¿Cómo quiere García-Page acelerar expulsiones por seguridad nacional?

Emiliano García-Page ha puesto sobre la mesa un cambio delicado y de bastante calado: crear una “legislación especial” en materia de inmigración para aquellos episodios en los que estén comprometidas la seguridad nacional, la soberanía o la integridad territorial de España. La idea sería permitir una respuesta diferente —y potencialmente más rápida— cuando una llegada masiva deje de interpretarse únicamente como un fenómeno migratorio y pase a considerarse una acción contra el Estado.

No hay, por ahora, un proyecto de ley ni una propuesta articulada con medidas concretas. El presidente de Castilla-La Mancha ha planteado abrir ese debate después de la crisis de Ceuta y de las dudas sobre su planificación. Su tesis es que las normas ordinarias de extranjería y asilo pueden resultar demasiado rígidas cuando las personas migrantes son utilizadas como instrumento de presión contra una frontera española. Ahí está el núcleo de lo que propone García-Page: distinguir entre inmigración irregular y una amenaza a la seguridad nacional y disponer de reglas específicas para este segundo supuesto.

El planteamiento tiene, sin embargo, una letra pequeña considerable. España ya dispone de mecanismos especiales en la legislación de extranjería cuando existe riesgo para la seguridad nacional. La cuestión no es, por tanto, si el Estado puede actuar ante una amenaza de esa naturaleza —puede—, sino hasta dónde podrían acelerarse las expulsiones o devoluciones, qué garantías continuarían siendo obligatorias y cómo se definiría jurídicamente que una crisis migratoria constituye realmente un ataque.

Qué propone exactamente García-Page tras la crisis de Ceuta

García-Page formuló su propuesta este viernes, 4 de septiembre de 2026, durante una entrevista en Antena 3. El dirigente socialista planteó la posibilidad de delimitar un ámbito jurídico específico para aquellos casos en los que una entrada migratoria pueda afectar a la soberanía, la integridad territorial o la seguridad de España.

No habló de expulsiones indiscriminadas ni de eliminar el derecho de asilo. Sí defendió que el Estado debería poder actuar con reglas distintas cuando lo que aparentemente es una crisis migratoria esconda una operación destinada a presionar, desestabilizar o desbordar deliberadamente una frontera.

Su argumento es bastante sencillo: una cosa es una persona que cruza irregularmente buscando permanecer en España y otra, distinta, que miles de personas sean movilizadas hacia una frontera para saturarla dentro de una estrategia política. Cuando aparece esa segunda hipótesis, sostiene Page, la respuesta puramente migratoria se queda corta y entra en escena el concepto de seguridad nacional.

El presidente castellanomanchego considera que el Estado se encuentra “muy prisionero” de la legislación migratoria y de asilo ante circunstancias excepcionales. Al mismo tiempo, introdujo un matiz esencial: las personas deben seguir siendo tratadas como personas. Es decir, su propuesta no pretende convertir automáticamente a quienes cruzan una frontera en responsables de la estrategia que eventualmente pueda existir detrás.

No existe todavía una nueva ley de expulsiones

Conviene dejarlo claro porque una declaración política puede correr por internet bastante más deprisa que el BOE: García-Page no ha presentado una nueva ley de expulsiones ni existe por el momento un texto legislativo con ese contenido.

Lo que ha planteado es estudiar una legislación especial para situaciones excepcionales. Faltaría concretar prácticamente todo: quién determinaría que existe una amenaza para la seguridad nacional, qué autoridad activaría el procedimiento, qué pruebas serían necesarias, qué plazos se aplicarían y de qué manera encajaría ese sistema con la protección internacional y los derechos individuales.

Ese detalle no es menor. Calificar una situación como crisis migratoria o como ataque híbrido cambia por completo la perspectiva política y de seguridad, pero no convierte a cada persona que participa en ella en autora de ese ataque. Una democracia puede endurecer su respuesta frente a una actuación hostil de otro Estado; lo que no puede hacer es borrar de un plumazo la situación jurídica individual de quienes aparecen en medio.

Por qué Ceuta ha llevado a Page a pedir reglas diferentes

El origen inmediato del debate está en lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, cuando más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español, según los datos difundidos posteriormente por el Gobierno. La magnitud fue extraordinaria y desbordó durante horas los recursos disponibles en la ciudad autónoma.

El Ejecutivo asegura que entre el 90% y el 95% de quienes entraron regresaron a Marruecos durante la primera fase de la crisis. Posteriormente continuaron los retornos voluntarios, las expulsiones y la tramitación individual de expedientes. A comienzos de septiembre, el Gobierno había habilitado más de 3.400 plazas adicionales de acogida y aprobado un paquete de 309 millones de euros destinado a seguridad, servicios públicos, atención humanitaria y apoyo económico a Ceuta.

El propio Gobierno terminó declarando la situación de interés para la seguridad nacional, un paso que muestra hasta qué punto el episodio superó la gestión ordinaria de una entrada irregular. Y este detalle también ayuda a entender la posición de García-Page: si el fenómeno se eleva jurídicamente a esa categoría, argumenta, las herramientas disponibles deberían estar adaptadas desde el principio y no improvisarse cuando la frontera ya está bajo presión.

Pero el volumen de la entrada terminó siendo solo una parte del problema. Las preguntas más incómodas llegaron después: qué información existía previamente, si España podía anticiparse y hasta qué punto hubo planificación al otro lado de la frontera.

