La bronca de Feijóo por la DANA reabre la batalla en el PP

La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión del Congreso sobre la DANA valenciana terminó convertida en un choque político que desbordó el objeto de la sesión. El líder del PP negó haber mentido, defendió que la emergencia afectó a varias administraciones y rechazó que su propósito fuera proteger a Carlos Mazón. Sus críticos, en cambio, le reclamaron respuestas concretas sobre lo que supo y cuándo lo supo, y le acusaron de utilizar la comisión para desplazar la responsabilidad del entonces presidente de la Generalitat.

La disputa no se limitó a la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024. También puso bajo presión la imagen de Feijóo como dirigente moderado y como alternativa de gobierno: ante las preguntas sobre sus conversaciones con Mazón y su posición sobre el nivel de emergencia, respondió con una combinación de defensa política, reproches al Ejecutivo central y apelaciones a las competencias institucionales. El resultado fue una sesión tensa, con llamadas al orden y asuntos ajenos a la riada que ocuparon parte del debate, mientras la pregunta central —qué decisiones se tomaron y qué falló— quedaba disputada entre versiones enfrentadas.

Una comisión sobre la DANA convertida en pulso político

La sesión del lunes 2 de febrero tenía un propósito definido: escuchar a Feijóo sobre su papel durante la crisis y sobre la relación que mantuvo con Mazón mientras las inundaciones golpeaban la provincia de Valencia. El formato parlamentario imponía turnos y tiempos, pero el interrogatorio pronto pasó de la reconstrucción de los hechos a una discusión sobre la responsabilidad política del líder del PP y la autoridad que ejercía sobre el presidente autonómico. La tensión apareció cuando se intentó separar la dirección del partido de la gestión del Gobierno valenciano.

Águeda Micó preguntó por esa relación y por las decisiones que Feijóo pudo pedir o recomendar a Mazón, incluida la posibilidad de elevar el nivel de emergencia. El dirigente popular respondió que el partido no tiene secciones y defendió una distinción entre la autoridad orgánica y las competencias administrativas. Esa separación tiene un fundamento institucional, pero no resuelve por sí sola la cuestión política: un líder nacional puede no dirigir un operativo de emergencias y, al mismo tiempo, tener influencia sobre el presidente autonómico de su partido.

La diferencia entre ambas cosas fue uno de los puntos más importantes de la comparecencia. Feijóo insistió en que no le correspondía tomar decisiones operativas en la Generalitat; varios diputados trataron de averiguar si, desde su posición, trasladó a Mazón la gravedad de la situación o le reclamó medidas concretas. La discusión no era únicamente quién tenía la competencia formal, sino qué responsabilidad política asumía cada dirigente ante una crisis de esa magnitud. Cuando esas dos preguntas se mezclan, la respuesta institucional puede sonar evasiva incluso si describe correctamente el reparto de funciones.

Los mensajes con Mazón y el problema de la cronología

El intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón se convirtió en una pieza central porque permite discutir algo más preciso que las impresiones posteriores: las horas en que ambos hablaron y el grado de información que circuló entre ellos. Feijóo remitió en diciembre conversaciones con el presidente valenciano al juzgado. En uno de los mensajes, Mazón describía la situación como un desastre inminente. El contenido no demuestra por sí mismo qué sabía cada interlocutor sobre cada municipio ni qué órdenes se impartieron, pero sí confirma que existió comunicación durante la jornada.

Ese registro se cruzó con declaraciones públicas posteriores sobre el seguimiento de la emergencia. En la comisión, Feijóo presentó algunas expresiones como una forma de hablar y defendió que el intercambio no equivalía a recibir información completa y continua sobre el operativo. El matiz importa: mantener contacto con un presidente autonómico no significa necesariamente disponer de un parte técnico actualizado, pero tampoco permite dar por sentado que el líder nacional permanecía al margen. La cronología de los mensajes es relevante porque ayuda a comprobar qué afirmaciones posteriores encajan con las comunicaciones conservadas.

