¿Dónde caerá la gigafactoría de IA: Madrid o Cataluña?

Madrid y Cataluña unen fuerzas por la gigafactoría europea de IA: más de 4.000 millones Móra la Nova y San Fernando, rumbo firme a 2027–2028.

¿Gigafactoría europea de IA en España: Madrid o Cataluña?

El Gobierno ha decidido reforzar la candidatura española para optar a una de las futuras gigafactorías europeas de inteligencia artificial con un movimiento que cambia el dibujo inicial: Madrid se incorpora junto a Cataluña para competir por una infraestructura que, si sale adelante, movilizaría más de 4.000 millones de euros entre capital público y privado y apunta a estar operativa entre 2027 y 2028. Sobre la mesa hay dos localizaciones que ya no se esconden: Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Comunidad de Madrid).

El anuncio lo hizo el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el marco del Spain Investors Day, un foro pensado para seducir inversión y donde España suele sacar brillo a sus grandes proyectos-país. No fue un detalle menor. Presentar esta candidatura ahí es una forma de decir, sin decirlo del todo, que la gigafactoría no va solo de tecnología: va de industria, de energía, de empleo cualificado, de posición europea… y de un mensaje político interno que también pesa: cooperación territorial en un asunto que se vende como estratégico.

El tándem Madrid-Cataluña: una candidatura con dos centros de gravedad

Hasta hace poco, el relato era bastante lineal. Cataluña llevaba la voz cantante con Móra la Nova como ubicación principal, un municipio de la Ribera d’Ebre que ha ido ganando protagonismo en un proyecto que promete transformar el entorno. La entrada de Madrid cambia el enfoque: ya no es solo “Cataluña compite”, sino “España compite con dos motores”. La palabra que más se ha repetido en torno a esta fórmula es robustez: la candidatura intenta presentarse como más sólida por sumar activos distintos, complementarios, casi como si fuera una alianza de conveniencia con vocación de permanencia.

En Cataluña, el aterrizaje madrileño se ha leído con una mezcla de prudencia y bienvenida condicionada. El alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, lo dejó claro con una frase que suena a pacto con letra pequeña: el acuerdo es bienvenido mientras el centro neurálgico del proyecto siga en su municipio. No es capricho localista; es la típica preocupación de quien ve llegar una gran marca y teme acabar siendo solo el “suelo” mientras la parte decisiva, la que manda y decide, se instala a cientos de kilómetros. En Madrid, por su parte, la incorporación se interpreta como una oportunidad para colocar a la región en el mapa de la computación masiva europea, con el añadido de su ecosistema empresarial y logístico.

La clave, en realidad, no está en el titular de “unión” sino en el diseño: qué significa exactamente una candidatura con dos puntos. Puede ser una fórmula de reparto de funciones, un proyecto escalonado, un planteamiento modular con distintos usos, o puede ser el inicio de una pugna silenciosa por la parte más valiosa del pastel. Cuando el dinero supera los miles de millones y el horizonte es europeo, la coordinación no se improvisa. Se negocia. Y, a veces, se sufre.

Qué es una gigafactoría de inteligencia artificial, sin humo ni metáforas fáciles

Lo de “gigafactoría” suena a planta de coches eléctricos, a chimeneas futuristas y a épica industrial. En IA, el concepto tiene menos romanticismo y más ingeniería: una gigafactoría es, en la práctica, una instalación a gran escala orientada al desarrollo y entrenamiento de modelos avanzados, con una capacidad de cálculo enorme, pensada para trabajar con modelos de próxima generación que manejan cantidades descomunales de parámetros y datos. Aquí el músculo no es un brazo mecánico; son servidores, aceleradores, redes ultrarrápidas, almacenamiento, seguridad, sistemas de refrigeración y una infraestructura eléctrica a prueba de sustos.

