez, aparece la pena capital.

La foto política es difícil de maquillar. El Gobierno de Benjamin Netanyahu, con el impulso de figuras de la derecha ultranacionalista como Itamar Ben Gvir, ha llevado al centro del sistema penal una herramienta que Israel mantenía como reliquia extrema. La última ejecución en Israel fue la de Adolf Eichmann, en 1962. Desde entonces, la pena de muerte quedaba como un fósil jurídico: presente en algunos supuestos, casi nunca respirando. Ahora vuelve al escenario con focos, presupuesto y público.

Por qué la ley afecta sobre todo a palestinos

La clave está en el sistema judicial dual que opera en los territorios ocupados. Los palestinos de Cisjordania son juzgados por tribunales militares israelíes, mientras que los colonos israelíes suelen quedar bajo jurisdicción civil. Ese reparto no es una nota al pie; es el carril por el que circula toda la polémica. La nueva legislación castiga con pena de muerte determinados asesinatos definidos como terrorismo y, en la práctica, organizaciones de derechos humanos sostienen que el diseño apunta de forma específica contra palestinos.

Amnistía Internacional ha pedido la derogación de la ley y denuncia que desmonta garantías básicas del derecho a un juicio justo. La organización advierte de que los tribunales militares israelíes tienen tasas de condena extremadamente altas para acusados palestinos y alerta del riesgo de que sentencias de muerte dictadas bajo este esquema puedan equivaler a privaciones arbitrarias de la vida. Un Estado que convierte la justicia en una máquina demasiado rápida se parece poco a un tribunal y demasiado a una cinta transportadora.

El tribunal del 7 de octubre: justicia, memoria y propaganda

Los ataques del 7 de octubre de 2023 dejaron alrededor de 1.200 muertos en Israel, la mayoría civiles, y 251 personas secuestradas. Israel mantiene bajo custodia a cientos de combatientes capturados durante aquellos ataques, aunque la cifra exacta no es pública. El tribunal podrá juzgar también a otros detenidos posteriormente en Gaza si se les atribuye participación en los hechos o en el cautiverio de rehenes.

El argumento oficial es reconocible: llevar ante la justicia a los responsables de la peor matanza sufrida por Israel en su historia reciente, documentar los crímenes, escuchar a las víctimas y dejar una huella judicial que no dependa del ruido político. Sobre el papel, nada de eso es extravagante. Todo Estado tiene derecho —y deber— a perseguir asesinatos masivos, secuestros y atrocidades. La pregunta incómoda aparece cuando ese juicio se coloca dentro de un tribunal militar, con normas excepcionales, retransmisión pública y una pena de muerte posible al final del pasillo.

Ahí se abre el abismo entre justicia y escarmiento. Una causa penal puede construir memoria; también puede fabricar una ceremonia. Puede esclarecer hechos; también puede ofrecer una representación colectiva de castigo. Las cámaras no son neutrales cuando enfocan a un acusado antes de que haya condena. Tienen hambre propia. Y en conflictos atravesados por duelo, venganza, ocupación y propaganda, esa hambre suele comer garantías.

Los 351 millones de dólares y la arquitectura del castigo

Israel ha asignado unos 351 millones de dólares al Ministerio de Defensa y al Ejército para financiar el dispositivo judicial extraordinario. El dinero cubrirá infraestructuras, personal, sistemas informáticos, mantenimiento, seguridad, gestión logística y servicios de emisión. Todo suena muy administrativo, casi gris, como una factura de edificio público. Pero el fondo es otro: arquitectura, cables, cámaras, jueces militares y la pena capital esperando en una esquina del expediente.

El gasto revela algo más que logística. Un tribunal de esta escala no se improvisa con una mesa, una toga y un micrófono. Necesita edificios, servidores, traducción, archivo, transporte de acusados, protección de testigos, atención a víctimas, realización técnica. Una justicia convertida en macroinfraestructura, como una estación construida para un tren que aún no ha salido pero cuyo destino penal ya se intuye: condenas severas, ejemplaridad pública y, en los casos más graves, muerte judicial.

Las críticas: derechos humanos, debido proceso y posible crimen de guerra

Las advertencias de organizaciones israelíes, palestinas e internacionales se concentran en tres zonas de sombra: la independencia del tribunal, la admisión de pruebas y el uso de la pena capital. Derechos humanos no es aquí una etiqueta decorativa, ni una palabra para quedar bien en Bruselas. Es la diferencia entre juzgar un crimen y vestir una represalia con ropaje judicial.

La cuestión de las pruebas es especialmente delicada. Tras años de guerra, detenciones prolongadas, interrogatorios opacos y denuncias de tortura o malos tratos, cualquier proceso penal serio tendría que extremar controles. No rebajarlos. Si una confesión llega manchada, no se limpia con una cámara HD. Si el tribunal nace bajo mando militar y presión política, la toga empieza el juicio con polvo en los hombros.

Israel defiende que el mecanismo permitirá juzgar legalmente a los responsables de atrocidades masivas. Sus críticos responden que la justicia no se mide solo por el crimen que persigue, sino por las garantías que conserva cuando persigue el crimen más odioso. Esa es la prueba de estrés de cualquier democracia: no cuando castiga al ladrón de bicicletas, sino cuando se enfrenta al enemigo al que media sociedad preferiría ver desaparecer del mapa. Ahí se ve si queda Estado de derecho o solo queda Estado.

La pantalla ya está encendida

La noticia, contada con precisión, no necesita adornos. Israel ha aprobado leyes que facilitan la pena de muerte contra palestinos en determinados supuestos y ha financiado con cientos de millones un tribunal especial con juicios públicos retransmitidos. Eso es suficientemente grave. Añadir que el objetivo legal es emitir ejecuciones en directo, sin una prueba normativa clara, desplaza el foco y regala munición a quienes siempre esperan un exceso para desacreditar toda crítica.

La realidad verificable ya pesa como una losa: pena capital, jurisdicción militar, acusados palestinos, emisión pública, presupuesto gigantesco, duelo nacional israelí, advertencias de derechos humanos y una guerra que ha oxidado el lenguaje hasta volverlo cuchillo. No hace falta inventar una pantalla ante la horca. Basta mirar la que ya se está encendiendo en los tribunales.