Por qué Francia va a por AliExpress, Joom, eBay, Temu y Wish

Francia estrecha el cerco a Shein, AliExpress, Temu y otras plataformas por muñecas sexuales infantiles y armas ilegales en un pulso europeo

Francia ha decidido ir más lejos que ningún otro país europeo contra las grandes plataformas de comercio electrónico. El Gobierno de Emmanuel Macron ha puesto en el punto de mira a AliExpress, Joom, eBay, Temu y Wish por permitir la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y de armas prohibidas como machetes y puños americanos, productos ilegales en territorio francés. Días antes, la polémica ya había salpicado a Shein, investigada por la Fiscalía de París por difusión de contenidos de carácter pornográfico vinculados a menores y por fallos graves en la protección de los menores frente a material sexual explícito.

La respuesta a por qué Francia está actuando así, y otros países no, está en una combinación de factores: una legislación muy dura en materia de protección de la infancia y de seguridad pública, una administración especializada –con organismos como la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) y el regulador audiovisual y digital Arcom– y una clara decisión política de usar todas las herramientas disponibles, incluidas las nuevas reglas europeas de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Otros Estados comparten la preocupación, pero avanzan más despacio: están aún montando su estructura de control o prefieren que el protagonismo lo lleve Bruselas, sin entrar en choques públicos tan frontales con gigantes como Shein, Temu o AliExpress.

Una ofensiva sin precedentes contra las grandes plataformas

El último capítulo de esta ofensiva se anunció el viernes 14 de noviembre de 2025. En una entrevista al diario francés Le Parisien, el ministro de Comercio, Serge Papin, reveló que el Gobierno había identificado cinco plataformas adicionales que ofrecían productos ilícitos en Francia: AliExpress, Joom, eBay, Temu y Wish. El movimiento llegaba apenas una semana después de que el Ejecutivo advirtiera por primera vez de forma pública a Shein, disparando una controversia que ha ido a más día tras día.

En el caso de Shein, el detonante fue la presencia en su catálogo de muñecas sexuales con rasgos infantiles, hiperrealistas, vendidas como juguetes eróticos para adultos. El asunto no quedó en la retirada silenciosa de un producto polémico. La DGCCRF elaboró un informe y lo trasladó a la Fiscalía de París, que abrió una investigación por “difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica” y por permitir el acceso de menores a contenidos sexuales degradantes. Para el ordenamiento francés, una muñeca de aspecto infantil usada con fines sexuales puede encajar en el ámbito de la pornografía infantil, aunque no haya un menor real implicado.

La reacción de la plataforma china fue rápida: anunció que retiraba ese tipo de artículos, prometió prohibir las muñecas sexuales en su catálogo global, cerró categorías con contenido “para adultos” y se declaró dispuesta a cooperar con las autoridades, incluso compartiendo información sobre vendedores y pedidos. Pese a esos gestos, el expediente penal sigue abierto y el Gobierno no descarta medidas más duras si concluye que la compañía actuó con negligencia grave o toleró la presencia de esos productos durante un tiempo prolongado.

Lejos de ser un episodio aislado, el Ejecutivo francés interpretó el caso Shein como una señal de alarma. Si una gran plataforma, con recursos millonarios y presencia física creciente en Francia, podía alojar y comercializar durante meses productos tan sensibles, ¿qué estaba ocurriendo en el resto de marketplaces globales que operan en el país? La respuesta llegó con la ronda de inspecciones ampliadas de la DGCCRF: el mismo patrón aparecía en otros gigantes del comercio online, con matices según la web, pero con un hilo común muy claro.

Qué han encontrado los inspectores en AliExpress, Temu, Joom, eBay y Wish

Las conclusiones que el Gobierno ha hecho públicas son directas. Según explicó Serge Papin, los servicios de la DGCCRF y del Ministerio de Comercio han constatado que AliExpress y Joom ofrecían muñecas sexuales con apariencia infantil similares a las detectadas en Shein. En paralelo, Wish, Temu y eBay permitían la venta de armas prohibidas en Francia, como machetes de grandes dimensiones y puños americanos, sin control real sobre quién podía adquirirlas ni advertencias claras sobre su ilegalidad.

A ello se suma un tercer problema: el incumplimiento de las obligaciones de filtrado de menores ante contenidos pornográficos. El propio ministro señaló que Wish y Temu “no cumplían con sus obligaciones de filtrado de menores en cuanto a imágenes de carácter pornográfico”. También se han señalado fallos en el ecosistema de Amazon, aunque el foco político y mediático se ha concentrado en las plataformas de origen chino y en los marketplaces que funcionan como intermediarios de miles de pequeños vendedores.

