¿Cómo retirará Iberpotash los 45 millones de toneladas del Cogulló?

La montaña salina del Cogulló, en Sallent, ya no es solo un gigantesco vestigio de la minería de potasa del Bages. Tras dos décadas de batalla judicial, Iberpotash, actualmente integrada en ICL Iberia, debe afrontar el desmantelamiento de una escombrera que acumula alrededor de 45 millones de toneladas de residuos salinos sobre unas 45 hectáreas de terreno. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha inadmitido el último recurso de casación de la compañía, cerrando una larguísima cadena de recursos que había retrasado la ejecución de las resoluciones favorables a los vecinos.

Eso no significa que mañana aparezcan cientos de camiones y la montaña empiece a desaparecer a mordiscos. La retirada será extraordinariamente lenta. La compañía sostiene que cumplirá la resolución mediante el programa de restauración aprobado en 2018, que establece primero la recuperación del depósito de la Botjosa y, posteriormente, la del Cogulló. Los propios cálculos publicados por ICL permiten hacerse una idea de la escala: la restauración de este último depósito puede prolongarse durante cuatro décadas o más. Una sentencia puede cerrar un pleito en unas páginas; borrar físicamente lo acumulado durante décadas es otro asunto.

La justicia cierra veinte años de recursos

La historia judicial comenzó mucho antes de que la expresión «transición ecológica» se instalara en los discursos institucionales. Las protestas por los depósitos salinos de Sallent venían de lejos, pero fue a mediados de la década de 2000 cuando los vecinos del barrio de la Rampinya reclamaron formalmente al Ayuntamiento que actuara contra la expansión del Cogulló.

La cuestión no era menor. La acumulación de residuos había terminado ocupando suelo fuera del ámbito permitido por el planeamiento, mientras la escombrera seguía creciendo. La asociación vecinal llevó el caso a los tribunales y en 2014 obtuvo una resolución que ordenaba suspender los vertidos y recuperar la realidad física alterada, incluido el desmantelamiento del residuo acumulado fuera del espacio urbanísticamente autorizado.

A partir de ahí comenzó una especie de tenis procesal a cámara lenta. Recursos del Ayuntamiento, recursos de la empresa, apelaciones, casaciones, nuevas peticiones para ejecutar las sentencias y nuevos intentos de discutir esa ejecución. Según la representación legal de los vecinos, el procedimiento ha producido ocho resoluciones favorables a sus pretensiones.

Los vertidos al Cogulló terminaron finalmente en junio de 2019, cuando venció la última prórroga que permitía continuar depositando residuos. Pero dejar de añadir sal no era lo mismo que retirar la existente. La mole quedó allí, inmóvil solo en apariencia, como una factura ambiental esperando turno.

De la sentencia de 2014 a la ejecución forzosa

La batalla posterior se centró precisamente en ese verbo incómodo: ejecutar. Un auto de 2022 reiteró la obligación de desmontar la escombrera y posteriormente, en marzo de 2024, los tribunales rechazaron otro intento de frenar la ejecución forzosa. El Tribunal Supremo inadmitió después otro recurso de casación y el TSJC ha hecho lo propio con la última ofensiva procesal planteada por Iberpotash.

La diferencia puede parecer jurídica, casi de pasillo de juzgado, pero es importante. No estamos ante una condena recién descubierta, sino ante el agotamiento de las vías utilizadas para discutir una obligación que arrastra años de resoluciones judiciales.

ICL Iberia asegura que cumplirá. Su posición es que la restauración debe realizarse conforme al programa autorizado por la Administración catalana en julio de 2018, que contempla una retirada progresiva y técnicamente planificada de los depósitos salinos de Sallent. Es decir, la empresa acepta el destino final aunque la discusión sobre el camino recorrido haya durado veinte años.

Una montaña artificial de unos 45 millones de toneladas

El Cogulló impresiona porque ha dejado de parecer una escombrera industrial. Tiene escala de accidente geográfico. Ocupa alrededor de 45 hectáreas y contiene, según las estimaciones manejadas en las informaciones judiciales más recientes, unos 45 millones de toneladas de residuos salinos derivados de la explotación de potasa.

