¿Qué cambia en Haití tras caer el Consejo Presidencial?

Haití disuelve su Consejo Presidencial y el poder pasa al primer ministro Fils-Aimé, con bandas dominando Puerto Príncipe y presión de EE.UU.

Haití llegó al 7 de febrero de 2026 con un gesto de traspaso que, en cualquier otro país, sería casi administrativo. Allí suena a supervivencia. El presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Laurent Saint-Cyr, comunicó que el órgano colegiado termina su mandato y deja de ejercer el Poder Ejecutivo, y que desde ese momento la conducción política queda en manos del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, al frente de un Consejo de Ministros que asume “las responsabilidades”. La idea que quiso fijar Saint-Cyr fue simple y, a la vez, delicada: se cierra una etapa, pero no hay vacío institucional; el Estado, por lo menos en el papel, continúa.

Ese “por lo menos” pesa como una losa. Porque el CPT se creó en abril de 2024 con un libreto ambicioso —recuperar seguridad, encarrilar la economía, organizar elecciones generales y empujar un referéndum constitucional— y se despide con un balance áspero: más de 10.000 muertos durante su mandato y una capital, Puerto Príncipe, donde las bandas armadas han ampliado su control hasta rondar el 90% del área metropolitana. No es un dato frío: significa barrios convertidos en fronteras, carreteras convertidas en peajes clandestinos, hospitales que cierran por falta de garantías, escuelas que abren y cierran según la semana… y un país que sigue sin urnas a la vista.

El fin del CPT: lo que se apaga y lo que queda encendido

El CPT era una presidencia colectiva de nueve miembros, un arreglo diseñado para dar una salida política a una crisis que venía girando sobre sí misma desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la erosión posterior de gobiernos interinos sin respaldo electoral. Tras la dimisión del primer ministro Ariel Henry en 2024, la transición tomó forma con ese consejo como eje, con el encargo de reconducir el país hacia un mínimo de normalidad institucional. Sobre el papel, el consejo debía ser puente. En la práctica, acabó siendo también campo de batalla: tensiones internas, acusaciones cruzadas, desgaste por la falta de resultados y, sobre todo, el choque permanente con la realidad armada en las calles.

Cuando Saint-Cyr dice que el CPT “deja de existir”, lo que desaparece no es solo un nombre. Se va el órgano que repartía legitimidades entre facciones políticas, empresariales y sociales que intentaban mantener un equilibrio inestable. Y lo que queda es una conducción más concentrada: el Gobierno que dirige Fils-Aimé, apoyado por un Consejo de Ministros, que pasa a ser la estructura formal que firma, ordena y decide. La diferencia no es menor: antes, la cúspide era colegiada; ahora, el centro de gravedad se desplaza hacia el primer ministro. En un país donde el mando se discute con hechos, el cambio de diseño institucional importa… aunque no garantice nada.

A este relevo se llega con una anomalía que Haití arrastra como una sombra larga: no celebra elecciones nacionales desde 2016 y, de hecho, lleva años prácticamente sin cargos electos operativos a gran escala. Eso convierte cada transición en un parche sobre otro parche. La política se vuelve un pasillo estrecho: cada puerta que se abre deja ver otra puerta cerrada. Y el 7 de febrero, que tenía que ser el día de toma de posesión de autoridades elegidas, terminó siendo el día de otro reajuste provisional.

Alix Didier Fils-Aimé: el perfil del primer ministro que se queda

Alix Didier Fils-Aimé no es el típico líder forjado en un partido con estructura nacional y militancia organizada. Su trayectoria es más propia del mundo empresarial haitiano: se le conoce como empresario, con vínculos con la Cámara de Comercio e Industria y con iniciativas del sector tecnológico. Nació en Puerto Príncipe en 1971, estudió en Estados Unidos y ha estado ligado a proyectos de telecomunicaciones y servicios. Ese perfil, en Haití, tiene doble lectura: para algunos representa gestión y pragmatismo; para otros, el eco de una élite económica que convive con un país donde el Estado apenas llega.

