El choque por ETA que desvió la comisión de la dana

La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo ante la comisión del Congreso que investiga la dana terminó marcada por un cruce sobre ETA y por referencias al accidente ferroviario de Adamuz. El episodio más tenso llegó cuando el diputado de EH Bildu Oskar Matute le preguntó por su información para esclarecer asesinatos de la organización terrorista. Feijóo respondió trasladando el debate a las víctimas de ETA, y la presidencia tuvo que intervenir para devolver la sesión a su objeto: la gestión de la catástrofe y las responsabilidades políticas.

La discusión no resolvió el interrogante central de la comparecencia: qué sabía el líder del PP durante la tarde de la riada, cuándo empezó a comunicarse con Carlos Mazón y qué papel asumió ante el entonces presidente valenciano. Feijóo sostuvo que estuvo informado en tiempo real, pero reconoció que hasta cerca de las ocho de la tarde seguía la situación a través de los medios. Esa diferencia entre estar pendiente de las noticias y recibir información directa se convirtió en uno de los puntos de fricción.

Una comparecencia política sobre una emergencia autonómica

La comisión examinaba la respuesta institucional a la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 muertes en la Comunidad Valenciana. Feijóo no era responsable de dirigir la emergencia ni ocupaba un cargo en la Generalitat, pero compareció como presidente del PP y referente político de Mazón. Por eso, las preguntas no se limitaron a sus competencias formales: también buscaron aclarar qué comunicaciones mantuvo con el dirigente valenciano y cómo actuó la dirección nacional del partido durante las horas más críticas.

Feijóo insistió en que la gestión correspondía a Mazón y que no tenía responsabilidades directas sobre las decisiones de la Generalitat. En los primeros momentos del interrogatorio pidió que las exigencias políticas se dirigieran a quien gobernaba la comunidad. A la vez, sostuvo que ninguna Administración estuvo a la altura de la tragedia y reprochó al Ejecutivo central no haber declarado una emergencia nacional. El contraste entre esas dos líneas —desvincularse de la gestión autonómica y repartir responsabilidades— estructuró buena parte de su defensa.

Ese planteamiento dejó abierta una cuestión distinta de la responsabilidad operativa: qué peso político tenía Feijóo sobre Mazón y hasta dónde llegaba su capacidad de influir en él. El líder popular no estaba al mando del dispositivo de emergencias, pero mantenía una relación directa con el presidente valenciano y era la principal figura nacional de su partido. La comisión trataba de fijar hechos y tiempos; el compareciente respondía también desde el terreno de la disputa política, donde la atribución de culpas se convierte en parte del relato.

Los mensajes con Mazón y el significado de estar informado

La expresión tiempo real fue uno de los ejes del interrogatorio porque puede sugerir algo más que seguir las noticias: implica recibir información conforme se desarrolla una situación. Feijóo reiteró que estuvo al tanto de la emergencia, aunque explicó que antes de comunicarse con Mazón conocía lo ocurrido por la televisión, la radio y otros medios. También se señaló que el primer mensaje entre ambos lo envió el propio Feijóo, ya cerca de las ocho de la tarde. La cronología de esos contactos importaba tanto como el contenido de los mensajes.

Los intercambios entre ambos se produjeron durante la tarde y la noche, en una franja que las preguntas parlamentarias situaron entre las 20.08 y las 23.29. La discusión no consistía únicamente en determinar si hubo mensajes, sino en precisar qué podían demostrar sobre la información disponible y la percepción de la gravedad. Recibir una comunicación de un dirigente político no equivale necesariamente a conocer el estado completo de una emergencia; del mismo modo, afirmar que se estaba informado exige aclarar por qué canales llegaban los datos y con qué detalle.

Feijóo no quiso precisar cuándo supo que Mazón había pasado parte de la tarde en el restaurante El Ventorro. Dijo que no había hablado con él sobre el lugar en el que estaba. Ese aspecto se había convertido en un símbolo público de la jornada, pero para la comisión su relevancia dependía de lo que permitiera establecer sobre las comunicaciones y las decisiones. El líder del PP defendió que no había ocultado mensajes y que había aportado sus comunicaciones; sus críticos cuestionaron que su versión del contacto y de la información recibida encajara con el relato de que estuvo al tanto desde el principio.

