COP30 en Belém: avances climáticos con una gran deuda pendiente

La COP30 de Belém dejó acuerdos útiles para organizar la adaptación al cambio climático y puso en marcha iniciativas para proteger los bosques, pero no logró un compromiso común para reducir la dependencia del petróleo, el gas y el carbón. El balance es, por tanto, parcial: hubo avances concretos, aunque insuficientes frente a la dimensión del problema.

La cumbre, celebrada en Brasil durante 13 días y con 195 países presentes, terminó con un paquete de decisiones que refuerza la cooperación en algunos ámbitos, pero evita el principal choque político de las negociaciones. Su valor no se mide solo por lo que se aprobó: también por lo que quedó fuera, por la financiación que todavía no está garantizada y por la capacidad de convertir los compromisos en cambios reales. Belém mantuvo abierta la negociación internacional, pero no cambió el rumbo de las emisiones con la contundencia que reclamaban muchos países.

Un acuerdo con avances, pero sin el giro energético esperado

El resultado central de la conferencia se conoce como Paquete de Belém y tiene como pieza política destacada la decisión Mutirão. El conjunto reconoce la distancia entre los compromisos climáticos actuales y lo necesario para contener el calentamiento, e insta a los países a revisar sus planes nacionales. Sin embargo, reconocer la brecha no equivale a cerrarla: el texto no impone una reducción concreta de la producción ni del consumo de combustibles fósiles.

La ausencia es especialmente significativa porque más de 80 países habían pedido incluir una referencia explícita a una transición para dejar atrás el carbón, el petróleo y el gas. El acuerdo no incorporó una hoja de ruta global con ese objetivo. En su lugar, abrió la puerta a iniciativas voluntarias para los países que quieran acelerar la reducción de emisiones asociadas a los combustibles fósiles, con atención al compromiso adoptado en la COP28 de abandonar progresivamente estas fuentes de energía.

La diferencia entre una hoja de ruta acordada por todos y una iniciativa voluntaria no es solo de lenguaje. En el primer caso habría un marco político compartido para orientar y medir la transición; en el segundo, cada país conserva margen para decidir si participa y qué medidas adopta. La presidencia brasileña anunció su intención de impulsar una ruta voluntaria sobre combustibles fósiles, pero esa iniciativa no forma parte de una obligación común asumida por la conferencia.

Por eso, la falta de una mención directa a los fósiles no debe interpretarse como una decisión de mantenerlos sin cambios, pero tampoco como un acuerdo para eliminarlos. El compromiso climático de París se centra en limitar las emisiones, mientras que varios gobiernos sostienen que las negociaciones no deben determinar qué fuentes energéticas pueden explotar. Esa disputa permitió que el texto final avanzara en otros terrenos, a costa de dejar intacta la cuestión que condiciona buena parte de las emisiones globales.

Adaptarse al cambio climático, con indicadores por primera vez

Uno de los progresos más claros de Belém fue la aprobación de un conjunto de indicadores para evaluar la adaptación. Hasta ahora, los países no disponían de una base compartida suficientemente ordenada para comparar cómo se preparan ante los efectos de un clima más extremo. Los indicadores ofrecen un lenguaje común para observar avances en ámbitos como las alertas de emergencia, la prevención de inundaciones y la preparación de infraestructuras. Su aportación principal es hacer más visible un trabajo que suele quedar detrás de la reducción de emisiones.

El conjunto aprobado es más reducido que algunas propuestas iniciales, y medir la preparación no significa que una comunidad esté automáticamente protegida. Un indicador puede mostrar si existe un plan o un sistema de alerta, pero no garantiza por sí solo que funcione durante una inundación o una ola de calor. La utilidad dependerá de cómo se aplique, de la calidad de la información y de que los países puedan sostener las medidas en el tiempo. La decisión abre, además, un proceso de dos años para precisar cómo se utilizarán estas herramientas.

Ese matiz importa porque la adaptación no es una alternativa a la mitigación. Preparar ciudades, cultivos y servicios esenciales para los impactos que ya se producen puede reducir daños, pero no detiene el calentamiento. A la vez, cuanto más aumentan las emisiones, más difícil y costoso resulta proteger a las poblaciones. Los indicadores pueden ayudar a ordenar la respuesta, aunque no sustituyen la reducción de gases de efecto invernadero ni la inversión necesaria.