Fils-Aimé llegó al cargo en noviembre de 2024, en un momento de deterioro acelerado de seguridad y de disputas internas dentro del propio esquema transicional. Sustituyó a Garry Conille y desde el primer día cargó con una misión casi imposible: sostener la maquinaria del Estado mientras el Estado se encogía. Con el paso de los meses, su figura quedó además marcada por un elemento decisivo: Estados Unidos apostó de forma explícita por su continuidad como una forma de evitar un carrusel de nombramientos que, en un Haití sitiado por bandas, puede ser gasolina.

Esa apuesta no es un detalle decorativo. En las últimas semanas, el primer ministro estuvo muy cerca de salir por la puerta. Parte del CPT impulsó su destitución e incluso se habló de sustituirlo por un primer ministro interino con un plazo máximo de 30 días, un movimiento que encendió alarmas en organismos internacionales y en gobiernos que consideran que Haití no aguanta un salto al vacío. Hubo presión política visible, advertencias, y un mensaje que en diplomacia suena a ultimátum sin decirlo: tocar la jefatura de Gobierno en ese momento podía romper lo poco que quedaba de equilibrio. Resultado: Fils-Aimé llegó al 7 de febrero todavía en el puesto, y con el CPT fuera del tablero, su figura gana peso, al menos por defecto.

Un mandato reforzado… y una fragilidad a la vista

Que el Ejecutivo quede bajo el primer ministro no significa que Haití pase a una estabilidad súbita. Significa que se reduce una capa de interlocución. Antes, para entender la cima del poder había que mirar al CPT, a sus alianzas internas, a sus rotaciones y a sus disputas. Ahora, el foco se concentra: Consejo de Ministros, primer ministro, y una serie de actores que, aunque no figuren en el organigrama, condicionan cada decisión. Las bandas, en primer lugar. La Policía, en segundo. La comunidad internacional, siempre al lado, a veces sosteniendo, a veces empujando.

Por eso el mandato “reforzado” de Fils-Aimé es también una exposición. En política haitiana, cuando el centro se concentra, los golpes también. Y no solo son golpes retóricos: son paros, bloqueos, sabotajes, control de carreteras, chantaje sobre puertos y mercados… y un clima de miedo que ha empujado a más de 1,4 millones de personas al desplazamiento interno en los últimos tiempos. Cifras así no caben en un discurso; caben en una imagen: familias enteras viviendo en escuelas, en iglesias, en patios improvisados, con colchones delgados, calor húmedo y una tensión que no baja ni de noche.

Seguridad: el país donde manda la calle y el Estado intenta volver

La noticia del traspaso de mando llega acompañada de otra escena reveladora: la víspera hubo una reunión del alto mando de la Policía Nacional de Haití con directores departamentales y con el comandante de la fuerza especializada contra bandas, el general Godfrey Otunge, al frente de la unidad conocida como Fuerza de Represión de Pandillas (también citada como fuerza de supresión o de combate contra bandas). En esa reunión se habló de medidas para elevar la seguridad “en todo el territorio” en una semana sensible. En Haití, “semana sensible” suele equivaler a días donde cualquier chispa prende.

El problema es que la seguridad no es solo un operativo, ni un despliegue puntual. Es estructura. Puerto Príncipe se ha convertido en un mapa de control fragmentado: zonas donde la Policía puede entrar, zonas donde entra con escolta y con riesgo alto, y zonas donde entra y sale… si la dejan. Cuando se dice que las bandas controlan aproximadamente el 90% de la capital, no significa que haya un único mando criminal uniforme; significa un ecosistema de grupos armados con rivalidades, alianzas, disputas por rutas y por barrios, y capacidad para paralizar la vida económica.

