Groenlandia abre una grieta inédita entre Londres y Washington

La posibilidad de un enfrentamiento entre Estados Unidos y países europeos por Groenlandia ha dejado de ser una hipótesis confinada a los círculos militares. En Londres, el exgeneral británico Richard Shirreff ha advertido de que Europa debe contemplar incluso un choque armado, aunque ese escenario siga siendo extremo. La discusión revela hasta qué punto la presión de Donald Trump sobre la isla ha alterado una relación que durante décadas se apoyó en la confianza entre aliados.

La amenaza comercial de Washington, la falta de claridad sobre el uso de la fuerza y los movimientos militares europeos han elevado la tensión. Trump anunció después un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia, pero los términos disponibles son incompletos y no equivalen por sí solos a un pacto plenamente aprobado. El asunto central sigue intacto: la soberanía y el futuro de la isla no pueden decidirse al margen de Groenlandia y Dinamarca.

La advertencia que llevó el escenario extremo al debate británico

Shirreff, antiguo comandante supremo adjunto de la OTAN para Europa, planteó en un artículo de opinión la posibilidad de que fuerzas europeas acabaran enfrentándose a tropas estadounidenses en territorio groenlandés. Su intervención tuvo repercusión porque procede de un militar retirado que ocupó un cargo de alto nivel en la estructura aliada. No estaba anunciando un conflicto inminente: puso sobre la mesa una contingencia que, hasta hace poco, resultaba casi imposible de formular en público.

Su advertencia es también una crítica a la dependencia europea de Washington. Durante años, buena parte de la defensa del continente se ha organizado bajo la premisa de que Estados Unidos sería el garante principal frente a amenazas externas. Si ese socio empleara presión económica o militar contra un aliado, argumenta Shirreff, la estructura perdería su razón de ser. La cuestión no es solo quién controla una isla, sino si los miembros de una alianza pueden seguir considerándose socios cuando uno amenaza a otro.

El lenguaje empleado por el exgeneral fue especialmente duro y describió a Estados Unidos como un actor que podría comportarse de manera depredadora. Esa valoración es suya, no una posición oficial del Gobierno británico ni de la OTAN. Pero la reacción que generó muestra que el debate ya ha rebasado la discusión sobre aranceles y se ha instalado en el terreno de la seguridad europea. Imaginar un enfrentamiento no lo vuelve probable; sí obliga a pensar qué mecanismos impedirían que una crisis se descontrole.

Aranceles con calendario y una amenaza ligada a la isla

La parte más concreta de la presión de Trump es económica. El presidente estadounidense anunció un arancel del 10% para los productos británicos desde el 1 de febrero y amenazó con elevarlo al 25% a partir del 1 de junio, hasta que se alcanzara un acuerdo para adquirir Groenlandia. La medida también afectaría a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia. Consultado sobre si cumpliría la amenaza, Trump respondió afirmativamente, mientras que ante una pregunta sobre el uso de la fuerza evitó descartarlo.

Los gravámenes convertirían una disputa territorial en un coste directo para empresas y consumidores. Un arancel general del 10%, y después del 25%, puede alterar precios, contratos y cadenas de suministro, aunque el impacto concreto depende de los productos afectados y de cómo se aplique la medida. El efecto político también sería importante: los gobiernos europeos tendrían que responder a una presión que no procede de un rival, sino de su principal socio militar. Una amenaza comercial puede dañar la confianza incluso antes de que entre en vigor.

La disputa amenaza además con complicar el acuerdo comercial alcanzado entre Bruselas y Washington en julio del año anterior, que establecía un arancel máximo del 15% para las exportaciones europeas a Estados Unidos. La posibilidad de imponer tarifas adicionales por la posición de cada país sobre Groenlandia abre un frente distinto del debate sobre las reglas comerciales. Trump ya ha presentado los aranceles como una herramienta para obtener concesiones en otros asuntos, y en esta ocasión los vincula expresamente a su objetivo sobre la isla.

