¿Por qué Irán inicia una purga interna en plena guerra con Israel?

Irán ha puesto en marcha una amplia ofensiva de detenciones y contrainteligencia mientras combate contra Estados Unidos e Israel y atraviesa, al mismo tiempo, una delicada transición en la cúspide del poder. El 10 de marzo de 2026, las autoridades iraníes aseguraban haber detenido a 81 personas por compartir información interna con medios y actores considerados hostiles, mientras el Ministerio de Inteligencia comunicaba el arresto de otras 30 personas acusadas de espionaje, colaboración o actividades operativas vinculadas a Estados Unidos e Israel.

No está confirmado que ambos grupos sean completamente distintos, de modo que no resulta correcto sumar automáticamente las cifras y hablar de 111 detenidos. Tampoco Teherán denominó oficialmente “purga” a una operación concreta. Lo que sí mostraban los acontecimientos de aquellas horas era algo bastante nítido: el aparato de seguridad iraní estaba ampliando rápidamente la vigilancia sobre supuestos espías, informantes, colaboradores de medios extranjeros y posibles focos de protesta interna, en un país sometido a ataques militares desde el 28 de febrero.

Decenas de arrestos y una advertencia mucho más dura

El jefe de la Policía iraní, Ahmadreza Radan, afirmó en la televisión estatal que alrededor de 81 personas habían sido detenidas por facilitar información interna a medios y actores considerados enemigos. No ofreció públicamente detalles suficientes sobre la identidad de los arrestados, las pruebas reunidas contra ellos o el lugar exacto de todas las detenciones.

Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Inteligencia anunció que durante los días anteriores había arrestado a 30 presuntos espías, colaboradores internos y agentes operativos supuestamente relacionados con Estados Unidos e Israel. Las acusaciones procedían de las autoridades iraníes y, en aquel momento, no se habían presentado públicamente pruebas independientes que permitieran verificar caso por caso esas imputaciones.

Entre los detenidos figuraba también un ciudadano extranjero cuya nacionalidad no fue revelada. Según la versión oficial, estaba recopilando información para Estados Unidos e Israel y actuaba igualmente por cuenta de dos países del Golfo, que tampoco fueron identificados. La falta de nombres y expedientes públicos dejaba una considerable zona gris alrededor de las acusaciones.

El tono empleado por Radan fue todavía más significativo que las cifras. El jefe policial aseguró que las fuerzas de seguridad, las unidades especiales y la milicia Basij controlaban calles, barrios y plazas para impedir disturbios y advirtió de que quien actuase siguiendo instrucciones del enemigo dejaría de ser considerado simplemente un manifestante para ser tratado como un enemigo. Era una declaración especialmente dura en un país que venía de meses de agitación interna.

De la contrainteligencia al control de la calle

El mensaje dibujaba una frontera cada vez más estrecha entre espionaje, difusión de información y disidencia. En una guerra moderna, un vídeo grabado con un teléfono puede revelar dónde ha caído un misil, qué instalación continúa funcionando o cómo se mueven las fuerzas de seguridad. Para cualquier Estado en guerra eso tiene valor militar. El problema aparece cuando la misma lógica se extiende a críticas políticas, protestas o publicaciones en redes sociales y todo termina bajo una misma etiqueta de amenaza exterior.

Ese era precisamente uno de los riesgos alrededor de las detenciones del 10 de marzo. Las autoridades iraníes presentaban el despliegue como una necesidad de seguridad nacional ante operaciones estadounidenses e israelíes. Organizaciones internacionales de derechos humanos, por el contrario, habían denunciado desde enero detenciones arbitrarias, desapariciones, restricciones de las comunicaciones y medidas dirigidas también contra manifestantes, periodistas, estudiantes y activistas.

Hablar de “purga interna”, por tanto, requiere precisión. No había constancia de una depuración sistemática de altos funcionarios comparable a una purga política clásica. Sí existía una campaña mucho más amplia de arrestos, vigilancia y neutralización de personas consideradas potencialmente peligrosas para el poder en un momento excepcionalmente frágil.

Una guerra exterior con consecuencias dentro de Irán

El contexto explica la velocidad del endurecimiento. Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques contra Irán el 28 de febrero de 2026. Los bombardeos mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, además de altos mandos iraníes, según las informaciones disponibles entonces. Teherán respondió con ataques contra Israel y contra instalaciones y países del Golfo vinculados militarmente a Washington.

La guerra convirtió la información en un recurso estratégico. Fotografiar instalaciones, comunicar daños, identificar movimientos militares o transmitir coordenadas podía tener consecuencias directas sobre posteriores ataques. De ahí que el aparato iraní colocara la contrainteligencia entre sus prioridades.

