¿Por qué la guerra civil de Myanmar ya supera los 100.000 muertos?

Más de 100.000 personas han muerto en Myanmar desde el golpe militar de febrero de 2021, según el último recuento de Armed Conflict Location & Event Data, la organización independiente conocida como ACLED. Su base de datos registra exactamente 100.114 fallecidos relacionados con el conflicto, una cifra que incluye víctimas de todos los bandos: civiles, militares, guerrilleros prodemocráticos y combatientes de organizaciones étnicas armadas.

No son, por tanto, 100.000 civiles asesinados, una diferencia importante cuando los números adquieren vida propia en titulares y redes sociales. Pero tampoco es un balance definitivo. No existe un registro oficial fiable y ACLED construye sus estimaciones mediante informaciones de prensa, fuentes locales y acontecimientos violentos documentados. En un territorio marcado por apagones de internet, censura y regiones inaccesibles, el contador debe leerse como un mínimo acreditado, no como la última palabra.

Más de 100.000 muertos, pero no todos son civiles

El umbral alcanzado en julio de 2026 coloca a Myanmar ante una fotografía brutal: una media aproximada de más de 1.500 muertes mensuales desde la asonada militar. Hay meses con frentes relativamente quietos y otros en los que pueblos enteros quedan atrapados entre ofensivas terrestres, bombardeos y represalias. La estadística aplana esas diferencias. Detrás aparecen soldados reclutados a la fuerza, adolescentes incorporados a la resistencia, familias alcanzadas en mercados y enfermos sepultados bajo hospitales.

ACLED contabiliza las llamadas muertes relacionadas con el conflicto, una categoría más amplia que las víctimas civiles verificadas por organizaciones de derechos humanos. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, por ejemplo, ha seguido principalmente los asesinatos vinculados a la represión militar, mientras Naciones Unidas aplica estándares de verificación propios y más restrictivos. Los balances no se contradicen necesariamente: miden realidades distintas dentro de una guerra donde incluso identificar un cadáver puede ser imposible.

La cifra llega, además, después de un crecimiento sostenido. En febrero de 2026, ACLED situaba el balance en al menos 93.300 fallecidos. Cinco meses después ya supera los 100.000. La guerra de Myanmar no ha sufrido un súbito estallido final; ha continuado triturando vidas con la regularidad gris de una maquinaria que apenas aparece en las portadas occidentales.

Del golpe a una guerra extendida por todo el país

El ejército tomó el poder el 1 de febrero de 2021, detuvo a Aung San Suu Kyi y anuló la victoria electoral de su partido, la Liga Nacional para la Democracia. Las protestas iniciales fueron esencialmente pacíficas. La respuesta de las fuerzas de seguridad —disparos, detenciones y torturas— empujó a numerosos activistas a abandonar las ciudades y organizar guerrillas conocidas como Fuerzas de Defensa del Pueblo.

Aquella insurrección no nació sobre un terreno vacío. Myanmar arrastraba desde su independencia una constelación de conflictos con minorías étnicas que reclamaban autonomía, derechos políticos o control de sus territorios. Los nuevos combatientes prodemocráticos se aliaron, con distintos grados de coordinación, con ejércitos karen, kachin, karenni, chin y otras organizaciones veteranas. El resultado fue una guerra nacional, sí, pero sin un único frente ni un mando opositor capaz de dirigirla desde un mapa limpio.

ACLED ha identificado más de 1.200 grupos armados diferentes implicados desde el golpe y define Myanmar como el conflicto más fragmentado del mundo. Algunos grupos cooperan; otros compiten por territorio, rutas comerciales o influencia política. Las alianzas cambian y las treguas locales pueden convivir con ofensivas a pocos kilómetros. Lo que en una región parece una guerra democrática contra la junta, en otra mantiene la forma de una disputa étnica anterior al golpe.

Esa fragmentación explica por qué la resistencia ha logrado conquistas importantes sin conseguir derribar al poder central. Desde finales de 2023, varias ofensivas rebeldes arrebataron al ejército bases, ciudades y pasos fronterizos. La junta perdió capacidad para dominar amplias zonas rurales, pero conserva la aviación, las grandes instituciones estatales y los centros urbanos decisivos. El territorio se ha convertido en un mosaico de autoridades, puestos de control y fronteras invisibles. Cruzar de un pueblo a otro puede significar cambiar de Gobierno sin encontrar un solo cartel.

El aire se ha convertido en el frente más cruel

Cuando el ejército pierde terreno, mira hacia arriba. Los ataques aéreos se han consolidado como su principal ventaja militar y como la mayor causa de destrucción entre la población civil. El informe más reciente de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas verificó al menos 702 civiles muertos entre agosto de 2025 y enero de 2026. De ellos, 505 fallecieron en ataques ejecutados con cazas, drones, paramotores y giroscopios.

Las fuentes abiertas examinadas por la ONU elevaban el balance del mismo periodo a más de 1.000 civiles muertos durante unos 1.400 ataques aéreos. Son cifras que retratan una estrategia cada vez más dependiente del bombardeo remoto, especialmente en las zonas donde las fuerzas terrestres han perdido movilidad o control.

Las bombas han caído sobre escuelas, mercados, monasterios, hospitales y campamentos de desplazados. El 10 de diciembre de 2025, dos proyectiles destruyeron parte del hospital de Mrauk-U, en el estado occidental de Rakáin, y mataron a 33 civiles, entre ellos un bebé de tres meses. La instalación tenía 300 camas. Fue uno de los ataques más mortíferos contra el sistema sanitario desde el golpe.