La comisión intentó aclarar también qué se habló sobre el Cecopi, el centro de coordinación de emergencias, y qué información recibió Feijóo acerca de los avisos y de la evolución de la riada. En ese terreno, las respuestas quedaron entre la defensa de su papel político y la insistencia en que la gestión correspondía a las autoridades competentes. El debate público tiende a convertir cada mensaje en una prueba concluyente, pero un chat no sustituye a las actas, las llamadas de emergencia ni las decisiones documentadas. Para reconstruir la cadena de mando hace falta contrastar esos registros, no atribuirles más alcance del que tienen.

Qué significa hablar de una emergencia de nivel 3

La discusión sobre el nivel 3 y la emergencia nacional fue otro eje de la comparecencia. En el debate político, elevar el nivel se presentó como una posible respuesta a la gravedad de la situación y como una vía para reforzar la intervención estatal. Feijóo sostuvo que el episodio debía tratarse como una emergencia nacional y recordó que, a su juicio, ninguna administración estuvo a la altura. Sus adversarios señalaron que esa posición posterior no se había traducido, durante las horas críticas, en una exigencia inequívoca a Mazón para que cambiara el marco de actuación.

La diferencia entre valorar después la gravedad de una catástrofe y pedir en tiempo real una modificación del nivel de emergencia es fundamental. La primera es una declaración política; la segunda plantea qué información estaba disponible entonces, quién tenía capacidad para activar cada mecanismo y qué consecuencias habría tenido hacerlo. Invocar una competencia no basta para explicar si hubo coordinación suficiente, del mismo modo que reclamar una intervención estatal no demuestra por sí sola que esa fuera la única respuesta posible. La evaluación depende de la secuencia de decisiones y de los datos que manejaban los responsables en cada momento.

Feijóo trató de distribuir el foco entre administraciones y rechazó el marco de quienes le acusaban de encubrir a Mazón. Sus críticos interpretaron ese reparto como una manera de diluir la responsabilidad del Gobierno valenciano. Ninguna de esas posiciones resuelve el análisis técnico: para saber por qué falló la respuesta hay que distinguir entre la emisión de alertas, la vigilancia de los cauces, la coordinación entre organismos y las decisiones sobre protección de la población. Cuando todo se atribuye a todos, se corre el riesgo de que las responsabilidades concretas desaparezcan dentro de una culpa general.

El desvío hacia ETA y otros conflictos

Uno de los momentos más tensos llegó durante el intercambio con Oskar Matute. Cuando el diputado reclamó a Feijóo que respondiera a la pregunta planteada, el líder del PP desplazó el debate hacia los asesinatos de ETA que aún siguen pendientes de esclarecimiento judicial. Matute calificó esa intervención como una salida recurrente y la presidenta de la comisión llamó al orden a Feijóo. El episodio provocó protestas y aplausos, pero aportó poco a la reconstrucción de lo ocurrido durante la DANA.

La referencia a ETA no convierte en irrelevante el debate sobre el terrorismo ni sobre las víctimas; el problema fue su aparición en una sesión cuyo objeto era examinar una catástrofe concreta. En ese contexto, el cambio de tema tuvo un efecto inmediato: desplazó la atención desde las preguntas sobre la actuación de Mazón y las comunicaciones con Feijóo hacia un enfrentamiento partidista conocido. Una comisión puede admitir controversia, pero pierde capacidad esclarecedora cuando el choque entre los comparecientes ocupa el espacio de la información que debía recabar.

También aparecieron menciones al accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 fallecidos el 18 de enero, y a otros conflictos políticos, entre ellos acusaciones sobre Vox y organizaciones juveniles. Feijóo había utilizado el accidente para cuestionar la gestión del Gobierno central; en la comisión, sus interlocutores le reprocharon que llevara asuntos distintos al debate sobre la riada. La paradoja fue visible: el líder popular pidió responsabilidades al Ejecutivo por una tragedia y, a la vez, recibió críticas por trasladar ese mismo tipo de reproches a una sesión centrada en otra.

