Economía
¿Cuándo pagará el casero 12 mensualidades si no renueva el alquiler?
La reforma del alquiler prevé prórrogas automáticas y una compensación mínima de 12 mensualidades cuando el propietario decide no renovar sin causa.

Resumen
- El casero pagaría al menos 12 mensualidades si no renueva sin causa
- El preaviso del propietario pasaría de cuatro a seis meses
- La medida está aprobada, pero aún pendiente de publicación en el BOE
El propietario tendría que indemnizar al inquilino con al menos 12 mensualidades cuando, una vez alcanzado el vencimiento legal del alquiler, decida no renovar el contrato sin acogerse a una de las causas justificadas previstas por el nuevo real decreto-ley. El cambio afectaría al régimen de prórroga de los alquileres de vivienda habitual y elevaría también de cuatro a seis meses el preaviso exigido al arrendador.
Hay, sin embargo, una precisión decisiva. A 30 de septiembre de 2026, la medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, pero el segundo real decreto-ley que la contiene todavía no se ha publicado en el BOE. El Gobierno prevé su publicación y la posterior convalidación parlamentaria. Dicho de manera sencilla: la indemnización anunciada es relevante, y mucho, pero todavía no puede tratarse como una obligación actualmente exigible.
La indemnización de 12 mensualidades: cuándo se pagaría
El cambio gira alrededor de una reforma del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una vez agotado el periodo mínimo obligatorio del contrato —cinco años si el propietario es una persona física y siete si es una persona jurídica—, el alquiler entraría en un sistema de renovaciones automáticas sucesivas.
Si ninguna de las partes comunica que quiere terminar la relación, el contrato continuaría. Cuando sea el propietario quien decida no renovarlo, tendría dos caminos: justificar una de las causas que permiten recuperar la vivienda sin compensación o poner fin al contrato abonando al arrendatario la indemnización correspondiente.
No se trata, por tanto, de que cualquier finalización de un alquiler genere automáticamente un cheque equivalente a un año de renta. La obligación aparecería cuando el arrendador toma la iniciativa de no renovar al vencimiento y no concurre alguna de las excepciones contempladas en la norma.
Las 12 mensualidades no serían siempre el alquiler actual
Aquí aparece una letra pequeña importante. Las 12 mensualidades no tendrían por qué coincidir exactamente con doce veces la renta que figura en el contrato actual del inquilino.
El texto conocido establece como referencia la renta correspondiente a una vivienda de características análogas, calculada mediante el sistema estatal de referencia de precios del alquiler. La compensación será de al menos una anualidad y, además, no podrá quedar por debajo de una mensualidad por cada año de permanencia del inquilino en la vivienda.
Imaginemos que una persona paga 850 euros mensuales por un contrato antiguo, pero el sistema estatal sitúa una vivienda comparable en 1.000 euros. La compensación mínima no tendría por qué ser 10.200 euros —850 multiplicado por doce—, sino que podría partir de 12.000 euros, al utilizarse como referencia la vivienda análoga.
Y hay otra vuelta. Si el arrendatario hubiera permanecido, por ejemplo, 15 años, entraría en juego el segundo suelo establecido en el texto: una mensualidad por cada año de estancia. En ese supuesto, la cifra podría superar las 12 mensualidades que han dado nombre a la medida. La anualidad sería el mínimo general, no necesariamente el máximo.
Cuándo podría el propietario evitar la compensación
El real decreto-ley contempla varios supuestos en los que el propietario podría recuperar la vivienda sin desembolsar esa indemnización. Uno de los principales es que necesite el inmueble para vivir él mismo, su cónyuge o determinados familiares hasta segundo grado.
También se prevé una excepción cuando el inquilino no utilice realmente la vivienda durante más de seis meses al año sin una causa que lo justifique, cuando disponga de otra vivienda adecuada en el mismo municipio o cuando las partes formalicen un nuevo contrato de cinco o siete años sujeto al precio regulado previsto por la norma. El texto conocido incluye asimismo determinados supuestos relacionados con la vulnerabilidad del propietario.