Naciones Unidas también ha documentado abusos cometidos por organizaciones contrarias a la junta, incluidos atentados, secuestros y ataques que pusieron en peligro a civiles durante el proceso electoral. La responsabilidad no es una prenda exclusiva de un uniforme. Con todo, el informe identifica la campaña aérea militar como la principal fuente de muerte y devastación civil durante el periodo analizado. La asimetría es evidente: unos grupos pueden colocar explosivos; el Estado dispone de aviones de combate.

Paramotores, giroscopios y bombas casi invisibles

La junta ha incorporado aeronaves pequeñas y baratas que parecen sacadas de un catálogo deportivo: paramotores con una vela, un motor y dos o tres soldados que lanzan explosivos manualmente. Pueden acercarse de noche, apagar el motor y planear durante los últimos metros. El ruido desaparece; después llega la detonación.

Entre agosto de 2025 y enero de 2026, Naciones Unidas contabilizó 209 ataques con paramotores y 102 con giroscopios, con al menos 134 civiles muertos. ACLED había registrado apenas dos incidentes con paramotores en 2024, pero documentó 353 durante 2025 y más de un centenar en los primeros meses de 2026.

Son aparatos difíciles de detectar, requieren poca infraestructura y permiten bombardear aldeas alejadas de las bases aéreas. La modernidad militar, a veces, consiste en convertir una máquina recreativa en una pesadilla nocturna.

Desplazamiento, hambre y servicios públicos en ruinas

La guerra ha expulsado de sus hogares a unos 3,7 millones de habitantes, de acuerdo con Naciones Unidas, aunque el propio organismo admite que el número real probablemente sea mayor. Muchas familias no aparecen en registros oficiales porque se refugian en bosques, monasterios, viviendas de parientes o asentamientos improvisados. A los desplazamientos causados por los combates se sumaron el terremoto de marzo de 2025 y las inundaciones estacionales.

El hambre avanza por el mismo camino. Unos 9,2 millones de habitantes afrontan inseguridad alimentaria aguda y más de un tercio de la población necesita asistencia humanitaria. Rakáin, Sagaing y otras zonas disputadas sufren bloqueos, encarecimiento de alimentos, cortes eléctricos y dificultades para recibir combustible o medicamentos.

Una familia puede sobrevivir al bombardeo y perder después la cosecha, la casa y la posibilidad de llegar a una clínica. La guerra continúa fuera del campo de batalla, instalada en el precio del arroz, en una farmacia vacía o en la distancia imposible hasta el hospital más cercano.

El plan humanitario de 2026 solicitó 890 millones de dólares para asistir a 4,9 millones de personas, aunque los organismos internacionales han concentrado sus recursos más escasos en 2,6 millones de habitantes con necesidades extremas. En 2025, las organizaciones de ayuda humanitaria alcanzaron al menos una vez a 6,3 millones de personas; el matiz importa: recibir una bolsa de comida o una consulta médica aislada no equivale a disponer de atención estable.

La población rohinyá continúa soportando una capa adicional de persecución. Excluida de la ciudadanía y del proceso electoral, ha sufrido restricciones impuestas por el ejército, reclutamientos forzosos atribuidos al Ejército de Arakán y nuevos desplazamientos. Myanmar no alberga una sola tragedia, sino varias superpuestas. Cada una parece reclamar su propia columna de cifras, como si el sufrimiento pudiera ordenarse en una hoja de cálculo.

Las elecciones militares no han traído la paz

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el ejército organizó unas elecciones bajo su control, sin la Liga Nacional para la Democracia y con amplias zonas excluidas por los combates. El partido vinculado a los militares, el USDP, obtuvo una mayoría abrumadora en un Parlamento que ya reservaba numerosos escaños a las Fuerzas Armadas. Aung San Suu Kyi permaneció detenida e incomunicada.

En abril, Min Aung Hlaing —arquitecto del golpe y jefe de la junta durante cinco años— asumió la Presidencia bajo apariencia civil. El cambio de uniforme por traje no ha detenido los bombardeos ni ha abierto una negociación política sustancial. La semántica, por desgracia, desactiva pocas bombas.

ACLED considera que el proceso electoral consolidó el poder militar sin crear mecanismos capaces de resolver el enfrentamiento. La junta obtuvo instituciones, cargos y ceremonias. La paz, no.

El conflicto fue el segundo más intenso del mundo durante 2025, solo por detrás de los territorios palestinos según el índice de ACLED. Pese a ello, su presencia internacional sigue siendo intermitente. Myanmar carece del peso geopolítico de otras guerras, la información entra con dificultad y la complejidad de sus actores no cabe bien en un titular de diez palabras. El silencio exterior no reduce la violencia; apenas la hace menos visible.

Cien mil muertos y una guerra que sigue creciendo

Los 100.114 fallecidos no anuncian el final de una etapa. Son un mojón colocado en mitad de una carretera que continúa. El ejército no ha recuperado el control completo del territorio, la oposición no posee fuerza suficiente para conquistar el Estado y ninguna negociación reúne a los principales actores. Mientras tanto, la aviación compensa las derrotas terrestres y la población aprende a distinguir el sonido de un reactor, un dron o un paramotor.

Tampoco existe una contabilidad capaz de abarcarlo todo. Quedan personas desaparecidas, cadáveres sin identificar y muertes indirectas provocadas por heridas sin tratamiento, enfermedades, hambre o desplazamientos. La cifra de ACLED ofrece la aproximación más amplia disponible sobre los muertos de todos los bandos; no mide toda la pérdida humana.

Esa es la parte más incómoda del balance: superar los 100.000 muertos no significa que por fin sepamos cuántos han muerto, sino que ya no puede fingirse que Myanmar atraviesa una crisis secundaria.