Documentación anterior del propio grupo ICL cuantificaba el volumen acumulado en unos 43 millones de toneladas, una diferencia razonable en estimaciones realizadas en momentos distintos y con metodologías diferentes. Lo importante no cambia: estamos hablando de decenas de millones de toneladas de residuos, una masa artificial que ha terminado incorporándose visualmente al paisaje de Sallent.

Conviene también precisar algo que a menudo se pierde entre titulares. Iberpotash no es actualmente una empresa controlada accionarialmente por el Estado de Israel. Su matriz, ICL Group, es una compañía israelí cotizada cuyo accionista de control es Israel Corporation, también cotizada. El Estado israelí conserva una acción especial que le proporciona determinados derechos de veto para proteger intereses estratégicos, pero dejó de poseer acciones ordinarias de ICL en el año 2000. A finales de 2025, Israel Corporation poseía aproximadamente un 43% del capital.

La precisión tampoco es decorativa. Una compañía israelí y una compañía estatal israelí no son la misma cosa, por mucho que una palabra de más pueda hacer un titular bastante más explosivo. En un asunto donde ya sobran millones de toneladas, mejor no añadir también toneladas de confusión.

El problema ambiental no es una simple montaña de sal

Tampoco basta con imaginar 45 millones de toneladas de sal de mesa formando una colina blanca. Los residuos proceden del procesamiento del mineral potásico y el problema ambiental aparece especialmente cuando el agua entra en contacto con estos enormes depósitos. La lluvia puede generar escorrentías y lixiviados salinos, mientras las surgencias subterráneas contribuyen a transportar esa elevada concentración de sales hacia el entorno.

La cuenca del Llobregat y del Cardener lleva décadas conviviendo con el problema de la salinización relacionado con la minería potásica del Bages. La administración hidráulica catalana mantiene sistemas específicos de control de aguas superficiales y subterráneas en la zona, con muestreos destinados a seguir la evolución de la salinidad.

La cuestión llegó también a la vía penal. Resoluciones judiciales anteriores establecieron responsabilidades por daños ambientales vinculados a vertidos y lixiviados de las escombreras y obligaron a adoptar medidas para reparar el deterioro causado en las aguas. La contaminación asociada a las explotaciones de Iberpotash lleva, por tanto, muchos años bajo escrutinio administrativo y judicial.

De modo que describir el Cogulló simplemente como una «montaña tóxica» es tentador, pero poco fino. La contaminación está ligada sobre todo a la enorme concentración de sales, los lixiviados y su impacto sobre aguas y suelos. La escala convierte un material aparentemente corriente en un problema ambiental formidable.

Cómo se retiran millones de toneladas sin mover una montaña de golpe

Aquí aparece la cuestión más interesante después del último revés judicial: qué significa realmente desmantelar el Cogulló. No consiste en cargar 45 millones de toneladas en camiones y llevárselas a algún lugar misterioso, como quien vacía un trastero descomunal. El programa de restauración contempla distintas formas de valorizar, purificar, comercializar y disolver la sal, utilizando también las infraestructuras destinadas a gestionar las salmueras.

ICL ha concentrado primero sus actuaciones en otro depósito de Sallent, la Botjosa. Las pruebas de retirada comenzaron en 2021 y el proceso entró posteriormente en una fase estable. Según los últimos datos difundidos por la compañía y recogidos en la información judicial, allí se han retirado alrededor de 1,5 millones de toneladas.

Es una especie de ensayo general antes de enfrentarse al gigante. La propia empresa explica que el traslado de la actividad minera desde Sallent hacia Súria permitió iniciar la recuperación de los antiguos depósitos mediante procesos de purificación, comercialización y disolución de la sal. También dispone de plantas industriales capaces de convertir parte de ese material en productos aprovechables, dentro de una estrategia de valorización de residuos.