No se trata solo de algunos enlaces que escapan al radar. Las investigaciones apuntan a que, en la práctica, estas plataformas han permitido que vendedores externos coloquen en sus escaparates productos que serían ilegales en una tienda física francesa, sin un control suficiente. Los algoritmos de recomendación –diseñados para mostrar “lo más relevante” según el comportamiento del usuario– pueden incluso amplificar la visibilidad de esos artículos si detectan demanda, encadenando búsquedas, sugerencias y compras.

Muñecas sexuales con apariencia infantil

El apartado de las muñecas sexuales con rasgos de menor es uno de los más sensibles del expediente. Las autoridades francesas consideran que esas figuras, cuando reproducen cuerpos de niñas o adolescentes en contextos eróticos, contribuyen a banalizar la sexualización de menores y pueden alimentar fantasías peligrosas. El Código Penal francés y diversas resoluciones judiciales ya habían abierto la puerta a incluir este tipo de productos dentro de la categoría de representaciones pornográficas de menores.

En la práctica, esto coloca a las plataformas en una posición muy delicada. Permitir la venta de esas muñecas no es solo un problema reputacional; puede suponer un delito grave que involucre responsabilidades penales para la empresa, sus directivos y los vendedores implicados. De ahí que Papin haya insistido en que todos los casos detectados se han notificado a la Fiscalía de la República y que serán los jueces quienes determinen el alcance jurídico de los hechos.

Armas prohibidas y filtros fallidos

El otro gran bloque lo constituyen las armas blancas prohibidas, entre ellas machetes, navajas de ciertas características y puños americanos. La legislación francesa clasifica determinadas armas como materiales cuya venta está directamente vetada al público general, salvo excepciones muy tasadas. Que estos productos se ofrezcan en marketplaces globales, sin verificar edad, sin controles reales y, en ocasiones, acompañados de descripciones ambiguas para esquivar filtros, supone un choque frontal con esa normativa.

Los investigadores han comprobado que es posible encontrar estos artículos con búsquedas relativamente simples, sin necesidad de acudir a códigos ocultos o jerga interna. Al añadirlos al carrito, el sistema no impide seguir adelante, ni exige justificación, licencia o verificación de edad. A veces se disfrazan como “accesorios deportivos” o “elementos decorativos”, pero en fotos y descripciones el uso como arma resulta evidente.

Todo esto se combina con lo que el Gobierno considera filtros de edad claramente insuficientes. En muchas de estas plataformas, basta marcar una casilla indicando que se es mayor de 18 años para acceder a categorías de contenido sexual explícito o a productos cuya venta a menores está prohibida. Los mecanismos de control no van más allá de esa declaración voluntaria, fácil de sortear por cualquier adolescente con acceso a un móvil o un ordenador.

El marco legal que permite a Francia ir por delante

Francia está pudiendo actuar con tanta rapidez porque lleva años construyendo un entramado jurídico e institucional específico para este tipo de problemas. En el plano penal, el Código francés contempla delitos muy concretos relacionados con la pornografía infantil, la difusión de contenidos degradantes para menores y la venta de armas prohibidas. Las penas pueden incluir multas importantes y prisión para personas físicas, pero también sanciones muy elevadas para las personas jurídicas, entre ellas grandes empresas digitales.

A ello se añade una legislación específica sobre verificación de edad en servicios pornográficos accesibles desde Francia. Esta normativa otorga a la autoridad de regulación audiovisual y digital, Arcom, la capacidad de actuar contra cualquier servicio que ofrezca contenido pornográfico al público francés, aunque los servidores estén en el extranjero. Si la plataforma no introduce sistemas robustos de verificación de edad –algo más serio que un simple aviso–, Arcom puede acudir a los tribunales y solicitar el bloqueo de acceso desde territorio francés.

La DGCCRF, por su parte, desempeña un papel central en la vigilancia del comercio electrónico. Tiene la misión de comprobar que lo que se vende en Francia –también online– cumple la normativa de consumo, seguridad de productos y competencia leal. Sus inspectores pueden realizar compras de prueba, analizar catálogos, requerir información a las plataformas y ordenar la retirada de artículos peligrosos. Cuando detectan indicios de delito, como ocurre con estas muñecas o con las armas prohibidas, trasladan el caso a la Fiscalía.