La erosión del CPT se explica en buena parte ahí. El consejo nació con el encargo de reducir el dominio de bandas; terminó con ese dominio ampliado. Y eso tiene consecuencias directas sobre todo lo demás. Las elecciones, por ejemplo: no es solo imprimir papeletas y abrir colegios. Es garantizar que los candidatos pueden hacer campaña sin ser secuestrados, que los votantes pueden caminar hasta una urna sin atravesar un territorio hostil, que el recuento puede viajar sin ser interceptado. Un país sin seguridad es un país donde la democracia se convierte en logística imposible.

La misión internacional: muchos nombres, pocos efectivos

El plan internacional para reforzar seguridad en Haití lleva tiempo sobre la mesa y ha tenido avances lentos, a trompicones. Existe una misión de apoyo aprobada en el marco de Naciones Unidas y articulada como un despliegue multinacional, con Kenia como actor clave en el envío de policías. Pero el número real de efectivos en terreno ha estado por debajo de los objetivos anunciados: se habla de menos de 1.000 desplegados frente a planes que apuntaban a varios miles, con una meta que, en su momento, se situó en torno a 5.500 para fases de expansión. Ese desfase se nota en el terreno como se nota la falta de agua en un grifo: no hace falta explicarlo, se vive.

La presencia internacional tampoco es una varita mágica. En Haití existe una memoria amarga de intervenciones pasadas, algunas con resultados parciales, otras con episodios traumáticos. Eso genera un dilema: sin apoyo externo, el Estado no alcanza; con apoyo externo, la legitimidad se discute. Y en ese punto se entiende por qué Washington insiste en la continuidad de Fils-Aimé: busca un ancla administrativa que permita coordinar, negociar, presionar y sostener una línea de mando reconocible. La alternativa sería peor: más fragmentación arriba, mientras abajo la fragmentación ya es norma.

Estados Unidos aprieta: visados revocados, sanciones y barcos en el agua

En la semana previa al 7 de febrero, Estados Unidos elevó el tono. Hubo medidas concretas: revocación de visados a miembros del consejo y a familiares inmediatos, y también sanciones a figuras del CPT. El motivo alegado gira en torno a presuntos vínculos o apoyos a bandas y redes criminales. Son acusaciones graves, y en el contexto haitiano no sorprenden, porque la frontera entre poder político, economía informal y coerción armada lleva tiempo erosionándose. Cuando un Estado se debilita, el crimen no solo ocupa calles: ocupa relaciones.

A esa presión se sumó un gesto que se ve desde el malecón, no desde un comunicado: el despliegue de buques estadounidenses cerca de la capital haitiana, con un barco de guerra y unidades de guardacostas, en una operación presentada como parte de un esfuerzo para favorecer un Haití más seguro. Los barcos, en términos militares, no resuelven el control de barrios. Pero en términos políticos sí envían un mensaje: Estados Unidos está mirando, está marcando límites, y está dispuesto a mostrar músculo. En Haití, donde el simbolismo tiene efecto real, eso cuenta.

También cuenta la lectura que se hace dentro del país: hay sectores que interpretan esa presencia como garantía; otros como tutela. El resultado suele ser el mismo: el primer ministro queda en medio de una pinza. Si se alinea demasiado con Washington, pierde apoyos internos. Si se distancia, pierde el paraguas internacional. Y si intenta caminar por el centro, cada paso es un equilibrio precario sobre un suelo que tiembla.

Por qué el CPT fracasó: objetivos grandes, herramientas pequeñas

El CPT fue creado con metas que, sobre el papel, eran las correctas. El problema fue la combinación de tres factores que se retroalimentaron como un círculo vicioso. Primero, seguridad: sin control territorial, cualquier política pública se convierte en un gesto simbólico. Segundo, unidad política: un consejo colegiado necesita mínimos acuerdos para actuar; en Haití, esos acuerdos se rompían con facilidad. Tercero, legitimidad: sin urnas ni un horizonte electoral claro, cada decisión se discutía como si fuera provisional, porque lo era.