La conferencia también respaldó el objetivo de triplicar para 2035 la financiación destinada a la adaptación de los países en desarrollo. La referencia parte de un objetivo de 40.000 millones de dólares anuales para 2025, por lo que triplicarlo supondría alcanzar al menos 120.000 millones al año. Pero el acuerdo fija una dirección política, no un mecanismo que garantice automáticamente el dinero: siguen abiertas las preguntas sobre quién aporta, en qué condiciones y cuánto llegará como financiación nueva, en vez de préstamos que aumenten la deuda.

Ese es el límite práctico del anuncio. Para un país expuesto a sequías, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos, una cifra global solo se convierte en protección cuando se traduce en recursos accesibles para obras, servicios y sistemas de prevención. También importa que el dinero llegue a las comunidades más vulnerables, que suelen tener menos responsabilidad histórica en las emisiones y menos capacidad para afrontar las pérdidas. Belém colocó la adaptación más arriba en la agenda, pero dejó pendiente la garantía de que los recursos prometidos se materialicen.

Justicia climática y bosques: compromisos que necesitan continuidad

El Paquete de Belém creó un mecanismo de transición justa, denominado Mecanismo de Acción de Belém. La idea es que el cambio hacia economías con menos emisiones no se limite a sustituir unas tecnologías por otras, sino que atienda también a las personas afectadas, a la equidad y a las diferencias de capacidad entre países. El mecanismo prevé reforzar la cooperación internacional, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos. Su planteamiento sitúa las consecuencias sociales de la transición dentro de la negociación climática.

El alcance real dependerá de cómo se concrete ese apoyo. La expresión transición justa puede abarcar desde la transformación del empleo hasta el acceso a energía y tecnología, pero el anuncio no resuelve por sí mismo quién financia las medidas ni cómo se distribuyen sus beneficios. Los países con menos recursos reclaman que la transición no se convierta en una carga adicional ni les impida desarrollar servicios esenciales. Sin financiación y colaboración técnica, el mecanismo corre el riesgo de quedarse en una estructura política con resultados desiguales.

Los pueblos indígenas recibieron un reconocimiento más explícito por su papel en la protección de los bosques y en la adaptación al clima. Es un avance relevante en una cumbre celebrada en la Amazonía, donde la conservación no puede entenderse sin las comunidades que habitan esos territorios. Pero el reconocimiento en un documento no equivale a participación efectiva en las decisiones ni garantiza que se respeten sus derechos. La prueba estará en que su conocimiento y su voz influyan en las políticas, no solo en el lenguaje de los acuerdos.

En materia forestal, Brasil impulsó el Fondo para Siempre los Bosques Tropicales, un mecanismo pensado para recompensar a los países según los resultados verificados de conservación. La propuesta pretende movilizar hasta 125.000 millones de dólares a largo plazo y había reunido compromisos iniciales por unos 5.500 millones. A diferencia de una ayuda desligada de los resultados, este modelo vincula los pagos a la protección efectiva de los bosques. Su promesa consiste en convertir la conservación en una fuente de ingresos sostenida para los países tropicales.

Ese diseño también plantea cuestiones que la cifra anunciada no resuelve. Los compromisos iniciales no equivalen al fondo completo ni significan que todo el dinero esté disponible de inmediato. Además, un sistema basado en resultados necesita criterios verificables y salvaguardas para evitar que la medición de hectáreas protegidas deje fuera otros aspectos, como la biodiversidad o los derechos de las comunidades. El fondo puede abrir una vía importante, pero su eficacia dependerá de la financiación efectiva y de las reglas con las que se evalúe la conservación.

Comercio y clima, un nuevo frente de negociación

Por primera vez, las negociaciones climáticas abrieron un diálogo sobre la relación entre las normas comerciales y las medidas ambientales. El proceso durará tres años y responde a una tensión creciente: algunos países consideran que las políticas climáticas de sus socios pueden convertirse en barreras para sus exportaciones. Entre los puntos sensibles está el mecanismo europeo de ajuste de carbono en frontera, que afecta a productos con emisiones elevadas, como el acero, el cemento, el aluminio y los fertilizantes.

