¿Puede Sánchez seguir tras exigir el Congreso su dimisión inmediata?

El Congreso de los Diputados ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez, pero esa votación no lo expulsa de La Moncloa ni provoca automáticamente elecciones generales. La moción impulsada por el Partido Popular salió adelante gracias a los votos de PP, Vox, Junts y UPN: 178 diputados respaldaron que el presidente valore una cuestión de confianza y 177 apoyaron que asuma responsabilidades políticas mediante su renuncia. Ambos resultados superan la mayoría absoluta, aunque el acuerdo carece de efectos jurídicos obligatorios.

Pedro Sánchez puede, por tanto, continuar gobernando. Y eso es exactamente lo que ha decidido hacer. El presidente ha descartado tanto la dimisión como el adelanto electoral y mantiene su intención de llegar a las elecciones de 2027. La legalidad está de su lado; la comodidad parlamentaria, bastante menos. El Gobierno conserva el despacho, el BOE y el Consejo de Ministros, pero ha perdido otra capa de la mayoría parlamentaria que permitió su investidura.

La escena tiene algo de paradoja española: una mayoría del Congreso pide al presidente que se vaya, mientras esa misma mayoría no logra ponerse de acuerdo para nombrar a quien debería sustituirlo. Mucho ruido en el hemiciclo, golpes sobre la madera de los escaños y gritos de dimisión. La Constitución, poco impresionable ante la escenografía, exige algo más.

El Congreso vota, pero no destituye

La iniciativa aprobada es una moción consecuencia de una interpelación, un instrumento mediante el cual la Cámara Baja fija su posición política e insta al Gobierno a actuar. No equivale a una moción de censura ni retira por sí misma la confianza otorgada durante la investidura. El propio texto reconoce expresamente su carácter político y su falta de vinculación jurídica.

El punto relativo a la cuestión de confianza obtuvo 178 votos favorables y 171 contrarios. Coalición Canaria apoyó este apartado, mientras que se abstuvo en el siguiente, dedicado directamente a la dimisión. De ahí que la petición de renuncia quedara en 177 votos. No es una diferencia menor para reconstruir la fotografía exacta, aunque ambos pronunciamientos alcanzaron la mayoría absoluta.

Una cuestión de confianza solo puede plantearla el presidente del Gobierno después de deliberarla con el Consejo de Ministros. Sánchez necesitaría mayoría simple para superarla. Si la perdiera, tendría que presentar su dimisión al rey y comenzaría un nuevo procedimiento de investidura. El Congreso puede pedirle que lo haga, incluso con voz grave y gesto solemne, pero no puede pulsar ese botón en su nombre.

Por qué la votación cambia el tablero

Que la moción no sea obligatoria no significa que resulte irrelevante. La votación demuestra que existe una mayoría parlamentaria capaz de censurar políticamente a Sánchez, bloquear iniciativas y convertir cada pleno en una negociación incierta. Esa mayoría negativa, sin embargo, coincide en desgastar al presidente, no en construir un Gobierno alternativo.

La pieza decisiva ha sido Junts. Los siete diputados independentistas, imprescindibles para la investidura de 2023, se sumaron al PP, Vox y UPN. El mensaje es áspero: Sánchez ya no puede presentar a todos sus antiguos apoyos como una mayoría estable, ni siquiera como una comunidad de intereses duradera. En esta legislatura, la aritmética se parece cada vez más a una puerta vieja: todavía abre, pero hay que empujarla con el hombro.

El Ejecutivo también sufrió durante ese pleno la derrota de otro decreto, el quinto rechazado en 2026, aunque consiguió sacar adelante los descuentos del transporte para jóvenes y varias iniciativas legislativas. No existe una parálisis absoluta, pero sí una gobernabilidad a la carta: cada proyecto necesita una combinación distinta de votos y cualquier socio puede cobrar muy caro su apoyo o retirarlo sin previo aviso.

Junts quiere otro presidente, no necesariamente elecciones

La posición de Junts contiene el giro más singular de esta crisis. El partido de Carles Puigdemont no propone entregar el Gobierno a Feijóo ni facilitar una coalición de PP y Vox. Su alternativa consiste en que Sánchez se aparte y que la mayoría que lo invistió elija a otro candidato, previsiblemente socialista, capaz de terminar la legislatura y cumplir los acuerdos pendientes con Cataluña.

Míriam Nogueras lo expresó sin demasiado algodón durante la comparecencia parlamentaria: pidió a Sánchez que se apartara y permitiera al Parlamento colocar a alguien con capacidad para reconstruir la mayoría. También sostuvo que los incumplimientos, la pérdida de apoyos y los casos de corrupción habían convertido al presidente en el principal obstáculo para completar la legislatura.