La secuencia prevista tiene importancia porque despeja una impresión engañosa: la resolución judicial no convierte automáticamente al Cogulló en la primera montaña que debe desaparecer. El programa aprobado establece que se complete primero la restauración de la Botjosa. Solo después se acometerá de forma progresiva la del Cogulló, bajo los procedimientos, permisos y controles establecidos por las administraciones competentes.

En su planificación ambiental, ICL ha manejado un ritmo aproximado de retirada de alrededor de un millón de toneladas anuales cuando estén plenamente disponibles las infraestructuras previstas. Para el Cogulló ha calculado periodos de aproximadamente 40 a 45 años de trabajos.

La aritmética es implacable. Incluso retirando un millón de toneladas cada año, una montaña de más de 40 millones no desaparece durante una legislatura, ni durante dos, ni probablemente durante la vida laboral de buena parte de quienes vean comenzar el grueso de las obras. La escala temporal es casi tan llamativa como la montaña.

La restauración apunta hacia 2070

Los documentos corporativos de ICL han situado históricamente la finalización de la restauración de Sallent en torno a 2070. No es una fecha nueva impuesta por la reciente decisión judicial, sino parte de una planificación ambiental de largo recorrido comunicada por la propia compañía.

Ese calendario permite entender mejor el alcance del último pronunciamiento del TSJC. La victoria de los vecinos es considerable desde el punto de vista jurídico porque consolida la obligación de restaurar el terreno y reduce drásticamente el margen para seguir discutiendo esa obligación. Pero la victoria física, por llamarla así, será muchísimo más lenta.

También quedan aspectos delicados: el ritmo efectivo de extracción, la capacidad de las infraestructuras de evacuación de salmueras, la comercialización de parte de la sal recuperada, los controles ambientales y la supervisión administrativa. Cuarenta años de restauración son cuarenta años de vigilancia, mantenimiento, financiación y decisiones técnicas.

Mientras tanto, ICL mantiene una importante presencia industrial en el Bages. La antigua actividad de Sallent se trasladó hacia Súria, donde permanece la producción de potasa, y el grupo ha planteado nuevos proyectos industriales para terrenos de Sallent. La comarca vive así una paradoja bastante familiar: la minería proporciona actividad económica y empleo, pero deja también un patrimonio ambiental que no desaparece cuando se apagan las máquinas.

El Cogulló seguirá ahí, pero la obligación también

La montaña no se desvanecerá por una providencia judicial. Seguirá dominando durante años el paisaje de Sallent, blanca, enorme y difícil de ignorar. Lo que cambia es otra cosa: la obligación de desmontarla ha sobrevivido a veinte años de recursos.

Para los vecinos de la Rampinya, el recorrido tiene algo de resistencia administrativa llevada al extremo. Empezaron reclamando que se hiciera cumplir la legalidad urbanística cuando el depósito seguía creciendo y han visto pasar sentencias, apelaciones, casaciones y prórrogas, además de nuevos procedimientos de ejecución. El Cogulló creció mucho más rápido que el expediente; una imagen bastante gráfica de cómo funcionan a veces los grandes conflictos ambientales.

Iberpotash, hoy ICL Iberia, sostiene que cumplirá mediante el programa de restauración vigente. Los residuos dejaron de depositarse en 2019, la Botjosa ya está siendo reducida y el Cogulló deberá llegar después.

No será una operación espectacular sino lenta, industrial y seguramente poco fotogénica: toneladas que se purifican, otras que encuentran salida comercial, sal que se disuelve, agua que debe controlarse, permisos, colectores e inspecciones. Año tras año. Una montaña construida durante décadas tampoco se borra de un plumazo.

Después de veinte años discutiendo quién debía hacer qué, la cuestión esencial ha quedado bastante menos nebulosa. La montaña debe desaparecer y el terreno debe restaurarse. El gran interrogante ya no está tanto en los tribunales como en el calendario: cuánto tardará Sallent en volver a mirar hacia esa colina y encontrar, por fin, algo parecido al paisaje que había debajo.