Pero la ofensiva tenía otra dimensión. Irán acababa de atravesar una oleada de protestas iniciada a finales de diciembre de 2025 y reprimida con enorme dureza. Organizaciones de derechos humanos habían documentado antes de marzo el uso de fuerza letal, detenciones masivas y fuertes restricciones de las comunicaciones. Las autoridades iraníes, por su parte, sostenían que las protestas estaban alentadas desde el extranjero y las presentaban como una amenaza a la seguridad del Estado.

La guerra daba así al Gobierno un argumento adicional para endurecer controles que ya existían. Espía, informante, agitador y manifestante podían empezar a aparecer en el discurso oficial dentro de un mismo paisaje: el del enemigo interior.

El precedente de las protestas de enero

Las protestas habían comenzado el 28 de diciembre de 2025, inicialmente en un contexto marcado por el deterioro económico y la caída de la moneda iraní, y evolucionaron hacia demandas políticas mucho más amplias. En enero, organizaciones internacionales denunciaron una respuesta especialmente severa de las fuerzas de seguridad.

Medios vinculados al Estado reconocían ya en enero miles de arrestos relacionados con las protestas, mientras organizaciones independientes apuntaban a cifras considerablemente superiores. También se denunciaron controles nocturnos, registros, restricciones de movimientos y detenciones en domicilios, centros de trabajo y hospitales.

Ese precedente importa. Cuando comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes varias semanas después, las estructuras destinadas a controlar las protestas ya estaban desplegadas. La guerra no creó desde cero el dispositivo de vigilancia interno; lo encontró funcionando y le dio una nueva justificación de seguridad nacional.

La sucesión de Khamenei aumenta la tensión interna

Había otra pieza sobre el tablero. Apenas dos días antes de las detenciones conocidas el 10 de marzo, la Asamblea de Expertos había elegido a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Ali Khamenei, como nuevo líder supremo de Irán. Era una sucesión extraordinariamente sensible: ocurría en mitad de una guerra y colocaba el máximo poder de la República Islámica en manos del hijo del dirigente que había gobernado el país durante décadas.

Mojtaba Khamenei mantenía estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, una de las instituciones con mayor peso político, económico y militar de la República Islámica. Su elección reforzaba la percepción de continuidad del núcleo duro del sistema en un momento en el que las posibilidades de una transición más abierta quedaban, como mínimo, muy lejos del escenario inmediato.

La combinación era explosiva: ataques extranjeros, muerte del anterior líder, sustitución inmediata en la cúspide del régimen, recuerdo fresco de las protestas de enero y temor a infiltraciones israelíes o estadounidenses. En esas circunstancias, el control interno se convirtió en una cuestión de supervivencia para el sistema.

La batalla por la información entra en los teléfonos

Los arrestos mostraban, además, hasta qué punto las guerras contemporáneas se disputan dentro de una pantalla. Las autoridades no perseguían únicamente a personas acusadas de entregar secretos militares mediante métodos clásicos de espionaje. Parte de los detenidos estaba señalada por compartir fotografías, vídeos o información a través de redes sociales y medios considerados hostiles.

Ahí aparece el terreno más delicado. Una imagen de un edificio bombardeado puede ser simple información periodística o convertirse en inteligencia útil para determinar el resultado de un ataque. Una publicación crítica puede ser disidencia política o, según las autoridades, propaganda destinada a desestabilizar el país. Entre ambos extremos caben demasiadas cosas.

Teherán llevaba años acusando a Israel de mantener redes clandestinas dentro de Irán y había detenido anteriormente a ciudadanos iraníes, extranjeros y personas con doble nacionalidad bajo cargos de espionaje. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado repetidamente algunos de esos procesos y han acusado a la República Islámica de utilizar determinadas detenciones como instrumento de presión política o diplomática. El Gobierno iraní rechaza esa acusación y sostiene que actúa frente a amenazas reales de seguridad y espionaje.

Un país que combate fuera y se blinda por dentro

Lo ocurrido el 10 de marzo de 2026 retrataba un país defendiendo simultáneamente dos frentes. Uno estaba en el cielo, frente a los ataques de Estados Unidos e Israel. El otro recorría sus calles, teléfonos, redes sociales y organismos de seguridad.

Los datos disponibles aquel día permitían afirmar que Irán había endurecido de forma drástica su seguridad interna, con decenas de arrestos y amenazas explícitas contra quienes fueran considerados colaboradores del enemigo. Permitían hablar, en sentido periodístico, de una purga contra supuestas redes de espionaje y focos de desestabilización. No permitían, sin embargo, asumir que todos los detenidos fueran espías ni que las distintas cifras oficiales correspondieran a personas diferentes.

Eso era precisamente lo inquietante del momento. En plena guerra, con un nuevo líder supremo recién designado y un aparato estatal todavía sacudido por las protestas de enero, Teherán había decidido reducir al mínimo el margen para cualquier actividad que pudiera interpretar como colaboración, filtración o desafío interno. La guerra exterior había entrado también en las calles de Irán.