¿Habrá moción de censura contra Sánchez? El PP fija sus condiciones

El Partido Popular no ha anunciado una moción de censura inmediata contra Pedro Sánchez. Lo que ha hecho es declararse dispuesto a presentarla en cuanto los socios parlamentarios del Gobierno decidan retirar su apoyo al presidente y exista una mayoría suficiente para sustituirlo. Sin esos votos, la iniciativa seguiría siendo poco más que una ceremonia parlamentaria con el resultado conocido de antemano.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha insistido este jueves en que su partido está “a disposición” de esa operación, pero ha devuelto la presión hacia Junts, el PNV y el resto de formaciones que facilitaron la investidura de Sánchez. La condición popular es bastante sencilla de expresar y mucho más difícil de cumplir: una mayoría alternativa garantizada antes de registrar la moción.

Por ahora, esa mayoría no existe. El PP exige elecciones anticipadas, acusa al Ejecutivo de estar cercado por una creciente agenda judicial y eleva el tono tras las últimas novedades del caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, ni Junts ni el PNV han confirmado que vayan a apoyar el relevo. Ahí está todo el asunto. El ruido puede llenar titulares; los escaños, en cambio, se cuentan uno por uno.

El PP se ofrece, pero no registra la moción

Tellado ha situado la decisión en manos de los aliados parlamentarios de Sánchez. Según el dirigente popular, España atraviesa una situación “tremendamente grave” y el presidente debería convocar elecciones para devolver la palabra a los españoles. El PP sostiene que, si Sánchez se niega a hacerlo, corresponde a sus socios decidir cuánto tiempo más están dispuestos a sostenerlo.

La fórmula permite a Alberto Núñez Feijóo mantener viva la moción de censura sin asumir todavía el coste de una derrota parlamentaria. No hay fecha, candidato formal ni iniciativa registrada en el Congreso. Hay disponibilidad política, presión pública y una puerta entreabierta. Nada más, al menos de momento.

El matiz importa. Presentar una moción sin posibilidades de éxito ofrecería al Gobierno una victoria parlamentaria y permitiría a Sánchez exhibir que conserva la confianza de la Cámara, aunque su mayoría funcione con crujidos, silencios incómodos y negociaciones de última hora. La política española tiene estas delicadezas: a veces una oposición puede perder incluso cuando cree estar atacando.

La aritmética que bloquea a Feijóo

La moción de censura española es constructiva. No basta con reunir una mayoría para expulsar al presidente; hace falta acordar también quién lo sustituirá. La Constitución exige que la iniciativa sea firmada por al menos una décima parte de los diputados, es decir, 35 parlamentarios, y que incluya un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Para prosperar necesita la mayoría absoluta del Congreso: 176 votos favorables. Las abstenciones no rebajan esa cifra y las ausencias tampoco convierten la votación en una mayoría simple. La moción debe alcanzar la mitad más uno de los 350 escaños, sin atajos ni interpretaciones creativas.

El bloque formado por PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria se ha movido alrededor de los 172 apoyos, cuatro por debajo de la mayoría absoluta. Por eso Feijóo mira hacia los grupos nacionalistas. En política, cuatro votos pueden parecer poca cosa; cuando pertenecen a partidos que no quieren aparecer en la misma fotografía que Vox, se transforman en una cordillera.

Junts y PNV mantienen cerrada la puerta

Junts y el PNV han dado señales de agotamiento de la legislatura y han reclamado en distintos momentos un adelanto electoral, pero eso no equivale a respaldar una moción del PP. Ambas formaciones han negado que esa posibilidad esté sobre la mesa y mantienen profundas diferencias con Vox, cuyo apoyo sería indispensable para que Feijóo alcanzara la mayoría.

El presidente del PP ha tratado de sortear ese obstáculo prometiendo que una eventual moción serviría únicamente para convocar elecciones inmediatas, sin necesidad de incorporar a Vox a un Gobierno provisional. El planteamiento pretende ofrecer a los nacionalistas una pasarela estrecha: votar contra Sánchez sin comprometerse con una legislatura dirigida por la derecha.

Junts, sin embargo, ha marcado a Vox como línea roja y ha defendido que no está en el Congreso para “poner y sacar gobiernos”. El PNV tampoco ha mostrado disposición a sumarse. Pueden considerar agotada la legislatura y, al mismo tiempo, negarse a construir una mayoría alternativa con Feijóo. No es una contradicción jurídica; políticamente, deja al Gobierno debilitado pero todavía en pie.