A eso se sumaron acusaciones de corrupción y de connivencia. Aunque no todas se han probado con sentencia firme, el efecto político existe: desconfianza. Un país que ya vive con desconfianza estructural —por su historia, por su pobreza, por su violencia— se convierte en terreno fértil para la sospecha permanente. Y cuando la sospecha gobierna, las instituciones se vuelven frágiles por dentro. El CPT terminó su mandato con esa sensación: un órgano que prometía enderezar el rumbo y que acabó arrastrado por la misma corriente.

La cifra de muertos durante su mandato, más allá de su exactitud estadística en un país con registros incompletos, funciona como indicador de tendencia: la violencia creció. Y el control territorial de bandas se amplió. A partir de ahí, cualquier promesa electoral se deshilacha. Porque no es solo el miedo: es el desplazamiento masivo, es el cierre de centros de votación potenciales, es la falta de censo fiable, es la dificultad de transportar material. En Haití, la democracia no es un debate teórico; es un camión que puede ser interceptado en una carretera.

La economía que se hunde mientras el precio de todo sube

En paralelo, la economía haitiana se ha deteriorado. Infraestructuras dañadas, servicios públicos en retroceso, inversión congelada, y una vida cotidiana marcada por lo básico: abastecimiento, transporte, acceso a alimentos, funcionamiento de mercados. En un contexto así, el Gobierno no solo gobierna: intenta que el país funcione. Y cuando se intenta “hacer funcionar” lo básico, lo estratégico —reforma constitucional, por ejemplo— queda relegado. El referéndum que figuraba como objetivo del CPT se fue diluyendo hasta casi desaparecer del debate público.

Esta degradación económica también alimenta la seguridad. No es una explicación romántica de la violencia; es una relación práctica. Cuando el Estado no garantiza empleo ni servicios, las bandas se vuelven proveedores: cobran por protección, controlan rutas, ofrecen “trabajo” armado, sustituyen al Estado con un orden brutal. En barrios enteros, el poder se mide en armas y en capacidad de imponer normas. Y cada mes que pasa así, reconstruir instituciones cuesta más.

Qué cambia desde hoy en el mando: el Gobierno toma el timón, sin garantías

Con el CPT fuera, el Consejo de Ministros bajo dirección de Fils-Aimé asume formalmente el Ejecutivo. Eso significa capacidad plena para tomar decisiones administrativas, coordinar fuerzas de seguridad, negociar con socios internacionales y gestionar presupuestos. En términos de procedimiento, se simplifica la cadena de mando. En términos de realidad, el desafío es si esa simplificación se traduce en capacidad operativa o solo en un documento con firma.

El cambio también tiene un componente de relato. Durante casi dos años, el CPT fue el símbolo de una transición con arquitectura internacional. Su salida deja a Haití con una figura más reconocible para el exterior: el primer ministro. Eso facilita conversaciones, sí; también concentra culpas. A partir de ahora, cada fracaso en seguridad, cada brote de violencia, cada nuevo desplazamiento, se asociará más directamente al Gobierno de Fils-Aimé. Y en Haití, la paciencia suele ser corta, porque la vida cotidiana no espera.

Otra diferencia: sin el CPT, se reduce el número de actores en la cúspide institucional, pero no se reduce el número de actores reales. Las bandas, las redes económicas, los líderes comunitarios, la iglesia, la diáspora, la comunidad internacional… todos siguen ahí. La política haitiana se parece a una habitación llena: quitas una mesa del centro y, aun así, la gente sigue chocando en los bordes.

El futuro inmediato: elecciones prometidas, estabilidad dudosa, presión constante

El horizonte que se mencionaba —elecciones generales en 2026— aparece cada vez más incierto. No por falta de voluntad declarada, sino por falta de condiciones. La seguridad sigue siendo el cuello de botella. El desplazamiento interno también. Y la legitimidad, por definición, no se improvisa: se construye con calendario, con reglas claras, con un árbitro electoral que pueda funcionar. Haití ha tenido procesos electorales complejos en el pasado, pero hoy las condiciones son más duras: el control armado de la capital no es una crisis puntual, es un sistema de poder alternativo.

