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¿Por qué Gonzalo Boye vincula a Leire Díez con la red de Zapatero?

Gonzalo Boye admite reuniones con Leire Díez y sostiene que sus movimientos y la red atribuida a Zapatero forman parte de un mismo entramado.

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Gonzalo Boye

Foto: Òmnium Cultural / Wikimedia Commons — “190515_25271_dc”, CC BY-SA 2.0.

Resumen

  • Boye confirma reuniones con Leire Díez y las relaciona con la red de Zapatero
  • La Audiencia Nacional mantiene abiertas investigaciones judiciales distintas
  • La conexión entre ambas tramas es una tesis de Boye, no un hecho probado

Gonzalo Boye ha situado bajo un mismo foco dos de las investigaciones que más presión judicial acumulan alrededor del PSOE y de antiguos dirigentes socialistas. El abogado de Carles Puigdemont sostiene que las presuntas “cloacas” vinculadas a Leire Díez y la red de influencias que se investiga alrededor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero están “entrelazadas”. Y hay un detalle relevante: Boye reconoce que se reunió con Díez y con otras personas que aparecen en la primera de esas causas.

Eso no significa que la Justicia haya establecido esa conexión. Conviene dejarlo limpio desde el principio. Una cosa es la tesis de Gonzalo Boye y otra, bastante distinta, lo que consta judicialmente. La Audiencia Nacional mantiene abiertas investigaciones diferentes, una dirigida por Santiago Pedraz sobre las actuaciones atribuidas a Leire Díez y otra instruida por José Luis Calama en torno a Plus Ultra y Zapatero. Hasta el momento no existe una resolución judicial que declare que ambas formen una única estructura.

Qué ha dicho Gonzalo Boye sobre Leire Díez y Zapatero

La declaración que ha vuelto a colocar a Boye en el centro del tablero es tajante. El letrado considera que detrás de ambos asuntos existe una trama más amplia relacionada con el uso partidista de resortes del Estado. Según su versión, lo conocido hasta ahora sería solo una parte del problema y las pesquisas judiciales podrían descubrir nuevas conexiones.

Boye va así bastante más lejos de lo que, por ahora, han establecido los investigadores. Su razonamiento parte de su propia experiencia con Leire Díez y de las referencias a su nombre encontradas en conversaciones intervenidas durante la investigación.

El abogado confirma que mantuvo reuniones con Díez. En esos encuentros también participó el empresario Javier Pérez Dolset y, al menos en uno de ellos, el abogado Jacobo Teijelo. Según la reconstrucción conocida sobre aquellas citas, se buscaba información relacionada con la denominada Operación Cataluña y, al mismo tiempo, explorar una posible reducción de la tensión entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ahí empieza la parte políticamente más explosiva del asunto. Porque Boye no es simplemente un abogado conocido que aparece de refilón en una agenda. Es el letrado de Carles Puigdemont, y Junts ha tenido durante esta legislatura capacidad suficiente para convertir una votación parlamentaria en una tarde plácida o en un pequeño incendio en la Moncloa.

Las reuniones de Boye con Leire Díez

Los investigadores localizaron referencias al abogado en conversaciones de WhatsApp entre Leire Díez y Jacobo Teijelo. En uno de esos intercambios, de enero de 2025, Teijelo planteaba la posibilidad de convencer a Boye para que modificara su posición, precisamente en vísperas de un viaje de dirigentes socialistas a Waterloo para negociar con Puigdemont.

Boye reconoce los contactos, pero rechaza haber actuado como intermediario para suavizar las posiciones de Junts. Su versión es muy distinta: considera que quienes se acercaron a él ni podían ofrecerle realmente ventajas judiciales ni pretendían ayudarle, sino que perseguían objetivos políticos propios.

La investigación judicial trata precisamente de aclarar hasta dónde llegaron esas gestiones y quién las conocía. El juez Santiago Pedraz investiga una presunta estructura destinada a obtener información o interferir en procedimientos que afectaban al PSOE y al Gobierno. La UCO ha analizado también pagos realizados desde el partido a abogados relacionados con este entorno.

La gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, declaró en septiembre como investigada y atribuyó a Santos Cerdán la decisión de contratar determinados servicios jurídicos y validar posteriormente esos trabajos para que fueran abonados. Entre las cantidades bajo investigación figuran algo más de 27.000 euros vinculados al despacho de Ismael Oliver y 125.000 euros facturados por Jacobo Teijelo. La Guardia Civil investiga si esos contratos fueron instrumentales y si parte del dinero terminó destinado a terceros.