La diferencia no es menor. No bastaría con una alusión genérica a una necesidad futura: las causas invocadas tendrían que justificarse en la comunicación de no renovación. La reforma intenta separar así dos situaciones distintas: recuperar la vivienda por una necesidad concreta o decidir libremente terminar el alquiler asumiendo el coste económico de esa decisión.
Qué cambia respecto a la actual Ley de Arrendamientos Urbanos
El sistema vigente parte también de los conocidos plazos de cinco y siete años, pero después funciona de otra manera. Cumplido ese periodo, si ninguna parte comunica su intención de terminar el contrato, este se prorroga por anualidades hasta un máximo de tres años adicionales.
La regulación actualmente consolidada exige al propietario avisar con al menos cuatro meses de antelación y al inquilino con dos. El nuevo esquema pretende transformar ese mecanismo: el aviso del arrendador pasaría a seis meses y las renovaciones dejarían de agotarse tras tres anualidades para convertirse en periodos sucesivos más largos.
Cinco años para particulares y siete para empresas
La expresión alquiler indefinido puede inducir a pensar en un contrato eterno e imposible de terminar. No es exactamente eso. Según el texto conocido, una vez cumplidos los primeros cinco años —o siete cuando el arrendador sea una empresa—, el contrato se renovaría por otro periodo de la misma duración si ninguna de las partes expresa su voluntad de finalizarlo.
Después podría producirse una nueva renovación, y así sucesivamente. El inquilino conservaría la posibilidad de marcharse avisando con dos meses de antelación. El propietario también podría impedir la siguiente renovación, pero tendría que hacerlo con seis meses de margen y, salvo causa justificada, asumir la compensación económica.
Qué significa realmente la prórroga automática del alquiler
El cambio desplaza bastante el punto de equilibrio del contrato. Hasta ahora, superar los plazos legales llevaba finalmente a un momento en el que el arrendador podía recuperar la vivienda comunicando la no renovación conforme a los plazos establecidos. Con la reforma, esa decisión seguiría existiendo, pero podría tener un coste equivalente a un año de alquiler o superior.
La prórroga automática tampoco equivale a congelar indefinidamente cualquier condición del contrato. La renta seguiría sometida a las reglas de actualización que resulten aplicables y a las restantes normas sobre alquiler de vivienda habitual. Lo que cambia de forma sustancial es la estabilidad temporal del arrendamiento y el coste asociado a que el propietario decida terminarlo sin una causa expresamente protegida.
La reforma forma parte de un paquete de medidas sobre vivienda dividido en dos reales decretos-ley. Uno contempla, entre otras medidas, una prórroga extraordinaria para determinados contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. El segundo es el que introduce el modelo más amplio de renovaciones automáticas y la indemnización al inquilino.
El BOE marcará cuándo cambia de verdad el alquiler
Para propietarios e inquilinos, la fecha que importa no es únicamente la del anuncio político. Importan el texto publicado en el BOE, sus disposiciones transitorias y la posterior convalidación parlamentaria. Hasta conocer la publicación oficial no conviene extrapolar automáticamente la nueva indemnización a cualquier contrato que esté próximo a vencer.
Lo que sí dibuja con claridad el texto aprobado es un cambio profundo: terminar un alquiler por voluntad del propietario después de los plazos legales dejaría de ser, en muchos casos, una simple comunicación dentro de plazo. Podría implicar seis meses de preaviso y una compensación mínima de 12 mensualidades, salvo que exista y pueda acreditarse alguna de las causas de exención.
La diferencia cabe en una frase, pero mueve bastante dinero. El contrato podría seguir renovándose durante años; y cuando sea el arrendador quien quiera poner fin a esa continuidad sin una causa justificada, la salida tendría un precio.