Ahí aparece la diferencia entre pedir la dimisión y respaldar una censura. Junts puede votar junto al PP para debilitar a Sánchez y, al mismo tiempo, negarse a investir a Feijóo. Son dos movimientos compatibles, por más que desde las trincheras partidistas se finja sorpresa. La política parlamentaria no siempre dibuja bloques de hormigón; a veces es una plaza con varias salidas y nadie camina hasta el final por la misma calle.

La corrupción como detonante

La moción llega después de la condena del Tribunal Supremo al exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sentenciado a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso de los contratos de mascarillas. Su exasesor Koldo García fue condenado a 19 años y ocho meses. Ábalos ha anunciado que pedirá la nulidad de la sentencia y mantiene su inocencia.

A esa sentencia se añaden otros procedimientos judiciales que afectan a antiguos dirigentes socialistas y al entorno personal del presidente, cada uno en una fase procesal diferente. Conviene no meterlos todos en el mismo saco, esa costumbre tan rentable en televisión y tan pobre jurídicamente: una investigación no es una condena, una apertura de juicio no prueba culpabilidad y la responsabilidad penal siempre es individual.

La responsabilidad política funciona de otra manera. El PP sostiene que Sánchez debe responder por haber nombrado y mantenido en puestos centrales a personas después condenadas o investigadas. El presidente replica que los comportamientos delictivos fueron individuales, que el PSOE apartó a los implicados y que no existe una corrupción generalizada dentro del Gobierno. Esa es la disputa de fondo: no solo qué ocurrió, sino hasta dónde alcanza la responsabilidad de quien eligió a los protagonistas.

La salida jurídica que nadie ha activado

Para derribar a Sánchez sin esperar a las urnas existe un mecanismo constitucional concreto: la moción de censura constructiva, que debe incluir un candidato alternativo y obtener mayoría absoluta. No basta con sumar votos contra el presidente; hay que reunirlos alrededor de otra persona. Esa segunda operación es, de momento, la que no cuadra.

Feijóo ha sugerido que podría presentar una moción de censura, pero el Partido Popular no cuenta con el compromiso de Junts para investirlo. Los independentistas rechazan facilitar un Ejecutivo sostenido por Vox, mientras que ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y el resto de aliados progresistas tampoco contemplan esa alternativa. El resultado es un bloqueo peculiar: hay votos suficientes para decirle a Sánchez que se marche, pero no para señalar quién debe ocupar su silla.

Una dimisión tampoco conduciría necesariamente a elecciones generales inmediatas. Abriría una nueva ronda de consultas del rey y otro proceso de investidura. Solo si ningún candidato consiguiera los apoyos requeridos durante el plazo constitucional se disolverían las Cortes. La propuesta de Junts explota precisamente ese margen: cambiar al presidente sin entregar el poder a la derecha ni adelantar las urnas.

Sánchez elige resistir hasta 2027

La respuesta de Sánchez ha sido cerrar filas. Ante el Comité Federal del PSOE reconoció el enfado provocado por los casos de corrupción, prometió depurar responsabilidades y reafirmó su propósito de continuar: “A gobernar hasta 2027 y más allá”. La mayoría de las federaciones socialistas respaldó esa estrategia, con Emiliano García-Page como principal voz crítica al reclamar elecciones o una cuestión de confianza.

Su cálculo es reconocible. Adelantar las elecciones en plena tormenta judicial supondría acudir a las urnas en el momento escogido por la oposición. Resistir ofrece tiempo para recuperar iniciativa, aprobar medidas sociales, impulsar los Presupuestos, abordar la financiación autonómica y esperar que el ruido de los tribunales pierda intensidad. También entraña un riesgo evidente: que cada nueva revelación, derrota parlamentaria o choque con Junts convierta ese tiempo adicional en una lenta erosión.

El PP, por su parte, obtiene una victoria simbólica potente, pero sigue ante su propio dilema. Puede presentar una moción de censura destinada a fracasar, con el coste de exhibir que no dispone de mayoría alternativa, o mantener la presión mientras intenta acercarse a Junts. Su reciente voluntad de pasar página en Cataluña no resulta ajena a esa aritmética. La geometría parlamentaria ablanda convicciones con una eficacia casi medicinal.

Una presidencia legítima bajo vigilancia permanente

Pedro Sánchez continúa siendo presidente con plena legitimidad constitucional. La moción aprobada no lo destituye, no convoca elecciones y tampoco lo obliga a someterse a una cuestión de confianza. Confundir una censura política con una caída jurídica sería contar solo la mitad de la noticia.

La otra mitad tampoco favorece a La Moncloa. Una mayoría absoluta del Congreso ha pedido su dimisión, Junts ha roto la disciplina de la antigua mayoría de investidura y el Gobierno afronta una legislatura donde aprobar cualquier decisión relevante será más difícil. Sánchez puede seguir. La cuestión política ya no es si la Constitución se lo permite, porque se lo permite, sino cuánto puede gobernar un presidente que conserva el cargo mientras pierde, votación a votación, el suelo que lo sostenía.