El trasfondo de estos cruces es una política de acusaciones recíprocas en la que cada partido intenta fijar el marco antes de que lo hagan los hechos. El PP denunció que la comisión funcionaba como un mitin contra Mazón; los grupos que interrogaron a Feijóo sostuvieron que sus respuestas servían para proteger al dirigente valenciano y atacar al Gobierno. La confrontación puede ser eficaz para movilizar a los propios, pero no reemplaza una explicación verificable sobre quién recibió cada aviso y qué hizo con él.

La investigación de la riada sigue otra lógica

Fuera del Congreso, la investigación judicial y técnica avanza con otro ritmo y otro tipo de material. La DANA del 29 de octubre de 2024 causó 230 muertes en la provincia de Valencia, según la cifra recogida en la información de partida, y afectó con especial dureza a localidades como Catarroja, Paiporta, Benetússer, Picanya, Chiva y Cheste. Para reconstruir la evolución del agua y la respuesta de los servicios, la instrucción ha prestado atención a cauces como el río Magro y el barranco del Poyo, además de las comunicaciones y los avisos de aquella jornada.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra citó a nuevos testigos, entre ellos agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar, bomberos forestales de la Diputación y personal de la Conselleria de Medio Ambiente. Sus declaraciones pueden ayudar a ordenar aspectos que en el debate político aparecen comprimidos en una sola acusación: qué se observó, cuándo se comunicó y cómo se organizó la respuesta. La investigación judicial trabaja con testimonios y documentos para precisar hechos; la comisión parlamentaria, además de recabar información, expone a los partidos a una disputa pública sobre su significado.

Uno de los episodios discutidos fue la retirada de bomberos del barranco del Poyo durante la tarde. La hora y las circunstancias de ese despliegue importan porque la evolución de una riada no se mide solo en declaraciones posteriores, sino en la relación entre lo que se veía, lo que se comunicaba y las decisiones tomadas. La instrucción debe contrastar versiones con registros y determinar qué puede establecerse con pruebas. En una emergencia, una diferencia de tiempo puede ser decisiva, pero no debe transformarse en una conclusión antes de completar la comprobación de los hechos.

También está en cuestión cómo se relacionaron las alertas meteorológicas, la información hidrológica y las llamadas recibidas por los servicios de emergencia. Que existieran datos y avisos no explica automáticamente si llegaron a quienes debían recibirlos, si se interpretaron correctamente o si bastaban para anticipar el impacto en cada zona. La pregunta de fondo no es solo por qué hubo información, sino qué uso se hizo de ella y cómo funcionaron los canales de coordinación. Esa es una tarea menos vistosa que el cruce parlamentario, pero más útil para entender los fallos operativos.

Reconstruir también significa escuchar a quienes sufrieron la riada

La respuesta institucional no termina con la investigación de responsabilidades. El Gobierno y la Generalitat acordaron una Comisión Mixta para coordinar la recuperación, con participación de las administraciones estatal, autonómica, provincial y municipal. La estructura contempla grupos de trabajo para ordenar tareas que van desde la reconstrucción hasta la coordinación entre organismos. En esa labor figuran responsables como la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez; el ministro Ángel Víctor Torres; el vicepresidente valenciano Vicente Martínez Mus, y el comisionado autonómico Raúl Mérida Gordillo.

La primera reunión se fijó en el castillo de Riba-roja de Túria, en una localidad afectada por las inundaciones. El lugar no altera la dificultad práctica: reconstruir viviendas, infraestructuras y servicios exige decisiones administrativas que no siempre coinciden con el calendario de la confrontación política. Si cada medida se interpreta únicamente como una victoria o una derrota partidista, la coordinación se vuelve más frágil. La recuperación necesita que las administraciones compartan información y mantengan responsabilidades identificables, no solo que acuerden una fotografía institucional.

El escenario valenciano también cambió tras la dimisión de Mazón y la llegada de Juan Francisco Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat. Ese relevo no despeja lo ocurrido durante la emergencia ni cancela la responsabilidad política de quienes estaban al frente entonces. Sí abre una etapa distinta, en la que el nuevo Consell debe afrontar la reconstrucción y la discusión sobre la documentación, las comparecencias y las medidas pendientes. Cambiar al presidente no cierra el expediente político de una catástrofe que sigue teniendo consecuencias para las familias y los municipios afectados.