La presión internacional continuará. Estados Unidos ya dejó claro que no se conforma con declaraciones: utilizó herramientas de visados, sanciones y despliegue naval. Otros países y organismos miran la situación con preocupación por el impacto regional: migraciones, tráfico ilegal, estabilidad del Caribe. En ese contexto, Fils-Aimé se convierte en el interlocutor principal. Pero el interlocutor principal no es necesariamente el que tiene más poder real en el terreno. Esa es la paradoja haitiana.

Dentro del país, también habrá presión. Hay sectores que reclaman cambios profundos, otros que desconfían de cualquier transición prolongada, otros que se centran en la supervivencia diaria. En Haití, la política convive con la emergencia humanitaria. Se habla de millones de personas necesitando ayuda, con una infancia golpeada por la falta de servicios y la violencia. En ese panorama, un cambio de arquitectura institucional puede parecer lejano para quien vive desplazado en una escuela o para quien cruza una calle con miedo. Pero aun así importa, porque la única puerta para salir del bucle es reconstruir Estado. No hay atajos bonitos.

Tres escenarios que se dibujan sin que nadie los firme

En el corto plazo, se ven tres caminos posibles, aunque ninguno se anuncie así, con nombre y apellido. El primero es una continuidad reforzada del Gobierno de Fils-Aimé con apoyo internacional sostenido, intentando ganar terreno en seguridad con la fuerza multinacional y con la Policía nacional, y empujando un calendario electoral a medida que se abran corredores de control estatal. El segundo es un deterioro político interno que vuelva a fragmentar la cúpula, con nuevas disputas sobre quién debe liderar la transición, lo que daría margen a las bandas para consolidar aún más su dominio. El tercero es una solución híbrida, un nuevo acuerdo de gobernanza transicional que sustituya al CPT con otra fórmula, quizá más reducida o más “técnica”, buscando consenso mínimo. Ninguno es garantía. Todos son, en cierto modo, apuestas.

La clave, por dura que suene, será la seguridad. Si el control territorial no mejora, las demás piezas se quedan en discurso. Y la seguridad no se gana solo con operativos: se gana con inteligencia, con control de armas, con cortar financiación de bandas, con justicia que funcione, con cárceles seguras, con una policía que tenga medios y confianza pública. Haití lleva años fallando en casi todos esos puntos. Cambiar eso no es cuestión de semanas. Pero tampoco hay alternativa.

Puerto Príncipe tras el traspaso: un Gobierno, muchas fronteras

En Puerto Príncipe, el traspaso del 7 de febrero no se mide por el acto formal, sino por lo que ocurre al día siguiente en los cruces, en los mercados, en las rutas hacia el sur, en los accesos al puerto, en los barrios que cambian de manos. La presencia de carros blindados custodiando edificios oficiales y la coordinación con unidades especializadas como la comandada por Godfrey Otunge retratan una capital donde el Estado protege sus sedes como si fueran islas, no como si fueran el centro de un territorio controlado.

Para el Gobierno de Fils-Aimé, el reto inmediato es doble: mantener la continuidad institucional y demostrar que esa continuidad produce algún efecto tangible, aunque sea gradual. Un efecto tangible puede ser abrir una carretera con seguridad durante semanas, recuperar un barrio clave, reducir secuestros en un corredor, permitir que un hospital funcione sin interrupciones. En Haití, pequeñas victorias tienen valor político enorme, porque la normalidad se ha convertido en un lujo.

El CPT se va con mala nota, sí, pero también con un aprendizaje brutal: no basta con diseñar una transición; hay que tener capacidad para imponerla en un territorio fragmentado. A partir de hoy, con el consejo disuelto, el primer ministro queda como rostro principal del Ejecutivo. Puede ser una simplificación útil. Puede ser también un blanco más claro. Haití entra en una fase donde la pregunta no es quién firma, sino quién puede cumplir. Y esa diferencia, en la isla, se siente en el aire: pesado, húmedo, con ese ruido de fondo que no es tráfico… es incertidumbre armada.