La Unión Europea plantea ese instrumento como una forma de evitar que la producción se desplace a países con normas climáticas menos exigentes y de que los productos importados soporten un coste comparable al de los fabricados dentro del bloque. China, India y otros países exportadores han cuestionado el impacto de este tipo de medidas. El diálogo acordado en Belém no elimina el desacuerdo ni modifica por sí solo las reglas comerciales: abre un espacio para discutir si esas políticas aceleran la transición o generan nuevas fricciones internacionales.

La cuestión tiene implicaciones que van más allá de los aranceles. Las tecnologías limpias, las cadenas de suministro y el acceso a mercados pueden facilitar o encarecer la transición energética. Si las medidas ambientales se perciben como una imposición unilateral, pueden aumentar las tensiones entre países; si no existen incentivos para reducir emisiones en la industria, las diferencias de regulación pueden debilitar los objetivos climáticos. El nuevo diálogo reconoce que el comercio mundial puede ser parte del problema o de la solución, pero todavía no establece cómo resolver los conflictos concretos.

El precio de organizar la cumbre y el valor del proceso

La valoración de una conferencia de esta escala también pasa por los recursos necesarios para celebrarla y por su impacto en la ciudad anfitriona. Según cifras atribuidas al Gobierno brasileño, el gasto federal vinculado a la organización rondó los 5.000 millones de reales; dentro de ese desembolso, el contrato con la Organización de Estados Iberoamericanos se cifró en unos 946,9 millones de reales. A esas cantidades se sumaron obras, logística y servicios públicos, aunque no todas las estimaciones incluyen los mismos conceptos. El coste de la COP no puede reducirse a una única cifra sin aclarar qué partidas incorpora.

Belém afrontó una transformación urbana acelerada para recibir a delegaciones, observadores y organizaciones. Las obras de movilidad, drenaje y saneamiento pueden dejar beneficios más allá de los días de la conferencia, pero también suscitaron críticas por su impacto en espacios verdes y por las prioridades elegidas. La cumbre puso bajo la lupa una contradicción: organizar una reunión sobre resiliencia climática en una ciudad vulnerable exige infraestructuras, pero estas deben responder a las necesidades locales y no solo a la urgencia del evento.

La logística también estuvo marcada por dificultades en los alojamientos y por un incendio en la zona de pabellones que obligó a evacuar el recinto durante varias horas. El incidente no invalida las decisiones aprobadas, pero sí recuerda que la organización de una cumbre mundial tiene efectos materiales y riesgos que forman parte de su balance. El esfuerzo de recibir al mundo solo deja un legado convincente si las obras y los recursos sirven también a quienes viven allí.

En el plano diplomático, la ausencia de la delegación estadounidense pesó en una negociación sobre financiación y compromisos globales. Al mismo tiempo, la presencia de 195 países y la aprobación de un paquete común muestran que el proceso multilateral no se rompió, pese a las diferencias entre productores de combustibles fósiles, países vulnerables y economías que reclaman más apoyo. Mantener a los gobiernos en la mesa tiene valor, pero no debe confundirse con alcanzar la ambición necesaria. El consenso preserva el marco de cooperación; no garantiza por sí mismo decisiones suficientemente rápidas.

Lo que Belém deja en manos de la COP31

Los asuntos sin resolver pasarán a las siguientes rondas de negociación. La COP31 está prevista para 2026 en Antalya, Turquía, con Australia al frente de las negociaciones preparatorias. Allí seguirá sobre la mesa la disputa por una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, junto con la financiación para adaptación y la aplicación de los nuevos indicadores. La siguiente cumbre heredará decisiones que Belém dejó abiertas, no un acuerdo energético ya encaminado.

La pregunta sobre el valor de la COP30 admite una respuesta distinta según el criterio. Como espacio para conservar el diálogo entre casi 200 países, establecer referencias comunes para medir la adaptación y lanzar iniciativas sobre bosques y transición justa, produjo avances que pueden servir en los próximos años. Como respuesta al origen central del calentamiento, el resultado fue débil: no hubo una hoja de ruta global vinculante para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la financiación anunciada aún debe traducirse en aportaciones efectivas.

Belém, por tanto, no fue un éxito rotundo ni una cumbre vacía. Dejó instrumentos que podrían mejorar la cooperación y el seguimiento, pero su importancia dependerá de lo que hagan los gobiernos después: cumplir sus compromisos, aportar recursos y elevar la ambición de sus planes. La medida definitiva del encuentro no estará en el número de acuerdos, sino en si estos reducen emisiones y protegen a las poblaciones expuestas.