En Les Corts, la comisión autonómica anunció la comparecencia de asociaciones de víctimas y damnificados cerca de 16 meses después de la riada. El calendario previsto incluía nueve asociaciones y un compareciente particular, entre ellas Liberum, SOS Desaparecidos y colectivos de Alfafar, Benetússer y otras localidades. La demora había sido criticada por la oposición, mientras PP y Vox defendían escuchar primero a especialistas para contextualizar lo ocurrido. El orden elegido para las comparecencias también tiene un significado político: determina cuándo las experiencias de quienes perdieron familiares o viviendas entran en el debate institucional.

Escuchar a las víctimas no sustituye el análisis técnico ni la investigación judicial, pero evita que la emergencia quede reducida a una discusión sobre quién domina el relato. Las declaraciones de quienes vivieron la riada permiten mostrar cómo se percibieron los avisos y qué consecuencias tuvieron las decisiones en cada lugar. La experiencia directa aporta contexto humano a los registros, aunque las responsabilidades deban establecerse mediante pruebas y procedimientos rigurosos. Esa diferencia protege tanto la memoria de los afectados como la calidad de las conclusiones.

Lo que revela el choque sobre el liderazgo de Feijóo

La comparecencia volvió a poner a prueba una característica asociada a Feijóo: su tendencia a mantener margen de ambigüedad en asuntos que comprometen al PP. En cuestiones como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la estrategia de Pablo Casado frente a Vox, el artículo original describía una posición marcada por la falta de apoyo explícito y también por la ausencia de una crítica clara. Esa cautela puede presentarse como pragmatismo, pero, en una crisis con un dirigente de su partido en el centro, también puede dejar dudas sobre dónde fija los límites.

En la comisión, esa ambigüedad se expresó de otra manera. Feijóo negó que hubiera mentido, defendió que el desastre afectaba a varias administraciones y rechazó aceptar la acusación de haber protegido a Mazón. Sin embargo, al no asumir de forma nítida una responsabilidad política propia ni cargar con claridad sobre el presidente valenciano, dejó abierta la interpretación que sus adversarios querían instalar. El coste de no elegir un marco inequívoco es que otros terminan definiendo la posición por él.

La oposición buscó presentar la comparecencia como una prueba de que el líder nacional había intentado blindar a Mazón. El PP, por su parte, la describió como un intento de convertir una comisión en un juicio político contra Feijóo. Entre ambos relatos hay preguntas que no se resuelven con una etiqueta: qué mensajes hubo, qué información contenían, qué recomendaciones se hicieron y cómo se conectan con las declaraciones posteriores. La utilidad de la sesión depende de que esas preguntas se puedan contrastar con documentos y testimonios, no solo de quién consigue el último reproche.

La imagen de Feijóo como dirigente capaz de contener a Vox y representar una derecha moderada también quedó sometida a tensión. No porque una intervención áspera demuestre por sí sola un cambio ideológico, sino porque el tono y el contenido de una comparecencia revelan cómo responde cuando se le pide rendir cuentas sobre su propio espacio político. El liderazgo se mide tanto por la capacidad de atacar al adversario como por la disposición a precisar qué sabía, qué hizo y qué responsabilidad reconoce.

El episodio deja dos escenas superpuestas: un presidente del PP que se defiende de las acusaciones y una comisión que intenta recuperar el hilo de una tragedia con 230 víctimas mortales. La primera escena genera titulares; la segunda exige paciencia, archivos, declaraciones y respuestas que no se agotan en una sesión. La disputa sobre Feijóo seguirá condicionada por la política interna del PP, por el relevo en la Generalitat y por el avance de las investigaciones. Pero el criterio más sólido para juzgarla no está en quién elevó más la voz, sino en si la sucesión de hechos permite aclarar cómo se gestionó la emergencia y qué cambios pueden evitar que una catástrofe vuelva a quedar atrapada entre competencias y reproches.