Actualidad
¿Cómo puede EE.UU. frenar la investigación de Alejandro Betancourt?
La Audiencia Nacional espera a EE.UU. para avanzar en el caso Betancourt, mientras diciembre se perfila como fecha decisiva para evitar el archivo.

Foto: Alejandro Betancourt web / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.
Resumen
- EE.UU. lleva más de nueve meses sin responder a la Audiencia Nacional
- Pedraz fija diciembre como límite antes de valorar un nuevo archivo
- Betancourt gana peso en el petróleo venezolano mientras sigue investigado
La investigación española sobre Alejandro Betancourt, empresario venezolano convertido en una pieza central del nuevo negocio petrolero entre Washington y Caracas, se ha encontrado con un obstáculo difícil de ignorar: Estados Unidos lleva más de nueve meses sin responder a una petición de cooperación judicial de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz necesita interrogar a cinco personas condenadas en territorio estadounidense por corrupción relacionada con PDVSA y considera esas declaraciones esenciales para decidir si la causa por presunto blanqueo puede continuar.
El calendario empieza a pesar. Pedraz ha advertido de que no esperará indefinidamente y ha situado diciembre de 2026 como límite razonable. Si la comisión rogatoria sigue sin respuesta, la investigación podría volver a ser archivada. No consta que Washington haya dictado una orden para bloquear el procedimiento español; lo que existe es un silencio prolongado ante una diligencia judicial. Y, a estas alturas, ese silencio tiene consecuencias muy concretas.
Por qué Alejandro Betancourt vuelve al centro del caso
La causa gira alrededor de un complejo entramado financiero vinculado a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a operaciones desarrolladas durante los años de enorme flujo de divisas procedentes del petróleo venezolano.
La Fiscalía Anticorrupción española investiga si fondos presuntamente procedentes de corrupción en Venezuela terminaron recorriendo sociedades, bancos y jurisdicciones distintas hasta incorporarse al circuito económico legal. Parte de ese dinero habría acabado invertido en España mediante compañías, participaciones empresariales y patrimonio inmobiliario.
Betancourt es conocido en España, entre otras cosas, por su relación con Hawkers, la marca de gafas que experimentó un rápido crecimiento durante la pasada década. Su cartera de negocios ha sido mucho más amplia y ha incluido inversiones en distintos sectores.
La investigación española no equivale, conviene subrayarlo, a una condena. El empresario ha negado actuaciones ilícitas y las pesquisas judiciales se encuentran precisamente en una batalla previa: determinar si existe una base probatoria suficiente para continuar.
El origen del procedimiento resulta casi tan internacional como el dinero que se intenta reconstruir. Las pesquisas españolas nacieron a partir de información procedente de una investigación suiza y fueron extendiéndose por varias jurisdicciones. Bancos, sociedades interpuestas, operaciones financieras y transferencias internacionales forman un mapa poco apto para resolverse mirando únicamente movimientos realizados dentro de España.
Los cinco testigos que España espera interrogar
Aquí está el cuello de botella. La Audiencia Nacional quiere tomar declaración a cinco personas condenadas en Estados Unidos dentro del entramado de corrupción relacionado con PDVSA conocido como Money Flight.
Entre ellas figuran antiguos responsables y personas relacionadas con el aparato financiero venezolano. Sus testimonios son importantes porque podrían ayudar a acreditar algo imprescindible para una investigación por blanqueo: el origen delictivo del dinero.
El problema jurídico puede parecer abstracto, pero es bastante sencillo. Para sostener que determinado capital fue blanqueado hay que establecer previamente que procedía de una actividad criminal. No basta con que el dinero viaje mucho, cruce media docena de bancos o termine detrás de sociedades con nombres opacos. Ese recorrido puede resultar sospechoso; el delito precedente debe probarse.
Anticorrupción considera que las condenas dictadas en Estados Unidos y las declaraciones de quienes participaron en aquellas operaciones pueden apuntalar precisamente ese eslabón probatorio.
Por qué Pedraz habla ya de diciembre
La solicitud española lleva más de nueve meses pendiente. En cooperación judicial internacional las respuestas pueden demorarse, especialmente cuando intervienen diferentes organismos y procedimientos internos. Pero una declaración por videoconferencia es, sobre el papel, una diligencia mucho menos compleja que un registro, una intervención telefónica o una extradición.
Pedraz dejó por escrito el 10 de agosto que no puede permanecer sine die esperando a Estados Unidos. Su argumento es procesal: sin elementos suficientes para acreditar el posible delito previo de corrupción, continuar acumulando diligencias sobre el presunto blanqueo acabaría siendo inútil.
El horizonte fijado es diciembre. Si para entonces Washington continúa sin facilitar los interrogatorios, el procedimiento corre un riesgo real de archivo.
No sería la primera vez.
Una causa que ya fue archivada y tuvo que reabrirse
Pedraz acordó en marzo el sobreseimiento provisional de la investigación. Uno de los puntos centrales de aquella decisión fue la documentación procedente de Venezuela, donde las autoridades habían considerado que la operación relacionada con el préstamo investigado no constituía delito.
El caso gira, entre otros movimientos, alrededor de una operación de 2012 vinculada a PDVSA y Administradora Atlantic, por varios miles de millones de dólares. Para el instructor, si el supuesto hecho delictivo de origen había quedado descartado en Venezuela, la acusación española por blanqueo perdía uno de sus pilares.