En una intervención centrada en política sanitaria, el mandatario sostuvo que la amenaza de gravámenes a países europeos le había servido para presionar sobre el precio de los medicamentos. Después sugirió que podía aplicar una estrategia semejante en el caso groenlandés. No detalló cómo funcionaría ni qué condiciones concretas exigiría a cada país. Esa falta de precisión dificulta calibrar la amenaza, pero no la vuelve irrelevante: los gobiernos y las empresas deben considerar escenarios cuyo alcance todavía no está definido.

Qué se sabe del acuerdo anunciado por Trump

El anuncio posterior de un acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia introdujo un giro en la crisis. Trump afirmó que el pacto daría a Washington un control permanente sobre la seguridad de la isla y atendería sus preocupaciones. Sin embargo, las informaciones disponibles indican que faltan detalles esenciales y que las autoridades danesas y groenlandesas no han confirmado de manera completa los términos descritos por el presidente estadounidense. Un anuncio político no aclara por sí mismo qué obligaciones asumiría cada parte.

Según la información difundida sobre las conversaciones, se esperaba que el acuerdo fuera firmado por los tres gobiernos durante una reunión en Naciones Unidas y que necesitara aprobación parlamentaria en Dinamarca y Groenlandia para entrar en vigor. También se ha atribuido a un funcionario estadounidense la idea de impedir bases ajenas a la OTAN y limitar inversiones de potencias adversarias. Como esos extremos no han sido confirmados públicamente por todos los participantes, deben tratarse como detalles atribuidos, no como cláusulas definitivamente aceptadas.

Los dirigentes daneses y groenlandeses se han mostrado cautelosamente favorables a que continúe el diálogo, pero han insistido en que las líneas rojas deben respetarse. Esa posición deja una cuestión decisiva sin resolver: ¿el nuevo entendimiento amplía la cooperación de defensa ya existente o concede a Washington facultades adicionales sobre el territorio? La diferencia es sustancial. Un arreglo para reforzar la vigilancia y la defensa ártica no equivale necesariamente a transferir soberanía ni a entregar el control político de la isla.

Estados Unidos y Dinamarca cuentan desde hace décadas con acuerdos que permiten la presencia militar estadounidense en Groenlandia. La base espacial de Pituffik, en el noroeste de la isla, apoya actividades de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Washington y la OTAN. El tratado de defensa firmado en 1951 constituye un antecedente de esa cooperación. Por eso, la insistencia en que la isla debe pasar a manos estadounidenses plantea otra pregunta de fondo: si ya existe acceso militar, qué objetivo adicional persigue la exigencia de propiedad o control permanente.

Por qué Groenlandia concentra intereses estratégicos

Groenlandia ocupa una posición clave entre América del Norte, el Ártico y el Atlántico Norte. Esa geografía importa para la vigilancia aérea y marítima, la detección de posibles amenazas y la actividad militar en una región donde operan los intereses de Estados Unidos, Rusia y otros países. La isla tiene alrededor de 75.000 habitantes y un amplio potencial de recursos minerales, aunque su tamaño y su riqueza natural no convierten automáticamente el territorio en una pieza disponible para otros gobiernos.

Trump ha defendido que Estados Unidos necesita la isla por seguridad nacional y sostiene que, si Washington no aumenta su control, podrían hacerlo potencias rivales como China o Rusia. Esa justificación se apoya en la competencia estratégica del Ártico, pero no demuestra que la soberanía danesa impida la cooperación militar estadounidense. Dinamarca y el Gobierno groenlandés han ofrecido discutir el acceso y la seguridad, mientras rechazan que la isla esté en venta o que su población quiera integrarse en Estados Unidos.

La geografía estratégica ayuda a explicar el interés, pero no basta para explicar el método escogido. La presencia estadounidense en Pituffik demuestra que la defensa puede organizarse mediante acuerdos entre aliados. La presión para adquirir el territorio, en cambio, lleva la disputa a un plano de soberanía y autodeterminación. La seguridad del Ártico puede ser una preocupación compartida; decidir quién gobierna Groenlandia es una cuestión política distinta.