Conviene decirlo sin rodeos: esto se parece más a un megacentro de datos especializado que a un laboratorio tradicional. Sí, habrá investigación y habrá equipos científicos, pero el corazón es el hardware y su operación. Hablamos de potencia de cálculo concentrada, capaz de entrenar modelos que, para entendernos, no se ejecutan con un par de racks y buena voluntad. Una gigafactoría pretende dar respuesta a un problema muy concreto: si Europa quiere desarrollar IA puntera con autonomía y criterios propios, necesita capacidad de computación en casa. Sin esa base, todo lo demás se queda cojo: regulación, ética, estrategia… bien, pero sin máquinas la realidad no acompaña.

Y hay un matiz importante: no se trata solo de tener máquinas, sino de hacerlas accesibles a un tejido amplio. Una infraestructura de este tipo puede servir a universidades, centros de investigación, administraciones y empresas que, de otro modo, no podrían asumir el coste de entrenar modelos avanzados. Esa promesa —capacidad compartida, competitividad, independencia— es uno de los argumentos principales del plan europeo.

Dos ubicaciones sobre el tablero: Móra la Nova y San Fernando de Henares

En Móra la Nova el proyecto se ha descrito con detalles ya bastante concretos: se habla de una implantación que ocuparía alrededor de 30 hectáreas y que exigiría modificaciones urbanísticas para adaptar el polígono del Molló. Cuando un proyecto de este tamaño aterriza en un municipio, no llega como una idea abstracta, llega como un cambio material: recalificación, accesos, conexiones, planificación de servicios, coordinación con administraciones. También llega como conversación diaria: “¿habrá vivienda?”, “¿subirá el alquiler?”, “¿vendrá gente de fuera?”, “¿qué pasará con la movilidad?”. Y, en paralelo, se abren carpetas técnicas que no suelen estar en el debate público hasta que ya es tarde: suministro eléctrico, puntos de conexión, subestaciones, fibra, redundancia, protocolos de seguridad.

El propio alcalde, Jesús Álvarez, ha defendido que el consumo de agua no debería ser un problema para el municipio, un punto sensible porque los centros de datos y, sobre todo, los de computación intensiva, suelen levantar dudas sobre refrigeración y recursos. Aquí cada diseño es un mundo: hay tecnologías distintas, estrategias distintas y grados de eficiencia que pueden cambiar mucho la foto. Pero el debate existe, y no se va a marchar por arte de magia, especialmente en un país donde el agua es conversación política y meteorológica a la vez.

San Fernando de Henares juega otra partida. Forma parte de un entorno ya densamente conectado al gran eje económico madrileño, con cercanía a nodos logísticos, a infraestructuras de transporte y a un ecosistema empresarial que facilita proveedores, servicios y personal especializado. La ubicación madrileña aporta, además, un componente de imagen internacional: “Madrid” es una marca reconocible para inversores, compañías tecnológicas y socios potenciales. En términos de atracción de talento, conexiones y capacidades de soporte, es una ventaja práctica. En términos de equilibrio territorial, también puede ser un foco de tensión si se percibe como un desplazamiento del centro de decisión.

Lo relevante no es elegir cuál “es mejor” en abstracto. Lo relevante es cómo se plantea el reparto. Una candidatura con dos ubicaciones puede proponer que una concentre computación pesada y la otra aloje actividades de soporte, incubación, formación o servicios asociados. Puede proponer escalabilidad: empezar en un nodo y ampliar en el otro. Puede, incluso, venderse como una red distribuida con redundancias y especialización. Pero, si no se explica bien, lo que queda es la sospecha: dos sedes pueden ser una fortaleza o una manera elegante de aplazar la pelea real.

4.000 millones, consorcio y un calendario exigente: 2027–2028 no está tan lejos

El Gobierno habla de una inversión que podría superar los 4.000 millones de euros y la enmarca en un modelo de consorcio público-privado. La cifra impresiona por sí sola, pero lo interesante está en su composición: una infraestructura así no se levanta solo con dinero; se levanta con capacidad de ejecución, con socios tecnológicos, con operadores experimentados, con acuerdos energéticos, con permisos y con un plan de operación que no convierta el proyecto en una promesa eterna.