Un informe policial remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón describió la entrada como un fenómeno planificado y no espontáneo. Entre los elementos conocidos se encuentran indicios sobre la presencia y actuación de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes y una secuencia destinada, según ese análisis, a saturar progresivamente la capacidad española de control fronterizo.

Marruecos, los informes policiales y una autoría aún discutida

Aquí conviene pisar suelo firme. Que un informe describa indicios de planificación y participación de personas relacionadas con las fuerzas de seguridad marroquíes no equivale a que exista una conclusión judicial definitiva que atribuya al Gobierno de Marruecos la organización de lo ocurrido.

La propia cúpula policial sostuvo posteriormente que ningún informe establecía formalmente la autoría intelectual de Marruecos en la planificación o ejecución de la entrada masiva. Esa aparente tensión entre los indicios recogidos y la interpretación que se hace de ellos se ha convertido en uno de los puntos más ásperos de la crisis.

La investigación continúa reuniendo piezas. La Guardia Civil entregó también este 4 de septiembre a la jueza un informe sobre los posibles avisos previos recibidos antes de la entrada masiva, así como sobre los medios desplegados y otros aspectos de la respuesta en Ceuta. El debate ya no gira únicamente alrededor de lo que ocurrió en la frontera, sino de cuánto se sabía antes de que ocurriera.

García-Page cree precisamente que esa discusión debe aclararse. Según el presidente manchego, España necesita saber si estuvo ante una presión migratoria descontrolada o ante algo cualitativamente distinto. Porque llamar a una cosa por otro nombre puede ser cómodo unas horas; gobernarla después ya es otro asunto.

La ley española ya permite expulsiones por seguridad nacional

La propuesta de Page tampoco parte de un vacío jurídico. La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España ya contempla la seguridad nacional dentro del régimen aplicable a determinados procedimientos de expulsión.

La normativa permite utilizar el denominado procedimiento preferente cuando concurren determinados supuestos y también cuando una persona extranjera representa un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. Se trata de una vía más rápida que el procedimiento ordinario, pero no de un espacio sin reglas.

En esos procedimientos siguen existiendo garantías individuales, entre ellas la posibilidad de formular alegaciones, la asistencia letrada y el derecho a intérprete cuando sea necesario. La ejecución de una expulsión tampoco puede desligarse de la normativa sobre asilo, protección internacional, menores o control judicial.

Es decir: España ya tiene un carril jurídico para situaciones graves. Lo que parece reclamar García-Page sería construir otro escalón, pensado no tanto para el comportamiento individual de un extranjero como para episodios colectivos utilizados como herramienta de presión contra el Estado.

Y ahí aparece el terreno difícil. La legislación tendría que distinguir con enorme precisión entre la persona que participa conscientemente en una operación hostil, quien simplemente aprovecha una frontera abierta y quien puede necesitar protección internacional. Meter las tres situaciones en el mismo saco quizá sea rápido; jurídicamente, sería otra historia.

Page carga contra la gestión del Gobierno en Ceuta

El dirigente socialista acompañó su propuesta con una crítica especialmente dura a la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. García-Page ha definido la gestión de Ceuta como un “desastre” antes, durante y después de la entrada masiva y considera que España mantuvo una actitud de “guardia baja” ante una frontera particularmente sensible.

No quiso centrar la discusión en decidir si la responsabilidad corresponde al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska o al Ministerio de Defensa de Margarita Robles. Su razonamiento fue otro: hay que determinar si existían avisos, quién los conocía y qué decisiones se tomaron a partir de ellos.

El asunto tiene varias capas. Una es policial: averiguar qué información manejaban los organismos de seguridad antes de los acontecimientos. Otra es política: explicar por qué la capacidad preventiva fue insuficiente si efectivamente existían señales de riesgo. Y una tercera, probablemente la más incómoda, es diplomática: determinar hasta qué punto Marruecos estuvo relacionado con lo sucedido.

Page ha defendido además al director general de la Policía, Francisco Pardo, también castellanomanchego, al afirmar que no cree que hubiese ocultado deliberadamente información relevante. Su crítica apunta más arriba y más lejos: reclama que el Estado reconstruya lo sucedido y delimite exactamente qué clase de episodio sufrió Ceuta.

Una frontera jurídica que Ceuta ha dejado abierta

La propuesta de Emiliano García-Page introduce una discusión que probablemente sobrevivirá a la tormenta política de estos días. España ya cuenta con herramientas para expulsar a extranjeros por motivos relacionados con la seguridad nacional y dispone de procedimientos preferentes para determinados casos. El salto que propone el presidente de Castilla-La Mancha consiste en reconocer jurídicamente otra realidad: que una presión migratoria masiva puede ser utilizada como arma política sin necesidad de disparar un solo tiro.

Pero ahí está también la frontera más difícil de trazar. Una acción hostil puede estar diseñada por un Estado y ejecutarse utilizando a miles de personas que no conocen el tablero completo. La seguridad nacional exige capacidad de reacción; el Estado de derecho, que esa reacción no transforme automáticamente al individuo en culpable de aquello que otros hayan organizado.

Ceuta ha dejado precisamente esa incómoda cuestión encima de la mesa. Quién organizó lo sucedido, qué sabía España y cuándo lo supo seguirá siendo decisivo para determinar responsabilidades. La propuesta de García-Page intenta mirar al episodio siguiente: que, si vuelve a ocurrir, el Estado no tenga que discutir las reglas mientras la frontera ya está desbordada.