En el debate estadounidense también se ha mencionado una estimación de 700.000 millones de dólares como posible precio de compra. La cifra procede de un cálculo atribuido a un grupo de expertos norteamericanos y no representa una oferta aceptada por Dinamarca ni por Groenlandia. El propio planteamiento de poner precio a la isla choca con la posición reiterada de sus autoridades: el territorio no está en venta. Además, una transacción entre gobiernos no resolvería por sí sola la voluntad de la población ni las cuestiones constitucionales implicadas.

La posición de Londres y el límite de la diplomacia

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha defendido que la controversia se resuelva mediante una conversación entre aliados. Ha rechazado tanto una intervención militar como el uso de aranceles para forzar una decisión sobre Groenlandia, y ha calificado de incorrecto castigar comercialmente a países socios. Su tono busca mantener abierto el canal con Washington sin aceptar la premisa de que la presión económica permita decidir el futuro de un territorio autónomo.

Para el Reino Unido, el equilibrio es especialmente delicado. Londres mantiene una estrecha cooperación con Estados Unidos en defensa, inteligencia y tecnología, pero forma parte también del grupo europeo que considera inaceptable una amenaza contra la soberanía danesa. Una respuesta demasiado débil podría parecer una renuncia a ese principio; una escalada directa tendría costes diplomáticos y comerciales. La tarea británica consiste en defender a sus aliados europeos sin romper los vínculos de seguridad con Washington.

La delegación bipartidista del Congreso estadounidense que viajó a Copenhague intentó transmitir que existe oposición interna a los planes de anexión. La congresista demócrata Sara Jacobs sostuvo que Groenlandia no es necesaria para la seguridad nacional y que el presidente no puede anular por sí solo los compromisos de la OTAN ni imponer aranceles sin límites. También hay republicanos críticos con una anexión, aunque otros, como el senador Eric Schmitt, han defendido la idea como parte de una tradición estadounidense de adquisición de territorios estratégicos.

Las diferencias en el Congreso importan porque reducen la apariencia de consenso en Washington, pero no eliminan la incertidumbre sobre los poderes presidenciales ni sobre las decisiones futuras. Varios senadores demócratas trabajan en una propuesta para limitar la capacidad del presidente de ordenar una invasión de otro territorio, con la posibilidad de sumar a legisladores republicanos contrarios a esa agenda. Por ahora, el debate refleja una disputa política interna, no una garantía de que la amenaza vaya a desaparecer.

La OTAN ante una crisis que nace dentro de la alianza

La OTAN se creó para organizar la defensa colectiva frente a amenazas externas. No está diseñada para gestionar con facilidad un conflicto armado entre sus propios miembros. Si un país aliado empleara la fuerza contra otro, la alianza se enfrentaría a una contradicción básica: sus compromisos de defensa quedarían puestos a prueba precisamente por uno de los gobiernos que los sostienen. La advertencia de Shirreff de que una guerra acabaría con la OTAN es una valoración extrema, pero apunta a un problema real de credibilidad.

Eso no significa que una disputa política entre miembros active automáticamente una guerra ni que cada desacuerdo destruya la organización. La OTAN dispone de canales de diálogo y sus integrantes tienen incentivos para evitar un enfrentamiento. Pero la confianza no se mide solo por la existencia de tratados; depende también de que los gobiernos crean que los demás respetarán las fronteras y las reglas comunes. Una alianza puede conservar su estructura formal mientras pierde parte de la confianza que la hace eficaz.

El envío de pequeños contingentes europeos a Groenlandia, a petición de Dinamarca, se presentó como una misión de vigilancia y disuasión ante la escalada. Suecia, Noruega, Francia, Alemania y Finlandia anunciaron la participación de personal o medios, mientras otros gobiernos expresaron apoyo a Copenhague. Esos despliegues no equivalen a preparativos para combatir a Estados Unidos. Su función declarada es reforzar la cooperación aliada y mostrar que la defensa del Ártico no corresponde exclusivamente a Washington.