En el plano europeo, la previsión es que la Comisión impulse la creación de al menos cuatro gigafactorías en distintos Estados miembros. Eso significa competencia real y, sobre todo, una carrera contra el reloj: las seleccionadas deberían estar operativas entre 2027 y 2028. Operativas no es “inauguradas”. Operativas es que funcionen con fiabilidad, con capacidad utilizable, con gobernanza y con un modelo de acceso y uso claro. En un proyecto de estas dimensiones, el riesgo de retraso no es anecdótico; es estructural. Construir centros de computación masiva implica obra civil compleja, equipamiento que depende de cadenas de suministro globales y una integración que se prueba al final, cuando todo está montado y empieza lo de verdad: que no falle.

El anuncio en el Spain Investors Day también explica el tono. Allí, además del ministro, tuvo protagonismo institucional el rey Felipe VI, que en la inauguración del foro reclamó más integración europea en un contexto de incertidumbre internacional. Y en ese mismo entorno se escucharon llamadas a la prudencia económica por parte de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Que estos nombres aparezcan alrededor del proyecto ayuda a entender el marco: la gigafactoría se presenta como pieza de una estrategia mayor donde España intenta venderse como destino estable para inversión, con visión industrial y tecnológica. Todo muy ordenado en el mensaje; luego llega la obra y el mundo real, que es menos ceremonioso.

Qué gana España si lo logra: industria, empleo cualificado y un puesto en la mesa europea

Una gigafactoría de IA no es un trofeo simbólico, o no debería serlo. Si se materializa, el impacto va por capas. La más visible será el empleo directo, aunque conviene no caer en el mito del “miles y miles” sin matices: un centro de datos altamente automatizado no emplea a multitudes como una fábrica tradicional. Pero sí crea puestos de alto valor y, sobre todo, arrastra empleo indirecto muy diverso, desde construcción y mantenimiento hasta ingeniería eléctrica, seguridad, redes, servicios, consultoría, logística y operación 24/7.

La capa decisiva es el ecosistema. Alrededor de una infraestructura de computación masiva crecen empresas que necesitan cercanía operativa, universidades que alinean programas y grupos de investigación que buscan acceso preferente. Se abren puertas para proyectos públicos de IA en sanidad, administración, justicia o educación que requieren capacidad de cálculo y soberanía operativa. También puede convertirse en un imán para startups: entrenar modelos avanzados cuesta una fortuna si dependes de proveedores externos y tarifas volátiles; disponer de infraestructura europea puede rebajar esa barrera, siempre que el modelo de acceso no sea elitista.

Y está el plano geopolítico, aunque en España a veces nos cuesta decirlo así: la IA se ha convertido en una tecnología de poder. No solo por los chatbots, que son la parte visible, sino por su aplicación en industria, defensa, ciberseguridad, inteligencia económica, energía, optimización de redes, investigación biomédica. Tener capacidad propia significa negociar desde otra posición. No te hace invencible, pero te hace menos dependiente.

Aquí aparece una palabra que se usa mucho y se entiende regular: soberanía digital. En este contexto, no significa encerrarse. Significa poder entrenar y operar modelos críticos sin que toda la cadena dependa de infraestructuras externas. Significa que los datos, los modelos y la capacidad de ejecución no están siempre en manos de otros. La gigafactoría se vende como un paso en esa dirección.

El engranaje que nadie ve: energía, red eléctrica, agua, permisos y aceptación social

La IA suena intangible, casi etérea, hasta que miras lo que necesita para existir: electricidad. Mucha. Un centro de computación intensiva se convierte en un consumidor industrial de primer orden. Eso obliga a planificar conexiones, refuerzos de red, subestaciones, redundancias y acuerdos de suministro con un nivel de detalle que no admite retórica. A la mínima incertidumbre energética, el proyecto pierde atractivo. Y en un país donde el debate energético ha sido tan político durante años, el reto es doble: asegurar capacidad y hacerlo compatible con objetivos de sostenibilidad.