El papel de Santos Cerdán en la investigación

El nombre del antiguo secretario de Organización del PSOE aparece así como una pieza especialmente sensible. La UCO sostiene que determinadas notas de encargo profesional pudieron utilizarse para justificar pagos, mientras la investigación intenta reconstruir quién ordenó cada operación, qué servicio se prestó realmente y dónde terminó el dinero.

No es un matiz pequeño. En causas de esta naturaleza, una conversación llamativa puede ocupar portadas durante días; judicialmente, en cambio, importan los hechos que puedan acreditarse, la trazabilidad del dinero, las órdenes y el conocimiento que tuviera cada participante. La sospecha política corre mucho más deprisa que una instrucción penal. Casi siempre ha sido así.

Por qué Boye introduce a Zapatero en la ecuación

Boye conecta ese escenario con el caso Plus Ultra, una investigación distinta instruida por el juez José Luis Calama. José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por su posible participación en una red de tráfico de influencias relacionada, entre otras cuestiones, con el rescate público concedido a la aerolínea.

El rescate ascendió a 53 millones de euros. Durante septiembre, antiguos responsables de Plus Ultra han ratificado judicialmente declaraciones sobre pagos equivalentes aproximadamente al 1% de aquella cantidad a través del empresario Julio Martínez Martínez, socio y persona cercana al expresidente. Uno de ellos declaró que daba por hecho que aquel porcentaje estaba destinado al denominado “grupo Zapatero”. Esa afirmación forma parte de la investigación y no equivale, por sí sola, a acreditar que el expresidente recibiera ese dinero.

Calama ha permitido además ampliar el rastreo de cuentas relacionadas con Zapatero y su entorno. La defensa del expresidente ha cuestionado esa investigación, calificando parte de las pesquisas de prospectivas y denunciando vulneraciones de derechos. El magistrado rechazó posteriormente su petición de nulidad.

Es sobre ese terreno donde Boye construye su tesis: considera que la investigación de Plus Ultra y las actuaciones atribuidas a Díez no serían fenómenos aislados, sino manifestaciones de una misma forma de operar. Dicho de otra manera, ve un mismo cableado detrás de habitaciones judiciales que formalmente permanecen separadas.

Eso es lo que Boye sostiene. No lo que un juez ha probado.

El abogado de Puigdemont vuelve a agitar el tablero catalán

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que Gonzalo Boye volviera a intervenir públicamente sobre el eventual regreso de Puigdemont a España. El abogado aseguró que la decisión de regresar está tomada, aunque la fecha dependerá de las resoluciones pendientes sobre la aplicación de la amnistía.

Boye también vinculó ese regreso con la situación política catalana, al afirmar que sería importante para “consolidar la caída de Illa”. Sus palabras retratan una relación entre política y tribunales que lleva años acompañando al expresidente de la Generalitat: cada resolución judicial altera el terreno político y cada movimiento político acaba resonando, de alguna manera, en los juzgados.

Ese contexto explica por qué las reuniones con Leire Díez adquieren especial importancia. Si una de las finalidades de aquellos contactos era realmente influir sobre el clima de las negociaciones entre Junts y el PSOE, como sostienen las informaciones conocidas durante la investigación, Boye ocupaba una posición singular: conocía la estrategia jurídica de Puigdemont y estaba próximo a uno de los actores decisivos para la estabilidad parlamentaria del Gobierno.

Él niega haber desempeñado ese papel. Y sostiene, al contrario, que quienes se acercaron a su entorno pretendían utilizarlo.

Dos investigaciones y una conexión todavía por demostrar

El caso Leire Díez contiene ya declaraciones judiciales, conversaciones intervenidas, movimientos económicos y contratos que están siendo examinados por la Audiencia Nacional. El caso Plus Ultra acumula igualmente testimonios, documentación bancaria y diligencias sobre las supuestas mediaciones de Zapatero. Hay material judicial en ambos frentes. Mucho.

Lo que todavía falta es el puente.

Gonzalo Boye asegura que ese puente existe y que las dos redes están conectadas. La afirmación tiene peso político precisamente porque procede del abogado de Puigdemont y de alguien que admite haber participado en reuniones con algunos de los protagonistas investigados. Pero una declaración, incluso procedente de alguien situado dentro del escenario, continúa siendo una declaración.

El vínculo que todavía debe pasar de la política a las pruebas

La verdadera dimensión del asunto dependerá de que las pesquisas encuentren comunicaciones, decisiones, pagos o instrucciones capaces de unir ambos mundos. Hasta entonces hay dos causas judiciales, numerosos nombres que se cruzan alrededor del poder y una acusación de enorme alcance formulada por Boye. El resto, por mucho ruido que haga, permanece todavía en el terreno de lo que deberá probarse.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.