Sin embargo, en una crisis la intención declarada no siempre determina cómo se interpreta un movimiento militar. Un ejercicio o un refuerzo que una capital considera defensivo puede ser leído como una provocación por otra. En Groenlandia, las condiciones geográficas y la presencia de fuerzas de diferentes países aumentarían la importancia de una comunicación precisa para evitar errores. El riesgo más plausible no es que una guerra estalle por una sola maniobra, sino que la sucesión de decisiones mal interpretadas estreche el espacio para una salida diplomática.

Rusia puede aprovechar la fractura, aunque no la haya creado

La disputa también ofrece a Moscú una oportunidad propagandística. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, cuestionó que Groenlandia sea una parte natural de Dinamarca y presentó el vínculo como resultado de una historia colonial, al tiempo que negó que Rusia tuviera intención de intervenir en la isla. Ese argumento no resuelve quién tiene autoridad sobre el territorio, pero desplaza la conversación hacia la historia y pone de relieve las tensiones entre Washington y sus aliados europeos.

Para Rusia, basta con que los gobiernos occidentales discutan entre sí para que la imagen de unidad de la OTAN se resienta. No hace falta atribuir a Moscú la creación de la crisis para reconocer que puede beneficiarse de ella. Una alianza preocupada por sus divisiones internas dispone de menos atención política para otros desafíos de seguridad, incluida la guerra en Ucrania. La grieta transatlántica es una ventaja estratégica para sus rivales incluso si nadie la provocó desde fuera.

La reacción europea combina respaldo político a Dinamarca con conversaciones sobre una mayor autonomía en defensa. Esa discusión no implica que Europa pueda sustituir de inmediato las capacidades estadounidenses ni que todos los países compartan la misma lectura de la crisis. Sí evidencia que la fiabilidad de Washington se ha convertido en una variable que los gobiernos europeos consideran al planificar su seguridad, algo que hace unos años habría sido mucho más difícil de imaginar.

Cómo puede evitarse que la tensión pase del comercio a las armas

Hablar de guerra no equivale a predecirla. El escenario planteado por Shirreff es una advertencia sobre los riesgos de una escalada, no una descripción de un conflicto que esté a punto de comenzar. La distancia entre una amenaza arancelaria y un enfrentamiento militar es grande, y las partes cuentan con instrumentos diplomáticos para evitar que se recorra. Pero la combinación de presión económica, retórica ambigua y movimientos de tropas obliga a tomar en serio la posibilidad de errores de cálculo.

La primera barrera contra esa escalada es aclarar los términos de cualquier acuerdo sobre seguridad. Si el pacto anunciado por Trump se limita a ampliar la cooperación dentro de las estructuras existentes, debe explicitar cómo encaja con los compromisos previos y qué papel corresponde a las autoridades groenlandesas y danesas. Si implica nuevas facultades para Estados Unidos, esas condiciones requieren aprobación y transparencia. Hasta que se conozca el texto, la palabra acuerdo describe una negociación política, no una respuesta definitiva a todas las preguntas sobre soberanía.

También importa que las decisiones comerciales no se usen como sustituto de una negociación territorial. Los aranceles pueden empujar a los gobiernos a responder con contramedidas y convertir un desacuerdo en una disputa de mayor alcance. Si se aplican las tarifas anunciadas, el conflicto tendría efectos económicos concretos; si finalmente se retiran, la amenaza seguirá pesando sobre la confianza entre aliados. En ambos casos, la forma de resolver la crisis dejará una señal sobre los límites de la presión estadounidense.

El principio defendido por Dinamarca y Groenlandia —que la isla no está en venta y que su población debe tener voz sobre su futuro— es el núcleo político de la disputa. La cooperación militar estadounidense ya existente muestra que es posible atender preocupaciones de defensa sin convertir la soberanía en moneda de cambio. Y el anuncio de un entendimiento, mientras sus condiciones sigan poco claras y pendientes de aprobación, no borra la pregunta que desencadenó la alarma en Londres: hasta dónde puede llegar un aliado para imponer sus objetivos a otro.