La sostenibilidad no es un adorno. La Comisión Europea y los marcos nacionales están empujando para que estas infraestructuras sean eficientes, con mejor uso de energía, estrategias de refrigeración avanzadas y, en algunos casos, aprovechamiento del calor residual. Suena técnico, sí, pero tiene traducción simple: si el proyecto se percibe como un agujero negro energético sin beneficios claros, la contestación social puede aparecer antes de que llegue la primera máquina.

El agua, como ya asomó en el debate de Móra la Nova, es otro punto sensible. Los sistemas de refrigeración pueden usar agua de maneras diferentes, con consumos y eficiencias muy dispares. Hay centros que minimizan uso, otros que dependen más de circuitos líquidos, y todo esto se complica con clima, normativa y disponibilidad local. Cuando el alcalde dice que el agua no será un problema, está respondiendo a una pregunta que ya está en el ambiente, aunque no siempre salga en público con todas sus letras.

Luego están los permisos. Un proyecto así implica tramitación urbanística, impacto ambiental, licencias, coordinación entre administraciones y, si se quiere ir rápido, un trabajo fino para evitar choques. La experiencia europea demuestra que los grandes centros de datos pueden encallar por cuestiones que, al principio, parecían “procedimentales”. El diablo vive en la letra pequeña, y aquí la letra pequeña tiene muchos folios.

Y, sin embargo, la aceptación social no se logra con un documento. Se logra con transparencia razonable, con compromisos verificables, con beneficios locales claros y con una sensación de control democrático. En Móra la Nova ya se habla de trabajar con la Generalitat en formación de profesionales y mejoras de infraestructuras, incluida la vivienda, ante un posible aumento de población trabajadora. Esa es la dimensión menos glamurosa del proyecto, pero quizá la más determinante: si llega gente, hay que alojarla; si hay empleo cualificado, hay que formar; si se instala una infraestructura crítica, hay que blindar servicios.

Cataluña ya tenía un argumento potente: supercomputación, talento y una base científica consolidada

En el debate aparece inevitablemente el ecosistema catalán de supercomputación, con el Barcelona Supercomputing Center (BSC) como referencia recurrente y el MareNostrum como símbolo. No es un detalle decorativo. Tener una institución de ese calibre en el país refuerza el relato de que España —y Cataluña en particular— no empieza de cero en computación avanzada. La gigafactoría sería otra escala, otra lógica y otra dimensión, pero la conexión con un tejido científico existente ayuda a vender la candidatura como continuidad, no como salto al vacío.

Esa base científica también conecta con un argumento europeo más amplio: la gigafactoría no se concibe solo como un “hotel de servidores”, sino como una infraestructura para entrenar modelos y desarrollar capacidades avanzadas con talento local y europeo. Ahí, universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas desempeñan un papel que no se resuelve con ladrillos. Se resuelve con contratos, programas, proyectos y una gobernanza que evite que el centro acabe infrautilizado o capturado por unos pocos.

Madrid aporta otra fuerza: capitalidad, mercado, empresas y un relato de ejecución rápida

Madrid juega con ventajas evidentes en este tipo de candidaturas: densidad empresarial, capacidad de atraer sedes, proximidad a organismos públicos, conectividad internacional y un ecosistema donde los grandes proyectos encuentran proveedores con rapidez. San Fernando de Henares, además, está en un corredor industrial y logístico con infraestructuras y experiencia, lo que puede facilitar fases operativas y de soporte.

También hay un elemento político-administrativo que, aunque se diga poco, influye: la capacidad de movilizar recursos, coordinar agentes y presentar un marco de estabilidad al inversor. En el Spain Investors Day, Madrid fue destacada como lugar atractivo para inversión, un contexto que encaja con la decisión del Gobierno de incluirla en la candidatura. No es solo una cuestión geográfica; es una cuestión de “capacidad de aterrizar proyectos” en plazos que el calendario europeo exige.

Dicho esto, la entrada de Madrid también obliga a hilar fino para que la candidatura no se convierta en una disputa de centralidad. Si la percepción es que Cataluña pone el suelo y Madrid se lleva la dirección, el equilibrio se rompe. Si la percepción es que Madrid entra para sumar recursos y acelerar sin desplazar el núcleo catalán, el tándem puede funcionar. La frase del alcalde de Móra la Nova, con su condición explícita, resume el riesgo y la oportunidad en una sola línea.