Anticorrupción recurrió.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a la Fiscalía en junio y ordenó reabrir las diligencias. Consideró prematuro cerrar el procedimiento porque quedaban actuaciones relevantes por practicar y porque los hechos concretos de corrupción investigados en España no habían sido necesariamente analizados en la resolución venezolana.
Ahí reaparecieron los testigos localizados en Estados Unidos. La reapertura judicial, paradójicamente, ha conducido a una sala de espera internacional.
Venezuela también entra en la batalla judicial
La defensa de Betancourt ha presentado nueva documentación de las autoridades venezolanas destinada a reforzar la tesis de que el asunto ya fue investigado y archivado allí.
Según esa posición, la resolución venezolana tendría efectos que impedirían perseguir nuevamente los mismos hechos. La cuestión, sin embargo, no es tan automática. Una de las discusiones precisamente consiste en determinar si aquello que examinaron las autoridades venezolanas coincide realmente con los hechos y operaciones que están bajo investigación en España.
El detalle resulta decisivo. En asuntos financieros internacionales, dos procedimientos pueden compartir protagonistas y operaciones sin investigar exactamente los mismos delitos.
Por eso la Fiscalía española pretende reconstruir la ruta del dinero y conectar sus diferentes tramos. Venezuela sostiene que no existió el delito que serviría de origen al blanqueo; Anticorrupción considera que todavía existen elementos que deben investigarse. En medio, las declaraciones estadounidenses que no llegan.
De investigado en Europa a socio petrolero de Washington
Hay otra circunstancia que convierte el retraso estadounidense en algo políticamente mucho más delicado: Alejandro Betancourt ha adquirido un peso extraordinario en la nueva arquitectura petrolera de Venezuela.
La compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por Betancourt, ha quedado situada en el corazón de un acuerdo que concede acceso a 17 campos venezolanos con alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas estimadas. El esquema contempla una concesión de 100 años y una participación estadounidense del 35% en la empresa matriz, junto con derechos sobre una parte de la producción.
No estamos ante un contrato menor perdido en la letra pequeña de la industria energética. Estados Unidos obtendría un 20% garantizado de la producción y derechos preferentes sobre el resto. Betancourt pasa así de empresario sometido a escrutinio judicial europeo a interlocutor con un papel estratégico en uno de los mayores reservorios petroleros del planeta.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido públicamente el acuerdo y sostuvo a comienzos de septiembre que Betancourt no tenía investigaciones abiertas dentro del sistema estadounidense. El empresario, por su parte, no fue acusado penalmente en Estados Unidos pese a haber aparecido relacionado con investigaciones anteriores sobre operaciones venezolanas.
Ese contraste es el que hace ruido. Mucho.
Washington necesita actualmente a Betancourt para desarrollar una operación energética de enorme alcance mientras un tribunal español necesita a Washington para practicar diligencias que pueden perjudicar jurídicamente al mismo empresario.
El precedente suizo alimenta las sospechas
Sería aventurado afirmar, con los datos públicos disponibles, que Estados Unidos está bloqueando deliberadamente la comisión rogatoria española para proteger a Betancourt. No existe prueba pública de una orden de ese tipo.
Pero el contexto impide despachar la demora como una simple carta extraviada entre despachos.
Una investigación publicada en agosto reveló que altos cargos estadounidenses habían realizado gestiones relacionadas con el procedimiento que mantenía abierto Suiza contra Betancourt. Las autoridades suizas habían solicitado su extradición desde Reino Unido y el empresario tenía limitados sus movimientos mientras Londres estudiaba el caso.
Finalmente, Suiza retiró aquella solicitud de extradición, aunque la investigación helvética continuó abierta. Al desaparecer las restricciones británicas, Betancourt recuperó libertad para viajar y participó en los contactos relacionados con la nueva estructura petrolera venezolana.
El episodio no demuestra qué está ocurriendo con la petición española. Sí aporta un antecedente incómodo: Washington ha mostrado un interés político directo en la situación de un empresario que considera útil para su estrategia venezolana.
Y mientras tanto, la comisión rogatoria duerme.
Petróleo, tribunales y un silencio que puede decidir la causa
El caso Alejandro Betancourt ha terminado situado en un territorio donde justicia, geopolítica y petróleo apenas pueden separarse con una línea limpia.
España necesita testimonios custodiados por Estados Unidos para determinar si dispone de base suficiente para seguir investigando el supuesto blanqueo de capital procedente de Venezuela. Estados Unidos, al mismo tiempo, acaba de convertir al principal investigado en una figura relevante para su política energética venezolana. Venezuela sostiene que los hechos investigados allí quedaron archivados. Suiza mantiene su propia investigación.
No hay una resolución que declare culpable a Betancourt de los delitos examinados en España. Tampoco hay, por ahora, una prueba pública que permita afirmar que la Administración estadounidense haya ordenado frenar a la justicia española. Pero existe un hecho menos espectacular y posiblemente más eficaz: Estados Unidos no responde.
El próximo movimiento no requiere una gran negociación diplomática ni una espectacular batalla judicial. Basta con que pase el calendario.
Cuando llegue diciembre de 2026, Pedraz tendrá que decidir cuánto puede sobrevivir una investigación que depende de pruebas situadas al otro lado del Atlántico. Para Alejandro Betancourt, convertido entretanto en uno de los hombres fuertes del nuevo petróleo venezolano, el tiempo juega de momento a favor.