El aviso de liderar la comunicación y la cena en Madrid

Entre las indicaciones que Feijóo dijo haber trasladado a Mazón destacó la necesidad de liderar la comunicación. Explicó que le pedía mantener informada a la población, como, según su relato, se había hecho en otras emergencias. La frase fue examinada porque la comunicación pública durante una catástrofe no es un detalle accesorio: sirve para transmitir avisos, explicar decisiones y reducir la incertidumbre cuando las condiciones cambian deprisa. Pero Feijóo presentó su recomendación como una indicación sobre información pública, no sobre el mando de la emergencia.

Al explicar por qué no había estado en contacto con las autoridades valencianas antes, Feijóo mencionó que se encontraba en una cena con un ministro. El PP precisó después que asistía a un acto en el Teatro Real organizado por 20 Minutos y que también estaban presentes Óscar López, entonces ministro de Transformación Digital y Función Pública, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La existencia del acto ofrecía contexto sobre dónde estaba el líder popular, pero no resolvía por sí sola qué información tenía cada asistente ni qué comunicaciones se produjeron durante la velada.

La explicación también alimentó un intercambio sobre la responsabilidad del Gobierno central. El PP utilizó la presencia de miembros del Ejecutivo en el acto para cuestionar cuánto interés había mostrado el Gobierno en la crisis esa noche. La oposición, en cambio, volvió a centrar las preguntas en la comunicación de Feijóo con Mazón y en el tiempo transcurrido hasta el primer contacto. Así, una cena que parecía un dato lateral se convirtió en otro terreno de disputa: la misma circunstancia servía para sostener acusaciones políticas opuestas.

El cruce con Matute trasladó la sesión a ETA

El momento más llamativo llegó durante las preguntas de Oskar Matute. El diputado de EH Bildu cuestionó la versión de Feijóo y le preguntó si disponía de información para esclarecer asesinatos de ETA. Feijóo replicó aludiendo a los alrededor de 800 muertos atribuidos a la organización y reprochó a Matute que hablara de verdad y mentira. La discusión se apartó entonces de los mensajes con Mazón y pasó a la relación de Bildu con la violencia terrorista, un asunto ajeno al propósito inmediato de la comisión. ETA se convirtió en el centro del choque y desplazó la investigación.

Matute acusó a Feijóo de recurrir al comodín de ETA y respondió con una referencia a los antecedentes penales de los integrantes de los partidos. Feijóo insistió en sus reproches a Bildu y afirmó que no blanquearía a la formación si llegaba al Gobierno. La presidenta de la comisión pidió que se volviera a la cuestión y tuvo que llamar la atención al compareciente cuando el intercambio continuó. También recibió una respuesta irónica de Feijóo sobre su papel como presidenta del Congreso, que amplió el enfrentamiento desde el contenido de la comparecencia hasta el funcionamiento de la sesión.

El episodio explica por qué la bronca acaparó titulares, pero no permite concluir por sí solo qué intención guiaba cada intervención. Lo que sí quedó a la vista fue el efecto práctico: durante varios minutos, la comisión dejó de examinar la cronología de la riada y discutió sobre terrorismo, legitimidad política y memoria. En un foro creado para aclarar una emergencia concreta, las alusiones a ETA cambiaron el marco del debate. La presidenta trató de recuperarlo con llamadas a ceñirse a las preguntas, una tarea difícil cuando la confrontación partidista ocupaba el espacio de los hechos verificables.

La disputa por los avisos y el papel de la Confederación Hidrográfica

El enfrentamiento con Gabriel Rufián, de ERC, devolvió la atención a los avisos y a la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Feijóo responsabilizó al organismo por no haber estado, según dijo, en el Cecopi ni haber proporcionado información suficiente. Rufián rechazó esa versión y sostuvo que la Confederación había enviado un aviso a las 11.20, cinco horas antes de la reunión del centro de coordinación. En la comisión quedaron así expuestas dos versiones contrapuestas sobre la información hidrológica, que no deben confundirse con una conclusión definitiva sobre las responsabilidades.