Todo este aparato nacional se ve reforzado por la Ley de Servicios Digitales (DSA), el gran reglamento europeo destinado a poner orden en las grandes plataformas de internet. La DSA obliga a las llamadas “muy grandes plataformas en línea” a evaluar y mitigar riesgos sistémicos, entre ellos los relativos a menores y contenidos ilícitos. Exige mecanismos de retirada rápida de contenidos ilegales, transparencia sobre algoritmos y cooperación con las autoridades.

El Gobierno francés interpreta que estos casos encajan de lleno en ese nuevo marco: la presencia continuada de productos ilícitos en marketplaces globales, accesibles a millones de usuarios, constituye un riesgo sistémico que la DSA quiere atacar. Esa lectura sirve además para enviar un mensaje a las demás capitales europeas: las herramientas comunes ya existen, ahora toca usarlas de forma contundente.

La combinación de DGCCRF, Arcom y Fiscalía

Un rasgo diferencial de Francia es la coordinación entre sus organismos de control. La DGCCRF aporta la capacidad de inspección económica y de consumo; Arcom suma su experiencia en regulación de contenidos audiovisuales y en protección de menores; la Fiscalía de París canaliza los casos con relevancia penal. Cuando el ministro Papin anuncia que “hemos notificado al fiscal de la República todas las plataformas que ofrecían contenidos ilícitos”, está describiendo precisamente ese engranaje.

En el caso de Shein y del resto de plataformas señaladas, la secuencia es clara: detección de los productos, análisis jurídico, orden de retirada cuando procede y traslado del expediente a la justicia. En paralelo, el Gobierno ha dejado abierta la puerta a medidas adicionales, que podrían incluir desde multas administrativas hasta restricciones de acceso o incluso la suspensión temporal del servicio en Francia si persisten los incumplimientos.

Este enfoque encaja con la estrategia política de Emmanuel Macron en materia digital: proyectar a Francia como país pionero en la regulación de las grandes plataformas, con una línea dura en temas de seguridad, discurso de odio y, sobre todo, protección de la infancia. Esa imagen se ha reforzado en los últimos años con iniciativas sobre control del contenido pornográfico, lucha contra el ciberacoso escolar y limitaciones al acceso de menores a redes sociales.

Por qué otros países europeos no actúan igual

La pregunta que sobrevuela el debate es evidente: si la DSA es un reglamento de la Unión Europea y rige para todos, ¿por qué se ve a Francia en primera línea y no a otros países?

La primera razón es el distinto ritmo de implementación. Cada Estado miembro debe designar un “coordinador de servicios digitales” y dotarlo de medios, competencias y capacidad sancionadora. Francia ha avanzado deprisa en esa tarea, aprovechando estructuras ya existentes como la DGCCRF y Arcom. En otros países, el proceso está siendo más lento, bien porque se está creando un nuevo organismo, bien porque las competencias se reparten entre varias agencias y todavía se está ajustando el reparto de funciones.

En segundo lugar, no todos cuentan con una tradición tan potente de inspección económica y de consumo como la francesa. La DGCCRF lleva décadas interviniendo en sectores muy diversos: alimentación, juguetes, energía, publicidad… Trasladar esa cultura al terreno del comercio electrónico resulta relativamente natural. En otros Estados, las agencias de consumo son más pequeñas, tienen menos recursos o dependen de varios ministerios, lo que complica dar pasos tan visibles y rápidos.

Tercero, pesa la variable política. Francia ha optado por una estrategia de confrontación pública con las grandes plataformas cuando considera que hay un problema grave. Al anunciar con nombres y apellidos a AliExpress, Temu, Wish, Joom, eBay o Shein, el Gobierno asume un choque directo con empresas de origen chino o estadounidense, con posibles consecuencias comerciales y diplomáticas. Otros Ejecutivos prefieren actuar con más discreción, usando expedientes administrativos y presiones privadas, sin convertir cada caso en un símbolo político.

El caso español y el papel de la CNMC

España ilustra bien algunas de estas diferencias. El Gobierno español respalda la DSA y ha defendido, junto con Francia y Grecia, la necesidad de reforzar la verificación de edad y las herramientas de control parental en dispositivos y servicios digitales. Pero en el plano interno, aún está terminando de armar el marco legal que permitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actuar de manera tan proactiva como la DGCCRF.

El Ejecutivo trabaja en una norma que designa a la CNMC como coordinador de servicios digitales y concreta su capacidad para abrir expedientes, imponer sanciones y coordinarse con Bruselas. Mientras ese texto se aprueba y se despliegan los equipos necesarios, la CNMC participa en los foros europeos, pero tiene menos margen para lanzar grandes investigaciones propias contra marketplaces globales por la venta de productos ilícitos.