Lo que se decide ahora: la arquitectura del proyecto y su gobernanza real

Más allá del anuncio, lo decisivo es cómo se configura la propuesta final que España presente cuando la convocatoria europea esté formalmente en marcha. Se habla de candidatura sólida, de consorcio, de inversión público-privada, de un proyecto emblemático europeo. Todo eso suena bien, pero lo que pesa en la evaluación suele ser lo concreto: compromisos firmes, socios identificables, disponibilidad de suelo, conectividad energética y digital, planificación de permisos, cronograma realista, y un modelo de operación que garantice que la gigafactoría no será un castillo tecnológico sin usuarios.

Aquí entra la palabra que a muchos les da alergia por lo que implica: gobernanza. Quién toma decisiones, cómo se asigna capacidad de computación, qué criterios se aplican, cómo se evita que la infraestructura quede monopolizada por grandes actores en detrimento de investigación pública o pymes, cómo se garantiza seguridad y cumplimiento normativo, cómo se gestiona el acceso y el coste. En una instalación de este tipo, el modelo de gobernanza define tanto como la potencia bruta. Una gigafactoría útil no es solo grande; es usable, fiable y justa en su acceso, dentro de lo posible.

En el marco europeo, además, se está impulsando una narrativa de IA soberana, sostenible y de alto rendimiento. Es decir, capacidad a lo grande, pero con criterios de eficiencia, sostenibilidad y autonomía tecnológica. España intenta alinearse con ese mensaje: no es solo traer una infraestructura, es traerla con un sello europeo reconocible y defendible.

Un mapa que puede cambiar sin necesidad de dramatismos

Si España logra una de las gigafactorías europeas de IA, el país no se convierte automáticamente en una potencia mundial de inteligencia artificial, pero sí gana algo muy concreto: infraestructura crítica que atrae proyectos y condiciona decisiones industriales durante años. Si no la logra, la operación habrá servido igualmente para enseñar cartas: qué tan preparados estamos para coordinar administraciones, asegurar energía, movilizar inversión, diseñar gobernanza y plantear un proyecto con escala europea sin que se convierta en una pelea interna.

El tándem Madrid-Cataluña, con Móra la Nova y San Fernando de Henares como polos, es una apuesta ambiciosa y, a la vez, delicada. Ambiciosa por intentar sumar fortalezas distintas. Delicada porque exige equilibrio. Y porque el calendario —2027–2028— no perdona la indecisión eterna. No hay tiempo para un proyecto que se escriba a base de titulares y se construya a base de dudas.

El punto de inflexión: cuando el proyecto deja de ser promesa y se vuelve contrato

En esta fase, la gigafactoría está todavía en el terreno donde conviven anuncios, expectativas y negociaciones. Pero el salto real llegará cuando haya compromisos cerrados: socios, financiación, cronograma, permisos, plan energético, modelo operativo. Ese es el momento en que la candidatura deja de ser una declaración de intenciones y pasa a convertirse en un proyecto con dientes, con consecuencias, con obligaciones. Y también con oposiciones, porque siempre las hay.

Móra la Nova ya se imagina el cambio: un polígono que se ajusta, un municipio que se prepara, un debate sobre vivienda, infraestructuras y formación. San Fernando de Henares ya puede ofrecer el entorno metropolitano y el músculo logístico. En el medio, el Gobierno intenta construir una propuesta que Europa mire con interés y, sobre todo, con confianza de ejecución.

Si la candidatura sale bien, España no solo acogerá máquinas. Acogerá una parte del pulso tecnológico europeo: dónde se entrena, dónde se prueba, dónde se opera. Y eso, en un continente que ha decidido que la IA también es infraestructura y no solo software, vale más de 4.000 millones. Vale posición. Vale influencia. Vale futuro industrial, del concreto, el que se mide en contratos y centros de trabajo, no en frases bonitas.