Rufián también cuestionó que Feijóo afirmara que fue el primer político en contactar con Mazón. Según el diputado de ERC, Teresa Ribera, entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, se había puesto en contacto antes. El intercambio mostró que la discusión no giraba solo en torno a quién llamó primero, sino a qué puede probar ese dato. Una llamada temprana no aclara automáticamente qué información se transmitió ni si hubo capacidad de actuar; para reconstruir la cadena de respuesta hacen falta horarios, avisos y decisiones, no únicamente el orden de los contactos políticos.

El papel del Cecopi también apareció en las preguntas. Feijóo dijo desconocer que existiera ese órgano en la Comunidad Valenciana y cuáles eran sus funciones, pese a haber presidido durante años la Xunta de Galicia, que cuenta con un centro de coordinación comparable, según le recordó la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. La observación apuntaba a la experiencia previa del líder del PP como presidente autonómico. Sin embargo, conocer un mecanismo de coordinación en otra comunidad no demuestra por sí solo qué información concreta recibió durante la dana: la experiencia institucional y el conocimiento de esa jornada son cuestiones relacionadas, pero distintas.

Adamuz y Rodalies entran en la discusión

Feijóo amplió sus reproches al Gobierno al mencionar el accidente ferroviario de Adamuz y los problemas de Rodalies. Sostuvo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debía haber dimitido y afirmó que los maquinistas habían alertado en 20 ocasiones de irregularidades en el punto relacionado con el siniestro. Esas referencias no respondían a las preguntas sobre la dana, pero le permitieron plantear una comparación política: a su juicio, la oposición exigía responsabilidades a Mazón mientras no reclamaba las mismas consecuencias para miembros del Ejecutivo. La tragedia ferroviaria pasó a funcionar como argumento contra el Gobierno.

El número de avisos quedó ligado a una disputa posterior sobre qué incidencias se habían comunicado y qué relación tenían con el accidente. En el material presentado sobre la comparecencia, Feijóo sostuvo que hubo 20 avisos, mientras que Óscar Puente afirmó que Adif había recibido cuatro avisos de incidencias en ese tramo durante los meses anteriores y que no correspondían al estado de la vía tal como se estaba describiendo. Son afirmaciones atribuidas a sus respectivos protagonistas y no una conclusión de la comisión sobre la dana. Su presencia en la sesión subrayó cómo la comparación entre tragedias puede abrir otro debate sin aclarar el anterior.

El líder popular también aludió a las víctimas de Adamuz y de Rodalies para reprochar que el ministro siguiera en el cargo. En su intervención relacionó esas tragedias con la exigencia de dimisiones que, según él, se planteaba contra la Generalitat. El argumento tenía una lógica política reconocible: acusar a sus adversarios de aplicar criterios distintos según quién gobierna. Pero para la investigación de la dana, la comparación no contestaba a las preguntas sobre los mensajes con Mazón, la información recibida ni la gestión autonómica; desplazaba la conversación hacia la coherencia de los rivales.

La defensa de Mazón y las responsabilidades que quedaron en disputa

Feijóo defendió la actuación del Gobierno valenciano y destacó las dimisiones de las consejeras Salomé Pradas, responsable de Emergencias, y Nuria Montes, de Industria, que dejaron sus cargos semanas después de la riada. Utilizó esa respuesta para contrastar lo ocurrido en la Generalitat con la continuidad de Puente en el Gobierno central. Ante preguntas de Josep Maria Cervera, de Junts, llegó a sostener que Mazón hizo lo que debía hacer, aunque reconoció que, pasado más de un año, la opinión pública consideraba que debía asumir su responsabilidad. La defensa del expresidente valenciano convivió con una admisión sobre el desgaste político.

La posición de Feijóo no fue una absolución completa de todas las administraciones: repitió que ninguna estuvo a la altura. Esa fórmula distribuye la crítica sin asignar el mismo grado de responsabilidad a cada actor. Los diputados que lo interrogaron buscaban nombres y decisiones concretas; él insistió en fallos generales de información y en la respuesta del Ejecutivo central. El desacuerdo no era solo sobre el balance político, sino sobre el método para establecerlo: atribuir responsabilidades exige separar los errores y las competencias de cada Administración.