El caso Zapatero eleva la presión sobre Moncloa

El último movimiento del PP llega en plena investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de fondos públicos durante la pandemia. José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por la Audiencia Nacional por su posible intervención en una trama relacionada con la concesión de aquellas ayudas y con otros movimientos económicos examinados por la Policía.

El empresario Julio Martínez, amigo y colaborador del expresidente, ha declarado que Zapatero medió en el rescate, aunque también aseguró desconocer con qué personas realizó supuestamente esas gestiones. Zapatero lo niega. Ha afirmado que no habló con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, del Gobierno ni de ninguna autoridad pública para favorecer a la aerolínea.

El expresidente sostiene que únicamente desarrolló labores de consultoría y denuncia que la investigación se ha convertido en un rastreo general de su vida económica y familiar. Su defensa ha recurrido las decisiones del juez José Luis Calama y alega que se han incorporado datos ajenos al objeto inicial del procedimiento. La causa continúa abierta y no existe una sentencia que determine su responsabilidad.

El Gobierno, por su parte, mantiene la presunción de inocencia de Zapatero y defiende que el rescate fue tramitado por los técnicos de la SEPI, revisado judicialmente y fiscalizado por los organismos correspondientes. Sumar ha pedido más explicaciones públicas, mientras algunos integrantes del espacio parlamentario que sostiene al Ejecutivo muestran inquietud por el alcance político del caso.

Una moción utilizada como amenaza política

Cuca Gamarra ha reclamado la dimisión de Sánchez y sostiene que la “corrupción sistémica” que, según el PP, rodea al Ejecutivo ha sustituido la agenda política por una agenda judicial. Se trata de una acusación política de la oposición, no de una conclusión judicial sobre el Gobierno en su conjunto.

La estrategia popular consiste en unir los distintos procedimientos que afectan a antiguos cargos socialistas, colaboradores del partido o personas próximas al presidente para presentar una imagen de deterioro institucional. El Ejecutivo responde separando cada causa, defendiendo la autonomía de los tribunales y acusando al PP de intentar convertir las investigaciones en una condena anticipada.

Entre ambos discursos queda una realidad bastante menos espectacular: Sánchez continúa gobernando porque ninguna mayoría parlamentaria ha logrado sustituirlo. Puede perder votaciones, sufrir el distanciamiento de sus aliados y afrontar una erosión política severa; mientras conserve los apoyos necesarios para evitar una moción de censura, seguirá en la Moncloa.

Qué tendría que ocurrir para que el PP dé el paso

La moción comenzaría a tomar forma real si Junts, el PNV o varios diputados de otros grupos comunican al PP que están dispuestos a alcanzar los 176 votos necesarios. No bastaría con pedir elecciones, criticar al Gobierno o dar por terminada la legislatura. Tendrían que votar a favor de un candidato alternativo.

Feijóo ha dejado claro que no pretende registrar una iniciativa para perderla. Su partido puede hacerlo sin ayuda, porque supera ampliamente las 35 firmas exigidas, pero quiere llegar al debate con el resultado cerrado. Esa prudencia tiene una explicación evidente: una moción fallida reforzaría temporalmente a Sánchez y desactivaría parte de la presión sobre sus socios.

La iniciativa tendría que proponer un candidato, previsiblemente Feijóo, si el PP lidera la operación. Después de su presentación deben transcurrir al menos cinco días antes de la votación, y durante los dos primeros podrían registrarse mociones alternativas.

Si fuese aprobada, el Gobierno presentaría su dimisión y el candidato incluido en la moción quedaría investido presidente. A partir de ahí podría convocar elecciones, como ha prometido el líder popular, aunque esa convocatoria no forma parte automática de la moción: sería una decisión posterior del nuevo jefe del Ejecutivo.

El Congreso decide entre el desgaste y el relevo

La declaración del PP eleva la presión sobre Sánchez, pero no cambia todavía el equilibrio del Congreso. Feijóo dispone de las firmas, del candidato y del respaldo probable de Vox; lo que no tiene son los cuatro votos adicionales que convertirían la amenaza en una alternativa de Gobierno.

La continuidad de la legislatura depende menos de los discursos del PP que de las decisiones de Junts, PNV y el resto de socios de investidura. Pueden seguir alejándose de Sánchez, bloquear sus proyectos e incluso reclamar elecciones sin facilitar su destitución. Esa zona gris, incómoda y algo barroca, es precisamente donde sobrevive el Ejecutivo.

Así que la moción de censura está disponible, sí, pero guardada en el cajón de la aritmética parlamentaria. Para abrirlo hacen falta 176 llaves. De momento, al PP todavía le faltan algunas.