En el terreno concreto de las plataformas citadas por Francia –AliExpress, Temu, Wish, eBay, Joom y Shein–, España comparte buena parte de las preocupaciones, pero no ha abierto, al menos públicamente, una ofensiva de la misma envergadura. La vigilancia recae en una combinación de organismos (consumo, comercio, aduanas, fuerzas de seguridad), pero sin un caso emblemático que haya estallado con la fuerza mediática del de Shein en Francia.

Al mismo tiempo, España mantiene una intensa relación comercial con plataformas como AliExpress o Shein, muy presentes en el consumo diario. Cualquier medida drástica –como una suspensión del servicio o un bloqueo de acceso– tendría un impacto político y económico considerable. La apuesta, por ahora, es reforzar la cooperación con la Comisión Europea y con otros Estados miembros para que las obligaciones de la DSA se apliquen de forma coordinada, sin que cada país tenga que librar su propia batalla en solitario.

Lo que anticipa esta batalla para el futuro de las compras online

Lo que ocurre hoy en Francia con AliExpress, Temu, Shein, Joom, eBay y Wish va más allá de una polémica concreta sobre muñecas sexuales o armas prohibidas. Es un anticipo de cómo va a cambiar la forma de comprar por internet en Europa en los próximos años. Las grandes plataformas, acostumbradas a poner en circulación millones de productos con controles muy limitados, afrontan un escenario en el que se les exigirá mucho más.

Para empezar, deberán invertir en sistemas de control preventivo capaces de detectar y bloquear la subida de productos ilegales en cada país. No bastará con reaccionar cuando estalla un escándalo o cuando una ONG da la voz de alarma. Habrá que filtrar de entrada términos, descripciones, imágenes y categorías de artículos, con equipos humanos y herramientas automatizadas trabajando juntos. Eso implica costes, reorganización interna y, en algunos casos, renunciar a parte de la oferta que hasta ahora generaba ingresos.

En paralelo, la presión sobre la protección de menores seguirá creciendo. Las soluciones basadas únicamente en un aviso del tipo “haz clic aquí si tienes más de 18 años” están en retirada. Los reguladores europeos reclaman métodos de verificación de edad más sólidos, que puedan incluir certificaciones por terceros, sistemas de identidad digital o controles cruzados con los dispositivos. Aquí se abre un debate complejo sobre privacidad, datos personales y posibles brechas de seguridad, pero el rumbo general está marcado.

Para los comercios tradicionales y las marcas que operan bajo normativa nacional, este giro puede suponer un cierto reequilibrio. Llevan años denunciando que compiten contra plataformas que venden productos que ellos no podrían ofrecer jamás en sus establecimientos, o que evitan controles aduaneros, sanitarios o de seguridad. Si las reglas se endurecen para los marketplaces globales, la distancia se acorta.

Para los consumidores, la transformación será más ambivalente. Habrá probablemente menos productos extremos disponibles a golpe de clic y más avisos, bloqueos o pasos intermedios cuando se intente acceder a ciertos contenidos. Esa sensación de “mercado sin ley”, en la que parecía que se podía comprar casi cualquier cosa desde el móvil, irá disminuyendo. A cambio, la promesa es un entorno más seguro, con menos riesgo de toparse con artículos ilegales o de que un menor acceda sin barreras a contenidos que no deberían estar a su alcance.

La ofensiva francesa no se explica solo por una sensibilidad moral. Responde también a una lectura estratégica: si Europa quiere que sus normas tengan peso real frente a gigantes tecnológicos globales, necesita ejemplos concretos en los que se vea que se aplican sanciones, se retiran productos, se abren investigaciones penales y, en última instancia, se puede llegar a bloquear un servicio si ignora sistemáticamente las reglas. Francia ha decidido ocupar ese papel de primer actor visible.

Otros países llegarán después, con estilos diferentes y quizá con menos ruido. Pero el escenario ya ha cambiado. La combinación de la DSA, las legislaciones nacionales y la presión social por proteger a los menores dibuja un futuro en el que plataformas como AliExpress, Temu, Shein, Joom, eBay o Wish tendrán que elegir entre adaptar a fondo su modelo o asumir que operar en Europa implicará riesgos legales y reputacionales mucho mayores que hasta ahora. Y esa elección, en realidad, ya ha empezado.