Rufián planteó además que la Generalitat había cubierto gastos materiales, pero no había reconocido a las víctimas de la dana mediante un decreto, según su intervención. El señalamiento trasladó la discusión desde la noche de la emergencia hasta el trato institucional posterior a quienes murieron y a sus familias. Feijóo no aceptó esa acusación y mantuvo sus críticas al Gobierno central. Como ocurre con otros puntos debatidos en la sesión, conviene distinguir lo que sostuvo cada diputado de una determinación formal sobre las ayudas o el reconocimiento: la comparecencia expuso acusaciones enfrentadas, no las resolvió todas.

Una comisión entre el esclarecimiento y la batalla por el relato

La intervención de Vox añadió otra escena reveladora. Su diputado Ignacio Gil Lázaro dedicó su turno a criticar al Gobierno y no formuló preguntas a Feijóo. El líder del PP elogió que Vox no atacara a su partido y aprovechó el tiempo para reiterar sus reproches al Ejecutivo. El intercambio puso de manifiesto que la comisión no era únicamente una sucesión de preguntas a un compareciente: también era un espacio en el que los grupos expresaban sus posiciones sobre la gestión de la dana y sobre el Gobierno. El formato de investigación convivía con la lógica del enfrentamiento parlamentario.

Feijóo sostuvo que no había sido irrespetuoso con la comisión y que tenía derecho a expresar su opinión. También afirmó que, de haber estado al frente del Gobierno, habría asumido la responsabilidad política y cuestionó que la Generalitat hubiera abandonado el Cecopi sin declarar una emergencia nacional, además de criticar gastos de publicidad en Internet relacionados con una manifestación. En su intervención final volvió a defender a Mazón y acusó al Ejecutivo de desproteger a la ciudadanía. Sus adversarios, por su parte, consideraron que había eludido preguntas sobre su propia versión y sus comunicaciones. La sesión terminó con relatos incompatibles sobre lo que había demostrado.

La comisión puede tener valor aunque una comparecencia no produzca un acuerdo entre los partidos: obliga a dejar constancia de afirmaciones, tiempos y desacuerdos que después pueden contrastarse. Pero su utilidad depende de que el ruido no sustituya al examen de los hechos. El intercambio sobre ETA hizo visible esa tensión, igual que las referencias a Adamuz: asuntos políticamente potentes que ampliaron el debate, pero alejaron por momentos la mirada de las decisiones tomadas el 29 de octubre de 2024. La tarea pendiente sigue siendo reconstruir quién sabía qué y cuándo.

El foco vuelve a la tarde de la riada

Al terminar la comparecencia, Feijóo mantuvo su defensa: dijo que había entregado sus mensajes, negó haber ocultado información y sostuvo que la responsabilidad directa correspondía a las administraciones que gestionaron la emergencia. Los grupos que lo interrogaron se quedaron con otra lectura: la contradicción entre afirmar que estuvo informado en tiempo real y reconocer que durante buena parte de la tarde siguió los acontecimientos por los medios; también le reprocharon haber protegido políticamente a Mazón. La distancia entre ambas versiones no se cerró en la comisión.

La pregunta de fondo tampoco se limita a si Feijóo tuvo competencias para dirigir el operativo. No las tenía, según el marco planteado en la comparecencia, pero su relación con Mazón y sus mensajes forman parte de la discusión sobre cómo actuó la dirección nacional del PP ante la tragedia. Aclarar esa diferencia ayuda a evitar dos simplificaciones: atribuirle el mando que correspondía a otras autoridades o considerar irrelevante su papel político porque no ocupaba un cargo en la Generalitat. Responsabilidad ejecutiva e influencia partidista no son lo mismo.

La discusión pública seguirá girando alrededor de los avisos, la coordinación entre administraciones, las decisiones del Cecopi y la secuencia de comunicaciones de aquella tarde. Las alusiones a ETA y a otras tragedias ferroviarias definieron el tono de la comparecencia, pero no sustituyen ese trabajo de reconstrucción. La comisión tendrá que separar la confrontación partidista de los datos que puedan contrastarse: quién recibió cada aviso, qué información llegó a los responsables y cuándo se adoptaron las decisiones. Esa es la diferencia entre una sesión que produce titulares y una investigación capaz de arrojar luz sobre una catástrofe que dejó 230 muertos.